Con la expansión llegaron las sospechas de fraude, principalmente por la compra de seguidores, y entonces aparecieron las herramientas de análisis. La oportunidad perfecta para entrar a fondo en este mundo y descubrir cuántos influencers son capaces de pasar la prueba del algodón en sus cuentas de Instagram.

Lara Martín (@laramartingilarranz) estudió Administración y Dirección de Empresas con un máster en moda. En ese curso, hace ocho años, arrancó su blog. Lara fue pionera y hoy disfruta de su sueño, así lo llama ella, como una macro influencer de 550.000 seguidores. Posa como una modelo para este reportaje en la madrileña Puerta de Alcalá. Su día a día consta de reuniones, eventos, presentaciones de colecciones… «Todo el día por la ciudad con el móvil y la cámara profesional en la mano. Adoro mi vida, no me imagino otra”. Ella toma todas las decisiones sobre su carrera, incluyendo el control de sus perfiles, y considera que el mayor lujo de su trabajo es “conocer destinos que ayudan a generar contenidos”. Cuenta que cada vez hay más trabajo, ya que el presupuesto de marketing digital de las marcas aumenta cada año. Respecto a las sospechas de fraude en el sector, responde que es inviable: «Si no hay resultados no te vuelven a llamar”.

No es tan sencillo. Yeyo Ballesteros es responsable de comunicación de Room Mate Hoteles y experto en marketing con influencers. “Desde hace años trabajamos con ellos y nos encanta. Han generado una nueva vía de comunicación y movilizan a muchos fans. Aportan credibilidad, pero queremos trabajar con profesionales que no cometan irregularidades”. Desde su departamento estudian a estos nuevos reyes de Internet, les piden sus estadísticas e incluso recurren a una agencia (Sr. Potato) que revisa cambios extraños en los perfiles. “A las marcas nos encantaría tener un botón para pulsarlo y determinar si cometen fraude o no”. Ballesteros admite que se la han «podido colar una y mil veces». «Esto se debería regular, somos los primeros interesados”.

Se pueden medir resultados, por ejemplo cuánta gente ha llegado a la página de un cliente, pero en ningún caso determinar si las interacciones provienen o no de usuarios falsos. De hecho es posible comprar los me gusta y los comentarios: diez por dos dólares (1,60 euros), con un texto personalizado; también se pueden adquirir visualizaciones de los stories y por 500 euros se pueden sumar hasta 100.000 followers.

Hace un par de meses se hizo viral una campaña de una agencia de comunicación que destapaba la posibilidad de crear un influencer ficticio y ponerlo a trabajar. Lo hacían comprando para esa chica seguidores falsos o bots, teléfonos móviles conectados automáticamente a servidores en “granjas” de países como China o Rusia. Luis Díaz es el director de esa agencia, Human to Human, que trabaja exclusivamente con campañas de influencers. Usan herramientas de análisis para encontrar el más adecuado para las marcas y evitar las irregularidades que muchas veces descubren. Díaz no acepta analizar a ninguno de ellos para este periódico, ya que solo trabaja para clientes y no quiere “señalar a nadie”, pero aporta datos obtenidos a través de sus análisis que permiten hacerse una idea de la situación. “Los macro (más de medio millón de seguidores) suelen estar limpios. En cuanto a los micro (entre 10.000 y 50.000 followers), el 40% de las cuentas tiene irregularidades; y en el rango de influencers (entre 100.000 y 500.000 seguidores) la cifra ronda el 30%”, asegura.

Con semejantes cifras, no resulta complicado encontrar irregularidades seleccionando un rango amplio de influencers. Sin necesidad de recurrir a herramientas tan especializadas como la de Luis, existen analíticas que permiten extraer datos significativos (por ejemplo, un cálculo aproximado de cuentas sospechosas y su origen geográfico). Que una cuenta de Instagram tenga bots entre los seguidores no prueba que se hayan comprado y no parece factible convertirse en influencer abriendo una cuenta en una red social y comprando seguidores, pero sí que alguien con cierto nivel vaya impulsando su cuenta con bots hasta dar el salto de categoría y cobrar más por cada campaña.

