Alertados por la noticia de que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral no tiene previsto citar al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, ni a los directivos del INDEC por la escandalosa denuncia sobre la evidente y pública manipulación de datos del índice de precios al consumidor iniciada en 2007, es que retomamos la posta y volvemos a insistir con el tema. (…)
El engaño y la manipulación estadística orquestada a través de la ilegítima intervención del INDEC resultan evidentes para todos los ciudadanos de bien que habitan el suelo argentino, con excepción de los funcionarios públicos corruptos que ya todos conocemos. Es hora de que los argentinos honestos abandonen su zona de comodidad y tomen acción para terminar de una vez por todas con este ‘abuso intelectual’ al cual nos vemos sometidos. Si así no lo hiciéramos que Dios y la Patria nos lo demanden.
El banquero Krull se declara culpable del lavado de 1.200 millones de PDVSA y todo apunta a Maduro
Nicolás Maduro, en Caracas junto al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, con el que mantiene una excelente relación.
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El alemán Matthias Krull, exjecutivo de un banco suizo, se declaró este miércoles culpable de Lavado de Dinero en una corte de Miami (Estados Unidos) como parte de una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Admitió que movió millones de dólares a favor de los hijastros de un político venezolano que fuentes de Univision Noticias identificaron como el presidente Nicolás Maduro.
En su declaración de culpabilidad, según Univisión, Krull, de 44 años y quien residía en Panamá, desveló que asesoró en operaciones de lavado de dinero a un cómplice identificado por la denuncia criminal como un empresario dedicado al negocio de la televisión y a quien el documento se refiere como ‘Conspirador 7’.
Cuatro fuentes independientes, con conocimiento directo de la investigación, confirmaron a Univision Noticias que se trata de Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión que opera en Venezuela, un hecho corroborado por otros medios de comunicación que también han identificado con sus fuentes a Gorrín como el ‘Conspirador 7’.
Howard Srebnick, abogado de Raúl Gorrín en Miami, no quiso hacer declaraciones a Univisión sobre el caso, aunque sí aseguró que su cliente niega estar involucrado en las operaciones de lavado de dinero de Krull.
Gorrín tiene propiedades en Florida, además de ser dueño en Venezuela del canal de televisión que cambió la línea editorial para favorecer al gobierno de Nicolás Maduro, sumándose a la censura oficial, asegura Univisión. También es propietario de Seguros La Vitalicia.
Krull reconoció a la juez que recibió instrucciones del ‘Conspirador 7’ para mover 159 millones de euros de los tres individuos identificados en la denuncia como ‘Los Chamos’.
De acuerdo a las fuentes de Univision Noticias, ‘Los Chamos’ son los hermanos Gavidia Flores, hijos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, esposa de Maduro e hijastros del presidente que ha llevado el país al abismo.
Según el sumario del caso, el ‘Conspirador 7’ llamó a Krull a su oficina en Venezuela en relación a 200 millones de dólares. “‘Conspirador 7’, aseguro que necesitaba una decisión urgente para mover estos fondos, y quería que Krull conociera a los dueños de los fondos’’, recoge Univisión.
La investigación, denominada ‘Operation Money Flight’, que ha sido identificada como la mayor operación en materia de lavado de dinero en Florida, se reveló a finales de julio cuando fueron aprehendidos Krull, en Miami, y Gustavo Adolfo Hernández Frieri, en Italia. Ambos fueron identificados como los cerebros financieros de las operaciones de lavado.
Así fue operación que desmanteló una supuesta red de exfuncionarios chavistas que intentaba lavar 1.200 millones de dólares.
Otras nueve personas fueron acusadas de pertenecer al esquema. Entre ellas, el uruguayo Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara y al portugués Hugo Andre Ramalho Gois por su supuesta participación en el complot, que utilizaba propiedades inmobiliarias en Miami y planes complejos de inversiones para lograr sus objetivos. La acusación, además, menciona una trama de lavado de dinero en la que participaron funcionarios, banqueros y algunos personajes solamente identificados como “conspiradores”, “funcionarios” o “fuente confidencial” (CS, en inglés).
El pasado viernes la fiscalía federal de Miami, encausó a un nueco personales. Se trata de Mario Enrique Bonilla Vallera, a quien se le atribuye actuar como testaferro de ‘Los Chamos’ en cuentas bancarias y otros negocios.
Los cargos establecen que el ‘Conspirador 7’ presentó a Krull a ‘Los Chamos’. El padrastro de esos chamos es identificado en la denuncia como “Funcionario Venezolano 2”. El gobierno de Venezuela no se ha pronunciado sobre el caso.
Durante la audiencia, Krull permaneció sentado entre sus abogados. Univisión detalla que vestía un arrugado uniforme carcelario de color beige, medias marrones y sandalias de goma bajo las cadenas de sus tobillos. Miraba fijamente a la jueza Cecilia Altonaga desde sus lentes de pasta negros. Tomaba agua en un vaso de plástico y se inclinaba al micrófono de su mesa para responder breve y conciso a las preguntas. Solo tuvo que aclarar su voz luego de la lectura completa de los hechos que lo involucran con detalles de reuniones y “conspiradores” en la trama de lavado. “Sí, yo soy”, pronunció en inglés.
“Entiendo y estoy de acuerdo”, dijo en cuatro oportunidades y aceptó también cuando la jueza mencionó la posible sentencia de 10 años como consecuencia de su aceptación de culpabilidad.
“Krull manejaba actividades bancarias para numerosos funcionarios venezolanos y cleptócratas”, se lee en los documentos de la corte, que además señalan que era el “banquero personal del Conspirador 7”. Por tanto, aceptó, sin negarlo, que blanqueó 1.200 millones de dólares obtenidos por fraudes y malos manejos. También admitió que la trama involucra a conspiradores y funcionarios venezolanos.
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El funcionamiento de la trama
Krull admitió que la conspiración comenzó en diciembre de 2014 con un plan diseñado para malversar alrededor de 600 millones de dólares de PDVSA obtenidos mediante sobornos y fraudes, y que él se unió en 2016.
Según la demanda judicial, hacia mayo de 2015, la trama supuestamente dobló el monto del fraude a 1.200 millones de dólares desfalcados de la compañía.
Krull corroboró que en la trama están implicados responsables financieros, compañías inmobiliarias, bancos y casas de bolsa en Estados Unidos y otras partes que operaban como una red profesional de lavado de dinero.
