La AFIP recibirá datos bancarios desde 50 países
Por Martín Kanenguiser.
En la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) había ayer un clima de euforia porque desde 2017 podrá acceder a cuentas bancarias de argentinos en más de 50 países en forma automática.
El paso se dio a partir de la firma que rubricó el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, ante el Foro de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, que se desarrolló en Berlín.
Entre los países que firmaron -y que le entregarán información en dos años al fisco argentino- están Alemania, España, Reino Unido, Francia, Grecia, la India, Colombia, Italia, México, Sudáfrica, Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda. Con este último, la AFIP precisó que la Argentina firmará próximamente un convenio bilateral de intercambio de información en materia tributaria.
Además, el pacto multilateral también lo suscribieron Anguila, Barbados, Bélgica, Bermudas, Bulgaria, Chipre, Corea, Croacia, Curazao, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Gibraltar, Grecia, Guernsey, Hungría, Isla de Man, islas Caimán, islas Feroe, islas Turcas y Caicos, islas Vírgenes Británicas, islas Mauricius, Islandia, Jersey, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Montserrat, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Seychelles y Suecia.
«Con más de la mitad de los países que adhirieron, la Argentina ya tiene un acuerdo bilateral tributario o aduanero», indicó Echegaray, quien viajó acompañado por el subdirector de fiscalizaciones de la AFIP, Horacio Curien.
Además, el funcionario subrayó la importancia de que este acuerdo es impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el marco de esta organización, ya se había firmado un convenio de intercambio tributario multilateral.
«El nuevo estándar global está referido al intercambio de información bajo modalidad automática relativa a cuentas financieras. Es así como los países obtendrán información de sus entidades financieras [bancos, sociedades de bolsa y ciertas aseguradoras] referidas a cuentas de titularidad de sujetos no residentes y las intercambiarán en provecho mutuo», detalló la AFIP en un comunicado.
Ahora, la AFIP contará con datos de los argentinos en forma automática, a diferencia de acuerdos como el que tiene con Uruguay, que funciona caso por caso.
En el caso del convenio con Suiza, por ahora tampoco es automático, por lo menos hasta que ese país europeo adopte esa estrategia en términos globales, algo que podría ocurrir en un par de años.
Los huesos más duros de roer para la AFIP son EE.UU. -aunque 400 entidades argentinas se anotaron ante el IRS por la ley de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero (Fatca, según su sigla en inglés)- y Panamá, que podría ser colocada en una lista gris. «Colombia ya lo hizo el mes pasado», advirtieron en el organismo tributario, al subrayar que el gobierno centroamericano no muestra ninguna voluntad de cooperación.
Advertencia de tributaristas
El tributarista César Litvin, socio del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, advirtió a LA NACION que «el radar del intercambio no se limita a la titularidad de las cuentas, sino que también se informa los apoderados o beneficiarios finales de las respectivas cuentas; en este sentido, aquellas cuentas con estructuras societarias o trust no quedan fuera del intercambio porque el mismo llega hasta el verdadero titular que maneja la cuenta».
Jorge Gebhardht subrayó que «significativos países aún no forman parte de este acuerdo, como Suiza y Uruguay». Sin embargo, aclaró: «Para los contribuyentes cumplidores, no hay duda de que les generará un nuevo costo administrativo al tener que contestar engorrosos e interminables requerimientos de inspección y, a los incumplidores, la publicidad dada a los pasos que se siguen les den una pauta de a dónde no dirigir su inversión». En tanto, Andrés Edelstein, socio de PWC, dijo: «El objetivo y el mecanismo resultan muy similares a los de Fatca y que ya le está permitiendo intercambiar este tipo de información con diversos países a Estados Unidos».
Fuente: La Nación, 30/10/14.
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miércoles, 29 de octubre de 2014 13:47 EDT
BERLÍN (EFE Dow Jones) — Las autoridades de 50 países firmarán el miércoles un acuerdo multilateral sobre el intercambio automático de información fiscal en Berlín, un acuerdo que forma parte de un plan multianual diseñado por los países más afectados por la austeridad, como Reino Unido, Francia y Alemania, de combatir la evasión de impuestos por parte de las compañías y los individuos.