Llega el momento de comentarle a Lara sus resultados. Un 9% por ciento de sus seguidores se ubican en Turquía. Ella responde segura: “Me gusta que hayáis analizado la cuenta porque yo he sido incapaz de hacerlo y me parece muy interesante. Desde hace unos meses hay mucha polémica y es preocupante para todos. Respecto a tener muchos followers desde Turquía, antes hacía muchos sorteos internacionales en mi perfil y a raíz de eso han podido entrar seguidores de muchos países. Mi cuenta tiene muchísimos años. Si una marca me planteara un análisis, yo encantada. Habría que crear una asociación de influencers y un protocolo, desde luego”, concluye.

Como ella, Alberto Ortiz (@albertoortizrey) lleva en este negocio desde que arrancó. Tiene 32 años y se presenta en un sofisticado local del barrio de Salamanca de Madrid con las cotizadas zapatillas Triple S de Balenciaga. Cursó económicas y estudios de moda. No pertenece a ninguna agencia pese a su rango (250.000 seguidores), y gestiona todo él mismo. La clave de su éxito, “la calidad de mis fotografías, mis looks, que esté todo cuidado”, y cree que “es un error pensar en tener más followers. Lo importante es la calidad y vender para un target ajustado a la comunidad de cada uno”. Al comentarle el análisis de su perfil, con un 30% de seguidores ubicados en Brasil, responde: “Durante mucho tiempo he hecho publicidad para Brasil y México. La verdad es que nunca hemos mirado herramientas de análisis. Pero vamos, me interesa muchísimo que se analicen. Es bueno para todos, y nos encantaría que lnstagram borrase los seguidores inactivos o irregulares. Estamos desprotegidos, es más, alguien puede comprarte seguidores, y alguna vez hemos notado subidas y bajadas raras, pero no puedes controlarlo”.

Ortiz es consciente de la opacidad de las plataformas. Luis Díaz, de Human to Human, opina lo mismo: “Instagram (propiedad de Facebook) ha reconocido que tiene un 8% de cuentas falsas. Al final tiene un dilema. Por un lado todo lo que sean usuarios y tráfico le beneficia, pero por otro sabe que la calidad de la comunidad puede ser vital a medio plazo. Las redes viven del crecimiento. Si Facebook borra 60 millones de cuentas, tiene pérdidas millonarias”. Yeyo Ballesteros recuerda el papel de las agencias: “Es importante que controlen a sus representados y les trasladen un mensaje claro: nunca ir por el camino fácil, al final te acabarán pillando”.

Bajo el paraguas de Influencity, una agencia que representa influencers y también vende análisis de calidad de sus cuentas, trabaja Alejandro More (@alejandrojamo), 28 años, 134.000 seguidores y afincado en Barcelona. Es su tercera agencia tras dos malas experiencias. “Con la primera terminé mal porque se suponía que tenían que relanzar mi Instagram y no lo hicieron”. Su día a día es “intentar subir fotos buenas para mantenerme ahí. Además tengo una empresa, una marca de relojes que de momento no va muy bien”, comenta para después confesar que solo con ese trabajo no podría vivir. «Muchos meses no da. La media por una foto son como mucho 1.000 euros”. Al preguntarle por el fraude, Alejandro responde que no ha comprado nunca seguidores para su perfil, pero sí para su firma de relojes: “Nadie se toma en serio una marca con 200 seguidores en Instagram”. Tras admitir el fraude, se presta al análisis de su perfil, que revela un 25% de followers ubicados entre Rusia y Brasil.

Ante los resultados de su cuenta, Antonio Fernández (@antoniofdez_), micro influencer (24.300 seguidores) sevillano residente en Madrid, también se sorprendió —cabe recordar que los micro son hoy los más buscados por las marcas, por su capacidad para llegar a un target más concreto con menor inversión—: un 40% de sus followers viene de Turquía y un 12% de Irán. Concedió una entrevista para este reportaje e incluso accedió a compartir sus estadísticas, algo que no llegó a hacer. Unas horas después de la cita, pidió a través de un correo electrónico que sus declaraciones no aparecieran tras recordar que tiene un contrato firmado con una marca que no se lo permite.