La ONU, que es la mayor organización internacional existente, ha permitido que en sus pasillos caminen impunemente personajes que hoy enfrentan investigaciones.
Por Sabrina Martín.
Se “desmorona” la integridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual se ha convertido en una especie de refugio para funcionarios involucrados en graves casos de corrupción.
El organismo, que es la mayor organización internacional existente, ha permitido que en sus pasillos caminen impunemente personajes que hoy enfrentan investigaciones y que han sido señaladas hasta de delitos como el lavado de dinero.
Fue en 2015 cuando se destapó uno de los más grandes casos de corrupción en la historia de la ONU, pues John Ashe, diplomático de Antigua y Barbuda y expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue detenido en Nueva York tras aceptar sobornos de empresarios chinos.
Desde ahí, el organismo internacional se ha ido desprestigiando, al punto de que a nivel mundial se empieza a dudar sobre su verdadera misión.
Bachelet: silencio y corrupción
Uno de los ejemplos más recientes es el nombramiento de la expresidente de Chile, Michelle Bachelet, como Alta Comisionada de Derechos Humanos en la ONU.
Hasta hace pocos meses, Bachelet respaldaba abiertamenteal régimen de Nicolás Maduro; nunca se atrevió a calificarlo como dictador ni a condenar enérgicamente las violaciones a los derechos en Venezuela; por el contrario, prefirió mantenerse en silencio.
Pero no es solo una paradoja el hecho de que la exmandataria ahora sea funcionaria de la ONU como defensora de DD. HH., también lo es el hecho de que tanto ella como su hijo se vieran vinculados por corrupción en Chile en relación con un millonario negocio inmobiliario.
Heredia: lavado de activos
Pero el caso de Bachelet no es el único que ayuda a desprestigiar aún más a la ONU, pues en 2016 se conoció que Nadine Heredia, exprimera dama de Perú, sería funcionaria de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Heredia recibiría inmunidad diplomática al trabajar para el organismo internacional, a pesar de estar involucrada “hasta el cuello” por el caso Lava Jato, el caso de corrupción más grande de América Latina.
Mientras Nadine era investigada en Perú por lavado de activos y fraude, la ONU la nombraba funcionaria de enlace de la FAO en Ginebra.
Fue en mayo de 2017 cuando Heredia decidió renunciar a dicho cargo “debido a las reglas de conducta” que le impuso el Poder Judicial de Perú, a causa del proceso por lavado de activos que afronta; no fue la ONU quien decidiera prescindir de sus servicios al conocer el escándalo.
La hija de Chávez
Pero como si esto no fuera poco, se mantiene el continuo desprestigio de la ONU con casos como el de los venezolanos María Gabriela Chávez y Rafael Ramírez.
La hija del expresidente Hugo Chávez Frías fue designada embajadora alterna de Venezuela ante la ONU. Es la mujer más rica del país suramericano, y una de las primeras en el mundo. De acuerdo con la revista Forbes, tendría más de USD $4.000 millones en sus cuentas de Andorra y EE. UU.
La hija del expresidente venezolano estaría involucrada en una organización delictiva que tiene vínculos internacionales y actividades de lavado de dinero.
Además, se vio “salpicada” por el escándalo relacionado con la venta de sobreprecio de arroz en Argentina.
De acuerdo con el diario Clarín, en los embarques de arroz dirigidos al país caribeño, la única beneficiaria es una firma desconocida en el sector, que vende a precios muy inflados y cuyos dueños tienen trato directo con Julio De Vido, exembajador argentino en Venezuela, y con María Gabriela Chávez.
Otro por lavado de dinero
Pero el más descarado caso de cómo la ONU se ha convertido en refugio de graves corruptos, es el de Rafael Ramírez, quien hasta 2017 fue representante de Venezuela en la ONU y contaba con inmunidad diplomática.
Actualmente, Ramírez es investigado en Estados Unidos y en Venezuela por corrupción en la estatal petrolera PDVSA. En diciembre pasó a la clandestinidad, luego de que el régimen de Maduro lo dejara escapar.
El exfuncionario de la ONU fue pieza común de lavado de dinero en EE. UU. y Europa. Ramírez estaría involucrado en acciones ilícitas en suelo norteamericano luego de que se conociera que su hermano, Fidel Ramírez Carreño, está entre los beneficiarios del envío de millones de dólares con soporte en facturas falsas.
Acoso sexual
A todo esto se suma el escándalo internacional de casos de abuso sexual al interior del organismo, tras una investigación divulgada por The Guardian en la que se señala a la ONU de haber permitido la proliferación de casos de acoso y agresión sexual contra sus empleadas en sus oficinas de todo el mundo.
El periódico británico entrevistó a docenas de trabajadores y exempleados de la organización, quienes describieron una “cultura del silencio” dentro de su estructura. Según la investigación, a pesar de las denuncias, todos los supuestos agresores continúan en sus puestos de trabajo.
Y es que, en teoría, la ONU fue creada para facilitar la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. Sin embargo, dichos objetivos solo han quedado plasmados en papel.
Hoy, esta organización no solo no exige requisitos mínimos de integridad y experiencia para que un funcionario sea parte de ella, sino que, además, sus organismos independientes dejan mucho que desear, como el Consejo de Seguridad, el cual se ha mantenido silente ante la dictadura en Venezuela y la necesidad de que exista una intervención humanitaria en el país suramericano tras la grave crisis.
Fue el hombre más rico de Brasil, lo perdió todo y ahora pasará 30 años en la cárcel
SAN PABLO — Hubo un momento en que Eike Batista lo tenía todo. Era el hombre más rico de Brasil, las revistas de negocios lo calificaban como el mejor empresario del país y los políticos, de la presidenta para abajo, hacían cola para sacarse fotos con él. La crisis económica brasileña y la operación Lava Jato terminaron por llevarse puesto todo: primero a sus empresas y después a él, que ahora deberá pasar 30 años en la cárcel.
Eike Batista.
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Batista fue declarado ayer culpable de pagar 16,5 millones de dólares en sobornos al entonces gobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral para obtener ventajas en contratos con el estado. Cabral, que ya purgaba prisión por otros casos, también fue condenado.
Emblema de los años en que Brasil era el país favorito de los mercados, Batista llegó a ser clasificado en 2012 como la séptima fortuna del mundo por la revista Forbes, antes de iniciar su frenética caída a mediados de ese mismo año. Hace seis años tenía un patrimonio de 30.000 millones de dólares.
