El doctor Fenando Ysern ha visto cómo ha caído el número de pacientes en su hospital en la última década. 

SAN JUAN, Puerto Rico — El descenso de la población de Puerto Rico es más pronunciado y económicamente desastroso que la de cualquier estado de EE.UU. desde finales de la Segunda Guerra Mundial.

En la última década, el éxodo de trabajadores, jubilados y familias enteras redujo la población de Puerto Rico a menos de 3,5 millones, una caída de 9% que ha magnificando la incapacidad del territorio para pagar su deuda de US$70.000 millones.

El miércoles, el Congreso de EE.UU. aprobó el proyecto de ley bipartidista que pondrá en marcha la mayor reestructuración de deuda municipal en la historia de EE.UU. Esto sería sólo el comienzo de una reforma mucho más profunda.

Una recesión de una década ha dejado a uno de cada nueve residentes de Puerto Rico sin trabajo. Casi la mitad de la población depende de un gobierno carente de dinero para los servicios de salud. En lo que va de esta década, la migración neta al territorio continental de EE.UU., donde los puertorriqueños pueden moverse sin restricciones, fue de 250.000 personas. La fuerza laboral de la isla se redujo 20% en los últimos 10 años, en comparación con un crecimiento del 5% en EE.UU.

La pérdida de población de Puerto Rico es la peor desde que en 1920 la oficina del censo de EE.UU. comenzó a registrar estadísticas. Mario Marazzi, director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, dice que esta pérdida es sólo comparable con la extinción de los indígenas taínos después de la llegada de los españoles en el Siglo XVI.

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“[En comparación] los problemas económicos de Puerto Rico hace que la Nueva York de la década de 1970 o Texas durante la caída de los precios parezcan un paseo por el parque”, dice el economista de la Universidad de Harvard y ex secretario del Tesoro Lawrence Summers.

Si este descenso demográfico continúa, es probable se vuelva aún más difícil crear oportunidades de trabajo atractivas y pagar las cuentas.

Hospitales en apuros

En su pequeña oficina en el centro de San Juan, Domingo Cruz Vivaldi conserva la pala de oro de la ceremonia de 2010 en la que se puso la primera piedra de una nueva unidad de cáncer, sala de urgencias y cuidados intensivos del Hospital de Niños San Jorge, donde se desempeña como presidente ejecutivo. Cuatro médicos han renunciado en el último año y uno más dio anunció su renuncia a principios de este mes. “Es una película de terror,” dice el Sr. Cruz Vivaldi.

Esto repercute en los médicos que permanecen, como Fernando Ysern, un pediatra de 60 años que sólo puede tomarse un día de descanso cada tres semanas. “Entre la carga de trabajo y la mala paga, no es de extrañar que tengamos un éxodo de médicos”, dice.

El restaurante de comida rápida Subway del Centro Médico de San Juan, principal hospital público de la capital, solía ser “un bastión de estabilidad”, dice José Vázquez Barquet, dueño de 18 locales Subway y franquiciado maestro de los 225 locales de la isla. Las ventas cayeron 15% en cada uno de los últimos dos años.

Vázquez Barquet tiene menos clientes por la misma razón que Cruz Vivaldi tiene menos camas ocupadas en el hospital. Al 1 de julio de 2015, la población de Puerto Rico era 3.47 millones, 9,1% menos que en la década anterior. Semejante descenso no se ha sido visto en un estado de EE.UU. desde las grandes migraciones de Oklahoma y otros estados agrícolas que comenzaron en la década de 1930.

Desde 2000, la población de niños puertorriqueños menores de cinco años ha disminuido 37%. Aproximadamente uno de cada cinco residentes tiene al menos 60 años, un porcentaje más alto que cualquier estado de EE.UU.

El gobierno todavía está pagando los edificios construidos para la Universidad de Puerto Rico en 2000, cuando la población en edad universitaria de la isla alcanzó su punto máximo.

María Álvarez, de 19 años, planea estudiar derecho en Indiana después de terminar sus estudios de pregrado en San Juan. “Las posibilidades de conseguir un trabajo que pague bien aquí no son tan buenas”, dice.

A medida que se va más gente, mayor es la presión sobre el gobierno para eliminar puestos de trabajo. El número de estudiantes en las escuelas públicas es 40% menor de lo que era hace una década, pero el número de profesores ha crecido. Puerto Rico opera el mismo número de instituciones correccionales que en 2004, aunque el número de reclusos ha caído 26%.

Una tienda cerrada cerca de Universidad de Puerto Rico.

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La actual situación de Puerto Rico es resultado de una serie de políticas federales improvisadas que se remontan décadas. Entre la impotencia para reducir el gasto o aumentar la recaudación, los líderes locales optaron por pedir prestado para compensar la caída de los ingresos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las exenciones de impuestos federales alimentaron el crecimiento de un robusto sector manufacturero que permitió a la isla diversificarse más allá de la agricultura y convertirse en un centro importante de farmacéuticas y fabricantes de dispositivos médicos. Pero en los últimos años el Congreso puso fin a aquellos incentivos. Cuando el último expiró en 2006, muchos fabricantes de medicamentos, que pagaban buenos salarios, empacaron y se fueron a Singapur e Irlanda.

