La transición hacia el nuevo gobierno está impactando con fuerza en el campo universitario. Después de la polémica por la designación del productor televisivo Juan Carlos Avila como secretario de Políticas Universitarias para la futura gestión nacional de Esteban Bullrich, ahora una decisión de las autoridades que dejan el Ministerio provocó otra controversia: esta semana la presidenta Cristina Fernández dispuso un “reparto discrecional” de casi 400 millones de pesos a universidades ligadas a funcionarios del actual gobierno y a la Cámpora.

Se trata de una planilla incluida en el decreto de Necesidad y Urgencia N° 2358, que incrementó el gasto para todos los ministerios en más de 130 mil millones de pesos, a días de dejar el poder. Una de las páginas del anexo (la número 690) puso en alerta a los rectores de casi todo el país. Es que otorga 170 millones a la Universidad de José C. Paz; 60 millones de pesos a la Arturo Jauretche (Florencio Varela); 70 millones a la de San Martín y 52 a la de Tres de Febrero.

Pero la reacción más dura es por el otorgamiento de 12,5 millones a las de Hurlingham, Comechingones (en Mercedes, provincia de san Luis), Alto Uruguay (Misiones) y Rafaela (Santa Fe).

“Son fondos que no tienen un destino asignado. Se pueden usar para cualquier cosa. Pero además, se trata de instituciones que ni siquiera tienen alumnos”, se quejó un rector de la provincia de Buenos Aires.

La de Hurlingham fue creada este año y, efectivamente, todavía no tiene alumnos. Fue promovida por Horacio “Juanchi” Zabaleta, secretario del vicepresidente Amado Boudou y flamante intendente electo de ese distrito del conurbano. Su rector normalizador es Jaime Perczlyk, subsecretario de Educación del ministerio que aún conduce Alberto Sileoni.

“Estábamos esperando fondos de Nación, pero teníamos expectativa de que se repartieran según los parámetros habituales. Queremos ver si podemos lograr una redistribución”, dijo a Clarín el rector de la UNICEN (Tandil), Roberto Tassara.

En la misma línea están los directivos de la Universidad Nacional de La Plata y la de Mar del Plata. “Es que han derivado fondos a entidades que serán refugio de dirigentes de La Cámpora”, fue otra de las conclusiones de un rector que dirige una casa de estudios con más de 50 mil alumnos, pero que quedó afuera del reparto.

En realidad, las otras 32 universidades nacionales –incluida la UBA, la de La Plata, Córdoba y Tucumán, por mencionar algunas– no obtuvieron fondos de esta partida urgente que resolvió la presidente que termina su mandato el 10 de diciembre. “Nos explicaron que las nóminas se confeccionaron en el Ministerio de Economía”, confió a este diario otro directivo universitario que buscaba explicaciones a la medida.

Un caso similar ocurre con Rafaela. Esa universidad se votó hace un año en el Senado y funciona en una sede cedida por la UTN. Fue impulsada por el diputado y ex candidato a gobernador santafecino, el kirchnerista Omar Perotti. Tampoco empezó a dictar clases y tendrá 12,5 millones para gastar sin rendición. Desde que se difundió el detalle del decreto, comenzaron intensas gestiones entre rectores bonaerenses y funcionarios de Educación. Incluso los que tienen más afinidad con el oficialismo se mostraron molestos.