Pese a no tener estudios universitarios, este brasileño construyó por su cuenta el grupo de minería y energía EBX, y logró que subiera como la espuma.
«Quiero ayudar a una generación entera de brasileros a estar orgullosos», dijo durante una entrevista en 2007. En su momento, Batista dijo a los inversores que Brasil tenía un potencial de crecimiento exponencial y se postuló como el mejor vehículo para quienes quisieran ganar plata. «Mi caballo de carrera es Brasil», dijo. «Y hoy Brasil tiene la riqueza que tenía Estados Unidos en el siglo pasado».
En el pico de su influencia, Batista se retrataba a sí mismo como un empresario filántropo comprometido con mejorar la calidad de vida de Río de Janeiro. Donó patrulleros a la policía local, invirtió en la renovación de un hotel famoso y ayudó a limpiar el lago para los Juegos Olímpicos de 2016.
Llegó a declarar públicamente que quería sobrepasar al mexicano Carlos Slim como el hombre más rico del mundo en 2015, pero su imperio había empezado a crujir mucho antes de eso.
Su compañía entró en bancarrota en 2013 cuando la petrolera OGX reconoció que no cumpliría con sus metas de producción y los mercados le dieran la espalda. Su fortuna no hizo más que decaer a partir de 2014, cuando la economía brasileña entró en recesión y la justicia federal empezó una investigación sobre financiamiento ilegal de la política que derrumbó a políticos y empresarios.
Sentencia
Un juez federal en Río de Janeiro firmó la sentencia anteayer, pero sólo se conoció ampliamente ayer. Fernando Martins, abogado de Batista, se quejó de que la causa contra su defendido era vaga y dijo que apelará, de acuerdo con medios brasileños.
La causa es parte de una investigación de lavado de dinero y ocultamiento de aproximadamente 100 millones de dólares en cuentas bancarias en el extranjero. La fiscalía dice que casi 80 millones de la suma le pertenecían a Cabral. La pesquisa derivó de la operación Lava Jato sobre el sistemático pago de sobornos y contribuciones ilegales de campaña a políticos a cambio de acuerdos favorables para compañías.
El arresto de Batista el año pasado por los cargos de corrupción estuvo rodeado de drama. La policía inicialmente fue a la casa de Batista en Río de Janeiro para ejecutar la orden de arresto, pero éste no se encontraba allí. Su abogado dijo que estaba viajando por el extranjero. Pese a las garantías del abogado de que Batista se entregaría una vez regresase del viaje, la policía federal le pidió ayuda a Interpol para localizarlo y dijo que se le consideró brevemente como fugitivo. Cuatro días después del intento inicial, Batista fue arrestado al bajarse de un vuelo comercial procedente de Nueva York.
Suiza se une a sanciones de la UE contra miembros de la dictadura venezolana
Ya son 42 las naciones que individualmente o como parte de grupos, establecen limitaciones a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro para movilizar sus capitales.
Por Sabrina Martín.
Se le “achica el mundo” al régimen de Nicolás Maduro; el gobierno de Suiza anunció que se suma a las sanciones contra la dictadura en Venezuela tras alinearse al paquete de medidas asumidas por la Unión Europea.
El país europeo señaló que se suma a las sanciones para castigar la constante violación a derechos humanos en el país suramericano.
Gobierno de Suiza sanciona al titular del MRI Néstor Reverol; al director del Sebin Gustavo González López; a pdta CNE Tibisay Lucena; al del TSJ Maikel Moreno; al fiscal designado por ANC Tarek William Saab, al constituyentista Diosdado Cabello y al general Antonio Benavides T.
Entre las medidas está un embargo de armas a Venezuela, prohibiendo la venta, suministro y exportación de armamento, que pudiera servir al régimen para continuar reprimiendo a la disidencia.
Asímismo, incluyó un veto de exportación y venta de equipos de espionaje “que puedan servir para seguir e interceptar comunicaciones por teléfono y por internet”.
Otras medidas incluyen el congelamiento de activos y la prohibición de tránsito para personas, firmas y organizaciones relacionadas con el régimen; incluyó en su primer listado a siete ministros y funcionarios de alto rango de Venezuela.
Entre los sancionados están Diosdado Cabello, el “número dos” del chavismo; Tibisay Lucena, presidenta del chavista Consejo Nacional Electoral; el usurpador fiscal general Tarek William Saab; el presidente del chavista Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; y los militares Antonio Benavides Torres, Gustavo González López y Néstor Reverol.
Suiza, que se había mantenido “bajo perfil” ante la crítica situación en Venezuela, se declaró “seriamente preocupada por las reiteradas violaciones a las libertades individuales”; además calificó de “gravemente mermado” el principio de la separación de poderes.
El país europeo no escatimó en dudar de las próximas elecciones presidenciales pautadas por el régimen de Maduro y señaló que el proceso “carece seriamente de legitimidad”.
Con este anuncio, Suiza se suma a los países miembros de la Unión Europea, así como a otras 10 naciones europeas que finalmente decidieron sancionar al régimen de Nicolás Maduro.
Y es que así como el chavismo acelera las elecciones en Venezuela sin garantías que permitan comicios libres y transparentes, también se aceleran las decisiones internacionales para “ahorcar” política y económicamente a la dictadura.
Al parecer, con el pasar de los días y la profundización de la crisis y la dictadura en Venezuela, al chavismo se le achica el mundo, pues los gobiernos están tomando la decisión de aislarlo. Con esto, ahora son 42 naciones que han decidido sancionar al régimen de Maduro.
Se avecina un bloqueo financiero
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que convocará a sus homólogos de Canadá, el Reino Unido y miembros de la Unión Europea el próximo mes de abril para coordinar los esfuerzos; la intención será emprender un “paquete de encierro” como parte de nuevas sanciones conjuntas.
Los países utilizarán la red de inteligencia financiera para bloquear e impedir cualquier movimiento financiero del chavismo; se trata de más de 50 gobiernos dispuestos a seguir presionando a Nicolás Maduro para obligarlo a una salida democrática y pacífica ante la grave crisis en Venezuela.
Una lista de castigos internacionales
Hay que reconocer que el primer país en asumir sanciones contra la dictadura en Venezuela fue Estados Unidos; empezó castigando a funcionarios del chavismo corruptos y violadores de derechos humanos, y ahora continúa con acciones económicas que achican el panorama político y económico del régimen.
Con la llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha intensificado la presión al Gobierno venezolano con continuas rondas de sanciones económicas individuales y también financieras.