Las exenciones tributarias disimularon otros problemas económicos. A poco más de tres kilómetros al occidente del Hospital San Jorge se encuentra el reluciente Centro de Convenciones de Puerto Rico, el más grande complejo de este tipo en el Caribe, inaugurado en 2005 en terrenos de una ex base naval a un costo de US$415 millones. El centro ha tenido problemas para generar ganancias, entre otras razones porque tardó cuatro años para inaugurar un hotel en sus instalaciones.

El desarrollo del sector turístico puertorriqueño ha sido terriblemente lento. La isla sólo tiene el 20% de habitaciones de hotel de la República Dominicana y el 25% de Cuba. La apertura de Cuba a EE.UU. podría agravar ese déficit.

Durante años, Wall Street pasó por alto estos problemas porque Puerto Rico ofrecía rendimientos por encima del promedio del mercado. La deuda de la isla está exenta de impuestos federales, estatales y locales. Gracias a una gran demanda, en 10 años Puerto Rico duplicó su deuda total.

Algunos inversionistas confiaron en la protección adicional de que las empresas públicas de territorios federales no pueden declararse en quiebra. “Siempre que hay una percepción de que un tipo de deuda está a prueba de default se producen excesos masivos”, dice Summers.

La lenta desintegración de la infraestructura de servicios de salud de Puerto Rico es quizás el ejemplo más claro de las consecuencias de la crisis de la deuda y la fuga de población.

Además de la pérdida de los pacientes, el sistema de salud pública de la isla padece una insuficiencia crónica de fondos. Puerto Rico recibe menos en fondos federales de lo que recibiría si fuera un estado, a pesar de que los médicos deben proporcionar el mismo nivel de atención y los residentes pagan el mismo impuesto de Medicare que los residentes del continente.

Manuela Rivera Rivera vende bananos frente a lo que dice que solía ser un Berger King hasta hace unas semanas. 

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“Usted paga lo mismo [en impuestos], pero recibe menos”, dice gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. “Si se muda a Florida, pagará lo mismo y recibirá más. ¿Usted qué haría?”

El gobierno Obama ha presionado sin éxito al Congreso para reformar estas disparidades. La prioridad inmediata fue obtener un compromiso bipartidista entre el secretario del Tesoro, Jacob Lew, y el presidente de la Cámara Baja Paul Ryan para establecer una comisión que supervise la reestructuración de la deuda del estado libre asociado. El presidente Obama promulgó la ley el jueves por la tarde, antes del viernes, cuando el gobierno de Puerto Rico ha dicho que incumplirá por primera vez sus pagos de deuda de más alto nivel.

Perspectiva oscura

Los problemas de la financiación de la salud en Puerto Rico probablemente empeorarán el año que viene, cuando venzan las subvenciones federales que apuntalaron el programa de Medicaid. Puerto Rico tendrá entonces que generar US$1.600 millones o recortar servicios.

Los bancos dejaron de prestar a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico hace dos años. El ente ha perdido también acceso a los préstamos de Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, que en mayo incumplió el pago de bonos.

Esto ha obligado al sistema a funcionar con efectivo, con retrasos frecuentes en el pago a hospitales y médicos.

En marzo, Robexi Angeli acababa de terminar la cirugía de colon de un paciente con cáncer en el Hospital Santa Rosa de la ciudad costera de Guayama. Todavía estaba en el quirófano cuando se cortó la luz.

“Tuvimos mucha suerte de terminar antes” la cirugía, dice Angeli. El hospital le debe millones de dólares en facturas a la compañía eléctrica, que acababa de terminar su propia renegociación de una deuda de US$9.000 millones.

Capitolio de Puerto Rico en San Juan. 

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Shhhh. No le diga a Ted Cruz o a los medios, pero el Congreso, controlado por los republicanos, está usando principios conservadores para resolver un problema urgente causado por un gobierno progresista. Con un poco de fortaleza y algo de suerte, el estado libre asociado de Puerto Rico incluso podría volver a crecer.

Los republicanos en la Cámara de Representantes planean aprobar esta semana un proyecto de ley revisado para permitir que Puerto Rico reestructure sus US$ 72.000 millones en deuda bajo la mirada de una junta federal de supervisión. Puerto Rico necesita la ayuda del Congreso para prevenir una pelea entre los acreedores cuando los emisores de deuda de la isla inevitablemente se declaren en cesación de pagos, así como para frenar una recesión y un éxodo de su población que ya completa décadas. La urgencia del problema les dio a los republicanos una ventaja con el gobierno Obama y el presidente de la Cámara, Paul Ryan, la ha usado.

El proyecto de ley ofrece un alivio de deuda a Puerto Rico a cambio de un mecanismo para desautorizar al inútil gobierno actual de la isla e imponer reformas. La ley explícitamente evita las leyes conflictivas y las regulaciones aprobadas por el estado libre asociado. También estipula que cualquier demanda será escuchada en las cortes federales y no en la isla.

La clave de la reforma es una junta de control de siete miembros, la cual está inspirada en la junta que sacó al Distrito de Columbia de un pozo de deuda en la década de los 90. El presidente seleccionará la junta de una terna presentada por el presidente de la Cámara (dos), el presidente del Senado (dos), la líder de las minorías de la Cámara (uno) y el líder de las minorías del Senado (uno). El presidente elegirá al séptimo a su discreción. Los nombramientos deben hacerse para el 1 de diciembre y el cargo tendrá un término de tres años, por lo que los elegidos por los republicanos orientarán las decisiones cruciales que se hagan en principio.