Ester Bellón (@armarioenruinas) trabaja como influencer desde hace seis años dentro de Okiko Talents, la primera agencia de influencers en España y que tiene entre sus representados a auténticas celebridades de este mundo, como Gala González o Miranda Makaroff. Además de ser prescriptora de moda y estilo de vida, Bellón es arquitecta, tiene su propio estudio y sigue ejerciendo. La clave de su éxito es “saber estar en continuo movimiento para generar contenidos interesantes”, y el mayor lujo para ella, viajar. No se cree que haya influencers fraudulentos trabajando. “Ahí entra la agencia. Cuando alguien ha comprado seguidores se nota. Si no hay engagement o tus seguidores son de Turquía, o aparecen perfiles muy grandes de la noche a la mañana… Pues no cuadra. Mi agencia siempre advierte del peligro. Son mentiras con las patas muy cortas”. Los análisis de la cuenta de Ester ofrecen los resultados más positivos, más limpios, aunque tiene casi un 20% de seguidores en Brasil. Ella apunta: “He hecho colaboraciones con marcas brasileñas y blogueras famosas en Brasil me han etiquetado en publicaciones”.

La directora de Okiko, Beatriz Portela, agradece esta investigación: “Es un síntoma de que el mercado está madurando. En países como España e Italia aún se da mucha importancia al tamaño, y la evolución natural es que empiece a primar la calidad de las comunidades, es algo que nos beneficiará a todos”.

Toca ocuparse del futuro del mundo influencer. Eso pasa por una mayor transparencia y compromiso de las plataformas, por institucionalizar el uso de herramientas de verificación —Luis Díaz asegura orgulloso que la suya, que analiza hasta nueve parámetros, «es la mejor del mercado”— y por la implicación de las agencias. Hay rumores de que algunas compran los bots a sus representados o les obligan a engordar sus perfiles antes de firmar. Al comentarle a una de las agencias contactadas para este reportaje que uno de los temas a tratar era el fraude, no respondió más.

Fuente: elpais.com, 18/04/18.

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Que Lula, el expresidente del Brasil, haya entrado a una prisión de Curitiba a cumplir una pena de 12 años de cárcel por corrupción ha dado origen a protestas masivas organizadas por el Partido de los Trabajadores y homenajes de gobiernos latinoamericanos tan poco democráticos como los de Venezuela o Nicaragua, algo que era previsible. Pero lo es menos que mucha gente honesta, socialistas, socialdemócratas y hasta liberales consideren que se ha cometido una injusticia contra un exmandatario que se preocupó mucho por combatir la pobreza y realizó la proeza de sacar, al parecer, a cerca de 30 millones de brasileños de la extrema pobreza cuando estuvo en el poder.

Quienes piensan así están convencidos, por lo visto, de que ser un buen gobernante tiene que ver sólo con llevar a cabo políticas sociales de avanzada, y que esto lo exonera de cumplir las leyes y de actuar con probidad. Porque Lula no ha entrado a la cárcel por las buenas cosas que hizo durante su gobierno, sino por las malas, y entre éstas figura, por ejemplo, la espantosa corrupción de la compañía estatal de Petrobras y sus contratistas que costó al diezmado pueblo brasileño nada menos que tres mil millones de dólares (dos mil millones de ellos en sobornos).

De otro, quienes piensan tan bien de Lula olvidan el feo papel de corre-ve-y-dile que jugó como emisario y cómplice en varias operaciones de Odebrecht —en el Perú, entre otros países— corrompiendo con millones de dólares a presidentes y ministros para que favorecieran a aquella transnacional con multimillonarios contratos de obras públicas.

Es por esta razón y otros casos que Lula tiene no uno, sino siete procesos por corrupción en marcha y que decenas de sus colaboradores más próximos durante su gobierno, como João Vaccari o José Dirceu, su jefe de gabinete, hayan sido condenados a largas penas de cárcel por robos, estafas y otras operaciones delictuosas. Entre las últimas acusaciones que se ciernen sobre su cabeza está la de haber recibido de la constructora OAS, a cambio de contratos públicos, un departamento de tres pisos en la playa de Guarujá (São Paulo).

Las protestas por la prisión de Lula no tienen en cuenta que, desde que se produjo la gran movilización popular contra la corrupción que amenazaba con asfixiar a todo el Brasil, y en gran parte gracias a la valentía de los jueces y fiscales encabezados por Sérgio Moro, juez federal de Curitiba, centenares de políticos, empresarios, funcionarios y banqueros han ido a la cárcel, o están siendo investigados y tienen procesos abiertos. Más de ciento ochenta han sido ya sentenciados y hay varias decenas de ellos que lo serán en un futuro próximo.

