WASHINGTON – El Gobierno logró ayer poner freno a una de las decisiones del juez Thomas Griesa que más lo habían complicado, al conseguir que quede sin efecto y se revise la decisión por la que el magistrado había ampliado los derechos de demanda de los llamados fondos buitre de 1400 a 5400 millones de dólares. Así se desprende de un fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que, al hacer lugar al reclamo de los abogados de la Argentina, estimó que el magistrado se había excedido en sus interpretaciones sobre quién tiene derecho a reclamar contra la Argentina basado en sus fallos.

El tribunal revisor le pidió también al juez que vuelva sobre sus pasos y realice nuevos procedimientos para determinar el alcance de la demanda, de acuerdo con las interpretaciones e instrucciones habituales que definen a un acreedor.

La decisión implica un enorme alivio para la posición del país, al dejar sin efecto un fallo de junio pasado por el que Griesa abrió la puerta al grupo de acreedores conocidos como me too (yo también, en inglés) para que puedan obtener ante la justicia los mismos derechos de pago logrados por el fondo buitre NML. Por esta vía, el fallo firme que perdió la Argentina en junio del año pasado y por el que entró nuevamente en un default selectivo se elevaba de cerca de US$ 1400 millones a un monto aproximado a los 5400 millones.

En su momento, el Ministerio de Economía descalificó ese giro por «insólito y aberrante» y lo asimiló con una «extorsión» al país, cuyos alcances apelaría ante instancias superiores. Lo que desde siempre sostuvo la Argentina es que, en realidad, la mayoría de esos pretendidos nuevos demandantes no son tales, sino que son los mismos fondos buitre que ya fueron beneficiados por el fallo firme de junio del año pasado, y que lo que buscan es extender los alcances del fallo en su beneficio. «Lo que buscan es generar más presión y multiplicar la estratosférica ganancia que les ofrece el juez Griesa», sostuvo Kicillof.

El abogado Carmine Bocuzzi, uno de los que encabezan la defensa de la Argentina, sostuvo más de una vez que a la Argentina se le haría «imposible» pagar una demanda en la que se les permita a todos los holdouts reclamar judicialmente lo mismo que los fondos buitre.

La Corte de Apelaciones de Nueva York atendió el reclamo de la Argentina y pidió que el juez ajuste su definición de demandante con recomendaciones e interpretaciones preexistentes. En sus consideraciones, que ocupan 15 páginas, el fallo se hace eco de exigencias en cuanto al tiempo que los bonistas deberían tener los bonos por los que se demanda al país para evitar ser objeto de maniobras de compra y venta en el mercado secundario una vez avanzada la causa judicial.

De hecho, el juez Chester Straub, al firmar su posición, exigió que la categoría de «acreedor» se limite a aquellos inversores que mantuvieron continuamente en su poder las ocho series de bonos en disputa.

La cuestión de los me too era uno de los fantasmas más atemorizantes del juicio contra la Argentina, al encerrar la posibilidad de multiplicar la demanda hasta más de US$ 20.000 millones, según algunas estimaciones. La intervención de la Corte de Apelaciones parece ponerle un freno a esa amenaza.

La decisión llega apenas dos días antes de que los abogados del Gobierno y de los fondos NML y Aurelius vuelvan a verse cara a cara ante el juez Griesa, en una audiencia que podría ser crucial para el futuro de los nuevos bonos de deuda que emite el Gobierno.

La cita está prevista para mañana, a las 14, en el juzgado de Griesa, y, aunque es improbable que ese mismo día el magistrado tome decisión alguna, se espera que los fondos demandantes expongan las razones por las cuales piden, una vez más, que se «sancione» a la Argentina por el incumplimiento de disposiciones judiciales.

La novedad de estas últimas horas, sin embargo, es la presentación de una nota firmada por el abogado Carmine Bocuzzi en la que se compromete a contestar para el 27 de este mes parte de los requerimientos de los llamados buitres, de acuerdo con el escrito que consta en el expediente.

Según recogió LA NACION, la audiencia puede ser crucial para el futuro de los Bonar 24, bonos con los que el Gobierno obtuvo ya financiamiento por más de US$ 1400 millones, así como para toda otra colocación que pretenda realizar en el futuro. Lo que está en juego es un pedido de los demandantes para que esos papeles -que el Gobierno sostiene son deuda «doméstica»- sean considerados deuda externa.