Argentina: El Gobierno asfixia la libertad de las personas y de las empresas

Acoso estatal: la mano del Gobierno avanza sobre la economía y asfixia la libertad de las personas y de las empresas

Por Carlos Manzoni

 

Las medidas para obstaculizar las importaciones, las intimaciones de la AFIP, el control sobre la compra de dólares y las averiguaciones sobre los ingresos de los contribuyentes son sólo algunas de las iniciativas que coartan a los ciudadanos.

 

La petrolera YPF , Sebastián Eskenazi y hasta la mismísima Repsol son una metáfora a gran escala del trato que el Gobierno propina a los ciudadanos argentinos. Si la compañía más importante del país, el empresario amigo puesto allí por los mismos que hoy lo corren y una de las dos multinacionales más grandes de España son víctimas de la asfixia estatal, poco margen le queda al hombre de a pie para ilusionarse con un cese del acoso al que es sometido a diario.

El jueves circuló una fuerte versión de que el Gobierno enviaría al Congreso un proyecto para expropiar el 50,01 de la petrolera «argentinizada» en 2008. Ese sería el golpe final con el que terminaría de configurar el «acoso», que es definido por la Real Academia Española como la acción de perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o requerimientos. Esta acepción del término pinta a la perfección el método kafkiano al que son sometidos los empresarios que acuden a la Secretaría de Comercio en busca de permisos de importación; aunque la angustia persecutoria provocada desde el Estado no es exclusiva de los hombres de negocios. También la sufren el contribuyente que recibe una intimación expedida por la AFIP al azar, la jubilada que padece una inspección en su casa por haber intentado comprar dólares, los padres que son investigados por las cuotas que pagan en el colegio de sus hijos y todo el que debe justificar por qué renuncia al subsidio a los servicios públicos, entre otros casos.

Para el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, las acciones son típicas de un estado autoritario. «La autoridad aquí no tiene límites en la toma de decisiones y en el modo cómo se inmiscuye en las esferas de la privacidad de las personas -explica el jurista-. Hasta la forma en que lo hace es autoritaria, porque es agresiva y de imposición. Guillermo Moreno [secretario de Comercio] es el arquetipo de todo eso; toda su postura es antidemocrática.»

Alfredo no es Josef K., el personaje que Franz Kafka retrata en El proceso, pero a poco de entrar en «Morenolandia», el edificio donde funciona la Secretaría de Comercio, empieza a sentir que lo tratan como tal. Es importador textil y camina como una sombra por los pasillos en busca de precisiones sobre un cargamento de abrigos que ya zarpó de China, pero que no sabe si podrá ingresar al país. «Las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) las aprueban todas, pero después te traban igual la importación», cuenta.

Entre afiches de «Avanti morocha», y caricaturas del ex presidente Kirchner, vestido de futbolista y «metiéndole un gol» a un arco defendido por el logo de Clarín, aparecen carteles indicativos de cada oficina. «Lácteos y textiles», «Carnes», «Juguetes, calzados y acero» puede leerse en grandes puertas de vidrio, donde esperan resignados, como chicos de colegio secundario, los reclamantes.

Alfredo pasa por el 2° piso, donde no puede ingresar; llega luego a una oficina del 4° piso, donde, después de decirle que ahí es «Lealtad comercial» y no tienen nada que ver con las importaciones, lo envían al sector 1, que está en el 6°. Cuando al fin lo atienden, se asombran del reclamo y lo derivan otra vez al 2° piso. Allí donde lo enviaron hay una puerta cerrada y un vigilante que le dice: «No puede pasar. Ahí tiene un papel con el mail y teléfono para reclamar». Sentados en la escalera dos empresarios miran resignados. Otros cinco hacen fila, sin saber qué esperan. «Pasé dos horas dando vueltas y me voy con las manos vacías», se lamenta Alfredo.

Otro empresario, al borde de un ataque de nervios, quiere saber si podrá importar pintura. «¿Mandó el mail donde le dije?», le preguntan. «Sí, pero no tengo respuesta», contesta el hombre. «Bueno, siga insistiendo», remata el funcionario. «Andá con este papel, pedí que te anulen la orden y hacé el reclamo de nuevo. ¡Ojo, no digas que yo te mandé!», aconseja un señor de bigotes. «Hagan los deberes muchachos», grita otro. El cartel de entrada donde aún figura como secretario de Industria Eduardo Bianchi, tres días después de haber renunciado, debiera haberles dado a los empresarios una pista de la desidia que reina en el lugar.