La junta tendrá poder legal para exigir documentos, llevar a cabo auditorías, convocar audiencias, imponer un veto a los gastos excesivos e imponer reformas a, por ejemplo, pensiones, impuestos y pagos a los trabajadores. Puede obligar al gobierno puertorriqueño a privatizar activos y crucialmente, puede desautorizar leyes, regulaciones, contratos y órdenes ejecutivas que entren en conflicto con sus planes financieros.

Los acreedores y los 18 emisores de deuda de la isla serán motivados a que alcancen acuerdos con términos que podrían ser más favorables para ambas partes de lo que podrían ser impuestos posteriormente por un juez.

Sin embargo, el proyecto de ley también incluye un mecanismo de acción colectiva que permita que dos tercios del capital de cada grupo de acreedores obliguen a aceptar el acuerdo a aquellos que se nieguen a firmarlo. Si las negociaciones voluntarias fallan, una supermayoría de la junta de la junta de control podría autorizar una reestructuración supervisada por una corte federal que sería similar a un proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11 de la ley estadounidense.

Este proceso extendería automáticamente el congelamiento por nueve meses de los litigios, el cual fue impuesto por el proyecto de ley. Luego de asegurarse que se completen las auditorías y se trace un plan fiscal, la junta propondrá un plan de ajuste que sea justo y equitativo. El proyecto de ley explícitamente requiere que el plan respete las prioridades de los acreedores y los derechos de retención y que tenga en cuenta “lo mejor para los acreedores”. Así que si los demócratas llegan a controlar la junta, no podrán subordinar a los bonistas a las necesidades de los pensionados.

Las pensiones son el mayor pasivo de Puerto Rico, a un costo de US$46.000 millones. En los últimos años, la isla ha elevado la edad de jubilación, incrementado las contribuciones de los trabajadores y reubicado a empleados en planes híbridos similares a cuentas de jubilación individuales con un pago fijo. Pero debido a que los fondos de pensiones están casi quebrados, la junta de control tendrá que modificar aún más los beneficios. El proyecto de ley también requiere que los planes fiscales “provean financiación adecuada para los sistemas públicos de pensión”, para que Puerto Rico no pueda tomar dinero de las pensiones como lo ha hecho en el pasado.

La junta se mantendrá activa hasta que el gobierno de la isla tenga acceso a los mercados de crédito a corto y largo plazo y haya producido cuatro presupuestos balanceados de manera consecutiva. Preferiríamos una perspectiva más a largo plazo, que mantuviera a la junta en una prórroga similar a la de la junta de control financiero de Nueva York en caso que el estado libre asociado vuelva al camino de la perdición. Sin embargo, Washington necesitará el apoyo de Puerto Rico para implementar las reformas y prometer el retorno de un completo control alentará la cooperación.

Una genuina reforma dependerá de la conformación de la junta de control, así que los republicanos tendrán que elegir con sabiduría. La principal debilidad del proyecto de ley es que no incluye exenciones para Puerto Rico de leyes estadounidenses tan destructivas como la de salario mínimo y la ley Jones que eleva los costos de envío. El gobierno Obama se resistió a estas reformas y los republicanos necesitan el apoyo bipartidista.

La ley mueve a la isla en la dirección de las reformas de libre mercado y la disciplina fiscal después de años de políticas de estado bienestar. El crédito se lo llevan los representantes republicanos Rob Bishop de Utah y Sean Duffy de Wisconsin, quienes lideraron el esfuerzo y la negociación con el Departamento del Tesoro. La Casa Blanca ha apoyado el proyecto de ley, aunque el portavoz Josh Earnest no pudo resistir el enviar una puya a los republicanos por “crear leyes de mala intención” al permitir que los empleadores inicialmente paguen a los trabajadores de menos de 25 años un salario mínimo por encima del nivel nacional. El impulso partidista de Earnest es la razón por la que Obama ha logrado tan poco con el Congreso.

Sin embargo, esta ley merece el apoyo de ambos partidos y los votantes deberían verlas como un ejemplo de reforma conservadora en acción. Quien es el siguiente, ¿Chicago?

La bandera de Puerto Rico flamea frente al Capitolio de la isla. 

En momentos en que el Congreso de Estados Unidos se dispone a formular un remedio para la crisis de deuda de Puerto Rico, la experiencia de Europa con Grecia ofrece un ejemplo claro de los pasos en falso que deben evitarse.

Un informe del Fondo Monetario Internacional de fines del año pasado destacó los errores que cometió Europa. “La reestructuración de deuda, cuando finalmente se llevó a cabo, fue muy poca y demasiado tardía”, declaró.

La crisis de Grecia estalló en 2010, pero los gobiernos sólo aprobaron una reestructuración de la gigantesca deuda del país dos años después. Para entonces, los acreedores se vieron obligados a asumir grandes rebajas que, de todas maneras, resultaron insuficientes, señaló el reporte.

La lección para Washington sobre Puerto Rico parece sencilla: evitar un remedio amargo ahora —en la forma de una reestructuración de los US$70.000 millones en deuda de la isla principalmente en manos de inversionistas estadounidenses y puertorriqueños— aumenta las probabilidades de un rescate federal más adelante.

