NUEVA YORK – En otro revés para la Argentina, el juez Thomas Griesa dio luz verde al grupo de acreedores conocidos como «me too» para que puedan exigir los mismos derechos que obtuvieron en los tribunales de Estados Unidos los demandantes liderados por el fondo buitre NML.

La decisión aumentó el poder de negociación de los holdouts, al poner, en los hechos, a todos los acreedores que no llegaron a un acuerdo con el país en el mismo nivel que NML, Aurelius Capital, Blue Angel y los 13 ahorristas argentinos que obtuvieron el fallo a favor en la llamada «saga pari passu» que llevó a la Argentina a un nuevo default.

La orden judicial, de 26 páginas, firmada por Griesa ayer, alcanza a 36 reclamos judiciales de bonistas que, en conjunto, poseen bonos por 5300 millones de dólares. Dentro de ese grupo están los demandantes originales de la causa pari passu, los fondos NML, Aurelius Capital y Blue Angel; otros fondos de inversión, como Trinity o EM, de Kenneth Dart, y varios ahorristas. Estos acreedores deberán avanzar con otro pedido para definir el monto final de su reclamo.

El Gobierno dijo que apelará el fallo, al que calificó de «insólito» y «aberrante». En un comunicado, denunció una «extorsión» al país por parte del fondo de Paul Singer y mantuvo su argumento de que los «me too» no son nuevos litigantes.

También cargó contra el juez: «Griesa dictó otra lamentable sentencia en favor de los acreedores holdout, que se sumaron al reclamo original de los fondos buitre. La mayoría de estos me too son los mismos fondos buitre que ya obtuvieron una orden similar en el pasado, pero que ahora se disfrazan en nuevas causas con el objetivo de generar más presión y la pretensión de multiplicar la estratosférica ganancia que les ofrece el juez Griesa».

Uno por uno, el magistrado rechazó todos los argumentos presentados por los abogados que representan a la Argentina, del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton para limitar los reclamos contra el país, y le concedió a un grupo de bonistas un pedido para reconocer que, en su caso, la Argentina también había violado el pari passu.

De quedar firme, la orden de Griesa pondrá a todos bonistas que litigaron contra la Argentina «en el mismo cuarto con derechos equivalentes», tal como dijo en la última audiencia el principal abogado de NML, Robert Cohen. «Tarde o temprano tenía que pasar. Se le acortan las piernas a Cristina», era la lectura que hacía ayer ante LA NACION un operador de Wall Street. Un analista de un banco de inversión, en cambio, le restaba dramatismo: «La Argentina tenía que arreglar con los «me too» para recomponer su relación con el mercado antes del fallo, que nada más formaliza ese hecho».

Los «me too» poseen, en total, bonos por 5400 millones de dólares, según documentos presentados por los abogados del país a la Justicia. Si se suman los intereses adeudados, el valor de sus tenencias asciende a 6500 millones de dólares. En total, la deuda en manos de los holdouts llega a US$ 15.000 millones.

La Argentina dijo en reiteradas ocasiones que si se les permite a todos los holdouts reclamar lo mismo que los fondos buitre, no podrá pagar. Carmine Boccuzzi, que lideró la ofensiva del país contra los «me too», había pedido a Griesa que limitara el reclamo de los holdouts. El juez optó por poner a todos los demandantes en el mismo nivel.

En la audiencia realizada a fines del mes pasado, Griesa reconoció las dificultades para llegar a un acuerdo si aumentaba tanto el monto por negociar como el número de acreedores en la mesa. Pero también dejó en claro que eso no era un impedimento para concretar un acuerdo. «Es muy importante que todas las partes, incluida la República, participen en las negociaciones por un acuerdo», había dicho el juez, en una señal de su intención de poner a todos los holdouts en igualdad.

