El fraude estadístico del INDEC

agosto 28, 2018

El fraude estadístico del INDEC

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

Alertados por la noticia de que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral no tiene previsto citar al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, ni a los directivos del INDEC por la escandalosa denuncia sobre la evidente y pública manipulación de datos del índice de precios al consumidor iniciada en 2007, es que retomamos la posta y volvemos a insistir con el tema. (…)

Lea el artículo completo:
El fraude estadístico del INDEC

El engaño y la manipulación estadística orquestada a través de la ilegítima intervención del INDEC resultan evidentes para todos los ciudadanos de bien que habitan el suelo argentino, con excepción de los funcionarios públicos corruptos que ya todos conocemos. Es hora de que los argentinos honestos abandonen su zona de comodidad y tomen acción para terminar de una vez por todas con este ‘abuso intelectual’ al cual nos vemos sometidos. Si así no lo hiciéramos que Dios y la Patria nos lo demanden.

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno

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Fuente: Ediciones EP, 2015.


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La verdad sobre los fueros

agosto 18, 2018

Por qué prohibir el allanamiento a un legislador es inconsitucional

(Foto: Guille Llamos)
CFK.

La decisión del Senado de la Nación al posponer, una vez más, el tratamiento de una solicitud judicial para allanar el domicilio de la senadora Cristina Fernández de Kirchner reactualiza la justificada controversia en punto a los indulgentes contenidos de la materia en la Ley 25.320.

argentinaComo se sabe, el artículo 1° de ese instrumento impide que un juez disponga el allanamiento del domicilio y las oficinas de un legislador, como la intercepción de sus comunicaciones telefónicas y postales, a menos que el tribunal requirente cuente con expresa autorización de la Cámara a la que pertenece el representante del pueblo.

La penosa como inconstitucional norma concebida y mantenida con fuerte sentido corporativo nació allá por el 2001, cuando el mundo político se conmovió por la denuncia que desde el año anterior involucró a un grupo de senadores a quienes se sindicaba como partícipes en la comisión del delito de cohecho, consistente en la percepción de sumas de dinero para votar favorablemente un proyecto de ley de reforma laboral. En medio del escándalo que suscitó el requerimiento de desafuero de 11 integrantes de la cámara baja, los componentes del Congreso en 24 horas transformaron en ley un proyecto de lo que se dio en llamar «nuevo régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados».

Aunque la iniciativa tuvo la virtud de poner fin a la tesis de que los legisladores están exentos de proceso penal, alimentó un derrotero revelador de que, signados por la necesidad sectorial de respuesta política inmediata, los exponentes legislativos de entonces uniformaron lo que era distinto, discriminaron cuando no debían, ignoraron los alcances de ciertos institutos y, de paso, crearon este original privilegio más próximo a un fuero personal que la tutela institucional de los legisladores.

A 17 años de vida, la herramienta se mantiene tan lozana como fecunda, pero a la vez tan inconstitucional como desatinada, se la mire por donde se la mire.

Es que cuando un tribunal decide adoptar determinaciones como las que, según la ley, requieren aquiescencia de una Cámara, es porque está interesado en arrimar elementos probatorios para confirmar o desmentir los hechos que se incriminan al representante que forma parte de ella, y necesita, como en cualquier investigación, proceder con el mayor sigilo por una razón de eficacia.

Sin embargo, el sentido de ese valor investigativo desaparece para la ley cuando de legisladores se trata. Conforme a su contenido, hay que esperar lo que podría reputarse como el ingenuo proceder de un diputado o senador que, luego de autorizar que se le allane el domicilio, sus oficinas o la intercepción de sus comunicaciones —porque la ley no excluye su intervención y él forma parte de la Cámara que debe permitir las medidas de investigación solicitadas por el juez—, mantiene en su domicilio o despacho elementos comprometedores en relación con el hecho que se investiga, al tiempo que manda y recibe correspondencia y comunicaciones telefónicas fidedignas a sabiendas de que su contenido se están grabando o examinando por agentes judiciales para incriminarlo.

El marco de candidez con que se ha previsto el desarrollo de esas providencias judiciales parece concebido para practicarse respecto de ángeles, no de mortales. La inconstitucionalidad alojada en el precepto hiere, básicamente, los principios de división de poderes, razonabilidad e igualdad, encerrando una notoria injusticia. Y, por si fuera poco, fulmina el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, pues el hecho de ponerle trabas a la investigación judicial es factor que contribuye a que los interesados en ese proceso vean burlado su derecho de efectivo acceso, privándose a la sociedad de conocer el comportamiento de un representante.

Llamativamente, la disposición fue noticia en la contemporaneidad al ser invocada como mínimo en dos sonados hechos. Una primera en la que se investigaba al entonces vicepresidente, Amado Boudou, por la comisión de negociaciones incompatibles con la función pública. Lo llamativo del caso es que quien quiso ampararse en las disposiciones de la ley y planteó la nulidad de un allanamiento realizado en un inmueble cuya propiedad se atribuía al ex funcionario fue un coimputado. Dada la manifiesta falta de legitimación del requirente, el tribunal actuante desestimó la solicitud, a lo que se sumaba que Boudou no era tributario de la prerrogativa por no ser legislador.

Otra más reciente se registró en el curso de 2016. En el juicio penal que se sigue al ex diputado Julio de Vido, el juez de la causa debió frenar un allanamiento al domicilio de este al advertir la protección que amparaba esa propiedad. Frente al episodio, un sector de la Cámara presentó un proyecto para que el órgano legislativo autorizara la medida, iniciativa que, para resolverse, demoró casi dos meses. El suficiente para que, si había elementos incriminatorios en el lugar, el imputado pudiera hacerlos desaparecer.

