La Justicia argentina pone un freno a Guillermo Moreno

septiembre 13, 2012 · Imprimir este artículo

Primer revés judicial de Moreno en su embestida contra las consultoras

Por Francisco Jueguen

 

El juez Marcelo Aguinsky dictaminó que la consultora de Graciela Bevacqua no había cometido un delito al publicar su propio índice de precios

 

Guillermo Moreno perdió un nuevo round contra la realidad. En una decisión que puede convertirse en un faro legal para causas similares y que busca consolidar la libertad de expresión y profesional en el país, la Justicia desestimó una denuncia penal impulsada por el secretario de Comercio Interior contra una consultora privada que elaboraba un índice alternativo de inflación.

Es el primer revés que sufre la embestida del funcionario contra las consultoras por la medición de los precios. La medida fue firmada por el juez en lo penal económico número 6 Marcelo Aguinsky -sobre un dictamen de la fiscal del mismo fuero María Gabriela Ruiz Morales- y benefició al centro de estudios Buenos Aires City y a sus directores, la ex directora del área de Precios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Graciela Bevacqua, y el economista de la UBA Nicolás Salvatore. El fallo determinó que la publicación del cálculo de inflación de la consultora no era delito penal.

«La actividad informativa que aquellos habían desplegado no constituía un riesgo jurídicamente desaprobado», afirmó en su dictamen la fiscal, interpretación que avaló el juez con su determinación final. «El acto que se pretende imputar en estos actuados, resulta ser estereotipado e inocuo, atento la profesión de economistas que detentan los denunciados, y resulta parte del ejercicio de la profesión liberal de los mismos», continuó.

La denuncia, presentada por Moreno hace alrededor de un año contra Bevacqua y Salvatore , se basaba en que los dos técnicos publicaban índices de información «falsos» con la finalidad de provocar la suba de los precios en el mercado interno e impulsar la distorsión de títulos públicos para beneficiarse ellos y otros agentes de sistema financiero.

El funcionario se había basado en el artículo 300 del Código Penal, que contempla el delito de «agiotaje» y que prevé penas efectivas de entre seis y dos años de prisión.

En el documento, que tiene fecha del viernes pasado, el juez indicó que «los hechos denunciados no podían ser considerados como constitutivos de delito alguno y que, como tales, eran insuficientes para provocar la intervención penal del Estado». LA NACION intentó consultar al juez de la causa, pero no obtuvo respuesta. Las partes, en tanto, aún no habían sido notificadas.

La fiscal consideró que las actividades de esos economistas eran «desarrolladas dentro de lo que socialmente se considera un riesgo permitido» y, en un párrafo anterior, sugirió que «una eliminación de todos los riesgos supondría la renuncia a actividades tales como los medios masivos de transporte, como el avión, los trenes, los automóviles […] o los modernos medios de comunicación, que permiten la difusión en forma masiva de contenidos informativos».

A pesar de esta decisión de la Justicia todavía quedan abiertas las causas que se dirimen en los tribunales contencioso administrativo y por las que las consultoras privadas enfrentan la posibilidad de pagar multas de hasta $ 500.000 por difundir sus propios índices.

«Es una muy buena noticia», afirmó Bevacqua. «Los argumentos eran ridículos. Sólo buscaban afectar la estimación de inflación que hacemos», agregó. «La denuncia era disparatada y sólo buscaba atemorizar, algo que el Gobierno logró», completó, en tanto, Marta Nercellas, abogada de Bevacqua.

«Este gobierno persigue sistemáticamente a opositores en diferentes ámbitos», dijo a este medio Salvatore. «Éste no era un caso por la especulación con los precios en los mercados, sino un atentado contra la liberta de expresión», denunció.

«Es la primera vez en toda mi vida profesional que veo algo así. Los economistas hablamos de la inflación, el PBI y el tipo de cambio, y nunca un gobierno nos había hecho un juicio por opinar», afirmó.

Del editor: Qué significa: El fallo refleja la debilidad de los argumentos legales de Moreno, que ya perdió causas contra ex empleados del Indec y contra el presidente de Shell.
Fuente: La Nación, 13/09/12.
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Un fallo que no despeja la amenaza de censura

Por Martín Kanenguiser

 

El pulgar hacia abajo del juez Marcelo Aguinsky ante la denuncia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sería acompañado por otras decisiones similares en la justicia penal. Sin embargo, la amenaza de multar a las consultoras que miden la inflación se mantiene.

Con esa guillotina económica encima, las mediciones privadas seguirán silenciadas, mientras cada vez más provincias dejan de hacer sus propios índices de precios al consumidor para sumarse a la sospechosa cifra del Indec. La inflación, por lo tanto, no tiene brújula: el Gobierno no habla de ella ni elabora medidas para frenarla, aunque, como ayer, la presidenta Cristina Kirchner haya aumentado las asignaciones familiares un 25%, en sintonía con la suba de precios registrada por fuera del Indec.

Los jueces Rafael Caputo y Alejandro Catania aún deben resolver si, como Aguinsky, también desestiman, ante la falta de pruebas, el pedido del Gobierno de avanzar penalmente contra los estudios Ferreres y Melconian-Santángelo, respectivamente.

Tras el paso en falso que dio al amagar con exigirles a diarios y a periodistas que revelen información sobre los índices de precios privados, Catania se llamó a silencio, pero tampoco pudo avanzar por la falta de elementos en contra de los consultores.

A pocos metros de esos despachos, el juez penal federal Rodolfo Canicoba Corral, que hasta ahora no había avanzado ni un paso en la denuncia en contra de Moreno y las autoridades del Indec formulada en 2007, comenzó a reclamar en estos días con enojo la pericia de expertos universitarios para las próximas tres semanas. Canicoba Corral no avanza, pero tampoco cierra la causa, manteniendo en alerta a los funcionarios ligados a Moreno, a tono con cierto declive sufrido en los últimos meses por el polémico secretario de Comercio Interior.

Sin embargo, en el fuero en lo contencioso administrativo -donde el Gobierno logró avanzar varias posiciones en los últimos años-, las causas contra todas las consultoras por presunta violación de la lealtad comercial se mantienen en pie. Pese a que las multas por $ 500.000 están en suspenso, la cámara del fuero aún no brinda señales de querer aflojar la presión sobre estos economistas, que reportan las mismas cifras que la CGT oficialista, la CTA de Hugo Yasky y el Cenda del viceministro Axel Kicillof.

Tarde o temprano, reconocen los consultores, deberán llegar con su reclamo a la Corte Suprema. Habrá que ver si el Gobierno, tal vez por presión internacional, recupera antes la sensatez y da cuenta de la suba verdadera de precios, que, en los alimentos, fue del 30% en el último año.
Fuente: La Nación, 13/09/12.
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Lectura recomendada:  La mentira estadística

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