El Departamento del Tesoro ha propuesto designar una autoridad de supervisión fiscal para auditar las finanzas del estado libre asociado junto con un mecanismo de reestructuración de deuda, similar a una bancarrota supervisada por un juzgado, que entrará en efecto si las negociaciones voluntarias fracasan.

Los congresistas del Partido Republicano en la Cámara de Representantes se preparan para dar a conocer esta semana un borrador por el estilo, lo que ha desencadenado mucha actividad entre abogados y firmas de lobby para conseguir votos antes de que el Congreso regrese de sus vacaciones de Semana Santa.

El principal problema es simple. La economía de Puerto Rico se ha contraído desde 2006. Las oportunidades de empleo son escasas y disminuyen, las empresas están haciendo las maletas y los precios de las viviendas se desploman.

Los residentes de Puerto Rico, que son ciudadanos estadounidenses, se están mudando a territorio continental. La población se ha estado reduciendo desde 2005, pero el descenso se ha acelerado durante los últimos cinco años. Las personas en edad productiva se están marchando. Uno de cada cinco residentes es mayor de 60 años, una proporción mucho más alta que la de cualquier estado de la unión. La población de menores de 5 años se ha reducido 37% desde 2000.

“Si se espera, la crisis empeorará considerablemente. Más gente se irá”, predijo el mes pasado durante una audiencia Simon Johnson, ex economista jefe del FMI. “La base tributaria se seguirá desintegrando y los acreedores recibirán incluso menos”.

Puerto Rico se ha endeudado significativamente durante la última década para equilibrar sus presupuestos. En julio de 2014, el pago de la deuda absorbió 27% de los ingresos del gobierno, más del doble que cualquier estado de EE.UU., según Moody’s Investors Service.

Puerto Rico ya dejó de pagar algunas deudas pequeñas y el gobierno ha advertido sobre los pagos de más de US$2.000 millones que vencen en mayo y julio. La isla no puede reestructurar deudas municipales en un tribunal de quiebras porque no es un estado. Una ley local que hubiera creado un entorno similar fue anulada por una decisión judicial. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. escuchó argumentos sobre la apelación y se espera que emita un fallo en junio.

Un factor que complica el asunto es que la isla tiene una serie de emisiones de deuda con promesas de seguridad distintas, diseñadas a lo largo de los años para eludir los estándares de sostenibilidad de deuda. Esto ha hecho que algunos acreedores estén más dispuestos a acudir a los tribunales. Otros han sugerido que la isla ha maquillado sus tribulaciones fiscales.

El resultado es que algunos acreedores han sido reacios a ofrecer concesiones en las negociaciones voluntarias de reestructuración. También están presionando fuertemente en el Capitolio para debilitar la legislación de reestructuración, que algunos han caracterizado como un rescate a pesar de que la reestructuración no pone dinero de los contribuyentes en riesgo.

Analistas de las firmas de gestión de activos Pimco, AllianceBernstein y Nuveen Investments han cuestionado en las últimas semanas los argumentos de que una legislación de reestructuración para Puerto Rico acarrearía nuevos riesgos en el mercado de bonos municipales de US$3,7 billones. Sin un marco de reestructuración ordenada, la alternativa sería una serie de cesaciones de pagos y demandas. “Un calvario largo y costoso para todas las partes involucradas”, dijo Sean McCarthy, jefe de investigación de crédito municipal en Pacific Investment Management Co.

El ex secretario del Tesoro de EE.UU., Larry Summers, ha llamado al caso de Puerto Rico como una prueba para determinar si los intereses financieros controlan Washington.

Para los encargados de políticas, la opción no es necesariamente entre la reestructuración de la deuda o simplemente imponer una supervisión más estricta. Se trata de decidir entre abordar la crisis ahora o enfrentar llamados más costosos de ayuda posteriormente en forma de transferencias del gobierno federal o préstamos, dice Aníbal Acevedo Vilá, que fue gobernador de Puerto Rico entre 2005 y 2009. Por ejemplo, algunos defensores de los tenedores de bonos y líderes políticos locales están invocando los rescates de 2009 a las automotrices de Detroit para solicitar que el Departamento del Tesoro refinancie o garantice deudas.

Esto no es viable para Washington por el momento, ya que podría hacer que los contribuyentes tengan que pagar por un endeudamiento desenfrenado de Puerto Rico facilitado por Wall Street.

Los problemas no terminan allí. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. advirtieron el mes pasado que 20% de la población de la isla podría contraer el virus del zika transmitido por mosquitos en un brote durante mediados de año. Por otra parte, la compañía eléctrica de la isla cortó temporalmente a principios de mes la electricidad de un hospital que tiene US$4 millones en facturas pendientes.

La gran pregunta es cómo la economía de la isla va a frenar la emigración y regresar a la senda del crecimiento, una tarea que se vuelve más difícil en momentos en que los acreedores se pelean sobre quién debe asumir los costos de las malas inversiones.

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Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico, da un discurso el 30 de diciembre, en San Juan.