Los sabuesos, presentes

Las averiguaciones e intimaciones de la AFIP son otras de las formas que toma el acoso con el que se tiene en vilo al contribuyente. Un importante tributarista opina que ese acoso estatal está dado por la imposición de trámites y por la invasión a la actividad económica. «La AFIP hace un rastreo general con un gran margen de error y envía cartas a todo el mundo -explica el contador, que pide no ser identificado-. Eso no está prohibido, pero debería ser más preciso para evitar cualquier alteración emocional de quien lo recibe, porque hay personas que se ponen muy mal con estas cosas.»

En el país hay 31 regímenes de información vigentes que obligan a diversos sujetos a suministrar datos sobre otros contribuyentes. En ocasiones estas tareas son laboriosas y requieren una estructura administrativa al servicio del organismo fiscal. Imponen multas de hasta $ 45.000 a aquellos que no informan, que pueden llegar a $ 450.000, en casos de incumplimiento reiterado.

Laura M. vive de su jubilación y no es evasora. Pero recibió una inspección impositiva en su casa. ¿Motivo? Intentó cambiar unos ahorros por US$ 2000. «El parámetro para negar la operación es azaroso -comenta el tributarista-. No existe ninguna norma que fije los límites. Eso también es maltrato estatal.»

El especialista cuenta otro caso absurdo. Un artista que tiene ingresos para justificar la compra de una gran suma de dólares recibe una negativa de la AFIP y, como no existe motivo legal para esa prohibición, lo que le dicen es que le enviarán una inspección. «Es la teoría de la amenaza, que aplica un organismo que hoy está conducido con total arbitrariedad», acota el contador.

Un empresario químico relata sus peripecias con Moreno. «Tengo que rendir cuenta de todos mis pagos a proveedores extranjeros, con anticipación de dos meses», comenta el ejecutivo. Ante la consulta de La Nacion sobre el acoso estatal, desde un banco privado ironizaron: «No, para nada. No nos dejan girar dividendos, pero eso es un detalle».

En la agencia 6 de la AFIP, en Luis María Campos 112, de Capital Federal, la dueña de una inmobiliaria se queja: «A ver si les piden todos estos datos a Boudou y sus amigos». Tramita la exención de un impuesto para que su clienta pueda vender una propiedad, pero termina enredada en los formularios que le exigen. «Falta que me pidan un ADN», dispara al partir. La Nacion trató de comunicarse con la AFIP, pero no obtuvo respuesta.

Elección restringida

Los consumidores, que se ven obligados a comprar lo que hay en las cada vez menos surtidas góndolas, también son víctimas del acoso estatal. Mucho más quienes no consiguen repuestos para sus autos o electrodomésticos, o aquellos que deben adelantar la compra en grandes cantidades de productos que saben que pronto no encontrarán, como lentes de contacto, medicamentos y pañales, entre otros.

Sabsay señala que en ciertos casos se da una extralimitación mayor en el accionar del Estado. «En el acoso sexual, el acoso es anterior a la violación -analiza el constitucionalista-. Pero hay medidas del Gobierno que implican una violación consumada de esferas de la libertad de una persona, como cuando se traba la importación de libros y se coarta así su acceso a la cultura y la información.»

Como en el cuento de las ranas dentro de una olla con agua que se calienta poco a poco hasta cocinarlas, el ciudadano argentino parece acostumbrado a este acoso. ¿Podría reclamar legalmente? Según Sabsay, sí. La mayor parte de las medidas del Gobierno son inconstitucionales, por lo que se podría interponer un amparo legal para hacerlas cesar. «Lo que pasa es que los actores económicos prefieren negociar antes que demandar y el resto sufre una trabazón en la voluntad de defenderse, porque sabe que ya no rige el derecho.»

El politólogo Sergio Berensztein, de Poliarquía, cree que esta falta de oposición ciudadana al acoso estatal se vincula con la debilidad de los partidos políticos. «La gente quizá no sabe que puede accionar, pero los partidos deberían informar, agrupar y poner los abogados para presentar el amparo», señala.