Estados Unidos mantiene a 57 funcionarios del chavismo en una lista negra de sanciones, en la que no solo les bloqueó sus bienes y activos, sino que además les negó el ingreso a suelo norteamericano. Del mismo modo, prohibió tanto a empresas como a ciudadanos estadounidenses tener relación comercial alguna con cualquiera de los sancionados.
En agosto de 2017, Estados Unidos anunció sus primeras sanciones económicas contra el gobierno de Venezuela; lo que representó un duro golpe financiero para el país suramericano sostenido por la dictadura de Nicolás Maduro.
Prohibió al régimen de Maduro y a su petrolera estatal, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), vender nuevos bonos a estadounidenses o a instituciones financieras del país norteamericano.
Todo esto llevó a Maduro a crear una supuesta criptomoneda chavista llamada El Petro, para evadir las sanciones; lo que trajo como respuesta de Trump la prohibición desde Estados Unidos de cualquier transacción con la cybermoneda chavista.
Nicolás Maduro ha dejado ver que las sanciones internacionales son su debilidad. Esto se vio reflejado en las negociaciones que mantenía con la oposición venezolana, pues una de sus exigencias era el cese de las sanciones en su contra.
Canadá por su parte, se ha sumado a las mismas sanciones de Estados Unidos, mientras que la Unión Europea y otros diez países de ese continente, emitieron en enero las primeras medidas específicamente contra funcionarios del chavismo.
Costa Rica se convirtió en el primer país de América Latina que se sumó a las sanciones, pues tomó la decisión de impedir el ingreso a su territorio del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y su familia.
Las acciones tomadas por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, diez países de Europa y Costa Rica, surgieron para castigar las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura y los actos de corrupción emprendidos por funcionarios del chavismo.
Estos gobiernos indican que las sanciones solo se levantarán, si es el caso, cuando se restablezca el Estado de derecho y la democracia constitucional en Venezuela.
El ex gobernador Sapag, acusado de querer depositar coimas por US$ 5 millones en un paraíso fiscal
El ex mandatario de Neuquén intentó abrir dos cuentas vinculadas a sociedades creadas en Belice.
El ex gobernador neuquino Jorge Sapag habría cobrado coimas por US$ 5 millones. .
El ex gobernador de Neuquén Jorge Sapag quedó envuelto en una fuerte polémica por una revelación periodística del diario El País, donde se lo acusa de haber intentado depositar supuestas coimas por 5 millones de dólares en la Banca privada d’Andorra (BPA), en el año 2008.
Según la documentación publicada, Sapag -quien gobernó la provincia patagónica entre 20087 y 2015- quiso abrir dos cuentas vinculadas a sociedades creadas en el paraíso fiscal de Belice. Sin embargo, el banco rechazó la operatoria por sospechar que se trataba de dinero mal habido.
La entidad financiera argumentó que los fondos que Sapag pretendía depositar correspondían a «comisiones y regalías originadas por las intermediaciones en las renegociaciones de las concesiones que se otorgan periódicamente a empresas reconocidas en la explotación de petróleo en esa región”.
Otro de los argumentos que expuso la BPA para rechazar la operatoria del entonces gobernador fue que se trataba de una «Persona Políticamente Expuesta (PEP)». Sapag intentó nombrar como beneficiario de las cuentas al ex secretario de Recursos Naturales y ex ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco.
El ex mandatario preveía transferir inicialmente a cada depósito un millón de dólares -alrededor de 819.000 euros- desde una empresa off shore. “Las cuentas irán alimentándose anualmente dependiendo de los periodos de renegociación de contratos”, comunicó el neuquino a la BPA, según esta entidad.
El concepto de una “Persona Políticamente Expuesta” (PEP) se originó en Suiza. Durante más de veinticinco años, las instituciones financieras suizas han tenido la obligación de implementar una diligencia debida reforzada cuando entran en contacto comercial con altas figuras políticas extranjeras y sus familiares.
Es importante resaltar que se requiere tener presente el alcance de la definición de “PEP”, pues para el GAFI, es un individuo de alto rango”, es decir, que cumple o ha cumplido funciones públicas destacadas, incluyendo jefes de estado o de gobierno, miembros de alto rango del poder judicial o de las fuerzas armadas, ejecutivos principales de empresas del estado y miembros influyentes de los partidos políticos.
Definición que no alcanza a los individuos de mediano o de menos experiencia. No obstante, la definición va más allá que políticos y funcionarios gubernamentales.
Sin embargo, el verdadero riesgo lo representan los intermediarios y los asesores, aquellos que se mantienen escondidos, que hacen los acuerdos, conocen los secretos y que por lo general son quienes participan en las aperturas de las cuentas.
El aceptar y administrar fondos de “PEP” corruptos, perjudica la reputación de cualquier Institución Financiera, dañando la confianza del público, pues ese tipo de escándalos recibe amplia publicidad o cobertura de los medios de comunicación y una fuerte reacción socio – política.
Así mismo, la Institución Financiera podría verse sometida a solicitudes de información y a la aplicación de cualquier orden judicial sobre los bienes por parte de las autoridades judiciales (incluyendo procedimientos de asistencia mutua internacional en asuntos delictivos) o enfrentar juicios por daños y perjuicios interpuestos por el Estado o las víctimas.
En ciertas circunstancias, la Institución Financiera y/o sus miembros oficiales y empleados pueden estar expuestos a acusaciones del delito de Lavado de dinero, si estaban en conocimiento o de haberlo estado, que los fondos provenían de la corrupción u otros delitos graves.
Muchos países han modificado o están en el proceso de modificar sus leyes y reglamentos, para sancionar la corrupción de empleados públicos y funcionarios de estados extranjeros, en conformidad con los convenios internacionales.
En estos Estados, la corrupción extranjera, el delito de Legitimación de Capitales está establecido, aplicándose por consiguiente todas las leyes y reglamentos pertinentes contra el delito (por ejemplo, reporte de actividades sospechosas, prohibición de notificación del cliente, entre otros.)
No obstante, incluso sin un fundamento legal, resulta manifiestamente inmoral o incompatible con la conducción apropiada a las operaciones financieras, aceptar o mantener una relación comercial si la Institución está en conocimiento o debería suponerlo que los fondos provienen de la corrupción o uso indebido de bienes públicos.