La reunión se celebra en Berlín bajo el auspicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para mejorar el intercambio de información fiscal.
El secretario general de la OCDE y los ministros de Finanzas de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España celebrarán una rueda de prensa para hablar del acuerdo el miércoles.
fuente:
The Wall Street Journal, 29/10/14.
La «sociedad» entre la Presidenta y Lázaro Báez
Editorial del diario La Nación, 30/10/14.
El tan sospechoso como abrupto enriquecimiento del empresario patagónico alimenta las sospechas de que podría tratarse de un testaferro.
El transcurso de sólo un día bastó para que el Gobierno tuviera que reacomodar su relato en defensa de los estrechos lazos comerciales entre la Presidenta y el pseudoempresario santacruceño Lázaro Báez. Nada garantiza que la versión actual sea la última, pero por lo menos ésta se aproxima más a lo ya revelado por una documentada investigación publicada por LA NACION en diciembre del año pasado.
El titular de la AFIP [Ricardo Echegaray] sostuvo que Cristina Kirchner no es socia del empresario, pero al día siguiente tuvo que aclarar que si bien no son socios «técnicamente», los dos mantienen «vínculos comerciales». «Técnicamente no hay sociedad constituida», agregó.
En efecto, son numerosísimos, serios, graves y concordantes los vínculos comerciales entre la Presidenta y este oscuro empresario de la construcción que se convirtió en magnate durante los gobiernos de los Kirchner, y que empezó a crecer en Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner.
De ahí que existan sólidos y antiguos vínculos hoteleros, financieros, comerciales y personales entre la Presidenta, su hijo y Báez. La sociedad a la que nos referimos quizá no lo sea en lo técnico, pero puede denominársela así por lo habitual y lo estrecho de aquellos lazos económicos.
A ello se suma la activa y muchas veces ilegal protección que Báez y sus empresas reciben de los organismos de control estatales e incluso de parte de nuestra Justicia, siempre lenta cuando se trata de presuntos casos de corrupción que comprometen a los gobernantes de turno o a sus allegados.
Otro punto en común entre este grotesco personaje y los Kirchner es la dificultad para justificar su exponencial enriquecimiento. Basta recordar las dudas e inconsistencias que jalonaron las declaraciones juradas del matrimonio presidencial y el cierre abrupto e irregular por parte del juez federal Norberto Oyarbide de una causa en la que investigaba a Néstor Kirchner por enriquecimiento ilícito. La falta total de transparencia ha sido una constante en los negocios de los Kirchner y Báez. De ahí las fundadas sospechas acerca de si la reforma del Código Procesal Penal no esconde también mecanismos que en la práctica contribuirán al fracaso de las investigaciones de futuros casos de corrupción.
Estos son solo algunos de los vínculos comerciales hasta hoy conocidos:
- Una firma de Báez, Valle Mitre SA, se hizo cargo de la administración de los hoteles de los Kirchner, y allí alquiló más de 1100 habitaciones por mes, durante años, en el Alto Calafate, Santa Cruz. Curiosamente, esos cuartos no fueron ocupados, pese al costo millonario que representó para la empresa de Báez, traducido en ganancias para los Kirchner. En diciembre pasado, luego de que este diario lo publicó, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, lo confirmó y tuvo el caradurismo de hablar de un «negocio entre privados».
- Desde hace años, la Presidenta y el citado pseudoempresario comparten como copropietarios en El Calafate un condominio sobre un terreno de 87.000 metros cuadrados.
- Báez edificó un complejo de diez departamentos en la calle Mitre, de Río Gallegos, mediante un fideicomiso, junto con Néstor Kirchner. Así lo informó el ex presidente en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
- Hay dos grupos de departamentos de Báez en la capital santacruceña, uno de ellos en un terreno de los Kirchner. El empresario alquiló -a valores superiores a los del mercado- esos departamentos para que se alojaran varios gerentes de sus empresas, con cheques que emitió a nombre del ex presidente.