La Argentina había intentado limitar la ofensiva de los «me too» con tres argumentos. El central era que estos bonistas no podían reclamar por la violación de la cláusula pari passu porque ya contaban con una sentencia a favor por sus bonos en default desde 2001. Era, por lo tanto, «una cosa juzgada».

Griesa disintió de esta interpretación. «El reclamo por falta de pago de capital e intereses es fundamentalmente diferente al reclamo pari passu«, escribió el juez en la opinión que acompañó su orden. «El reclamo por incumplimiento de la cláusula pari passu implica un conjunto completamente diferente de agravios», agregó luego.

Boccuzzi le había dicho al juez que poner a todos los «me too» bajo el paraguas pari passu tendría un efecto «destructivo» puesto que habría más acreedores con poder de veto para complicar las negociaciones, congeladas por el Gobierno. Parece que el juez Griesa tampoco se inmutó por esa advertencia.

Eso significa que los llamados «mee too» (yo también) que se presentaron ante el juzgado de Thomas Griesa ya superan en el conjunto de su demanda a los promotores originales del fallo, que -entre capital e intereses- demandan cerca de 1600 millones de dólares.

Sumadas ambas demandas -la original del fondo de Paul Singer y la de los «me too» en conjunto- la cifra totaliza cerca de 4.000 millones de dólares.

Ese es el monto que podría estar sobre la mesa del negociador especial Dan Pollack, a quien el juez Griesa acaba de dotar con «poderes especiales» para que negocie un acuerdo de pago con el conjunto de los acreedores que se presentaron ante su juzgado y que tienen condiciones «similares» a las del fallo de Singer.

La cifra de los llamados «Me too» llegó hoy a los 2300 millones de dólares con una nueva presentación que acaba de concretar el fondo Bracebridge Capital, que asegura poseer papeles por 1.100 millones de dólares.

En similar condición a la de Bracebridge se encuentra el fondo de Kennneth Dart, que días atrás hizo un reclamo por 835 millones de dólares, así como una decena de presentaciones por montos menores.

En conjunto, todas ellas llegan a los 2.300 millones de dólares, que deben sumarse a los cerca de 1600 del reclamo original.

Tal como adelantó días atrás LA NACION, el juez Griesa dio «poderes especiales» al negociador Pollack para que incorpore todas las demandas llegadas a su juzgado en un eventual acuerdo de pago con la Argentina.

La cifra de 4.000 millones de dólares podría seguir creciendo con otros demandantes.

Entre ellos, el propio Singer, que estaría interesado en convertirse en un «me too» con las causas que tienen sentencia firme en contra de nuestro país, pero que no fueron beneficiadas con la fórmula de pago del «pari passu«, confirmada por la Corte Suprema de este país en junio último.

Fuente: La Nación, 07/11/14.

WASHINGTON.- El litigio por la deuda en default entró en una nueva dinámica, en la que la Argentina ya no debería buscar un acuerdo de pago por US$ 1.600 millones, comprendidos en el fallo inicial del juez Thomas Griesa, sino por una cifra mucho mayor. Según las primeras estimaciones, el número sobre la mesa de conversaciones se elevaría a cerca del doble. Pero podría ser más.

Así se desprende de una comunicación de Griesa por la que le dio poderes al negociador Daniel Pollack para que incorpore a las negociaciones con el fondo NML-Elliot, promotor de la demanda en el juzgado de Nueva York, a los llamados me too (yo también, en inglés). Es el nombre que se les da a los acreedores que, tras el fallo favorable que la Corte Suprema reconoció a los fondos buitre, se presentaron ante el tribunal para pedir «igual tratamiento». No está cerrado el número de los que se encuentran en esas condiciones. Hay presentaciones por más de US$ 1100 millones. Esa cifra podría sumarse a la del fallo original favorable a NML.En medios privados se especula con que la cifra terminará siendo mayor. El propio Paul Singer, dueño de aquel fondo, tendría la intención de que entren todos los casos pendientes que no están incorporados en el fallo.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, admitió ayer a la mañana, por primera vez, que podría haber una negociación con los buitres, declaración que más tarde relativizó. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que era «falsa de falsedad absoluta» la versión que indicaba que el Gobierno está preparando un proyecto para modificar la ley de pago soberano de la deuda y poder cumplir con los fondos buitre.