De ahí la imperiosa necesidad de que el banco identifique totalmente a toda persona sospechosa de ser un “PEP”, así como a las personas y compañías relacionadas con ella, antes de establecer cualquier tipo de relación comercial. Las instituciones deben recabar suficiente información de un cliente nuevo y verificar la información públicamente disponible para determinar si el cliente es o no una persona políticamente expuesta.
Deben investigar el origen de los fondos antes de aceptar a un “PEP”. Es importante destacar, que La Directiva de la Unión Europea, aclara la definición de personas expuestas políticamente, que los estados miembro deben implementar en Diciembre del 2007, así pues identifica a las “PEP” como: individuos extranjeros en cargos públicos prominentes, sus familiares y asociados cercanos, pero quien queda incluido en la definición puede variar de acuerdo al estado miembro, teniendo en cuenta sus diferencias sociales, políticas y económicas, expresó la comisión en un documento borrador.
En general, la función pública ejercida a niveles inferiores que el nacional no debería ser considerada prominente de acuerdo con la definición PEP. Así mismo, expreso que las personas no deberían ser consideradas PEP sino hasta como mínimo de un año después de haber asumido al cargo en cuestión.
REGISTRO AUTOMOTOR, un Frankestein del Estado confiscatorio
Autor: #Bajenelgastopublico @hpititiminisky
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Mientras algunos juzgan de manera injusta a Sarmiento y Roca, del siglo XIX, con los valores del siglo XXI, la clase dirigente argentina del siglo XXI impunemente toma medidas que nos impiden ingresar al siglo XXI, con lo cual miramos al siglo XXI impotentes con la «ñata contra el vidrio», sin entrar.
Cuando uno osa realizar propuestas para modificar esta realidad, saltan quienes dicen que modificar esto es imposible, que siempre fue así y siempre así será porque así lo quieren los que tienen el poder. Una de estas medidas tomadas por la clase dirigente, para beneficio propio y en detrimento del resto de la población, es la creación del Registro Automotor.
El Registro Automotor es un Frankestein, un monopolio privado regulado por el Estado y entregado sin licitación, que depende del Ministerio de Justicia, con poder para cobrar lo que quieran, brindando un servicio pésimo y carísimo, que no existe en ningún lugar civilizado del mundo democrático y capitalista.
Los desafío a usar el buscador de Twitter escribiendo dos palabras: «registro automotor», para que vean el rosario de quejas de la gente común que le toca ir a hacer trámites allí, las sospechas generalizadas sobre cómo fueron adjudicados y la fortuna que tienen que pagar por simples trámites, algunos verdaderamente sinsentido en la era de Internet.
Además, el Registro Automotor, al ser una caja de la política, parece que no existiera frente a los cada vez más rigurosos controles de la AFIP. Este organismo realiza cobros en efectivo, y la AFIP no le exige factura electrónica ni posnet, como le exige a otras actividades comerciales más riesgosas y productivas.
Por ejemplo, para transferir un vehículo usado de $ 30 mil en CABA hay que pagar 16 impuestos diferentes que le harán perder $ 3500. De esta cifra, alrededor de $ 1500 van directo al bolsillo del dueño del Registro Automotor (alrededor del 5% del valor del vehículo).
Impuestos Sellos CABA o ARBA:
$1800
Arancel de transferencia:
$300
Formulario 08:
$150
Certificación de firma:
$210
Cédula:
$220
Título:
$110
Envío de legajo:
$110
Formulario 13 (Patentes):
$144
Formulario 13a (Alta Impositiva):
$60
Formulario 13i (Consulta de infracciones en territorio argentino):
$160
Formulario 13s:
$36
Formulario 13p (Consulta de deuda de automotor):
$28
Deuda por multas:
$15
Act. Imp. Rentas:
$90
Alt. Imp. por correo:
$20
Baja Impositiva:
$70
Total:
$ 3500
Para darse una idea del volumen de este negocio malhabido (pero legal) de los Registro Automotor, en Argentina en 2016 se vendieron, según ADEFA, alrededor de 720 mil vehículos 0km. Si a esto le sumamos alrededor de 1,5 millones de usados que se vendieron en 2016, estamos hablando de un mercado que mueve anualmente 2,2 millones de vehículos.
Suponiendo un precio promedio de $ 200 mil por vehículo (entre usados y 0km), estaríamos hablando de un mercado que facturaría alrededor de $ 440 mil millones por año, de estos aproximadamente el 5% se lo lleva el Registro Automotor, es decir, un negocio de $ 22 mil millones anuales.
Nuestra clase dirigente se llena la boca hablando de «analizar la cadena de valor» para «bajar los costos logísticos», mientras carga a los vehículos con impuestos que representan un 55% de su precio final. Adicionalmente, hay que sumar los costos asociados al tramiterío en el Registro Automotor, que puede llevarse más de un 10% del valor del vehículo, de los cuales 5% entran limpios al dueño del Registro Automotor.
Imaginen la siguiente situación injusta: un desocupado comprando un Corsa 2003 para poder sostener a su familia con alguna changa y entregándole el 5% del valor de su vehículo al gran señor feudal dueño de un Registro Automotor. ¿Quién podría defender eso? ¿Dónde están los que hablan de «justicia social», «redistribución de la riqueza» y demás banderas de la política demagógica para detener esta injusticia?
Lamentablemente, el Ministerio de Justicia del gobierno de Cambiemos, en lugar de eleminar el Registro Automotor, abrió la convocatoria para crear 56 nuevos registros, que se sumarán a los 1500 ya existentes (que habría que cerrar).
En lugar de cortar esta estafa al ciudadano, la amplían, creando nuevos beneficiarios de esta gran cadena de favores que elimina toda gana de invertir en Argentina, y también de permitirle el ingreso al país al siglo XXI.
Siglo XXI que encuentra a los países desarrollados simplificándole la vida al ciudadano, es decir, reduciendo la carga administrativa, tratando de hacerla 100% por internet, en caso de haberla, y bajándole la carga impositiva. Y encuentra a la Argentina otra vez perdiendo el tren.
Rolls Royce, Rolex, aviones y un batimóvil: la obscena riqueza de los hijos de Robert Mugabe y de las «Kardashian de Zimbabwe»
A pesar de vivir en uno de los países con más pobreza y menor desarrollo humano del mundo, los descendientes del dictador derrocado y su grupo de amigos se jactaban en Instagram de su vida de lujos.
Robert Mugabe se convenció este martes de que su situación era insostenible y renunció a la presidencia de Zimbabwe tras 37 años en los que gobernó el país como si fuera una gran estancia de su propiedad. El único líder ejecutivo que tuvo esta nación africana desde su independencia había quedado totalmente vaciado de poder tras el golpe militar que sufrió la semana pasada.