En medio de tanto acoso estatal, esta nota fue, a su modo, también víctima: muchos de los que participaron en ella pidieron no ser nombrados, por temor a represalias. «Si sale mi nombre, después no puedo trabajar más», se sinceró uno.
Fuente: La Nación, 15/04/12.
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El engañoso fin que justifica los medios

 

Gran parte de las medidas que conforman el acoso estatal no gozan de sustento constitucional, por lo que los ciudadanos podrían interponer amparos tendientes a hacer cesar sus efectos. Pero en la Argentina actual, eso no ocurre, un poco por desconocimiento y otro poco por la poca confianza que se tiene en un Poder Judicial, que también es acosado por el Ejecutivo.

El constitucionalista Daniel Sabsay explica que las reglas de la Constitución Nacional se enmarcan en el principio de legalidad, sobre el que tiene que reposar todo acto gubernamental. «Además, toda decisión de autoridad debe ser razonable y tratarse de un medio que lleve a un fin justificado, si no, se entra en la arbitrariedad», comenta.

Por ejemplo, señala el jurista, para el pago de impuestos, la privacidad sobre la propiedad, debe ceder, pero eso no debe implicar una irrupción abrupta en la vida privada de una persona. Ni tampoco debe significar, como expresa un reconocido tributarista, una invasión emocional.

El politólogo Sergio Berenstein, de la consultora Poliarquía, dice que el problema es que se esgrime un fin que en su enunciado es loable, como el del reparto más equitativo de la riqueza o el desarrollo de la industria nacional, para lograr objetivos políticos de corto plazo. «El Estado se usa como un instrumento de todos, pero en el fondo lo que hay es un gobierno depredador», opina Berenstein.

El politólogo dice que hacer esa distinción entre Estado y Gobierno es crucial, porque la Presidenta se sirve de esta confusión para sostener sus medidas y cualquiera que esté en contra queda tildado de antiestatista. «El Gobierno se cree el Estado y actúa desde el Estado. Cuando Cristina dice: «Me hacen esto» expresa esa simbiosis. Eso es un error», señala Berenstein.
Fuente: La Nación, 15/04/12.

Argentina: El futuro del dólar

El dólar anticipa la radicalización ante el riesgo de un tercer mandato K

Por Roberto Cachanosky

 

Instalada la idea de que Cristina Fernández de Kirchner ganará en octubre y con los ahorristas conociendo el desorden económico y la ausencia de límites del kirchnerismo, el tipo de cambio comienza a reflejar los temores frente a lo que vendrá.

 

La suba del tipo de cambio que se observa en el mercado informal y en el contado con liquidez está indicando que la fuga de capitales se está acelerando. ¿Por qué? Mi impresión es que la incertidumbre política y económica influye para que la gente se refugie en el dólar, pero, además, como se ha instalado que CFK ganaría las elecciones de octubre, esto influye con más intensidad en la fuga de capitales por miedo a una radicalización en caso de tener un nuevo mandato kirchnerista. La pregunta es: si CFK se presenta y gana las elecciones de octubre, ¿se radicalizará su gobierno? ¿Qué se entiende por radicalizarse?

Para responder a estas dos preguntas, primero hay que tener en claro cuál es la política económica del gobierno. La política económica consiste, básicamente, en estimular el consumo por encima de la generación de riqueza. El proceso lógico para aumentar el consumo es primero invertir, mejorar la productividad, generar más bienes y servicios y esa mayor riqueza generada permite entrar en niveles de consumo más elevados. El kircherismo, tomó el camino inverso, ha impulsado el consumo por encima de la generación de riqueza en todos estos años y, si hay otro mandato k, este sostener este consumo artificial será la única forma de mantener anestesiada a la gente par que no se produzcan desbordes sociales.

Pero la pregunta es: ¿cómo hizo el gobierno para incrementar el consumo durante todos estos años por encima de la riqueza generada?

Para lograr el objetivo mencionado utilizó muchos instrumentos. Veamos cuáles fueron.

Por un lado, consumió stock de capital. En materia de servicios públicos consumió el stock de capital acumulado en la década del 90. Particularmente en gas y combustibles. Le entregó combustible y energía barata a la gente a cambio de consumir el stock de capital acumulado. Las crecientes importaciones de combustibles son una videncia al respecto y los gigantescos subsidios que destina a este rubro son solo para mantener funcionando precariamente el sistema energético.