De todas maneras, se nota un giro en el discurso frente a los holdouts que se viene registrando en el Gobierno y que tuvo uno de sus hitos en el guiño que hizo ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof, de una posible negociación. «A fines de año habrá mejores posibilidades para dialogar con los acreedores que optaron por quedar fuera de la reestructuración de la deuda», declaró el ministro. Para esa confesión eligió un diario extranjero: el mexicano La Jornada (ver aparte).

En el mismo sentido fueron las señales recogidas sobre el fin de semana en la Casa Rosada, donde diversas fuentes admitieron a LA NACION la posibilidad de avanzar en un «cambio de la legislación existente» en el caso de que se llegue a un acuerdo de pago con los acreedores. «En ese caso, la legislación necesaria será considerada durante el período de sesiones extraordinarias», dijeron. Algunos legisladores, incluso, habrían recibido la indicación de «no alejarse demasiado» de la Capital porque su voto podría ser necesario.

Hace sólo cuatro semanas Kicillof se había mostrado favorable a un ensayo de ese tipo. Otro tanto recogió LA NACION entre los acreedores. «Le dije más de una vez a Daniel Pollack [el negociador designado por el juez Griesa] que teníamos que hacer una conversación de todos juntos. Que no servía de nada intentar un acuerdo sólo con una parte», dijo Kicillof en esta ciudad. Fue cuando viajó a Washington para participar en la asamblea del FMI.

Todos adentro

 

Fuentes cercanas al fondo NML-Elliot dijeron entonces a LA NACION: «Veríamos muy bien una salida de ese tipo. No es la primera vez que decimos que es mejor llegar a un acuerdo donde estemos todos».

La idea pareció cobrar fuerza en la breve pero significativa nota que el juez Griesa incorporó anoche en el expediente del caso testigo contra la Argentina. En ella se afirma que «para facilitar un acuerdo» en el expediente se concede al negociador Dan Pollack «autoridad» especial para incorporar «algunos o todos» los casos vinculados que están pendientes en el mismo tribunal.

Por las características que ese trabajo tendría, el magistrado le otorga poder discrecional al negociador para que decida de qué modo usar esa autoridad, por cuánto tiempo y cómo estructurar la negociación.

«Lo decidirá discrecionalmente» con la mira en un mejor acuerdo, dice el magistrado, con lo que, de paso, implica una plena ratificación para el papel del negociador.

Pese al cambio de discurso y las señales de posible negociación que se vienen registrando, el fondo NML-Elliot aseguró que «seguirá firme» con la investigación que abrió en los tribunales de Nevada sobre la llamada «ruta del dinero K», con la que viene presionando al Gobierno a negociar.

«En el pasado ya hemos visto momentos en que la Argentina parecía tomar un curso racional para luego dar marcha atrás y retomar las posiciones radicales y destructivas», señalaron voceros del fondo a la agencia Bloomberg.

El giro podría apuntar a un cierre en el largo litigio por la deuda externa en default que tiene la Argentina. Los dos canjes ofrecidos en 2005 y 2010 lograron reestructurar el 93% de los bonos en el mercado. Pero resta un 7% de los llamados holdouts (los que quedaron fuera de esa oferta).

De ese total, sólo una porción acudió a los tribunales. El más activo es NML-Elliot, que en junio pasado logró que la Corte Suprema le convalidara un mecanismo por el que se impide el pago a los bonistas que aceptaron el canje a menos que ellos cobren también.

Desde entonces, la Argentina cayó en un default selectivo, que avanza según ocurran los vencimientos de títulos reestructurados.

Fuente: La Nación, 04/11/14.