- Báez adquirió a los Kirchner por lo menos nueve departamentos, casas y terrenos en apenas un año, que terminaron en poder de la empresa de Báez, Austral Construcciones. La firma constructora Epelco se encargó de adquirir la casa de los Kirchner en el centro de Río Gallegos.
- Este diario publicó que Austral Construcciones, de Báez, utilizó facturas apócrifas por decenas de millones de pesos.
Como prácticamente no hay una semana sin que aparezcan otros datos que comprometen aún más a Báez, se supo también que Ernesto Clarens, financista de Báez, controlaría una cuenta en un banco suizo que se habría usado para recibir giros de «clientes no determinados».
Es fácil advertir en esta somera enunciación que si bien no ha aparecido aún una sociedad «técnica» entre Báez y la Presidenta, existe, sí, una suerte de sociedad de hecho que podría explicar otros misterios, como la firme, constante y descarada protección que el empresario recibió y recibe de organismos de control, como la Unidad de Información Financiera (UIF). Esta unidad, cuya función debería ser la lucha contra el lavado de dinero, durante dos años y medio omitió denunciar ante la Justicia a dos empresas de Báez reportadas por «actividades sospechosas», pese a que registraban serias anomalías societarias. Se trata de la ya mencionada Austral Construcciones SA y la petrolera Epsur. Para colmo, el titular de la UIF, José Sbattella, afirmó públicamente respecto de Báez, como si fuera su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».
Por su parte, los fiscales kirchneristas Carlos Gonella y Omar Orsi están acusados en una causa que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi del delito de prevaricato, por no haber acusado en su momento a Báez de lavado de dinero. A su vez, la diputada Margarita Stolbizer pidió a la Justicia que envíe la documentación requerida por el Ministerio Público Fiscal suizo relativa a la investigación sobre Báez en aquel país por presunto lavado de 22 millones de dólares. Durante el kirchnerismo, la Cancillería se ha caracterizado por trabar estos pedidos de colaboración.
Ante estos datos, no es de extrañar que la justicia uruguaya investigue al empresario con mucho más empeño que su par argentina y que los llamados fondos buitre iniciaran una investigación internacional para averiguar hasta dónde llegan, en realidad, los vínculos comerciales entre el empresario y la primera mandataria. La diputada Elisa Carrió, con argumentos muy atendibles, sostuvo que esos vínculos consistirían en que Báez es testaferro de los Kirchner. Los fondos buitre parecen compartir esas sospechas y procuran probarlas. En esa tarea ponen mucho más empeño que la justicia argentina.
Hay algo que está fuera de toda duda: las sospechas no se basan en que un hombre de origen humilde como Báez se haya enriquecido, pues sobran casos similares. Las sospechas se basan en que lo haya hecho tan rápido y a partir exclusivamente de negocios con el Estado desde que Néstor Kirchner alcanzó la gobernación de Santa Cruz en adelante. También resulta llamativa la variedad de rubros que eligió para sus inversiones: la actividad petrolera, los medios de difusión, la actividad inmobiliaria, el campo y la construcción, actividad ésta que ejerce casi en forma monopólica en Santa Cruz.
El tema Báez constituye un grave problema para un gobierno en retirada, mucho más que el de Amado Boudou. Es de esperar que la Justicia avance en sus investigaciones y que en el futuro no se vea obligada a pedirles información a los fondos buitre.
Fuente: La Nación, 30/10/14.
Detectan en Suiza una nueva cuenta del financista de Báez
Por Daniel Santoro.
La ruta del dinero K: Es de Ernesto Clarens, quien le manejó el dinero al empresario K investigado por lavado.
Los pasos del flujo de dinero del financista de Báez.
El financista histórico de Lázaro Báez, Ernesto Clarens, controla una cuenta en el banco Pictet & Cie de Ginebra, Suiza, que se usó luego de la venta compulsiva de la financiera SGI “La Rosadita” para recibir giros de “clientes no determinados”, revelaron a Clarín fuentes judiciales.
Clarens, con su financiera Invernest, tuvo contratos con la provincia de Santa Cruz cuando la gobernaba Néstor Kirchner y luego fue la columna vertebral de las finanzas de Gotti y Austral Construcciones para el cambio de los cheques oficiales por los certificados de obra, entre otros negocios (Ver perfil).