La deuda del gobierno y las agencias de Puerto Rico excede los US$ 70.000 millones y el gobierno de Barack Obama dice que el estado libre asociado necesita acogerse a las leyes de protección por bancarrota. A finales de la semana pasada, el comité de recursos naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó las directrices de su propia solución. El grupo solicita una autoridad de supervisión financiera independiente y declaraciones financieras auditadas antes de una “reestructuración voluntaria de deuda”.

Ambas opciones hacen probable que los costos de endeudamiento de Puerto Rico aumenten, debido a que ambas introducen el espectro de una rebaja sin precedentes de al menos parte de la deuda. Sin embargo, el comité de la Cámara de Representantes parece más interesado en dejar a Puerto Rico con el poder para demostrar que es un deudor fiable. Los puertorriqueños merecen esa posibilidad, como mínimo.

Muchos en la isla creen que esta puede y debe pagar sus deudas. En una visita a las oficinas en Nueva York de The Wall Street Journal en enero, Ricardo Rosselló, quien participa en las primarias del Partido Nuevo Progresista para las elecciones a gobernador en noviembre, argumentó que Puerto Rico debe dejar en claro que cumplirá sus obligaciones para que pueda regresar a los mercados de capital. Luego debería hacer una dieta fiscal para promover un rápido crecimiento económico.

¿Puede Puerto Rico pagar sus deudas? La triste realidad es que pese al acalorado debate sobre una crisis de solvencia, nadie lo sabe a ciencia cierta debido a que no hay declaraciones financieras auditadas para los años fiscales 2014 y posteriores. En una carta del 1 de marzo a Orrin Hatch, presidente del Comité de Finanzas del Senado, Rosselló, un demócrata, señaló que el estado libre asociado acumula un retraso de más de 300 días respecto de la fecha límite para presentar los documentos de 2014. “Y es precisamente en un momento de crisis que se necesita una mayor transparencia, disciplina y análisis independiente para diagnosticar apropiadamente los problemas y producir soluciones sostenibles”, escribió Rosselló.

La no presentación de estados financieros auditados demuestra mala fe y no es la primera vez.

En julio de 2014, el representante de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes, Pedro Pierluisi, presentó un proyecto de ley para darle a la isla acceso al capítulo 9 del código de quiebras de EE.UU. Pierluisi sostuvo que no había razón para excluir a las corporaciones públicas o municipalidades de la isla de las protecciones que disfrutan las mismas entidades en los 50 estados de la unión.

Eso puede ser cierto, pero darle acceso retroactivo al capítulo 9 cambiaría los contratos existentes, los cuales especifican que la sindicatura, y no la quiebra, es el camino a seguir en caso de insolvencia.

La insistencia de Pierluisi en que Puerto Rico necesita acogerse al capítulo 9 también es socavada por la reestructuración voluntaria que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico, la empresa pública más grande de la isla, pactó con sus acreedores, a los cuales les debe cerca de US$8.000 millones. En febrero, la legislatura de Puerto Rico aprobó el acuerdo, en el que el valor nominal de la mayoría de bonos se recorta en 15% y los cupones en aproximadamente un punto porcentual a cambio de una línea de ingresos dedicada proveniente de los pagos de los usuarios para reducir la deuda.

Este arreglo muestra que la AEE no necesita declararse en quiebra. El gobierno de Obama desea una ley que se ha llamado “súper capítulo 9”, para permitir una amplia reestructuración de toda la deuda del estado libre asociado. Esta idea, recientemente rebautizada por el Departamento del Tesoro como “súper reestructuración de territorios”, es buena para la clase política, pero mala para casi todo el resto.

Los estados no tienen permitido declararse en bancarrota, como lo entienden perfectamente bien Nueva York, California e Illinois, que están en aprietos financieros. Si se le permite a Puerto Rico zafarse de su deuda territorial, algunos estados querrán el mismo privilegio.

Otros estados pagarán el precio como lo dijeron la semana pasada los gobernadores de Alabama, Arizona, Maine, Nebraska, Nuevo México y Dakota del Sur en un anuncio de página completa en la edición impresa de The Wall Street Journal, pagado por la “Main Street Bondholders Coalition”. Los gobernadores advirtieron que “conceder a Puerto Rico tal autoridad de quiebra sin precedentes” podría elevar sus costos de financiamiento, “erosionando la confianza de los inversionistas en la noción de fe entera y deuda de crédito”.

Puerto Rico también se vería afectado. Más de la mitad de su deuda en circulación está constitucionalmente protegida o respaldada por los impuestos a la venta o es de la AEE, que ya tiene un acuerdo con sus acreedores. Como indicó Rosselló en su carta, si Puerto Rico pretende “recuperar credibilidad con los inversionistas”, primero debe “cumplir con las obligaciones” de pagar su deuda principal.

Bajo la propuesta del comité de la Cámara de Representantes, Puerto Rico podría tratar de lograr que algunos de sus acreedores acepten una rebaja de la misma forma que lo han hecho los acreedores de la AEE. Sin embargo, algunos quizás no acepten “voluntariamente”. No se sabe por el momento si la Cámara de Representantes planea resolver el problema de los que no acepten el canje a través de, por ejemplo, cláusulas de demanda colectiva.