Jamás en la historia de América Latina había ocurrido nada parecido: un levantamiento popular, apoyado por todos los sectores sociales, que, partiendo de São Paulo se extendió luego por todo el país, no contra una empresa, un caudillo, sino contra la deshonestidad, las malas artes, los robos, los sobornos, toda la gigantesca corruptela que gangrenaba las instituciones, el comercio, la industria, el quehacer político, en todo el país. Un movimiento popular cuya meta no era ni la revolución socialista ni derribar a un gobierno, sino la regeneración de la democracia, que las leyes dejaran de ser letra muerta y se aplicaran de verdad, a todos por igual, ricos y pobres, poderosos y gentes del común.

Lo extraordinario es que este movimiento plural encontró jueces y fiscales como Sérgio Moro, que, envalentonados con aquella movilización, le dieron un cauce judicial, investigando, denunciando, enviando a la cárcel a un abanico de ejecutivos, comerciantes, industriales, parlamentarios, autoridades, hombres y mujeres de toda condición, mostrando que es realizable, que cualquier país puede hacerlo, que la decencia y la honestidad son posibles también en el tercer mundo si hay la voluntad y el apoyo popular para hacerlo. Cito siempre a Sérgio Moro, pero su caso no es único, en estos últimos años hemos visto en Brasil cómo su ejemplo era seguido por incontables jueces y fiscales que se atrevían a enfrentar a los supuestos intocables, aplicando la ley y devolviendo poco a poco al pueblo brasileño una confianza en la legalidad y en la libertad que casi había perdido.

Hay muchas gentes admirables en Brasil; grandes escritores como Machado de Assis, Guimarães Rosa o mi muy querida amiga Nélida Piñon; políticos como Fernando Henrique Cardoso, que, durante su presidencia, salvó de la hecatombe a la economía brasileña e hizo un modelo de gobierno democrático, sin ser acusado jamás de una acción punible; y atletas y deportistas cuyos nombres han dado la vuelta al mundo. Pero, si tuviera que escoger uno de ellos como modelo ejemplar para el resto del planeta, no vacilaría un segundo en elegir a Sérgio Moro, ese modesto abogado natural de Paraná, que, luego de recibirse de abogado, entró a la magistratura haciendo oposiciones en 1996. Según ha confesado, lo ocurrido en Italia en los años noventa, el famoso proceso de Mani Pulite, le dio ideas y el entusiasmo necesario para combatir la corrupción en su país, utilizando instrumentos parecidos a los de los jueces italianos de entonces, es decir, la prisión preventiva, la delación premiada y la colaboración de la prensa. Han tratado de corromperlo, por supuesto, y sin duda es un milagro que esté todavía vivo, en un país donde los asesinatos políticos no son por desgracia excepcionales. Pero allí está, formando parte de lo que viene siendo una verdadera, aunque nadie la haya denominado todavía así, revolución silenciosa: el retorno de la legalidad, el imperio de la ley, en una sociedad a la que la corrupción generalizada estaba desintegrando e impidiéndole pasar de ser el “gran país del futuro” que ha sido siempre a ser el gran país del presente.

El gran enemigo del progreso latinoamericano es la corrupción. Ella hace estragos en los gobiernos de derecha o de izquierda y un enorme número de latinoamericanos ha llegado a convencerse de que aquella es inevitable, algo así como los fenómenos naturales contra los que no hay defensa: los terremotos, las tormentas, los rayos. Pero la verdad es que sí la hay, y precisamente Brasil está demostrando que es posible combatirla, si se tienen jueces y fiscales gallardos y responsables, y, por supuesto, una opinión pública y unos medios de información que los apoyen.

Por eso es bueno, para la América Latina, que gentes como Marcelo Odebrecht o Lula da Silva hayan ido a la cárcel luego de ser procesados, concediéndoles todos los derechos de defensa que existen en un país democrático. Es muy importante mostrar en términos prácticos que la justicia es igual para todos, los pobres diablos del montón que son la inmensa mayoría, y aquellos poderosos que están en la cúspide gracias a su dinero o a sus cargos. Y son precisamente estos últimos los que tienen mayor obligación moral de acatar las leyes y mostrar, en su vida diaria, que no hace falta transgredirlas para ocupar esas posiciones de prestigio y poder que han alcanzado, que ellas son posibles dentro de la legalidad. Es la única manera en que una sociedad crea en las instituciones, rechace el apocalipsis y las fantasías utópicas, sostenga la democracia y viva con la sensación de que las leyes existen para protegerla y humanizarla cada día más.

Fuente: elpais.com, 15/04/18.

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