Mantener esta invitación a la impunidad es responsabilidad del Congreso. Debe cerrarse el intersticio con la inmediatez que el sentido común y las instituciones constitucionales imponen, porque supeditar el accionar de la Justicia a un permiso legislativo es tan grave como posponer la vigencia de la ley al humor de un juez.

—El autor es constitucionalista.

Fuente: infobae, 18/08/18.


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El asesinato del fiscal Alberto Nisman

noviembre 11, 2017

El agujero negro de la muerte de Nisman

Por Héctor M. Guyot.

Once fue un crimen horrendo. Ocupados en desviar fondos hacia las valijas del latrocinio organizado, funcionarios corruptos y empresarios sin escrúpulos abandonaron el mantenimiento de los trenes hasta que una de esas formaciones, convertida como casi todas en un montón de fierros viejos donde la gente se hacinaba como ganado, no frenó cuando debía y provocó la muerte de 52 personas. El crimen de Nisman fue otra cosa. Hay que inscribirlo en la saga del atentado a la AMIA, en el que murieron 85 personas, y hay que leerlo junto a la denuncia por encubrimiento contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, que el fiscal estaba por hacer en el Congreso. Las muertes de Once son la consecuencia irreparable del robo y el desprecio por el otro. La muerte de Nisman, también irreparable, cifra una historia donde la ambición y la mentira alcanzan dimensiones de tragedia griega, en las que simples humanos que se creen dioses llaman, con sus transgresiones, a la desgracia y la furia divina.

Tuvieron que pasar casi tres años para que se confirmara lo que la mayoría, en silencio, sospechaba o sabía. Antes hubo que sacarles el expediente a la jueza Palmaghini y sobre todo a la fiscal Fein, que en lugar de deducir desde el primer día lo que decían las pruebas se ocupaban, según parece, de diluirlas, y luego de neutralizar su elocuencia dejando que pasara por ellas la lima del tiempo, que todo lo borra, un recurso que conocen bien en Comodoro Py. Allí, a la justicia federal, debió ir la causa desde el principio. Era la muerte de un fiscal. Que, además, acababa de hacer una denuncia gravísima contra la presidenta. Pero en ese entonces Justicia Legítima era una máquina aceitada. Y aturdía la voz de Aníbal Fernández, que insistía en que el fiscal se había suicidado. El motivo, según el ministro del Interior, era obvio: el «bodoque» que contenía la acusación de traición a la patria contra su jefa lo había avergonzado hasta tal punto que Nisman no tuvo más alternativa que quitarse la vida.

Hoy se sabe que esa denuncia era sólida. Y a Nisman, dicen los peritos y confirma el fiscal, lo mataron dos personas, después de golpearlo y drogarlo. Con el arma «amiga» que le llevó Diego Lagomarsino. Ahora el técnico informático será indagado como supuesto partícipe necesario del asesinato, que habría ocurrido mientras los custodios miraban para otro lado. ¿Hacían falta tres años para cambiar la carátula?

Mientras, los jueces y fiscales que cumplen con su trabajo hacen mucho por conjurar, con su valor, los agujeros negros que todavía nos acechan. Detrás de ellos está la sociedad argentina, que por fin parece haber entendido que la corrupción del sistema y la consagración de la impunidad son la raíz de nuestros males.

Fuente: La Nación, 11/11/17.


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La pericia de la Gendarmería determinó que Nisman fue asesinado

septiembre 14, 2017

La pericia de la Gendarmería determinó que Alberto Nisman fue asesinado a sangre fría

Veintiocho especialistas de la fuerza llegaron a una conclusión terminante: el fiscal fue asesinado de un tiro en la cabeza por profesionales que «limpiaron» el escenario para simular un suicidio

Alberto Nisman
Alberto Nisman.
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Hace pocas horas, en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, se debatió un interrogante que cruza a la sociedad argentina y tiene repercusión internacional: ¿Alberto Nisman fue asesinado por denunciar un pacto para encubrir el atentado de la AMIA?

asesinato politicoEl debate técnico se hizo frente a una réplica exacta del baño donde apareció muerto el fiscal federal, y tuvo como protagonistas a 34 peritos que representaban a las partes en conflicto y a la Gendarmería, designada por la justicia para determinar si a Nisman lo mataron o se suicidó.

La Gendarmería tiene una conclusión terminante: el fiscal fue asesinado de un tiro en la cabeza, que se intentó ocultar modificando el escenario del crimen, para simular un presunto suicidio gatillado por una eventual crisis anímica.

La Gendarmería desplegó veintiocho peritos que exhiben distintas especialidades, desde expertos en balística a psicólogos. Mientras que los estudios Lanusse y Romero Victorica –querellantes-, y Rusconi –defensor de Diego Lagomarsino-, se presentaron con seis peritos en el Edificio Centinela, escenario clave de la pericia que terminó con la principal incertidumbre del caso Nisman.

Para los peritos de la Gendarmería y de los estudios Lanusse y Romero Victorica ya no hay dudas respecto a lo que sucedió con Nisman. Fue asesinado. Y las evidencias son las siguientes:

1. Se hicieron tres pericias (en La Plata y Salta) que comprobaron que el arma usada para matarlo deja residuos de disparo, mientras que no encontraron ningún resto de pólvora en Nisman cuando revisaron su cadáver.