Pero lo que se necesita sin lugar a dudas es una autoridad de supervisión independiente, una auditoría y la oportunidad para que los tenedores de bonos negocien en lugar de verse obligados a aceptar lo que les embuta el Tesoro. Eso presionará a la clase política de la isla para que no gaste más de lo que recauda. Si a Washington le preocupa la gente de Puerto Rico, no se conformará con menos.

Una protesta de sindicalistas en San Juan. Photo: Alvin Baez/Reuters

Puerto Rico es a los Estados Unidos lo que Grecia es la eurozona: una economía fuertemente endeudada y mal administrada, atrapada en una unión monetaria con un vecino mucho más rico.

Con cinco años de atraso, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico está siguiendo los pasos de Grecia. En agosto dejó de pagar su deuda y en noviembre podría quedarse sin efectivo, lo que obligaría a recortar empleos, pensiones y otras prestaciones sociales.

Para evitar una catástrofe económica y humana, la isla tiene que reducir su deuda y aumentar el crecimiento económico. La semana pasada, el gobierno de Obama propuso un plan que aborda el primer problema pero que hace muy poco para resolver el segundo. Sin una solución a los problemas económicos subyacentes, incluso una reducción de deuda será insostenible.

La deuda de US$72.000 millones de Puerto Rico y sus empresas públicas equivale al 100% de la producción anual de la isla. Ese porcentaje está muy por encima de otros países de América Latina y aunque se asemeja al de economías avanzadas. Sus causas son el persistente déficit presupuestal y un desempeño económico flojo: la economía de Puerto Rico se ha contraído casi cada año desde 2007, y su fuerza laboral se ha reducido 16% porque los trabajadores emigran al continente en busca de mejores empleos.

A medida que la economía se contrajo, las proporciones de deuda y los costos de endeudamiento aumentaron. El año pasado, Puerto Rico tuvo que pedir prestado a fondos de cobertura a una tasa de 8,5%, más del doble de lo que normalmente paga un estado [Puerto Rico es un territorio legalmente no incorporado de los EE.UU.; no es ni un estado independiente ni un estado de EE.UU.] Ningún gobierno puede sobrevivir por mucho tiempo con esta tóxica combinación de altas tasas de interés y contracción económica.

Por lo tanto, la deuda de Puerto Rico va a ser reestructurada. Cuanto más ordenado sea el proceso, mejor. Por desgracia, las conversaciones entre la isla y algunos de sus acreedores (principalmente fondos de inversión y fondos de cobertura) han avanzado poco hasta ahora, debido a la complejidad de una deuda que abarca 18 entes públicos, y la desconfianza justificada de los acreedores sobre la contabilidad de éstos.

Al igual que los estados pero a diferencia de muchos municipios estadounidenses, Puerto Rico no puede declararse en quiebra. El gobierno de Obama quiere que el Congreso cambie esta situación para que el territorio y sus acreedores puedan llegar a un acuerdo bajo la supervisión de un tribunal. Esto tiene sentido: los acreedores no van a cobrar todo lo que se les adeuda, retrasar lo inevitable empeora el dolor económico y en última instancia pueden erosionar lo que los acreedores recuperen.

Pero Puerto Rico no puede volver a tener calificación crediticia favorable hasta que no implemente dolorosas medidas económicas que permitan reencender el crecimiento.

Al igual que la parte continental de EE.UU., la isla experimentó un auge de bienes raíces, la explosión de la burbuja y la recesión. A diferencia de aquella, no se ha recuperado. Las generosas exenciones de impuestos federales que alguna vez atrajeron la radicación de industrias ya no existen, y la economía sigue siendo fundamentalmente poco atractiva para la inversión. Puerto Rico tiene que resolver algunos de los obstáculos a la inversión, como el bajo nivel de instrucción, finanzas públicas mal administradas, rígidas leyes laborales y un costoso monopolio público de electricidad.

Otros problemas, sin embargo, son absoluta responsabilidad del gobierno federal.

Bajo una ley de 95 años de antigüedad, los transportes de carga entre Puerto Rico y el continente deben realizarse en caros barcos estadounidenses, lo que aumenta los costos de la economía local. El salario mínimo federal (US$7,25) es demasiado alto dada la baja productividad de los trabajadores de la isla: representa 77% del ingreso per cápita, en comparación con 28% en el continente, y el pago de bonos obligatorios hace que el salario mínimo real sea aún mayor. El resultado de todo esto que muchos trabajadores no calificados son expulsados del mercado laboral formal.

Por último, los programas federales de seguridad social, tales como los subsidios sociales y por discapacidad, ofrecen beneficios muy altos en relación con los salarios, un importante factor que desincentiva el trabajo.

El alto salario mínimo y las generosas transferencias sociales explican por qué sólo 40% de los adultos puertorriqueños están en la fuerza laboral, en comparación con 62,4% en el continente. Muchos trabajadores se han unido a la economía informal, en la que no pagan impuestos pero tampoco mejoran sus habilidades.

Anne Krueger, una economista de la Universidad Johns Hopkins y exfuncionaria del FMI, quien lideró una revisión detallada de la economía de la isla, recomienda eximir a Puerto Rico de futuros aumentos del salario mínimo, una medida que el territorio ya está considerando, o al menos eximir del aumento a los trabajadores más jóvenes o los recién ingresados a la fuerza laboral.

