Capitolio de Puerto Rico en San Juan. 

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Shhhh. No le diga a Ted Cruz o a los medios, pero el Congreso, controlado por los republicanos, está usando principios conservadores para resolver un problema urgente causado por un gobierno progresista. Con un poco de fortaleza y algo de suerte, el estado libre asociado de Puerto Rico incluso podría volver a crecer.

Los republicanos en la Cámara de Representantes planean aprobar esta semana un proyecto de ley revisado para permitir que Puerto Rico reestructure sus US$ 72.000 millones en deuda bajo la mirada de una junta federal de supervisión. Puerto Rico necesita la ayuda del Congreso para prevenir una pelea entre los acreedores cuando los emisores de deuda de la isla inevitablemente se declaren en cesación de pagos, así como para frenar una recesión y un éxodo de su población que ya completa décadas. La urgencia del problema les dio a los republicanos una ventaja con el gobierno Obama y el presidente de la Cámara, Paul Ryan, la ha usado.

El proyecto de ley ofrece un alivio de deuda a Puerto Rico a cambio de un mecanismo para desautorizar al inútil gobierno actual de la isla e imponer reformas. La ley explícitamente evita las leyes conflictivas y las regulaciones aprobadas por el estado libre asociado. También estipula que cualquier demanda será escuchada en las cortes federales y no en la isla.

La clave de la reforma es una junta de control de siete miembros, la cual está inspirada en la junta que sacó al Distrito de Columbia de un pozo de deuda en la década de los 90. El presidente seleccionará la junta de una terna presentada por el presidente de la Cámara (dos), el presidente del Senado (dos), la líder de las minorías de la Cámara (uno) y el líder de las minorías del Senado (uno). El presidente elegirá al séptimo a su discreción. Los nombramientos deben hacerse para el 1 de diciembre y el cargo tendrá un término de tres años, por lo que los elegidos por los republicanos orientarán las decisiones cruciales que se hagan en principio.

La junta tendrá poder legal para exigir documentos, llevar a cabo auditorías, convocar audiencias, imponer un veto a los gastos excesivos e imponer reformas a, por ejemplo, pensiones, impuestos y pagos a los trabajadores. Puede obligar al gobierno puertorriqueño a privatizar activos y crucialmente, puede desautorizar leyes, regulaciones, contratos y órdenes ejecutivas que entren en conflicto con sus planes financieros.

Los acreedores y los 18 emisores de deuda de la isla serán motivados a que alcancen acuerdos con términos que podrían ser más favorables para ambas partes de lo que podrían ser impuestos posteriormente por un juez.

Sin embargo, el proyecto de ley también incluye un mecanismo de acción colectiva que permita que dos tercios del capital de cada grupo de acreedores obliguen a aceptar el acuerdo a aquellos que se nieguen a firmarlo. Si las negociaciones voluntarias fallan, una supermayoría de la junta de la junta de control podría autorizar una reestructuración supervisada por una corte federal que sería similar a un proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11 de la ley estadounidense.

Este proceso extendería automáticamente el congelamiento por nueve meses de los litigios, el cual fue impuesto por el proyecto de ley. Luego de asegurarse que se completen las auditorías y se trace un plan fiscal, la junta propondrá un plan de ajuste que sea justo y equitativo. El proyecto de ley explícitamente requiere que el plan respete las prioridades de los acreedores y los derechos de retención y que tenga en cuenta “lo mejor para los acreedores”. Así que si los demócratas llegan a controlar la junta, no podrán subordinar a los bonistas a las necesidades de los pensionados.

Las pensiones son el mayor pasivo de Puerto Rico, a un costo de US$46.000 millones. En los últimos años, la isla ha elevado la edad de jubilación, incrementado las contribuciones de los trabajadores y reubicado a empleados en planes híbridos similares a cuentas de jubilación individuales con un pago fijo. Pero debido a que los fondos de pensiones están casi quebrados, la junta de control tendrá que modificar aún más los beneficios. El proyecto de ley también requiere que los planes fiscales “provean financiación adecuada para los sistemas públicos de pensión”, para que Puerto Rico no pueda tomar dinero de las pensiones como lo ha hecho en el pasado.

La junta se mantendrá activa hasta que el gobierno de la isla tenga acceso a los mercados de crédito a corto y largo plazo y haya producido cuatro presupuestos balanceados de manera consecutiva. Preferiríamos una perspectiva más a largo plazo, que mantuviera a la junta en una prórroga similar a la de la junta de control financiero de Nueva York en caso que el estado libre asociado vuelva al camino de la perdición. Sin embargo, Washington necesitará el apoyo de Puerto Rico para implementar las reformas y prometer el retorno de un completo control alentará la cooperación.

Una genuina reforma dependerá de la conformación de la junta de control, así que los republicanos tendrán que elegir con sabiduría. La principal debilidad del proyecto de ley es que no incluye exenciones para Puerto Rico de leyes estadounidenses tan destructivas como la de salario mínimo y la ley Jones que eleva los costos de envío. El gobierno Obama se resistió a estas reformas y los republicanos necesitan el apoyo bipartidista.

La ley mueve a la isla en la dirección de las reformas de libre mercado y la disciplina fiscal después de años de políticas de estado bienestar. El crédito se lo llevan los representantes republicanos Rob Bishop de Utah y Sean Duffy de Wisconsin, quienes lideraron el esfuerzo y la negociación con el Departamento del Tesoro. La Casa Blanca ha apoyado el proyecto de ley, aunque el portavoz Josh Earnest no pudo resistir el enviar una puya a los republicanos por “crear leyes de mala intención” al permitir que los empleadores inicialmente paguen a los trabajadores de menos de 25 años un salario mínimo por encima del nivel nacional. El impulso partidista de Earnest es la razón por la que Obama ha logrado tan poco con el Congreso.

Sin embargo, esta ley merece el apoyo de ambos partidos y los votantes deberían verlas como un ejemplo de reforma conservadora en acción. Quien es el siguiente, ¿Chicago?