2. El arma fue encontrada en la puerta del baño al lado del cuerpo, lo que demuestra que le dispararon y tiraron la pistola junto al cadáver.

3. El disparo fue hecho detrás de la oreja y en forma perpendicular, y no se apoyó el caño. Ese no es un procedimiento habitual en un suicida. No hay forma física de hacerlo.

4. Nisman tenía un golpe en la pierna izquierda y otro en la cabeza. Son golpes profesionales para reducir a una víctima, que no encuadran en una hipótesis de suicidio.

5. Se encontraron restos de Ketamina, una sustancia usada para apaciguar a una probable víctima. No se hallaron rastros de esta sustancia en la vivienda que utilizaba el fiscal federal.

6. Nisman recibía en su departamento a la madre, a las dos hijas, a sus dos secretarios, a la señora del personal doméstico, a sus custodios, a sus amigos y a Lagomarsino. Tras conocerse su muerte, se hizo una pericia para recoger huellas, y solo se encontraron dos muestras que pertenecían al fiscal asesinado. Y nada más. Es decir: los asesinos de Nisman limpiaron todas las huellas.

La semana próxima, todos los peritos volverán a encontrarse en el Edificio Centinela. Cumplirán con el rito del artículo 252 del Código de Procedimiento Penal que ordena la elaboración de las conclusiones, para luego elevarlas a la justicia federal.

Esta instancia procesal no tiene misterios. La defensa de Lagomarsino asegurará que fue suicidio, mientras que la Gendarmería y los peritos de la querella sostendrán lo contrario. Es decir: a Nisman lo mataron a sangre fría. Una faena política ejecutada por profesionales.

Con esas conclusiones, el fiscal federal Eduardo Taiano deberá decidir si avala la pericia de la Gendarmería o sostiene la hipótesis del suicidio. Taiano ya prepara una serie de medidas que causarán conmoción en la sociedad argentina. Esto ocurrirá unos días antes de los comicios del 22 de octubre.

Fuente: infobae.com, 14/09/17.

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Florencia Kirchner, sospechada de Lavado de dinero

febrero 15, 2017

Piden investigar por posible lavado de dinero la casa donde vive Florencia Kirchner

Lo hizo la diputada Stolbizer, denunciante de la causa de la inmobiliaria de Cristina y sus hijos. Más dudas por movimientos bancarios millonarios.

Por Lucía Salinas.

Piden investigar por posible lavado de dinero la casa donde vive Florencia Kirchner

La familia Kirchner declarará en marzo en la causa Los Sauces.
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En un nuevo escrito en la causa Los Sauces SA -inmobiliaria de la familia Kirchner-, la diputada Margarita Stolbizer, pidió que se amplíe la figura del lavado de dinero sobre la propiedad en la que vive Florencia Kirchner, en la Ciudad, además de una serie de movimientos bancarios realizados en 2016 desde la cuenta de la «Sucesión Néstor Kirchner» que administraba Máximo Kirchner, por $ 6 millones. También hay sospechas por nuevos vínculos comerciales con Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo.

Los Sauces S.A. es la causa que lleva el juez Claudio Bonadio y en el marco de la cual Cristina Kirchner y sus hijos (todos accionistas de la firma), deberán declarar ante la Justicia la primera semana de marzo. Previamente, lo harán los empresarios K Cristóbal López y Lázaro Báez y 16 personas más: contadores, escribanos, apoderados de empresas y un hombre de extrema confianza de la ex Presidenta: Osvaldo Sanfelice.

Piden investigar por posible lavado de dinero la casa donde vive Florencia Kirchner

Los Sauces SA fue constituida en 2006 por el ex Presidente, Cristina Kirchner y su hijo Máximo.
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En la causa se investiga el presunto lavado de dinero, el pago de coimas, el enriquecimiento ilícito y la falsificación de documentos públicos. Después de observar una gran cantidad de transferencias millonarias entre las cuentas de la empresa, la de la «Sucesión NK» y a su vez, sociedades de Báez y López, el magistrado ordenó intervenir la inmobiliaria y la cuenta de la Sucesión. La medida estará vigente hasta junio y hasta entonces, el líder de La Cámpora quedó desplazado como administrador de Los Sauces SA y de la cuenta de la herencia de su padre.

lavado de dineroEn este contexto, la diputada Stolbizer presentó nuevas pruebas y el pedido de ampliación del delito de lavado de activos sobre la propiedad que le pertenece a la inmobiliaria y en la que vive Florencia Kirchner –dueña del 22,5% de la firma y gerente de la misma-.

La casa de Florencia K

El 6 de mayo de 2015 se realizó un depósito en efectivo en la cuenta que Los Sauces SA tiene en el Banco Nación con sede en Río Gallegos, por $ 4 millones «existiendo inconsistencia en la hora de depósito y posterior extracción. El mismo día, según se informara, egresó la suma de $ 3.959.000«, señala la denuncia. Según la documentación aportada por la entidad financiera, la ex Presidenta fue quien hizo dicho aporte en efectivo y «debió cargar 40.000 billetes de 100 pesos para poder realizar dicho depósito».

Piden investigar por posible lavado de dinero la casa donde vive Florencia Kirchner

Florencia Kirchner es gerente y accionista de Los Sauces SA.
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Ese mismo día, la inmobiliaria investigada por Bonadio, emitió un cheque bajo el concepto de «servicios» por el mismo valor: $3.959.000. Dicha suma se debitó de la cuenta corriente de Los Sauces SA. Según consta en la causa y en el informe pericial, este importe se utilizó para la compra de CEDINES que finalmente, se usaron para la compra de la propiedad de la calle San José esquina Humberto Primo, donde vive Florencia Kirchner.

