Deuda Argentina: Griesa habilitó más demandas por US$ 5.300 millones

NUEVA YORK – En otro revés para la Argentina, el juez Thomas Griesa dio luz verde al grupo de acreedores conocidos como «me too» para que puedan exigir los mismos derechos que obtuvieron en los tribunales de Estados Unidos los demandantes liderados por el fondo buitre NML.

La decisión aumentó el poder de negociación de los holdouts, al poner, en los hechos, a todos los acreedores que no llegaron a un acuerdo con el país en el mismo nivel que NML, Aurelius Capital, Blue Angel y los 13 ahorristas argentinos que obtuvieron el fallo a favor en la llamada «saga pari passu» que llevó a la Argentina a un nuevo default.

La orden judicial, de 26 páginas, firmada por Griesa ayer, alcanza a 36 reclamos judiciales de bonistas que, en conjunto, poseen bonos por 5300 millones de dólares. Dentro de ese grupo están los demandantes originales de la causa pari passu, los fondos NML, Aurelius Capital y Blue Angel; otros fondos de inversión, como Trinity o EM, de Kenneth Dart, y varios ahorristas. Estos acreedores deberán avanzar con otro pedido para definir el monto final de su reclamo.

El Gobierno dijo que apelará el fallo, al que calificó de «insólito» y «aberrante». En un comunicado, denunció una «extorsión» al país por parte del fondo de Paul Singer y mantuvo su argumento de que los «me too» no son nuevos litigantes.

También cargó contra el juez: «Griesa dictó otra lamentable sentencia en favor de los acreedores holdout, que se sumaron al reclamo original de los fondos buitre. La mayoría de estos me too son los mismos fondos buitre que ya obtuvieron una orden similar en el pasado, pero que ahora se disfrazan en nuevas causas con el objetivo de generar más presión y la pretensión de multiplicar la estratosférica ganancia que les ofrece el juez Griesa».

Uno por uno, el magistrado rechazó todos los argumentos presentados por los abogados que representan a la Argentina, del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton para limitar los reclamos contra el país, y le concedió a un grupo de bonistas un pedido para reconocer que, en su caso, la Argentina también había violado el pari passu.

De quedar firme, la orden de Griesa pondrá a todos bonistas que litigaron contra la Argentina «en el mismo cuarto con derechos equivalentes», tal como dijo en la última audiencia el principal abogado de NML, Robert Cohen. «Tarde o temprano tenía que pasar. Se le acortan las piernas a Cristina», era la lectura que hacía ayer ante LA NACION un operador de Wall Street. Un analista de un banco de inversión, en cambio, le restaba dramatismo: «La Argentina tenía que arreglar con los «me too» para recomponer su relación con el mercado antes del fallo, que nada más formaliza ese hecho».

Los «me too» poseen, en total, bonos por 5400 millones de dólares, según documentos presentados por los abogados del país a la Justicia. Si se suman los intereses adeudados, el valor de sus tenencias asciende a 6500 millones de dólares. En total, la deuda en manos de los holdouts llega a US$ 15.000 millones.

La Argentina dijo en reiteradas ocasiones que si se les permite a todos los holdouts reclamar lo mismo que los fondos buitre, no podrá pagar. Carmine Boccuzzi, que lideró la ofensiva del país contra los «me too», había pedido a Griesa que limitara el reclamo de los holdouts. El juez optó por poner a todos los demandantes en el mismo nivel.

En la audiencia realizada a fines del mes pasado, Griesa reconoció las dificultades para llegar a un acuerdo si aumentaba tanto el monto por negociar como el número de acreedores en la mesa. Pero también dejó en claro que eso no era un impedimento para concretar un acuerdo. «Es muy importante que todas las partes, incluida la República, participen en las negociaciones por un acuerdo», había dicho el juez, en una señal de su intención de poner a todos los holdouts en igualdad.

La Argentina había intentado limitar la ofensiva de los «me too» con tres argumentos. El central era que estos bonistas no podían reclamar por la violación de la cláusula pari passu porque ya contaban con una sentencia a favor por sus bonos en default desde 2001. Era, por lo tanto, «una cosa juzgada».

Griesa disintió de esta interpretación. «El reclamo por falta de pago de capital e intereses es fundamentalmente diferente al reclamo pari passu«, escribió el juez en la opinión que acompañó su orden. «El reclamo por incumplimiento de la cláusula pari passu implica un conjunto completamente diferente de agravios», agregó luego.

Boccuzzi le había dicho al juez que poner a todos los «me too» bajo el paraguas pari passu tendría un efecto «destructivo» puesto que habría más acreedores con poder de veto para complicar las negociaciones, congeladas por el Gobierno. Parece que el juez Griesa tampoco se inmutó por esa advertencia.