La cuenta en el Pictet & Cie está abierta a nombre de Kerry Consultants SA, una empresa que figura en el directorio de la compañía norteamericana Manfes de Miami, que integran la hija y el cuñado del financista, tal como reveló Clarín en mayo de 2013.
La primicia se conoció la misma semana en que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, confirmó que se está investigando a Austral Construcciones por recibir facturas truchas de empresas de Bahía Blanca vinculadas con Juan Ignacio Suris –amigo del ex valijero Leonardo Fariña y novio de la modelo Mónica Farro– detenido y procesado por ser miembro de una supuesta asociación ilícita que se dedicaba a ver facturas apócrifas e investigado por supuestos vínculos con el lavado de dinero. El ex esposo de la modelo Karina Jelinek está procesado y con prisión preventiva por evasión impositiva agravada a raíz de la compra de un campo en Mendoza “para Báez” por 5 millones de dólares.
Luego de este nuevo capítulo del escándalo, Echegaray admitió que Báez tiene “vínculos comerciales” con la presidenta Cristina Kirchner, aunque dijo que desde el punto de vista impositivo “no son socios”. Además, el abogado norteamericano de 123 empresas fantasma creadas en Las Vegas; Nevada, apeló la orden de un juez de esa ciudad de EE.UU. de darle información sobre sus movimientos financieros y compras inmobiliarias a los fondos buitre liderados por NML que están rastreando fondos del estado argentino o sus funcionarios en ese país.
Paralelamente, el juez federal Sebastián Casanello, que procesó a Fariña y al ex dueño de SGI Federico Elaskar por Lavado de dinero e investiga a Báez, preguntó a la Cancillería qué había pasado con el exhorto que envió en julio a la justicia suiza para cooperar con una causa abierta en ese país por el bloqueo de 22 millones de dólares a Báez y su entorno.
Las fuentes precisaron que ya están detectados, por lo menos, cuatro giros de unos 200 mil dólares cada uno, que no fueron directos sino que pasaron por dos bancos antes de terminar en Suiza, método que es el mismo que se usa cuando se busca lavar dinero o esconder al verdadero dueño de la plata negra. Salieron desde tres fuentes distintas ubicadas en Uruguay entre marzo y diciembre del 2012, un año después de que se echara a Elaskar de SGI por la supuesta “pérdida” de dinero (ver infografía).
En dos casos, la orden para que salga la plata la dio el operador de bolsa uruguayo Víctor Paullier al Standart Chartered Bank de Londres y de allí fue al City Bank de Nueva York para finalmente depositarse en la cuenta “124274 Kerry Consultants S.A.”. Otra orden salió del Banque Heritage Uruguay S.A. a la sociedad de bolsa Hordenana y de allí al JP Morgan Chanse Bank de Nueva York para terminar en una cuenta de Manfes, que también estaría en el Pictet & Cie. El tercer origen fue el Banco Santander de Montevideo desde donde pasó a la sociedad de bolsa Glavinex de Uruguay y desde allí al JP Morgan de Nueva York para terminar en la cuenta de Manfes. El Santander intervino en la compra del campo “El Entrevero” que, luego de pasar por las manos de Fariña, terminó en la empresa fantasma Jumey, que integra Daniel Pérez Gadín, ex contador de Báez y ex administrador del hotel Alto Calafate de los Kirchner. Según las fuentes, también habría habido un giro de Elaskar a Suiza.
Fuente: Clarín, 26/10/14.
Más información:
Lo que ocultó el silencio de Cristina
Por Eduardo van der Kooy.