Algo similar ocurre con el transporte público. La gente viaja en horriblemente pero el boleto del colectivo, del tren o del subte no suben y se sostiene el costo operativo con subsidios.

Al dar energía y transporte artificialmente barato, la gente gasta menos en estos rubros y le queda más dinero para consumir en otros bienes. Puesto de otra forma, el dinero que la gente se “ahorró” en el colectivo, lo gastó en comprarse un celular en cuotas.

Otro ejemplo que puede darse sobre estimuló artificialmente del consumo es el caso de la carne. Prohibieron la exportación de carne y, al dejar de ser negocio la actividad ganadera, se liquidaron 15 millones de cabezas de vacunos. Por un tiempo hubo carne “barata” para todos, pero ahora la carne es cara porque nos consumimos el stock de capital.

Quienes transitamos continuamente las rutas de argentinas por razones de trabajo, vemos el consumo del stock de capital en ellas. Rutas con el pavimento en mal estado y sin líneas que marquen la banquina, algo realmente riesgoso en la noche, son algunos de los ejemplos que podemos dar al respecto.

A esto hay que agregarle el uso de las reservas del BCRA para pagar la deuda y la confiscación de los ahorros en las AFJP.

De manera que una primera forma de financiar más consumo es consumiendo stock de capital.

Otra manera de financiar un mayor consumo es vía el gasto público. Los subsidios llamados sociales han llegado a niveles propios de un país que fabrica pobres y tiene que sostenerlos como sea para tenerlos tranquilos, pero también aumentó el gasto público por los crecientes subsidios para mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos.

Ahora bien, ¿cómo financió el gobierno este fenomenal aumento del gasto público que estimula el consumo? Usó todos los mecanismos disponibles para financiar el gasto.

En primer lugar aumentó la presión impositiva hasta niveles asfixiantes. No solo subió los derechos de exportación, además no permite ajustar los balances por inflación, por lo tanto aplica un impuesto a las ganancias sobre utilidades ficticias. Pero esta estrategia no llegó solo a las empresas, sino que también afectó a los trabajadores en relación de dependencia al no incrementar los mínimos no imponibles. Por eso Moyano presiona al gobierno para que suba el mínimo no imponible. Porque como consigue fuertes aumentos para los trabajadores de su gremio, si no le ajustan el mínimo no imponible, terminan pagando más impuesto a las ganancias sobre sus salarios indexados.

A los trabajadores autónomos no les ajustan los montos deducibles por mantenimiento del automóvil, la familia, la medicina que paga, etc. y por lo tanto, también los castiga con impuesto a las ganancias sobre utilidades inexistentes.

Por el lado impositivo, el gobierno ha llegado a niveles salvajes de presión tributaria.

Otro mecanismo de financiar el gasto es con endeudamiento. Un dato a tener en cuenta, la deuda pública en diciembre de 2001 era de U$S 144.000 millones y representaba el 53,7% del PIB. En 2011, computando la deuda del BCRA de corto plazo que se usa para esterilizar parte de la emisión y considerando que el gobierno ha decidió que dicha institución no sea más independiente del Poder Ejecutivo, la deuda pública suma U$S 198.000 millones, el 53,7% del PIB. Es decir, no hubo tal política de desendeudamiento, sino que la deuda creció en términos absolutos y se mantuvo en relación al PIB respecto al momento del default, aclarando que solo logró mantener esa relación respecto al PIB luego de una gigantesca quita de la deuda defaulteada.

Para que el lector tenga una idea del descontrol de endeudamiento del gobierno y el poco prolijo manejo del Central, en enero de 2010 esta institución tenía en cartera títulos del gobierno nacional, con vencimientos de largo plazo (2016) e intransferibles, por $ 50.853 millones, y al 7 de mayo de este año esa deuda del tesoro con el Central llegaba a los $ 125.572 millones. Es decir, el gobierno se apropió de las reservas del central y le pidió financiamiento y a cambio le entregó títulos que no pueden ser vendidos por el Central que pagan una tasa real negativa aún en dólares, incrementado esta deuda en el equivalente a unos U$S 19.000 millones. Es decir, el Central incrementó su activo en el equivalente a U$S 19.000 millones con títulos del gobierno que no sirven para nada.

