El Lavado de Dinero en Argentina

Lucha contra el Lavado: la realidad, ausente
Por Juan Félix Marteau.

En el último plenario, celebrado en París en junio pasado, el Grupo de Acción Financiera llegó a la conclusión de que la Argentina se encontraría en condiciones de ser excluida de la lista de “países que poseen deficiencias sistémicas” en sus políticas antilavado de activos y contra-financiación del terrorismo.

Con el apoyo de Brasil, México y GAFILAT, los representantes argentinos agendaron una reunión para septiembre a efectos de que los evaluadores confirmen los avances que justificarían esta medida.

El realismo, decía Raymond Aron, es la prevalencia de la observación objetiva sobre la valoración ética. Desde este punto de vista, hay que reconocer que la venia del GAFI debe reputarse como un triunfo significativo para los responsables gubernamentales que dejaron al país tanto tiempo en una posición internacional deplorable. La misma perspectiva permite considerar el costo de credibilidad que esta decisión genera para el organismo global: sus líderes tendrán que explicar por escrito cómo funciona el misterioso arte que permitió eliminar de la realidad las mentadas inconsistencias “estructurales” que hicieron tan poco confiable el sistema nacional en la materia.

No se puede olvidar que la situación argentina en este campo es inédita, por lo menos regionalmente: nuestra administración “nacional y popular” tuvo la habilidad de reconvertir la fuertísima presión externa por mayor transparencia y efectividad en el control del dinero ilícito en la justificación más perfecta para crear una maquinaria político-ideológica al servicio de la militancia.

Esta realidad desmiente el criterio mágico del GAFI. En materia de lavado, se han impuesto multas millonarias a varias entidades financieras en casos prescritos al sólo efecto de ampliar la estadística. Ello multiplicó los reportes de operaciones sospechosas a la UIF, que ha demostrado una deliberada incompetencia a la hora de analizar la información sobre hechos de corrupción y narcotráfico.

Además, este organismo estatal, asociado a la Procuración General de la Nación, ha intervenido en denuncias y querellas criminales a grandes empresas cuyo resultado inmediato no ha sido otro que la publicidad infamante (violando la confidencialidad) a través de la prensa adicta y websites de corte paraestatal.

La task force que conforman expertos y fiscales ad hoc (quienes, a pesar de las responsabilidades asumidas, no han pasado por ningún concurso de antecedentes) sólo procura sembrar zozobra en los actores públicos y magistrados judiciales.

Como si esto fuera poco, en esta última etapa, se han multiplicado los consultores que, peor que carroñeros, salen a vender protección estatal ante eventuales inspecciones. En la justicia criminal, sin embargo, no hay ningún apoyo oficial contundente para que los jueces puedan llegar con celeridad a los patrimonios de la poderosa criminalidad de redes que corroe directamente las entrañas de la sociedad y el Estado.

En materia de financiación del terrorismo, los congelamientos de activos practicados sobre cuentas-sueldo de pensionadas y otros familiares de militares prófugos en causas de lesa humanidad fueron fulminados de nulidad absoluta por el Juez y la Cámara Federal intervinientes. Se concluyó que las autoridades administrativas son “ignorantes de la ley” por considerar “terrorismo” eventuales delitos que ocurrieron hace más de 30 años (cuando no había calificación penal semejante).

Otra muestra de abuso de poder realizada en nombre de una Nueva Justicia Legítima.
Este gobierno, además, se encargó de vaciar la Estrategia Nacional, aprobada en 2007, un breve, pero interesante ejercicio de racionalidad política orientada a determinar cuáles son las amenazas reales que se deben conjurar con inteligencia financiera y represión penal.
También se destruyó toda posibilidad de tener un diagnóstico relativamente certero sobre los delitos precedentes al lavado. El sistema de estadística criminal, que funcionaba en el Ministerio de Justicia, fue oscurecido y manoseado, tal como sucedió con otras fuentes públicas.

Según Max Weber, en la política, es muy difícil eludir el hecho de que para conseguir fines “buenos” hay que contar en muchos casos con medios moralmente dudosos. En el llamado escenario de la “gobernabilidad global del delito” esto no es una excepción. Mientras tanto, en la Argentina concreta, descreída y hastiada, hay que admitir que todo lo que aquí se ha dicho no tiene ninguna importancia.
— Juan Félix Marteau es Abogado y Profesor Titular de Criminologia (UBA).
Fuente: Clarín, 16/07/14.

Más información:
http://www.marteau.pro