El default y sus probables consecuencias

El default y sus probables consecuencias.
Editorial del diario: La Nación, 01/08/14.

La prolongación de la cesación de pagos en que acaba de ingresar la Argentina afectará aún más la imagen del país y profundizará la actual recesión

El fracaso de las negociaciones entre el gobierno argentino y los representantes de los bonistas que no ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010 y obtuvieron una sentencia favorable de la justicia estadounidense ha derivado en un nuevo default, cuyas consecuencias serán muy graves para el país, en la medida en que esta situación no pueda ser resuelta en lo inmediato.

Si bien hay consenso entre el mayor número de analistas económicos que la situación macroeconómica actual no es comparable con el más difícil contexto en que se produjo el default de fines de 2001, los argentinos no seremos inmunes ante los efectos del nuevo escenario.

Probablemente, la principal consecuencia negativa guardará relación con una nueva desilusión, a partir del quiebre de las expectativas favorables que se habían generado tras los acuerdos que el gobierno nacional había logrado con las empresas que demandaron al país en el Ciadi, con la española Repsol para indemnizarla por la expropiación de sus acciones en YPF y con los países acreedores agrupados en el Club de París. Ese camino había permitido en los últimos meses avanzar hacia una gradual baja del riesgo país. Sin embargo, el nuevo default constituye un retroceso en ese sendero hacia el retorno al mercado internacional de crédito.

Así, pese a que los funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner se jacten de que la Argentina no recurrirá al endeudamiento externo, lo cierto es que el país seguirá autocondenándose y desaprovechando una magnífica oportunidad para financiarse a tasas insólitamente bajas en el mundo, a diferencia de lo que han venido haciendo todos sus países vecinos.

El cierre de los mercados de deuda soberana para la Argentina dificultará aún más el financiamiento para la actividad privada y para los gobiernos provinciales, los cuales deberán ajustar sus gastos sensiblemente o recurrir a nuevos préstamos del gobierno central, con su secuela de mayor emisión monetaria e inflación.

Una cesación de pagos prolongada también derivaría en un menor nivel de actividad económica, como producto de una creciente retracción inversora en el turbulento clima actual y de una probable fuga de capitales, que provocará presión sobre el mercado cambiario y sobre el nivel de reservas del Banco Central.

La imposibilidad de acceder al crédito internacional en el actual contexto de creciente desequilibrio fiscal, tanto nacional como provincial, podría conducir a nuevas medidas para evitar la salida de dólares del país, que se traducirían en la profundización del cepo cambiario y en más restricciones a las importaciones.

Para frenar la fuga hacia el dólar, el Banco Central podría verse forzado a aumentar las tasas de interés del sistema financiero, algo que deterioraría todavía más la actividad económica, sin desechar la posibilidad de que asistamos a una auténtica carrera entre las tasas de interés y la presión cambiaria que termine provocando una nueva devaluación de la moneda nacional.

Un default prolongado también paralizará obras públicas e inversiones en infraestructura. Quizás uno de los casos más emblemáticos será el del sector energético y, específicamente, los yacimientos de Vaca Muerta.

En síntesis, la nueva crisis de deuda provocará más recesión, con el peligro de una depresión, por insuficiencia de inversiones y una creciente desconfianza; más inflación, porque sin financiamiento genuino, se recurriría a mayor emisión monetaria para financiar el déficit del Estado nacional y de las provincias; una mayor presión sobre el mercado cambiario y un encarecimiento del crédito doméstico, que obligará a postergar inversiones y a desalentar la creación de nuevos puestos de trabajo, además de provocar suspensiones y despidos de personal en distintos sectores de la economía.

A todo esto, hay que añadir el peligro de que, de acuerdo con las cláusulas que incluyen algunos de los nuevos bonos del canje de deuda, los tenedores de ciertos títulos públicos cuyo pago ha sido bloqueado por decisión del juez Thomas Griesa demanden al Estado argentino el pago de la totalidad del valor del título, para lo cual cuentan con un plazo de 60 días a partir de la cesación de pagos.