Mugabe, de 93 años, se consolidó hace tiempo como uno de los dictadores más despiadados del continente. La evidencia más cruda de que se apropió sin pudor de los pocos recursos que generaba el país es la obscena vida de lujos que gozaban sus hijos y el reducido entorno de jóvenes parásitos del Estado.
Robert Mugabe Jr., su hijo de 24 años, es quizás uno de los máximos exponentes. Estudió en Dubai y desde hace tiempo se dedica a compartir su ostentosa vida en Instagram.
En septiembre sumó dos Rolls Royce a su colección de autos de alta gama, que suele exhibir en fotos. Sus redes sociales incluyen también relojes Rolex y recorridas por exclusivos centros comerciales.
Su hermano Chatunga, de 20 años, no se queda atrás. En una de las imágenes más indignantes que compartió se ve su mano, adornada con un reloj y una pulsera de oro. «¡¡60.000 dólares en la muñeca cuando tu papito maneja todo el país, ya sabes!!», escribió.
Entre los miembros más encumbrados de lo que era la corte de este clan dictatorial se destacaban especialmente las «Kardashian de Zimbabwe». Son Vanessa Chironga y su hermana Michelle, ambas de 28 años, hijas del político y magnate inmobiliario Philip Chiyangwa.
Sus fotos en poses sensuales, rodeadas de lujos exóticos, las hicieron merecedoras de la comparación con las estrellas estadounidenses. Mientras Vanessa se muestra navegando en yate en las islas Seychelles, Michelle maneja una Land Rover edición Victoria Beckham de 100 mil dólares.
Uno de los más exhibicionistas es Sidney Himbara Jr., hijo del empresario más acaudalado del país. Aviones privados, autos súper deportivos y pistolas de oro son algunos de los objetos que le gusta mostrar.
Después está el caso de Uebert Angel, autodenominado «padrino del movimiento profético». Junto a otros «profetas» forma parte de un selecto grupo de pastores evangélicos que se dedican a predicar rodeados de Lamborghinis.
A Genius Kadungure, otro próspero empresario que se enriqueció estando cerca del clan Mugabe, le gusta mostrarse como si fuera una estrella de cine. Los Rolls Royce son la mayor debilidad de este multimillonario de 33 años.
Tampoco se puede dejar de destacar a Wicknell Chivayo, empresario igualmente floreciente gracias a sus vínculos con el poder. «Sir Wicknell», como le gusta ser llamado, adora los Rolex más que a cualquier otra cosa.
El ocaso de Mugabe se precipitó con la intervención militar del pasado martes, desencadenada por la destitución del vicepresidente Emmerson Mnangagwa, ante las ambiciones de poder de la primera dama, Grace Mugabe. Las Fuerzas Armadas mantenían en arresto domiciliario al mandatario, y los pedidos de renuncia llegaban desde el propio oficialismo.
Reporteros presentes en Harare relataron que la población recibió la noticia con júbilo y que se escuchaban bocinas en las calles de la capital. Mugabe había sido destituido el domingo como líder del partido oficialista, y la formación nombró como titular a Mnangagwa, quien también fue elegido como candidato a las presidenciales de 2018.
Restan saber las condiciones que podría haber negociado Mugabe para su salida. La noche del lunes, el jefe de las Fuerzas Armadas, Constantine Chiwenga, indicó que el dictador había trazado una «hoja de ruta y una solución definitiva para el país».
Es el final humillante de la carrera de un hombre que aplastó o marginó la disidencia desde que condujo a Zimbabwe a la independencia y puso fin al régimen de minoría blanca en 1980.
Si Mnangagwa pasa a encabezar la transición política, tendrá que enfrentar su propio pasado, al estar implicado en la masacre de miles de opositores en la década de 1980 por una brigada entrenada en Corea del Norte.
«Mugabe no era nada humano», dijo el antiguo ministro de Relaciones Exteriores británico Peter Carrington a la biógrafa del dictador, Heidi Holland. «Tenía una especie de naturaleza reptil. Uno podía admirar sus capacidades y su intelecto, pero era una persona horrible y poco confiable», agregó.
La dimisión de Mugabe ofrece a Zimbabwe «la oportunidad de forjar un nuevo camino libre de opresión», dijo Theresa May, primera ministra del Reino Unido, la antigua potencia colonial del país africano. «Como el amigo más antiguo de Zimbabwe, haremos lo que podamos para apoyar» la transición del país, añadió en un comunicado.
Un embajador de México ocultó un millón en un banco de Andorra
El expresidente del Congreso Arroyo Vieyra cobró en el Principado de un despacho de abogados
Por José María Irujo.
El embajador de México en Uruguay, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, ocultó durante varios años 1,2 millones de dólares (1,1 millones de euros) en una cuenta de la Banca Privada d’Andorra (BPA), según documentos internos de esta entidad a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El diplomático, que pertenece al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), cobró en el depósito del Principado de Andorra de un despacho de abogados de Ciudad de México. Arroyo Vieyra, que presidió entre 2012 y 2013 la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados, reconoce el pago, afirma que fue por un trabajo que, según dice, no puede revelar y añade que fue “un error” cobrar los fondos en Andorra.
La BPA fue una entidad intervenida en 2015 por las autoridades andorranas y sus principales directivos fueron procesados por corrupción después de que EE UU alertara de que carteles de la droga de México y grandes compañías utilizaban la institución financiera para blanquear capitales y pagar comisiones ilegales a políticos de Europa y América. Desde entonces, la BPA se ha convertido en el vértice final de diferentes escándalos. Andorra terminó con el secreto bancario el pasado año.
UN CUARTO DE SIGLO AL CALOR DEL PRI
El embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra, ha encadenado cargos públicos durante más de un cuarto de siglo al calor del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Desde que fuera elegido diputado en 1991, este licenciado en Derecho de 58 años nacido en León (Guanajuato, México) se maneja bien entre los resortes del poder. Ha sido diputado local, federal y senador. Y en el camino, ha ocupado la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados (2012) y ha trabajado como asesor de la Secretaría de Fomento de Guanajuato.
Con 15 años, el político desembarcó en la rama juvenil del PRI, el Movimiento Nacional de las Juventudes Revolucionarias (MNJR). Desde este trampolín, inició una exitosa carrera en la formación. Fue secretario de acción legislativa del partido, presidente de la conferencia de coordinadores parlamentarios y precandidato a gobernar Guanajuato.