La casa fue vendida – con la intervención de Romina Mercado (sobrina de Cristina Kirchner)-, por Jorge Coscia y según la escritura pública la operación se hizo por U$S 370.000 pagados con los CEDINES. Según la diputada del GEN la Unidad de Investigación Financiera (UIF) indicó que se «desconoce cuál es el origen y/o actividad que generó dicho dinero». Y que la extracción se realizó «sin el comprobante que respalde la operación». A raíz de esto, pide que «la operación sea investigada ya que podría responder a una maniobra de lavado».

En la investigación, la casa donde reside Cristina Kirchner en Río Gallegos (propiedad de Los Sauces SA)​, es investigada por lavado. Fue comprada con NAPA una empresa de Sanfelice por $ 200.000 y vendida a la inmobiliaria por U$s 250.000. El Tribunal de Tasanción de la Nación determinó que su valor es más del doble de lo declarado por la ex Presidenta: U$S 570.000.

Piden investigar por posible lavado de dinero la casa donde vive Florencia Kirchner

Romina Mercado intervino en la compra del departamento donde vive Florencia Kirchner.
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Movimientos sospechosos​

La cuenta de la «Sucesión NK» es materia de investigación en la causa por las transferencias millonarias ($ 63 millones según la UIF «sin justificación»), que realizó, no sólo con la cuenta de Los Sauces SA sino con empresas de Báez y de Cristóbal López. Quien realizó la mayoría de las operaciones fue Máximo Kirchner, según un informe de la UIF.

En este caso se designó como interventora a Raquel Moyano, quien advirtió que la cuenta dejó de tener actividad el 31 de diciembre de 2016 tras la intervención judicial. Durante el año pasado, recibía cerca de un millón de pesos mensuales. Esta cuenta está inhibida por el juez Bonadio. La interventora advirtió que el 2 de septiembre de 2016, la Sucesión NK recibió una transferencia por $ 6.829.065,88.

Al superar «ampliamente el ingreso que recibía habitualmente por el alquiler de los inmuebles de propiedad de la sucesión de Néstor Kirchner y/o de sus herederos», Stolbizer pidió que se solicite la documentación respaldatoria de la operación y que se determine el origen y motivo de la transderencia.

Piden investigar por posible lavado de dinero la casa donde vive Florencia Kirchner

Cristina Kirchner declarará el 7 de marzo en la causa Los Sauces SA.
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Quiénes declararán en la causa

La semana que viene comienzan las 21 indagatorias en el marco de Los Sauces SA. Los primeros serán apoderados de dos empresas de Báez que firmaron contratos de locación con la inmobiliaria. También estarán ante el juez Bonadio escribanos de confianza de la familia Kirchner y del empresario K. Báez y tres de sus hijos se presentarán a declarar, al igual que los dueños del Grupo Indalo. Los últimos dos días de indagatorias (6 y 7 de marzo), será el turno de los hijos de la ex Presidenta y finalmente, declarará ella.

Fuente: Clarín, 15/02/17.


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La fiscalía que investiga la muerte de Nisman en grave riesgo

febrero 14, 2017

«Riesgo máximo» en la fiscalía que investiga la muerte de Nisman

La oficina que ocupa Eduardo Taiano y su equipo en el centro porteño está en riesgo. Así lo advierte un informe de seguridad que hizo Gendarmería. Faltan cámaras y custodios.

Por Nicolás Wiñazki.

"Riesgo máximo" en la fiscalía que investiga la muerte de Nisman

El fiscal federal Eduardo Taiano se retira el 29 de Junio de 2015 de los Tribunales Federales de Retiro, en Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina. Foto Pedro Lazaro Fernandez buenos aires Eduardo Taiano fiscal federal salida de tribunales.
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asesinato politicoEn el edificio donde funciona la nueva fiscalía que investiga la muerte de Alberto Nisman, al mando de Eduardo Taiano, hay un pasadizo secreto. Está ubicado en el tercer piso. Conecta a esa propiedad con la de al lado.

Nadie lo controla. Cualquier intruso audaz, sea quien sea, podría entrar o salir por allí sin ser detectado. ¿Con qué fines? Buenos o malos. No importa. El problema es que es una opción sin riesgo para su potencial protagonista.

"Riesgo máximo" en la fiscalía que investiga la muerte de Nisman

Vulnerable. El edificio de la calle 25 de mayo, donde está la fiscalía relevada. LUCIANO THIEBERGER

En el piso de abajo, el segundo, están las oficinas en las que trabajan Taiano y su equipo. Son, en total, seis personas. Los ascensores no funcionan. En sus despachos guardan información sensible sobre la investigación de la muerte violenta del fiscal del caso AMIA. Lo hacen en una habitación con paredes de mampostería barata, sin techo, que se cierra sólo con una puerta de madera con llave.

A esta conclusión llegó un informe preparado por la Gendarmería en el que se tuvo en cuenta cuáles son las condiciones de trabajo de Taiano y su equipo, usando como “hipótesis” a la de “riesgo máximo”.

El título de la carpeta del análisis está titulado “Informe de Seguridad 01/06”. Y lleva como agregado este texto: “Organismo: Sede Anexo Fiscalía Nacional en lo Criminal Correccional Federal N 3”. El lugar está ubicada en pleno microcentro porteño.

El informe fue encargado por la Dirección de Inteligencia Criminal que depende del Ministerio de Seguridad.