De este modo, el default dispararía la alternativa de que bonistas que ingresaron en el canje y que poseen títulos sometidos a la legislación internacional provoquen una catarata de juicios millonarios.

La gravedad de la situación torna indispensable que el Congreso de la Nación reasuma su facultad de arreglar la deuda externa, que le confiere el inciso 7 del artículo 75 de la Constitución.

La actual crisis nos obliga a insistir en la necesidad de que el gobierno argentino no cierre ninguna puerta al diálogo y la negociación, y que esta vez emplee con una cuota de profesionalismo alejada de bravuconadas que de nada sirven para discutir frente a acreedores que, además de apetito por maximizar sus negocios, cuentan con nada menos que el aval de una sentencia ratificada por todas las instancias de los tribunales de los Estados Unidos, a los cuales voluntariamente se ha sometido la Argentina.
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Cartas de Lectores

Fallos
La presidenta Kirchner y su ministro Kicillof deben aprender que ambos tienen derecho de estar en desacuerdo con los fallos judiciales, lo que no pueden hacer es desobedecerlos.
Raúl Davaro
DNI 13.214.899

Desconocimiento
Después de escuchar al ministro Kicillof repetir, en su afán descalificador, que los llamados fondos buitre no le prestaron un solo peso a nuestro país, y advertir su absoluto desconocimiento de lo que es un título de crédito, es que entiendo perfectamente por qué se ha perdido en todas las instancias el juicio que iniciaron aquellos que no aceptaron una quita y nuevos plazos en sus créditos. También habría que recordarle que quienes aceptaron no lo hicieron por confiar. Quien acepta una quita de más del 40% lo hace precisamente por una absoluta desconfianza en su deudor, y prefiere cobrar aunque sea un mínimo a posiblemente nada.
No se podía terminar de otra manera: con un nuevo default.
Segismundo Cortés
[email protected]

Papel del Congreso
Creo oportuno y necesario que el Congreso de la Nación reasuma la facultad de arreglar la deuda exterior de la Nación, que le otorgó el inciso 7 del artículo 75 de la Constitución nacional y que transitoriamente delegó en el Poder Ejecutivo. Es ése un tema de suma gravedad que debe ser tratado y resuelto por los representantes de las provincias y de sus gentes, cuyo presente y futuro ha sido grandemente comprometido. La solución de un asunto de esa trascendencia no puede dejarse librado a la veleidosa voluntad política de quien ocupa el Poder Ejecutivo. Así lo entendieron nuestros constituyentes y ciertamente no se equivocaron. Y me parece también necesario que quien ha manejado ese asunto rinda cuentas de su gestión y responda políticamente por su ruinoso fracaso. La patria se lo demanda.
Dr. Norberto Giletta
[email protected]

Ganancia
En conferencia de prensa sobre las negociaciones en Nueva York, el ministro Kicillof dijo que el fallo del juez Griesa les asignó una ganancia «exorbitante» a los holdouts. Griesa simplemente ordenó que se cumpla lo prometido en los bonos. Él no asignó ninguna ganancia. No es su función. Después de años de litigar en los Estados Unidos y ante un fallo adverso: ¿es tan difícil para un economista que es ministro y para una abogada que es presidenta reconocer esto?
Alfredo Bledel
DNI 4.557.951

Consecuencias
Ante el inminente default por la falta de acuerdo con los fondos buitre, ¿no sería justo que quienes tomaron y aplaudieron en su momento la medida de no pagar la deuda respondan ante la Justicia? Las consecuencias las vamos a sufrir directamente todos los habitantes, pero estos políticos no creo que las sufran. ¿No hay acaso en la legislación una rendición de cuentas o juicio a los gobernantes que se equivocan de esta manera? Sería bueno refrescar los nombres de todos los legisladores que en el recinto aplaudieron a Rodríguez Saá cuando dijo que no se pagaba la deuda. Al menos, para evitar reelegirlos si hay algunos que tienen esa aspiración.
Marcos Baccanelli
DNI 93.477.477

Fuente: La Nación, 01/08/14.