Algunas malas lenguas –las muy malas—vinculan la afonía y la desaparición de Cristina Fernández de la escena por varios días con la larga y complicada disputa con los fondos buitres. ¿Un reflejo, tal vez, de su fatiga laboral? Según aquellos mismos intérpretes, habría que indagar la explicación por otro lado: una somatización, en la jerga psicológica, de la inquietud que le causaría a la Presidenta el empeño de los buitres por escarbar en las rutas clandestinas del dinero K, que tiene a Lázaro Baéz como estandarte. Tampoco la suerte del empresario patagónico la alcanzaría desvelar. El verdadero problema serían los secretos financieros de la familia Kirchner que podrían salir a la luz si los detectives contratados por los holdouts sacudieran las alfombras de las sociedades fantasmas descubiertas en Nevada, Estados Unidos. Entre tanto rumoreo intenso, a propósito, comenzó a circular uno que estremece. Parte del dinero descubierto en el exterior –afirman– podría corresponder a aquellos U$S 535 millones pertenecientes a Santa Cruz, que Néstor Kirchner sacó de las arcas provinciales antes que estallara la crisis del 2001.
El Gobierno se encargó de atizar esas dudas con el manejo desprolijo que hizo del estado de salud presidencial. Esa es una cuestión que, con altibajos, el kirchnerismo no logró resolver en una década. También sucedió con las enfermedades del ex presidente. Cristina se recluyó desde el viernes pasado. Según el parte médico, debía guardar reposo durante 48 horas. Es decir, el fin de semana. Jorge Capitanich anunció el lunes que la mandataria estaba “extraordinariamente bien”. Ayer, sin embargo, comunicó a primera hora que había decidido aplazar su visita a Chaco. Horas después el portavoz, Alfredo Scoccimarro, dijo que ese viaje lo haría, al final, mañana. Pero que suspendía el acto previsto para hoy en La Plata, por el aniversario de las Madres de Plaza de Mayo. Scoccimarro subrayó que la Presidenta estaba desde ayer desarrollando tareas normales en la residencia de Olivos. Su agenda figuró todo el día en blanco en el sitio presidencial de internet. Al final apareció en un mensaje grabado por cadena nacional para hablar del Código Penal. Un galimatías.
Las voces del poder que sustituyeron su silencio quizás hayan ayudado poco a aplacar la faringitis presidencial. Las sombras de Amado Boudou y de Báez envolvieron casi todo el discurso oficial. Julio Alak anotició, por ejemplo, que en cualquier ministerio se suelen perder expedientes. Un descubrimiento en la era de la informatización. Esa excusa pueril tuvo una razón: la imposibilidad de negar que se esfumó de la Inspección General de Justicia, que depende de su ministerio, un informe de 22 páginas sobre el caso Ciccone. Se trata del escándalo que tiene en jaque desde febrero del 2012 al vicepresidente.
El micrófono fue ocupado mas tarde por Ricardo Echegaray. Nadie comprendió muy bien por qué el titular de la AFIP mechó el nombre de Cristina con el de Báez, afirmando que no son socios, durante una rueda de prensa convocada para hablar sobre una denuncia contra el empresario K por la compra de facturas truchas. Aclaró, en cambio, que la Presidenta y el constructor tendrían vínculos comerciales. A lo mejor, refirió al alquiler de cientos de habitaciones –nunca ocupadas—que Baéz hizo en tres de los hoteles de El Calafate, propiedad de Cristina. Coincidencia o no, los fondos buitres andan en Nevada detrás de esas posibles conexiones.
El trabajo de esos extorsionadores sería de un celo profesional que contrasta con la acostumbrada improvisación del kirchnerismo. Aquello de la presencia de detectives que siguen las rutas del dinero clandestino K no constituye una metáfora. Los holdouts contarían con la asistencia de una agencia británica privada dedicada al descubrimiento del dinero sucio. Habrían actuado, incluso, cuando los buitres presionaron al gobierno de la República del Congo, en Africa, también por una deuda en default impaga.
El mayor interrogante, con esa realidad a la vista, sería desentrañar los motivos de la intervención de Echegaray. ¿Un pedido expreso de la Presidenta? ¿Un error involuntario en medio de una aclaración embarazosa sobre Báez? ¿O un mensaje intimidatorio hacia el interior del Gobierno, donde el titular de la AFIP suma connotados enemigos?
No habría respuesta certera. Pero Echegaray no acostumbra, porque si, a arrojar cartas por el aire. Alcanza con un antecedente: cuando se creyó rozado por el escándalo Ciccone no vaciló en ventilar el tráfico de influencias de Boudou para que se permitiera, con un plan de pago especial, el levantamiento de la quiebra de la imprenta.
