Una protesta de sindicalistas en San Juan. Photo: Alvin Baez/Reuters

Puerto Rico es a los Estados Unidos lo que Grecia es la eurozona: una economía fuertemente endeudada y mal administrada, atrapada en una unión monetaria con un vecino mucho más rico.

Con cinco años de atraso, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico está siguiendo los pasos de Grecia. En agosto dejó de pagar su deuda y en noviembre podría quedarse sin efectivo, lo que obligaría a recortar empleos, pensiones y otras prestaciones sociales.

Para evitar una catástrofe económica y humana, la isla tiene que reducir su deuda y aumentar el crecimiento económico. La semana pasada, el gobierno de Obama propuso un plan que aborda el primer problema pero que hace muy poco para resolver el segundo. Sin una solución a los problemas económicos subyacentes, incluso una reducción de deuda será insostenible.

La deuda de US$72.000 millones de Puerto Rico y sus empresas públicas equivale al 100% de la producción anual de la isla. Ese porcentaje está muy por encima de otros países de América Latina y aunque se asemeja al de economías avanzadas. Sus causas son el persistente déficit presupuestal y un desempeño económico flojo: la economía de Puerto Rico se ha contraído casi cada año desde 2007, y su fuerza laboral se ha reducido 16% porque los trabajadores emigran al continente en busca de mejores empleos.

A medida que la economía se contrajo, las proporciones de deuda y los costos de endeudamiento aumentaron. El año pasado, Puerto Rico tuvo que pedir prestado a fondos de cobertura a una tasa de 8,5%, más del doble de lo que normalmente paga un estado [Puerto Rico es un territorio legalmente no incorporado de los EE.UU.; no es ni un estado independiente ni un estado de EE.UU.] Ningún gobierno puede sobrevivir por mucho tiempo con esta tóxica combinación de altas tasas de interés y contracción económica.

Por lo tanto, la deuda de Puerto Rico va a ser reestructurada. Cuanto más ordenado sea el proceso, mejor. Por desgracia, las conversaciones entre la isla y algunos de sus acreedores (principalmente fondos de inversión y fondos de cobertura) han avanzado poco hasta ahora, debido a la complejidad de una deuda que abarca 18 entes públicos, y la desconfianza justificada de los acreedores sobre la contabilidad de éstos.

Al igual que los estados pero a diferencia de muchos municipios estadounidenses, Puerto Rico no puede declararse en quiebra. El gobierno de Obama quiere que el Congreso cambie esta situación para que el territorio y sus acreedores puedan llegar a un acuerdo bajo la supervisión de un tribunal. Esto tiene sentido: los acreedores no van a cobrar todo lo que se les adeuda, retrasar lo inevitable empeora el dolor económico y en última instancia pueden erosionar lo que los acreedores recuperen.

Pero Puerto Rico no puede volver a tener calificación crediticia favorable hasta que no implemente dolorosas medidas económicas que permitan reencender el crecimiento.

Al igual que la parte continental de EE.UU., la isla experimentó un auge de bienes raíces, la explosión de la burbuja y la recesión. A diferencia de aquella, no se ha recuperado. Las generosas exenciones de impuestos federales que alguna vez atrajeron la radicación de industrias ya no existen, y la economía sigue siendo fundamentalmente poco atractiva para la inversión. Puerto Rico tiene que resolver algunos de los obstáculos a la inversión, como el bajo nivel de instrucción, finanzas públicas mal administradas, rígidas leyes laborales y un costoso monopolio público de electricidad.

Otros problemas, sin embargo, son absoluta responsabilidad del gobierno federal.

Bajo una ley de 95 años de antigüedad, los transportes de carga entre Puerto Rico y el continente deben realizarse en caros barcos estadounidenses, lo que aumenta los costos de la economía local. El salario mínimo federal (US$7,25) es demasiado alto dada la baja productividad de los trabajadores de la isla: representa 77% del ingreso per cápita, en comparación con 28% en el continente, y el pago de bonos obligatorios hace que el salario mínimo real sea aún mayor. El resultado de todo esto que muchos trabajadores no calificados son expulsados del mercado laboral formal.

Por último, los programas federales de seguridad social, tales como los subsidios sociales y por discapacidad, ofrecen beneficios muy altos en relación con los salarios, un importante factor que desincentiva el trabajo.

El alto salario mínimo y las generosas transferencias sociales explican por qué sólo 40% de los adultos puertorriqueños están en la fuerza laboral, en comparación con 62,4% en el continente. Muchos trabajadores se han unido a la economía informal, en la que no pagan impuestos pero tampoco mejoran sus habilidades.

Anne Krueger, una economista de la Universidad Johns Hopkins y exfuncionaria del FMI, quien lideró una revisión detallada de la economía de la isla, recomienda eximir a Puerto Rico de futuros aumentos del salario mínimo, una medida que el territorio ya está considerando, o al menos eximir del aumento a los trabajadores más jóvenes o los recién ingresados a la fuerza laboral.

El gobierno local, sin embargo, no contempla rebajar el salario mínimo o recortar de beneficios, con el argumento de que sería debilitar aún más una economía ya frágil y tal vez acelerar la emigración. En cambio, ha pedido al Congreso que otorgue un crédito tributario por ganancias devengadas, que daría pagos en efectivo a los trabajadores de bajos ingresos y fomentaría el trabajo.

Krueger dice que esto es una buena idea, pero que no será suficiente. “Es crítico [para Puerto Rico] lograr un cambio radical, y eso no se puede hacer con curitas”. La economista señala que Puerto Rico compite por turistas con México y la República Dominicana, que pagan salarios mucho más bajos por los mismos puestos de trabajo no calificados. “Muchos hoteles han cerrado por falta de turistas”.

Aliviar gradualmente la carga del salario mínimo y de prestaciones mal diseñadas, reducir el costo de la electricidad y el transporte marítimo y hacer menos onerosas las normas laborales debería finalmente volver a dar impulso la producción económica y los ingresos fiscales, deteniendo al mismo tiempo el desangre migratorio hacia el continente. La alternativa es el estancamiento, la creciente dependencia de la generosidad federal, y el riesgo de otra crisis fiscal futura.