Las lecciones de Grecia para Puerto Rico
marzo 29, 2016 · Imprimir este artículo
Las lecciones de Grecia para el caso de Puerto Rico
En momentos en que el Congreso de Estados Unidos se dispone a formular un remedio para la crisis de deuda de Puerto Rico, la experiencia de Europa con Grecia ofrece un ejemplo claro de los pasos en falso que deben evitarse.
Un informe del Fondo Monetario Internacional de fines del año pasado destacó los errores que cometió Europa. “La reestructuración de deuda, cuando finalmente se llevó a cabo, fue muy poca y demasiado tardía”, declaró.
La crisis de Grecia estalló en 2010, pero los gobiernos sólo aprobaron una reestructuración de la gigantesca deuda del país dos años después. Para entonces, los acreedores se vieron obligados a asumir grandes rebajas que, de todas maneras, resultaron insuficientes, señaló el reporte.
La lección para Washington sobre Puerto Rico parece sencilla: evitar un remedio amargo ahora —en la forma de una reestructuración de los US$70.000 millones en deuda de la isla principalmente en manos de inversionistas estadounidenses y puertorriqueños— aumenta las probabilidades de un rescate federal más adelante.
El Departamento del Tesoro ha propuesto designar una autoridad de supervisión fiscal para auditar las finanzas del estado libre asociado junto con un mecanismo de reestructuración de deuda, similar a una bancarrota supervisada por un juzgado, que entrará en efecto si las negociaciones voluntarias fracasan.
Los congresistas del Partido Republicano en la Cámara de Representantes se preparan para dar a conocer esta semana un borrador por el estilo, lo que ha desencadenado mucha actividad entre abogados y firmas de lobby para conseguir votos antes de que el Congreso regrese de sus vacaciones de Semana Santa.
El principal problema es simple. La economía de Puerto Rico se ha contraído desde 2006. Las oportunidades de empleo son escasas y disminuyen, las empresas están haciendo las maletas y los precios de las viviendas se desploman.
Los residentes de Puerto Rico, que son ciudadanos estadounidenses, se están mudando a territorio continental. La población se ha estado reduciendo desde 2005, pero el descenso se ha acelerado durante los últimos cinco años. Las personas en edad productiva se están marchando. Uno de cada cinco residentes es mayor de 60 años, una proporción mucho más alta que la de cualquier estado de la unión. La población de menores de 5 años se ha reducido 37% desde 2000.
“Si se espera, la crisis empeorará considerablemente. Más gente se irá”, predijo el mes pasado durante una audiencia Simon Johnson, ex economista jefe del FMI. “La base tributaria se seguirá desintegrando y los acreedores recibirán incluso menos”.
Puerto Rico se ha endeudado significativamente durante la última década para equilibrar sus presupuestos. En julio de 2014, el pago de la deuda absorbió 27% de los ingresos del gobierno, más del doble que cualquier estado de EE.UU., según Moody’s Investors Service.
Puerto Rico ya dejó de pagar algunas deudas pequeñas y el gobierno ha advertido sobre los pagos de más de US$2.000 millones que vencen en mayo y julio. La isla no puede reestructurar deudas municipales en un tribunal de quiebras porque no es un estado. Una ley local que hubiera creado un entorno similar fue anulada por una decisión judicial. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. escuchó argumentos sobre la apelación y se espera que emita un fallo en junio.
Un factor que complica el asunto es que la isla tiene una serie de emisiones de deuda con promesas de seguridad distintas, diseñadas a lo largo de los años para eludir los estándares de sostenibilidad de deuda. Esto ha hecho que algunos acreedores estén más dispuestos a acudir a los tribunales. Otros han sugerido que la isla ha maquillado sus tribulaciones fiscales.
El resultado es que algunos acreedores han sido reacios a ofrecer concesiones en las negociaciones voluntarias de reestructuración. También están presionando fuertemente en el Capitolio para debilitar la legislación de reestructuración, que algunos han caracterizado como un rescate a pesar de que la reestructuración no pone dinero de los contribuyentes en riesgo.
Analistas de las firmas de gestión de activos Pimco, AllianceBernstein y Nuveen Investments han cuestionado en las últimas semanas los argumentos de que una legislación de reestructuración para Puerto Rico acarrearía nuevos riesgos en el mercado de bonos municipales de US$3,7 billones. Sin un marco de reestructuración ordenada, la alternativa sería una serie de cesaciones de pagos y demandas. “Un calvario largo y costoso para todas las partes involucradas”, dijo Sean McCarthy, jefe de investigación de crédito municipal en Pacific Investment Management Co.
El ex secretario del Tesoro de EE.UU., Larry Summers, ha llamado al caso de Puerto Rico como una prueba para determinar si los intereses financieros controlan Washington.
Para los encargados de políticas, la opción no es necesariamente entre la reestructuración de la deuda o simplemente imponer una supervisión más estricta. Se trata de decidir entre abordar la crisis ahora o enfrentar llamados más costosos de ayuda posteriormente en forma de transferencias del gobierno federal o préstamos, dice Aníbal Acevedo Vilá, que fue gobernador de Puerto Rico entre 2005 y 2009. Por ejemplo, algunos defensores de los tenedores de bonos y líderes políticos locales están invocando los rescates de 2009 a las automotrices de Detroit para solicitar que el Departamento del Tesoro refinancie o garantice deudas.
Esto no es viable para Washington por el momento, ya que podría hacer que los contribuyentes tengan que pagar por un endeudamiento desenfrenado de Puerto Rico facilitado por Wall Street.
Los problemas no terminan allí. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. advirtieron el mes pasado que 20% de la población de la isla podría contraer el virus del zika transmitido por mosquitos en un brote durante mediados de año. Por otra parte, la compañía eléctrica de la isla cortó temporalmente a principios de mes la electricidad de un hospital que tiene US$4 millones en facturas pendientes.
La gran pregunta es cómo la economía de la isla va a frenar la emigración y regresar a la senda del crecimiento, una tarea que se vuelve más difícil en momentos en que los acreedores se pelean sobre quién debe asumir los costos de las malas inversiones.
Fuente: The Wall Street Journal, 27/03/16.
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