Sus resultados son sorprendentes. Como custodia, la fiscalía de Taiano tiene un solo gendarme en la puerta de los despachos en los que trabaja con su equipo, y un policía federal en la entrada principal al edificio.

Los miembros de Gendarmería se esfuerzan por cumplir con sus obligaciones lo mejor posible. Cumplen turnos de 24 horas con relevos a las 8. No tienen lugar para descansar.

La vulnerabilidad y el riesgo con los que trabajan Taiano y sus asistentes son altos. Tampoco existe un modo que permita conocer si algo raro pasó o pasa allí en tiempo real. No hay cámaras. Tampoco alarmas.

El lugar en el que están guardados los papeles más confidenciales de la causa es una habitación sin caja fuerte, con puerta de madera que se cierra con una llave. Las paredes son de mampostería. Las ventanas de esos despachos dan al frente del edificio.

No tienen rejas. Solo vidrio.

El fiscal Taiano ya recibió amenazas de muerte sofisticadas desde que instruye el expediente que debe dilucidar la muerte de su colega Nisman.

Aún así, trabaja junto a su gente en condiciones inseguras. A pesar de estos contratiempos, su fiscalía avanzó en el caso, y más si se compara lo hecho durante casi dos años antes por la ya jubilada fiscal del fuero ordinario, Viviana Fein. Las pruebas que recolectó Taiano sin embargo, no pueden resguardarse en otro lado que no sea esa pieza tan vulnerable. Así lo indica el informe de seguridad.

Desde octubre del año pasado, el nuevo fiscal de la causa de la muerte de Nisman intenta conseguir mejoras para la seguridad de su fiscalía.

Fuentes judiciales afirmaron que la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, se las negó argumentando que no le alcanza el presupuesto para cumplimentar con las medidas básicas que recomendó Gendarmería.

El edificio de su nuevo espacio laboral –mantiene, por supuesto, la fiscalía federal en el edificio de Comodoro Py 2002– está poco vigilado. No tiene garaje para autos. Está ubicado en pleno centro. Por la puerta pasan miles de personas caminando en los días de semana. Estacionan motos que traban esa dinámica callejera, caótica e insegura.

Las oficinas en las que se trabaja para conocer cómo, cuándo y por qué murió Nisman dan a la calle 25 de mayo. Cada ambiente tiene grandes ventanales incapaces de frenar cualquier intento violento por romperlos.

Las “zonas críticas” que detectó el informe de Gendarmería –muy detallado– son las más básicas.

La conclusión es que todo está mal en la fiscalía de Taiano. El “área exterior” del edificio. El “acceso principal”.

El “área interior”. Cada zona carece de sistemas de seguridad acorde con los protocolos primarios para resguardar a oficinas como ésta.

La puerta para entrar al edificio está vigilada por un solo policía. El acceso al edificio, por caso, no tiene “una barrera contra atentados”, anotaron los expertos que lo analizaron pensando en una tesis de seguridad de “máximo riesgo”. Entre otras conclusiones, los especialistas determinaron que la fiscalía debería contar con cámaras, ventanales blindados, sensores de movimiento, materiales ignífugos, habitaciones que tengan techo, y paredes más firmes.

A eso se le debería sumar más custodios en las puertas de la calle y del segundo piso. El enigmático pasadizo del tercero debería estar vigilado. Y las cerraduras, ser más modernas.

Paradojas de la Argentina: un fiscal federal, Taiano, que investiga la muerte de un colega suyo producida por un disparo mortal, Nisman, trabaja en un lugar un riesgoso para él. Y su equipo.

Fuente: Clarín, 14/02/17.


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Dólar futuro: Cristina Kirchner a juicio oral

febrero 8, 2017

Dólar futuro: el fiscal Taiano pidió enviar a Cristina Kirchner a juicio oral

La causa investiga la venta de dólares en el mercado de futuro a un menor precio que el de mercado.

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió al juez federal Claudio Bonadio que envíe a juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y a los demás procesados en la causa por venta de dólares en el mercado de futuro a menor precio que el de mercado.

Taiano, a cargo de la Fiscalía Nº 03 en lo Criminal y Correccional Federal, firmó hoy el dictamen de un centenar de carillas. Formalmente, implica que mantuvo la acusación y decidió impulsar el juicio. Luego, el juez Bonadio deberá enviar el asunto en consulta a los abogados de los acusados, quienes tienen seis días para contestar si están de acuerdo con la elevación del caso a juicio (o si por el contrario se oponen porque entienden que no hay evidencias o porque faltan medidas de prueba).

cfk presaLa ex mandataria ya manifestó que quiere llegar a juicio lo antes posible y que no va a interponer recursos para apelar su procesamiento, ya firme, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En la causa hay una decena de procesados con procesamientos firmes, por lo que seguramente presentarán apelaciones e insistirán con pedidos de nulidad, lo que puede demorar el inicio del proceso oral.

Plazos. A mediados de diciembre, el juez Bonadio dio por finalizada la investigación de la causa contra Cristina Kirchner por la venta de dólar futuro y envió el caso al fiscal Taiano para que decidiera si acusaba a la ex mandataria y pedía elevar el caso a juicio. El fiscal tenía seis días hábiles para contestar, prorrogables, lo que ocurrió dada la gravedad y complejidad del caso. En enero, con la feria judicial, el trámite quedó paralizado y se retomó en febrero.

Quiénes. Están acusados en esta causa Cristina Kirchner, Áxel Kicillof, Alejandro Vanoli, Miguel Ángel Pesce, Pedro Biscay, Alejandro Formento, Germán Feldman, Cristian Girard, Guillermo Paván, David Jacoby, Bárbara Domatto Conti y Mariano Beltrami.