El principal enemigo interno de Echegaray es ahora Axel Kicillof. El ministro de Economía, en su trepada en el poder, pretende ocupar la AFIP con tropa propia. Cuestiona, además, manejos de la entidad recaudatoria con la operatoria del dólar ahorro. Por allí se siguen fugando, con la perseverancia de una hormiga, los dólares que Kicillof no consigue en el exterior y necesita para una economía que no logra abandonar su tobogán.
El Banco Central, la UIF (Unidad de Información Financiera) y la Comisión Nacional de Valores realizaron ayer un sobreactuado procedimiento en las cuevas del microcentro para incautar dólares del mercado ilegal. Al mismo tiempo, el sistema de la AFIP para la venta de dólares ahorro dejó de funcionar.
El dilema de Kicillof continúa siendo la escasez de dólares. El swap firmado con China nunca se termina de activar. El progreso de la relación con la Rusia de Vladimir Putin está por el momento circunscripta a la televisión. El ministro mendiga anticipos a los exportadores de cereales.
Así las cosas, Kicillof teme que en algún momento deba aflojar la tensión con los fondos buitre. Pero esa tarea se torna cada vez mas difícil e incierta en la medida que los holdouts continúen dispuestos a divulgar la corrupción kirchnerista en el exterior. También la misma realidad podría mirarse desde otra óptica. Las denuncias que van aportando los buitres quedarán en la nada si Cristina decide terminar el año que viene con el pleito.
La oposición hizo poco y nada con el entramado de esa historia misteriosa. Recién en las últimas horas se conoció una gestión de Margarita Stolbizer. La diputada bonaerense del GEN (dentro de la alianza del Frente Amplio y UNEN) presentó nuevas pruebas en Uruguay que demostrarían vínculos entre empresas de Baéz radicadas en esa nación y otras en nuestro país y en el extranjero. En Montevideo, la jueza en lo Penal, especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, sustancia dos causas por lavado de dinero que involucran al empresario patagónico. Esos trámites están paralizados porque desde hace un año y medio la justicia argentina no responde sus exhortos. La magistrada está dispuesta a insistir.
Stolbizer llevará la misma información a Suiza, donde los buitres habrían hallado un giro de Baéz de U$S 65 millones distribuidos en tres bancos.
Ninguna de aquellas novedades parece conmover a Sebastián Casanello. El juez conduce las investigaciones sobre el empresario K y el presunto lavado de dinero. Pero lo hace a su ritmo, perezoso, sin preocuparse por la ampliación de informaciones que requieren Suiza y Uruguay. No está en ese lugar de la Justicia por casualidad.
Fuente: Clarín, 22/10/14.
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La trama va quedando al desnudo
Por Ricardo Kirschbaum.
Después de la sorpresiva aclaración del jefe de la AFIP negando una relación de socios entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, vino otra: la admisión del mismo funcionario sobre la existencia de una obvia relación comercial entre ambos.
Ricardo Echegaray afirmó que desde el punto de vista “técnico fiscal, la Presidenta y Báez no son socios”, dejando abierta la posibilidad que desde otra perspectiva sí lo podrían ser, añadiendo el funcionario que existe entre ellos una relación comercial.
La cuestión central es que la “relación” se establece entre la jefa del Estado y el principal beneficiario de la obra pública, que, entre otros negocios, le alquilaba a la familia Kirchner los hoteles de su propiedad y pagaba por cada habitación, estén o no ocupadas.
El titular de la ONG Contadores Forenses, Alfredo Popritkin, dice que las relaciones entre los Kirchner y Austral Construcciones, de Báez, permiten deducir “la existencia de un vínculo más próximo a una simple relación comercial”.
La doble aparición de Echegaray refleja una fuerte preocupación de la Casa Rosada por desligarse de la relación con Báez, justo cuando los abogados de los fondos buitre investigan la ruta del dinero que habría salido de Argentina, vía Uruguay, para distribuirse en muchas empresas en el exterior que dependerían de una empresa madre con sede en Seychelles.