La otra forma de financiar el gasto que tiene el gobierno es aplicando el impuesto inflacionario. Abril de este año contra abril del año pasado el circulante creció el 40%. Pero aún tomando los dudosos números oficiales vemos que el PIB en pesos corrientes creció el 26% en 2010 contra un aumento del PIB del 9% a precios constantes, según cifras oficiales. Esto quiere decir que la inflación implícita en el cálculo del gobierno es que fue del 15,5% y no del 9 o 10 por ciento como informa el INDEC. Ni siquiera son consistentes cuando arman los números.

En definitiva, hasta ahora el gobierno ha utilizado todos los mecanismos a su disposición para financiarse: a) incremento de la presión tributaria, b) aumento del la deuda pública, c) impuesto inflacionario, d) consumo de stock de capital público y privado y e) confiscación de stocks privados.

Al comienzo de esta nota formulé dos preguntas: a) ¿se radicalizará el gobierno si gana las elecciones en octubre en caso de presentarse CFK? y b) ¿qué significa radicalizarse?

Empecemos por la pregunta b). Radicalizarse implicará, además de seguir avanzando sobre los derechos individuales, establecer más mecanismos de apropiación de flujos y stocks del sector privado para tratar de sostener niveles de consumo artificialmente altos. CFK no aceptaría nunca hacerse cargo del lío económico que han generado ella y su marido y, ya lo ha dicho, si quieren el ajuste que venga otro. Si no está dispuesta asumir el costo político de haber incentivado el consumo por encima de la generación de riqueza, cae de suyo que tendrá que buscar fuentes alternativas para sostener ese consumo artificial. Y aquí viene la respuesta a la primera pregunta. Por lógica consecuencia, si no quiere corregir sus horrores económicos y pretende seguir en este mundo artificial, alguien tendrá que pagar la fiesta. Y ese alguien pueden ser muchos sectores. Desde la estatización del comercio exterior, hasta la apropiación de las utilidades de las empresas privadas bajo el argumento de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Cualquier opción es válida para un gobierno que se ha definido como populista y que considera que el estado de derecho es sinónimo de poder absoluto del gobernante de turno.

El común de la gente no tiene porque conocer todos estos detalles de la situación económica y mucha gente seguramente podría votar por el oficialismo dado que solo mira el corto plazo y su situación actual porque desconoce la artificialidad de su nivel de consumo. Pero otros que sí advierten la inconsistencias actuales y tiene mejor grado de información gracias a que comprenden el proceso, ya están tomando posiciones en divisas extranjeras ante la amenaza que se cierne sobre la nación en caso de que CFK repitiera el mandato.

El mercado informal de cambio no mueve mucho dinero, pero refleja el comportamiento del ahorrista pequeño. Ese mercado muestra un dólar de $ 4,32 y en alza. ¿Qué nos indica esto? Que aquel que antes compraba un departamento hoy se va al dólar. Aquel que cambiaba el auto, ahora lo piensa dos veces. Es decir, puede ser, aunque no puedo afirmarlo, que de aquí a las elecciones el gobierno logre evitar un estallido cambiario, aunque el contado con liquidez está por encima de los $ 4.40, y ese sí que mueve mucho más dinero. Pero es probable que el consumo comience a retraerse por mayor demanda de divisas y menor demandas de bienes de consumo durable de algunos sectores de la población. Paralelamente, CFK tendría que acelerar los aumentos de salarios para que no se le caiga la demanda dada la inflación que todos sabemos que existe pero que el gobierno no solo la niega sino que ahora multa a quien dice que hay inflación. Tiene que hacerlo para llegar a las elecciones tratando de compensar el malestar por la inflación con más consumo artificial. Es decir, tiene que agravar la situación para sostenerse políticamente.

En síntesis, si Ud. cree que CFK repite su mandato, ya sabe lo que puede esperarle y cómo puede cubrirse, aunque sea, para salvar parte de su patrimonio, porque en ese hipotético caso, el gobierno se radicalizará más dado que será la única opción que tendrá, dentro de su forma de pensar, frente a una realidad económica cada vez mas compleja.
Fuente: Economía para Todos, 23/05/11.