La causa. Bonadio acusó a la ex presidenta de haber ordenado una operatoria que habría significado «una pérdida de 17.000 millones de dólares» al Banco Central al indicar que se vendieran dólares en el mercado de futuros al precio del dólar oficial -$ 10-, cuando el blue operaba por encima de los $ 15 por dólar. Cuando hubo que pagar en julio de 2016 los contratos suscriptos en noviembre de 2015, el Estado tuvo que pagar a los inversores la diferencia en pesos entre el precio de venta y el que realmente tenía la divisa a esa fecha, después de la devaluación.

«Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de US$ 5000 millones a US$ 17.000 millones, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional», sostuvo Bonadio en su fallo de diciembre.

Fuente: La Nación, 08/02/17.


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Lavado de Dinero K

febrero 6, 2017

En un lapidario informe, la UIF dejó a Máximo contra las cuerdas

La unidad antilavado halló millonarias «transferencias sin justificación» y depósitos «sin sustento».

Por Lucía Salinas.

En un lapidario informe, la UIF dejó a Máximo contra las cuerdas

Un informe de la UIF puso bajo sospecha los movimientos bancarios de Los Sauces SA. Foto Archivo.
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Un “entramado societario y bancario” fue la definición que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) utilizó al momento realizar el informe N° 0100/2016, un documento clave en la causa Los Sauces SA por la que Cristina Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo serán indagados elos primeros días de marzo. Los principales delitos de los que sospechas el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo son el lavado de activos y el cohecho. Los movimientos bancarios de la inmobiliaria incluyen desde transferencias «sin justificación» por $ 50 millones firmadas por el diputado nacional, depósitos en efectivo “sin sustento”, extracciones por $ 3,9 millones sin «documentación respaldatoria», señala el informe.

En un lapidario informe, la UIF dejó a Máximo contra las cuerdas

Los Kirchner y una red de movimientos bancarios bajo sospecha.
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Es una red de cuentas, bancos y operaciones que tienen como principal firmante y responsable a Máximo Kirchner que el 6 de marzo, por primera vez, declarará en una causa y lo hará ante el juez Bonadio. Su grado de responsabilidad como administrador de Los Sauces SA y a su vez, de la cuenta “Sucesión Néstor Kirchner”, lo complica ante la Justicia. Según detectó la UIF, la Sucesión y la inmobiliaria tuvieron movimientos bancarios «sin justificación» y ambas recibieron depósitos en cheques de Lázaro Báez y Cristóbal López por $ 25 millones desde 2009 a 2015.

La documentación oficial concluyó que existió un “entramado societario y bancario” que incluye a Cristina, Máximo, Florencia y Néstor Kirchner -en su momento- y que continuó con la Sucesión que administra el líder de La Cámpora. Los fondos que se movieron “podrían proceder de los ilícitos investigados” no sólo en Los Sauces SA, sino también en Hotesur SA (causa por lavado de dinero), menciona el informe.

En un lapidario informe, la UIF dejó a Máximo contra las cuerdas

Los 4,6 millones de dolares secuestrados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner.
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En primer lugar, el organismo antilavado señala que hay una evolución de los movimientos de las cuentas que pertenecen a la inmobiliaria que fueron transferidos a las cuentas que Florencia Kirchner tiene en el Banco Galicia ( U$S 4.664.000 y U$S 1.032.144 y $ 53.280). “Previo paso por cuentas de otros socios y de la Sucesión Néstor Kirchner”. Respecto al hijo de Cristina, se indicó que realizó «la mayoría de las transferencias”.

Como administrador de Los Sauces SA y de la Sucesión NK, Máximo Kirchner realizó distintas transferencias emitidas y recibidas entre ellas, “sin justificación alguna”. De esto, seguramente, el diputado nacional deberá dar explicaciones ante el Juez.

En un lapidario informe, la UIF dejó a Máximo contra las cuerdas

Máximo Kirchner realizó la mayoría de las operaciones bancarias sospechadas por la UIF.
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Máximo Kirchner movió desde la cuenta de la Sucesión K $ 10.366.914 y $ 3.250.00 entre 2014 y 2015, a una cuenta de Los Sauces SA. También, calificados de “llamativos” se registraron depósitos en efectivo por $ 4 millones “y un débito realizado mediante cheque de $ 3.959.000”. La UIF señaló que se desconoce “cuáles es el origen y/o a la actividad que generó” dicho dinero, pero además que esta extracción de dinero se hizo “sin el comprobante que respalda al mismo”.

Entre las transferencias realizadas por el diputado por Santa Cruz, hubo una de casi $ 4 millones de una cuenta a otra de Los Sauces SA (una abierta en el banco Santa Cruz y la segunda en el Nación). “Nada de esto tiene justificación”, reitera el informe.

En un lapidario informe, la UIF dejó a Máximo contra las cuerdas

El juez Claudio Bonadio pidió la indagatoria de Cristina Kirchner y sus hijos.
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Los movimientos bajo investigación incluyen transferencias de Los Sauces SA a la cuenta de la Sucesión y de esta última por $ 32.270.000 a una cuenta que tienen en cotitularidad la ex Presidenta con sus dos hijos en el Banco Nación (N° 4331412615), que a su vez, recibió otro giro por $ 14.390.000. De esta cuenta familiar, la UIF detectó que los Kirchner movieron $ 80 millones a otra que tienen de forma conjunta en el Banco Galicia, con un dato: $ 55 millones finalizaron en la cuenta en dólares de Florencia, dinero que se encuentra embargado por la Justicia.