El gobierno local, sin embargo, no contempla rebajar el salario mínimo o recortar de beneficios, con el argumento de que sería debilitar aún más una economía ya frágil y tal vez acelerar la emigración. En cambio, ha pedido al Congreso que otorgue un crédito tributario por ganancias devengadas, que daría pagos en efectivo a los trabajadores de bajos ingresos y fomentaría el trabajo.

Krueger dice que esto es una buena idea, pero que no será suficiente. “Es crítico [para Puerto Rico] lograr un cambio radical, y eso no se puede hacer con curitas”. La economista señala que Puerto Rico compite por turistas con México y la República Dominicana, que pagan salarios mucho más bajos por los mismos puestos de trabajo no calificados. “Muchos hoteles han cerrado por falta de turistas”.

Aliviar gradualmente la carga del salario mínimo y de prestaciones mal diseñadas, reducir el costo de la electricidad y el transporte marítimo y hacer menos onerosas las normas laborales debería finalmente volver a dar impulso la producción económica y los ingresos fiscales, deteniendo al mismo tiempo el desangre migratorio hacia el continente. La alternativa es el estancamiento, la creciente dependencia de la generosidad federal, y el riesgo de otra crisis fiscal futura.

Una vista del Capitolio en San Juan.

Puerto Rico tiene previsto presentar el miércoles un plan con recortes de gastos y aumentos de impuestos para negociar con sus acreedores la reestructuración de la deuda del Estado libre asociado, que asciende a US$72.000 millones.

Un resumen del plan dice que Puerto Rico enfrenta un déficit de financiación de US$28.000 millones en los próximos cinco años y propone ajustar impuestos, reducir el gasto público, reformar el sistema de bienestar social y el salario mínimo, consolidar las escuelas públicas, y crear una junta para supervisar el cumplimiento de dichos cambios.

El plan fue elaborado por un grupo de trabajo nombrado por el gobernador Alejandro García Padilla, quien en junio dijo que la deuda de la isla era impagable. El plan sostiene que incluso si todas sus propuestas fueran puestas en práctica, el Estado libre asociado estaría todavía muy lejos de conseguir todo el dinero que necesita para pagar a los tenedores de bonos puertorriqueños en los próximos cinco años.

“Por lo tanto, se requiere un acuerdo consensuado entre los acreedores y el Estado libre asociado con el fin de evitar [que éste caiga en una] desordenada cesación de pagos y [para evitar también] una ciénaga legal que desestabilizará aún más la economía y las finanzas públicas”, dice.

El plan es muy esperado por los inversionistas, que creen que sufrirán pérdidas debido a la caída del precio de los bonos y a una creciente crisis fiscal y que quieren ver nuevos cambios estructurales antes de prestarle más dinero a Puerto Rico. El Estado libre asociado está lidiando con una década de estancamiento económico y un descenso de la población; y los funcionarios dicen que se está quedando sin efectivo para garantizar la marcha de la administración. El mes pasado, una agencia del gobierno entró en default con un vencimiento de US$58 millones.

La crisis de la isla es el más reciente foco de problemas en el por lo general tranquilo mercado de deuda municipal de EE.UU., que en los últimos años fue sacudido por las quiebras en Detroit y el Condado de Jefferson, Alabama. Los bonos de Puerto Rico están en manos de individuos y sociedades de inversión de todo EE.UU., debido a sus ventajas fiscales.

El plan pide completar las conversaciones con los acreedores respecto de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía de Puerto Rico (AEE), con el fin de reducir los costos de energía de la isla. La semana pasada, la AEE llegó a un principio de acuerdo con sus tenedores de bonos para reconocer el 85% del valor nominal de sus bonos—que habían caído a la calificación de bonos basura— a cambio de nuevos títulos diseñados para obtener la calificación de grado de inversión. El total de deuda de la AEE ronda los US$9.000 millones.

Las autoridades dicen que los inversionistas han comenzado a organizarse en grupos basados en el tipo de bonos que poseen, y que se iniciarán conversaciones con cada grupo en las próximas semanas.

El plan también busca la ayuda del gobierno de EE.UU., pidiendo al Congreso que permita a algunas entidades del gobierno de Puerto Rico acceso a la protección de la ley federal de quiebras. Al no ser un estado de la Unión, Puerto Rico está excluido de esa protección.

El gobierno federal también debería también reconsiderar el relativamente elevado salario mínimo de la isla para los trabajadores jóvenes o eximir a la isla de la Ley Jones de Comercio mercante de 1920, que obliga a Puerto Rico a comerciar exclusivamente con puertos de EE.UU. Según el plan, ello podría ayudar a reducir el costo del transporte de mercancías a la isla. También se necesita ayuda federal para evitar una creciente crisis de salud, mediante la nivelación de los fondos que recibe Puerto Rico en relación con estados de la Unión, agrega el plan.

Los inversionistas lograron su victoria más reciente el martes cuando un árbitro ordenó a UBS pagar cerca de US$2,5 millones a una pareja de San Juan que compró fondos de bonos de Puerto Rico que se desplomaron en valor a medida que se profundizó la crisis financiera de la isla, según las firmas de abogados Sonn & Erez PLC y Aldarondo & Lopez-Bras PSC que representaron a los demandantes. Los inversionistas habían solicitado un pago de hasta US$6 millones en daños.