Exlocutor de radio, columnista de prensa, actor –interpretó a un sacerdote en la cinta de la que fue productor Luna Escondida (2010)-, Arroyo Vieyra posee dos hoteles en el Estado de Guanajuato. «Soy un hombre con recursos que generan recursos para vivir con dignidad. Tengo una hoja de vida limpia y honesta», incide el actual embajador en una conversación telefónica con este periódico.
El ingreso a nombre de Arroyo Vieyra procedió del despacho de abogados mexicano que preside Pedro Raymundo Salinas Arrambide, según la documentación interna de la BPA. El embajador y el abogado atribuyen el dinero a un trabajo jurídico que desarrollaron juntos. La cuenta se abrió entre 2011 y 2012 y permaneció operativa a nombre del político del PRI durante, al menos, tres años. Arroyo Vieyra asegura que, tras cerrar el depósito, regularizó su situación y declaró sus ingresos a la Hacienda mexicana.
Las actas internas y confidenciales del Departamento de Cumplimiento (Compliance) de la BPA detallan la operación bajo un epígrafe titulado Solicitud de apertura de Cuentas de PEPs, personas políticamente expuestas, que es el término utilizado por los bancos para referirse a clientes con cargos públicos. El documento explica que Pedro Raymundo Salinas Arrambide (México), socio administrador de Salinas Arrambide y Asociados, “tiene pendiente un cobro correspondiente a su actividad de unos 3.000.000 USD (2,5 millones de euros)». Este dinero, según él, «podría justificarlo y documentarlo sin ningún problema”.
Y añade: “Pretende cobrarlo mediante dos transferencias a dos cuentas que nos aperturaría, una a su nombre por un importe de 1.800.000 USD (1.5 millones de euros) y otra a nombre de Francisco Agustín Arroyo Vieyra por 1.200.000 USD. Según el Sr. Salinas, el sr Arroyo es un asociado del bufete, si bien no consta en el Acta constitutiva. El problema es que el Sr Salinas (se equivoca el redactor de nombre) es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, si bien nos manifiesta que al margen de su actividad política tiene otras actividades empresariales, 2 hoteles en Guanajuato y asociado al bufete mencionado”.
Pese a las reservas que el Departamento de Cumplimiento de la BPA tuvo a la operación por el perfil político de Arroyo, un veterano y conocido político del PRI, las dos cuentas se abrieron con las cantidades citadas. El embajador de México en Montevideo (Uruguay) lo explica así: “Fue un pago de honorarios de mi despacho. Fui legislador y abogado postulante privado durante 25 años. Algún día me lo pagaron por ahí, pero ese dinero está en México y pagué mis impuestos. Tengo mi declaración fiscal en orden. Es la manera de estar tranquilo. Fue hace años y podría estar prescrito, pero está cubierto”.
En una primera conversación telefónica con este periódico, el diplomático afirmó que era socio del despacho de Salinas, algo que este niega. En un segundo contacto, sin embargo, el embajador puntualizó que ambos han “trabajado como asociados y litigado juntos” en distintos casos. “Hubo un contrato de asociación profesional. El origen del dinero es lícito, mis impuestos están pagados y mi conciencia tranquila”. El embajador mexicano en Uruguay justifica: “No puedo revelar los nombres de los clientes ni de que se trata por secreto profesional”. Y añade: “Representamos a empresas con litigios fuertes y hemos llegado a buenos resultados”.
En 2013, la Cámara de Diputados de México que presidía Arroyo Vieyra contrató asesorías por adjudicación directa de 7,9 millones de pesos (371.104 euros). De esta cantidad, 3,2 millones de pesos (150.287 euros) fueron a parar a la firma de Salinas y Asociados. El embajador afirma que el pago que recibió en Andorra de este bufete no guarda relación alguna con estas adjudicaciones. “Le pedí a Pedro (Salinas) que fuera mi consejero en algunos asuntos. El presidente de la Cámara no maneja recursos y tiene una asesoría muy modesta. Es un abogado muy prestigioso, fue un consejero honorario, de buena voluntad. En 2013 yo no participé en ningún litigio”.
Arroyo Vieyra señala que la cuenta se abrió en “2011 o 2012” y que estuvo activa “tres o cuatro años”. El diplomático justifica así su decisión de cobrar a través del Principado: “Había un promotor de la BPA que nos embaucó en este asunto. Era lícito, pero fue un error. No lo volvería a hacer, se lo aseguró”.
El embajador de México en Uruguay no es el único político de este país que ha tenido cuentas en la BPA de Andorra. EL PAÍS reveló que Oscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años, exdiputado del PRI tuvo en este mismo banco una cuenta de seis millones de dólares (5,045 millones de euros). Y que manejó un total de 17 millones en paraísos fiscales como Panamá o las Antillas Holandesas mediante una sociedad opaca. La citada empresa estaba gestionada por BK Group, una firma holandesa de servicios fiduciarios. La Fiscalía de Andorra investiga a Lara Aréchiga y ha solicitado a México detalles sobre su trayectoria política para lograr una identificación completa.
SALINAS ARRAMBIDE: “NO HE ABIERTO NINGUNA CUENTA A NADIE”
El abogado Pedro Salinas Arrambide, del bufete de Ciudad de México Salinas Arrambide Asociados, admite haber tenido una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Sin embargo, el defensor niega ser el intermediario ante esta entidad del embajador de México en Uruguay, el priista Francisco Agustín Arroyo Vieyra. “Yo no le he abierto ninguna cuenta a nadie. Si se refiere a una sola que tengo a mi nombre y que abrí para mí…”, responde el abogado en un cuestionario.
Salinas Arrambide explica que abrió el depósito en la BPA para guardar ingresos “totalmente lícitos” de su actividad profesional. “Un amigo me comentó que ese banco tenía buenos rendimientos y que era un buen lugar para tener mis inversiones, contacté con ellos y me vinieron a visitar a mi despacho de Ciudad de México funcionarios de esta institución [la BPA], hace aproximadamente cinco años”, añade.
El letrado justifica así su vínculo con el diplomático: “Somos conocidos y amigos desde hace muchos años y le conocí por mi actividad profesional. Es por ello que hemos coincidido en algunos proyectos profesionales, sin que exista ninguno vigente”.