La Justicia sospecha no sólo de estos movimientos de dinero como una manera de «eludir los embargos judiciales», sino también del origen del dinero que figura en las cuentas de la inmobiliaria que tuvo dos inquilinos privilegiados: Báez y López (fueron el 86 % de la facturación), tal como reveló Clarín. «En las cuentas hubo más dinero del que cobraban en concpeto de alquiler a dos empresarios beneficiados por obra pública», indicó una fuente judicial.

A las sospechas se suman una serie de plazos fijos a nombre de Néstor Kirchner, en el Banco Santa Cruz, y que tras su fallecimiento integraron la sucesión. Según los análisis realizados por la UIF la tasa de interés “fue por lo menos 500% superior a la del mercado”. Sólo entre 2008 y 2009 los plazos fijos de Kirchner obtuvieron intereses de $ 3.648.558 y U$S 1.162.601.

Fuente: Clarín, 06/02/17.

CFK lavanderada del pueblo


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independencia financiera

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CFK: «Usá internet, pelotudo.»

enero 21, 2017

«Empezá a buscar todas las causas que le armamos», los audios que complicarían a Cristina Kirchner

Marijuan presentó ayer una denuncia para que se investigue si la ex presidenta incurrió en «abuso de autoridad» y promovió denuncias falsas contra el ex espía Antonio Stiuso. 

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó ayer una denuncia para que se investigue si la ex presidenta Cristina Kirchner incurrió en «abuso de autoridad» y promovió denuncias falsas contra el ex espía Antonio Stiuso.

Marijuan le presentó la denuncia al juez federal Ariel Lijo , quien el lunes la enviará a la Cámara Federal para que se sortee cuál es el juzgado que debe intervenir en la investigación contra la ex jefa de Estado, informaron fuentes judiciales.

El fiscal realizó la denuncia luego de acceder a la transcripción de una escucha telefónica en la que el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli , habla con la ex mandataria sobre las causas abiertas contra Stiuso.

CFK y Oscar Parrilli

CFK y Oscar Parrilli

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«Empezá a buscar todas las causas que le armamos. No que le armamos, que denunciamos a Stiuso», le dijo supuestamente la ex presidenta a Parrilli en una conversación del 11 de julio de 2016, día en que el diario LA NACION publicó una entrevista en la que el espía que había sido removido de la AFI dijo que Cristina Fernández de Kirchner era «una mujer loca».

«La afirmación -aún con la retractación- de que se habrían armado causas penales contra Antonio Horacio Stiuso necesariamente conduce a esta representación del Ministerio Público a solicitar que se investiguen los supuestos previstos en los artículos 245 y 248 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación que el magistrado que resulte desinsaculado (en este caso, sorteado. N. del E.) adopte al respecto», sostuvo Marijuan en su dictamen.

Los diálogos a los que se refiere Marijuan surgieron de la causa a cargo del juez Lijo en la que Parrilli está siendo investigado por el supuesto encubrimiento del empresario detenido Ibar Pérez Corradi.

Acusado de ser el autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez e investigado por tráfico de efedrina, Pérez Corradi fue detenido a mitad del año pasado después de estar 4 años prófugo.

El diálogo polémico

Según publicó Infobae, el siguiente sería el diálogo que mantuvieron Parrilli y Cristina el 11 de julio de 2016:

-Hola

-¿Quién habla?

– Yo

– ¿Quién es yo?

– Yo, pelotudo. Empezá a buscar todas las causas que le armamos.No que le armamos, que denunciamos a Stiuso. ¿Viste los diarios?

– No, todavía no me llegaron.

– Usá internet, pelotudo.

—Con información de la agencia Télam.

Fuente: La Nación, 20/01/17.

CFK arma causas - Humor


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Cristina Kirchner jefa de una Asociación ilícita

diciembre 28, 2016

La más grave impugnación

Por Joaquín Morales Solá.

Una jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación de octubre de 2008 salvó a Cristina Kirchner de estar hoy presa. Siete años antes, en 2001, el también ex presidente Carlos Menem fue preso por los mismos delitos por los que ayer procesaron a la viuda de Kirchner: asociación ilícita y administración fraudulenta.

cfk presaLa decisión del juez Julián Ercolini, justificada y explicada a lo largo de casi 800 páginas, significa en los hechos la más grave impugnación moral y penal que se haya hecho contra la ex presidenta. El magistrado explica con un enorme despliegue de argumentos cómo el matrimonio Kirchner decidió enriquecerse con la obra pública desde 2003; es decir, desde el instante mismo en que asumió el poder de la Nación.

Los montos que les embargó (10.000 millones de pesos a Cristina Kirchner, a Julio De Vido, a Lázaro Báez y a José López) son demostrativos también del volumen del dinero robado a través de maniobras que ejecutaban tanto Vialidad Nacional como Vialidad de Santa Cruz. Basta un solo ejemplo para mostrar el tamaño de la maniobra: Báez creó la empresa constructora en 2003 (antes era empleado de banco) y recibió en obras públicas en Santa Cruz tanto dinero como el que le tocó a la provincia de Buenos Aires o como el que recibieron 11 provincias juntas. De Vido y López fueron los principales operadores de esa maniobra que estafó al Estado en nombre de los Kirchner.