Hace unos meses, UBS había recibido la orden de pagar cerca de US$1,5 millones, de un total requerido de US$5,8 millones, a inversionistas en otros tres casos relacionados con fondos de deuda puertorriqueña. Los casos fueron decididos por árbitros de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de EE.UU., conocida como Finra.

El banco suizo dijo que enfrenta más de US$1.100 millones en pago de daños ligados a sus actividades en Puerto Rico. Aproximadamente se han presentado 900 ante la Finra, y los abogados se preparan para presentar más luego de la primera cesación de pagos de Puerto Ricos sobre sus bonos municipales. Es probable que se registren más pérdidas para los inversionistas conforme el estado asociado busca reestructurar una carga de deuda que, según el gobernador Alejandro Padilla, no es posible pagar.

UBS dijo que los inversionistas en los fondos recibieron rendimientos excelentes por años, que a menudo superaron el desempeño general del mercado de bonos. La entidad señaló que los casi US$250.000 fallados en un caso reciente solo es una pequeña porción de lo que buscan los inversionistas y que no es indicación de cómo se decidirán casos futuros.

Cada disputa está “basada en los hechos y las circunstancias particulares al reclamo del individuo”, dijo UBS. Un corredor del banco ganó un caso en la Finra en el que el inversionista pedía US$9.000 en daños. El inversionista no tenía representación legal.

“Antes de que se acabe, UBS va a pagar cientos de millones de dólares, tal vez más de mil millones, sobre lo que pasó en Puerto Rico”, dijo Craig McCann, presidente de Securities Litigation & Consulting Group, que está trabajando con inversionistas individuales en algunos de los casos contra UBS. “Pensaría que en cierto punto, ya fuera los individuos o las entidades corporativas, verían que tienen que ser más cuidadosos sobre lo que le venden a los inversionistas”.

Las víctimas dicen que los corredores de UBS les dijeron que los fondos de bonos de Puerto Rico eran seguros, cuando en realidad estaban significativamente ponderados en unas pocas emisiones de deuda de Puerto Rico, y habían usado apalancamiento, una estrategia arriesgada, para mejorar los rendimientos. También dicen que UBS extrajo millones de dólares en comisiones al vender y negociar los fondos y que los inversionistas no sabían que UBS controlaba en buena parte del mercado de los fondos, volviéndolo ilíquidos o propensos a oscilaciones de precios enormes.

El riesgo de los fondos se volvió aparente a mediados de 2013, cuando preocupaciones sobre las finanzas de Puerto Rico causaron que los precios de la deuda de la isla cayeran, según reclamos de los inversionistas. En 2013, casi US$3.000 millones en valor de mercado de los fondos fue borrado, de acuerdo con un análisis para la firma de McCann.

UBS ha revelado que reguladores federales están investigando si un corredor animó inapropiadamente a inversionistas a sacar préstamos para que pudieran comprar más acciones en estos fondos. UBS ha dicho que está cooperando con la investigación.

Un corredor de UBS, José Ramírez, ha sido despedido y es el blanco de una investigación penal del Departamento de Justicia de EE.UU., según reportó previamente The Wall Street Journal. En ese momento, un abogado de Ramírez dijo que era “pura especulación” quién era objeto de la pesquisa.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., SEC, también recomendó iniciar acción contra un actual corredor de UBS, Ramiro Colón, por falla en la supervisión, según registros de corretaje. Colón tiene la intención de “defenderse vigorosamente” contra las acusaciones, muestran los registros.

UBS declinó comentar sobre Ramírez y Colón. La SEC y el Departamento de Justicia declinaron comentar.

Algunos de los casos presentados por inversionistas individuales han sido conciliados, en ciertas instancias por millones de dólares. En los casos que pasan a una audiencia, los árbitros capacitados por la Finra que presiden no tienen que explicar sus decisiones. Pero en mayo escribieron una opinión, cuando fallaron a favor de una compensación de US$1 millón para Burgos Rosado.

Los árbitros dijeron que Rosado, a los 66 años era esencialmente un inversionista novato de la tercera edad” y “que un esfuerzo apropiado de conocer a su cliente habría revelado eso a su corredora”.

Para muchos inversionistas, “los ahorros de sus vidas están invertidos en esta clase de fondos”, dijo W. Scott Greco, abogado de Greco & Greco PC cuyo cliente ganó una indemnización contra UBS. “Independientemente de cuan pequeño sea esto para UBS, es una suma muy alta para ellos”.

En el caso resuelto el mes pasado, uno de los demandantes, Francisco Ramis, era un ejecutivo en una empresa de puertas y ventanas de aluminio y estaba buscando una inversión segura que le proveyera fondos para él y su esposa luego de jubilarse, según documentos legales. Conocía a Ramírez, el corredor investigado por el Departamento de Justicia, desde la niñez.

Un abogado de Ramírez, Guillermo Ramos Luiña, dijo que la indemnización era exclusivamente contra UBS. “Hemos contestado todas los alegatos”, señaló.

Ramis pidió inicialmente un monto cercano a los US$3,1 millones, un monto que incluye daños punitivos, y recibió casi US$250.000. El inversionista y su esposa están felices de que ganaron una indemnización, dijo Francisco Pujol, un abogado en San Juan que representó a la pareja.

“Realmente confió en el corredor completamente por su amistad”, dijo Pujol.