“Lo cierto es que hemos tenido en el pasado juntos, con otros profesionistas, acuerdos de asociación profesional para la atención de algunos proyectos específicos, donde yo me he desempeñado como abogado, que ya han concluido”, detalla el letrado.
Salinas Arrambide responde de este modo cuando se le pregunta si declaró ante la Hacienda mexicana sus ingresos de la BPA: “Me ofende su pregunta, pero sí, siempre cumplo mis obligaciones fiscales”.
Piden investigar por posible lavado de dinero la casa donde vive Florencia Kirchner
Lo hizo la diputada Stolbizer, denunciante de la causa de la inmobiliaria de Cristina y sus hijos. Más dudas por movimientos bancarios millonarios.
Por Lucía Salinas.
La familia Kirchner declarará en marzo en la causa Los Sauces. .
En un nuevo escrito en la causa Los Sauces SA -inmobiliaria de la familia Kirchner-, la diputada Margarita Stolbizer, pidió que se amplíe la figura del lavado de dinero sobre la propiedad en la que vive Florencia Kirchner, en la Ciudad, además de una serie de movimientos bancarios realizados en 2016 desde la cuenta de la «Sucesión Néstor Kirchner» que administraba Máximo Kirchner, por $ 6 millones. También hay sospechas por nuevos vínculos comerciales con Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo.
Los Sauces S.A. es la causa que lleva el juez Claudio Bonadio y en el marco de la cual Cristina Kirchner y sus hijos (todos accionistas de la firma), deberán declarar ante la Justicia la primera semana de marzo. Previamente, lo harán los empresarios K Cristóbal López y Lázaro Báez y 16 personas más: contadores, escribanos, apoderados de empresas y un hombre de extrema confianza de la ex Presidenta: Osvaldo Sanfelice.
Los Sauces SA fue constituida en 2006 por el ex Presidente, Cristina Kirchner y su hijo Máximo. .
En la causa se investiga el presunto lavado de dinero, el pago de coimas, el enriquecimiento ilícito y la falsificación de documentos públicos. Después de observar una gran cantidad de transferencias millonarias entre las cuentas de la empresa, la de la «Sucesión NK» y a su vez, sociedades de Báez y López, el magistrado ordenó intervenir la inmobiliaria y la cuenta de la Sucesión. La medida estará vigente hasta junio y hasta entonces, el líder de La Cámpora quedó desplazado como administrador de Los Sauces SA y de la cuenta de la herencia de su padre.
En este contexto, la diputada Stolbizer presentó nuevas pruebas y el pedido de ampliación del delito de lavado de activos sobre la propiedad que le pertenece a la inmobiliaria y en la que vive Florencia Kirchner –dueña del 22,5% de la firma y gerente de la misma-.
La casa de Florencia K
El 6 de mayo de 2015 se realizó un depósito en efectivo en la cuenta que Los Sauces SA tiene en el Banco Nación con sede en Río Gallegos, por $ 4 millones «existiendo inconsistencia en la hora de depósito y posterior extracción. El mismo día, según se informara, egresó la suma de $ 3.959.000«, señala la denuncia. Según la documentación aportada por la entidad financiera, la ex Presidenta fue quien hizo dicho aporte en efectivo y «debió cargar 40.000 billetes de 100 pesos para poder realizar dicho depósito».
Florencia Kirchner es gerente y accionista de Los Sauces SA. .
Ese mismo día, la inmobiliaria investigada por Bonadio, emitió un cheque bajo el concepto de «servicios» por el mismo valor: $3.959.000. Dicha suma se debitó de la cuenta corriente de Los Sauces SA. Según consta en la causa y en el informe pericial, este importe se utilizó para la compra de CEDINES que finalmente, se usaron para la compra de la propiedad de la calle San José esquina Humberto Primo, donde vive Florencia Kirchner.
La casa fue vendida – con la intervención de Romina Mercado (sobrina de Cristina Kirchner)-, por Jorge Coscia y según la escritura pública la operación se hizo por U$S 370.000 pagados con los CEDINES. Según la diputada del GEN la Unidad de Investigación Financiera (UIF) indicó que se «desconoce cuál es el origen y/o actividad que generó dicho dinero». Y que la extracción se realizó «sin el comprobante que respalde la operación». A raíz de esto, pide que «la operación sea investigada ya que podría responder a una maniobra de lavado».
En la investigación, la casa donde reside Cristina Kirchner en Río Gallegos (propiedad de Los Sauces SA), es investigada por lavado. Fue comprada con NAPA una empresa de Sanfelice por $ 200.000 y vendida a la inmobiliaria por U$s 250.000. El Tribunal de Tasanción de la Nación determinó que su valor es más del doble de lo declarado por la ex Presidenta: U$S 570.000.
Romina Mercado intervino en la compra del departamento donde vive Florencia Kirchner. .
Movimientos sospechosos
La cuenta de la «Sucesión NK» es materia de investigación en la causa por las transferencias millonarias ($ 63 millones según la UIF «sin justificación»), que realizó, no sólo con la cuenta de Los Sauces SA sino con empresas de Báez y de Cristóbal López. Quien realizó la mayoría de las operaciones fue Máximo Kirchner, según un informe de la UIF.
En este caso se designó como interventora a Raquel Moyano, quien advirtió que la cuenta dejó de tener actividad el 31 de diciembre de 2016 tras la intervención judicial. Durante el año pasado, recibía cerca de un millón de pesos mensuales. Esta cuenta está inhibida por el juez Bonadio. La interventora advirtió que el 2 de septiembre de 2016, la Sucesión NK recibió una transferencia por $ 6.829.065,88.
Al superar «ampliamente el ingreso que recibía habitualmente por el alquiler de los inmuebles de propiedad de la sucesión de Néstor Kirchner y/o de sus herederos», Stolbizer pidió que se solicite la documentación respaldatoria de la operación y que se determine el origen y motivo de la transderencia.
Cristina Kirchner declarará el 7 de marzo en la causa Los Sauces SA. .
Quiénes declararán en la causa
La semana que viene comienzan las 21 indagatorias en el marco de Los Sauces SA. Los primeros serán apoderados de dos empresas de Báez que firmaron contratos de locación con la inmobiliaria. También estarán ante el juez Bonadio escribanos de confianza de la familia Kirchner y del empresario K. Báez y tres de sus hijos se presentarán a declarar, al igual que los dueños del Grupo Indalo. Los últimos dos días de indagatorias (6 y 7 de marzo), será el turno de los hijos de la ex Presidenta y finalmente, declarará ella.