Los argumentos de Ercolini servirán, además, para probar el delito de lavado de dinero contra Lázaro Báez, en manos del juez federal Sebastián Casanello. También aportarán documentación a la investigación sobre lavado que habría perpetrado Cristina Kirchner y que se ventila en las causas Los Sauces y Hotesur, empresas y hoteles de la familia Kirchner donde Báez contrataba habitaciones o departamentos que nunca usaba. Hotesur está en el despacho del mismo juez Ercolini. El expediente de Los Sauces lo investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. Justicia Legítima no anda cerca de ahí.

En síntesis, la sentencia de Ercolini abre un amplio abanico de complicaciones judiciales para la ex presidenta. La asociación ilícita es un delito grave que tiene penas de más de cinco años de cárcel. La primera denuncia por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner y De Vido, entre varios más, fue de Elisa Carrió, en 2008. Ercolini decidió sobre una denuncia de Vialidad Nacional presentada ya durante el gobierno de Mauricio Macri, aunque el fiscal Gerardo Pollicita había pedido que fuera anexada a la vieja acusación de Carrió porque son muy parecidas. De hecho, Ercolini nombró varias veces a Carrió en los argumentos de su resolución de ayer.

Lo que sucedió en 2008, y que liberó de la cárcel (por ahora) a Cristina, es que la Cámara de Casación Penal estableció que la prisión preventiva sólo puede aplicarse en dos casos: cuando un acusado está en condiciones, si se encuentra en libertad, de obstaculizar el proceso judicial o cuando actuó con contumacia (intentó fugarse, por ejemplo). La prisión sólo cabe, según esa jurisprudencia, cuando existe una condena firme y definitiva; es decir, después de un juicio oral y sus posteriores apelaciones.

Báez está preso porque tiene recursos suficientes como para fugarse y porque, además, se subió a un avión sin plan de vuelo. En cambio, Cristina se enoja con los jueces, los insulta o los recusa, pero siempre está quince minutos antes en las audiencias cuando la citan en los tribunales. Al haber perdido el poder, perdió también la posibilidad de entorpecer la investigación judicial. De hecho, los jueces señalan que ahora pueden avanzar en la investigación de la corrupciónporque el Estado les envía en el acto los documentos y las pruebas que solicitan. Sea como sea, lo cierto es que aquella resolución de la Cámara de Casación de hace ocho años fue tomada como jurisprudencia definitiva por los jueces penales de primera instancia. Es lo que ayer salvó a Cristina de las rejas.

Ercolini aporta un dato muy llamativo entre sus múltiples y variadas argumentaciones: Báez era el único empresario de obras públicas del país al que el Estado no le debía ni un peso el 11 de diciembre de 2015, un día después de que asumió Mauricio Macri. El juez desmorona también el pretexto de Cristina de que las obras públicas pasaron por licitaciones y que se las administró en la provincia de Santa Cruz, lejos de su poder en el gobierno nacional. Santa Cruz no queda lejos para ningún Kirchner y las licitaciones fueron amañadas. El juez llama varias veces «la encartada» a la ex presidenta (ese apelativo debe dolerle más que la sentencia) y desliza, prudente, que Báez es «al menos su socio comercial», según las pruebas que recolectó. La clave está en el precavido «al menos», porque deja la puerta abierta, sin decirlo, a que el papel real de Báez sea el de testaferro.

La radiografía de Ercolini, que tiene un sesgo y un destino puramente judicial, es también la descripción de una hipocresía. Cuando dice que Cristina «actuó de forma delictual» y que administró los bienes del Estado en provecho propio, refuta de manera contundente el relato kirchnerista. ¿En qué covacha de la historia queda el discurso del progresismo latinoamericano cuando lo que vemos es una voracidad sin límites para enriquecer a una dinastía gobernante? ¿A qué se reducen las menciones de los Kirchner a los pobres y a los trabajadores cuando gran parte de los recursos del Estado se distribuyeron entre funcionarios y empresarios amigos? Sólo la ceguera del fanatismo puede ignorar las pruebas inscriptas en la resolución de Ercolini. No se puede ignorar, de todos modos, que el fanatismo cristinista existe y que ése fue, tal vez, el único éxito político de la ex presidenta.

La decisión de Ercolini, que seguramente será apelada, tiene también connotaciones políticas y electorales, más allá de la voluntad del juez. Cristina se encamina hacia un juicio oral que probablemente la condene a la cárcel. Antes de llegar a esa instancia judicial (y antes de que exista una sentencia firme y definitiva), ocurrirán en el país las elecciones de agosto y octubre del próximo año. Es probable que Cristina opte entonces por una candidatura a legisladora para cubrirse de fueros parlamentarios. Ya tiene el argumento: varios de sus diputados de La Cámpora concluirán su mandato el año próximo y le piden que ella encabece una lista bonaerense para ampliarles su vida parlamentaria.

Corresponde, entonces, preguntarse qué sentido tienen los fueros de los legisladores. El diputado de Pro Waldo Wolff presentó hace ya varios meses un proyecto para modificar la ley de fueros; según la propuesta de Wolff, ningún legislador tendría fueros por delitos cometidos antes de haber asumido en el Parlamento. Es el caso de Cristina. De Vido ya tiene fueros y los tendrá hasta 2019; sus delitos son también previos a su condición de legislador. Podría profundizarse aún más el proyecto de Wolff para que ley les quite los fueros a los delitos penales. Lo que la política no debería hacer, después de leer el extenso escrito de Ercolini, es permitir que los «encartados» recorran, tranquilos, un irremediable y seguro camino de impunidad.

Fuente: La Nación, 25/12/16.


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invertir no es un juego de azar

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