Una vista del Capitolio en San Juan.

Puerto Rico tiene previsto presentar el miércoles un plan con recortes de gastos y aumentos de impuestos para negociar con sus acreedores la reestructuración de la deuda del Estado libre asociado, que asciende a US$72.000 millones.

Un resumen del plan dice que Puerto Rico enfrenta un déficit de financiación de US$28.000 millones en los próximos cinco años y propone ajustar impuestos, reducir el gasto público, reformar el sistema de bienestar social y el salario mínimo, consolidar las escuelas públicas, y crear una junta para supervisar el cumplimiento de dichos cambios.

El plan fue elaborado por un grupo de trabajo nombrado por el gobernador Alejandro García Padilla, quien en junio dijo que la deuda de la isla era impagable. El plan sostiene que incluso si todas sus propuestas fueran puestas en práctica, el Estado libre asociado estaría todavía muy lejos de conseguir todo el dinero que necesita para pagar a los tenedores de bonos puertorriqueños en los próximos cinco años.

“Por lo tanto, se requiere un acuerdo consensuado entre los acreedores y el Estado libre asociado con el fin de evitar [que éste caiga en una] desordenada cesación de pagos y [para evitar también] una ciénaga legal que desestabilizará aún más la economía y las finanzas públicas”, dice.

El plan es muy esperado por los inversionistas, que creen que sufrirán pérdidas debido a la caída del precio de los bonos y a una creciente crisis fiscal y que quieren ver nuevos cambios estructurales antes de prestarle más dinero a Puerto Rico. El Estado libre asociado está lidiando con una década de estancamiento económico y un descenso de la población; y los funcionarios dicen que se está quedando sin efectivo para garantizar la marcha de la administración. El mes pasado, una agencia del gobierno entró en default con un vencimiento de US$58 millones.

La crisis de la isla es el más reciente foco de problemas en el por lo general tranquilo mercado de deuda municipal de EE.UU., que en los últimos años fue sacudido por las quiebras en Detroit y el Condado de Jefferson, Alabama. Los bonos de Puerto Rico están en manos de individuos y sociedades de inversión de todo EE.UU., debido a sus ventajas fiscales.

El plan pide completar las conversaciones con los acreedores respecto de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía de Puerto Rico (AEE), con el fin de reducir los costos de energía de la isla. La semana pasada, la AEE llegó a un principio de acuerdo con sus tenedores de bonos para reconocer el 85% del valor nominal de sus bonos—que habían caído a la calificación de bonos basura— a cambio de nuevos títulos diseñados para obtener la calificación de grado de inversión. El total de deuda de la AEE ronda los US$9.000 millones.

Las autoridades dicen que los inversionistas han comenzado a organizarse en grupos basados en el tipo de bonos que poseen, y que se iniciarán conversaciones con cada grupo en las próximas semanas.

El plan también busca la ayuda del gobierno de EE.UU., pidiendo al Congreso que permita a algunas entidades del gobierno de Puerto Rico acceso a la protección de la ley federal de quiebras. Al no ser un estado de la Unión, Puerto Rico está excluido de esa protección.

El gobierno federal también debería también reconsiderar el relativamente elevado salario mínimo de la isla para los trabajadores jóvenes o eximir a la isla de la Ley Jones de Comercio mercante de 1920, que obliga a Puerto Rico a comerciar exclusivamente con puertos de EE.UU. Según el plan, ello podría ayudar a reducir el costo del transporte de mercancías a la isla. También se necesita ayuda federal para evitar una creciente crisis de salud, mediante la nivelación de los fondos que recibe Puerto Rico en relación con estados de la Unión, agrega el plan.