Los buitres anunciaron hace unos días la aparición de tres cuentas nuevas adjudicadas a Báez y distribuyeron un esquema de cómo habría sido la ruta del dinero.
Eduardo van der Kooy, en su columna dominical, insiste hace quince días, que la principal preocupación de Cristina Kirchner es saber si los investigadores de los fondos buitre tienen más información sobre los titulares de esas cuentas y si son miembros de la familia presidencial.
El interés de los fondos buitre no es ético ni tiene nada que ver con una cruzada anticorrupción. Se asemeja demasiado a una extorsión para lograr el pago del fallo de Griesa. De la investigación que están haciendo se sabe poco. Pero lo que han difundido en dosis homeopáticas hace presumir que es más importante lo que ocultan que lo que ya han revelado.
Al igual que Echegaray, el ministro de Justicia quedó chapaleando en el lodazal.
Debió salir a desmentir una información de Clarín sobre la desaparición de un expediente de la firma que compró la imprenta Ciccone y su explicación se asemejó a un papelón. Porque la desaparición de una parte del expediente prueba que los amigos de Boudou que actuaron habrían sido protegidos desde el poder. No se habría tratado, en consecuencia, de un favor al vicepresidente sino que es una cobertura más vasta que involucra al Gobierno.
Por lo tanto, las aclaraciones y ambigüedades de Echegaray sobre Báez-Cristina y los balbuceos del ministro Alak forman parte de la misma trama que se está descubriendo.
Fuente: Clarín, 22/10/14.
Caso Ciccone: se complica la situación judicial de Alak
Por Nicolás Wiñazki.
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN. La Justicia tiene pruebas de que una oficina que depende del ministro extravió y podría haber adulterado información que comprometía a Boudou.
El ministro de Justicia, Julio Alak, complicado por el caso Ciccone / TELAM
El caso Ciccone complica en la Justicia cada vez a más funcionarios. La jueza María Servini de Cubría instruye una causa que busca determinar si algunas de las máximas autoridades del Estado encubrieron al vicepresidente Amado Boudou al esconder y adulterar los documentos de la sociedad The Old Fund que debía custodiar la Inspección General de Justicia (IGJ). Ese organismo depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del imputado Julio Alak. Clarín pudo saber que el funcionario quedó comprometido en ese expediente tras la recolección de pruebas y de un testimonio que complican su situación procesal, y también la de uno de los ex jefes de la IGJ.
Boudou está acusado de haber avanzado con su entorno sobre la empresa que imprime billetes para hacer negocios con el Estado.
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia sacó un dictamen en el que le ordena al Gobierno que difunda la información pública sobre The Old Fund que consta en la Inspección General de Justicia. Según confirmaron fuentes de esta trama política y judicial, tanto Servini de Cubría como el juez de la causa madre del caso Ciccone, Ariel Lijo, tienen en su poder un documento revelador que lleva el membrete del Ministerio de Justicia, firmado el 26 de abril, por el entonces titular de la IGJ, Marcelo Mamberti y que fue avalado por Alak.
Se trata de la admisión oficial de que uno de los trámites fundamentales que la sociedad The Old Fund realizó ante la IGJ fue “extraviado” en marzo de 2012, tan sólo un mes después de que el caso Ciccone se difundieran a través de dos medios: Radio Mitre y Clarín.
La resolución número 0000618 de la IGJ da por “reconstruido” ese “trámite”, después de admitir que se había perdido.
La “reconstrucción” de los papeles perdidos de The Old Fund correspondían al momento en que fue registrado el intercambio de dinero realizado entre esa firma y la sociedad Dusbel. Es una acción fundamental para determinar quiénes eran los verdaderos dueños de esas dos empresas que aparecen detrás de la imprenta, investigadas por la Justicia de Argentina y Uruguay por lavado de divisas.
Según consta en el documento interno de la IGJ citado en esta nota, el Ministerio de Justicia dio por “reconstruido” la información de The Old Fund en apenas cuatro fojas. Clarín pudo saber, sin embargo, que tanto Servini como Lijo tienen pruebas que muestran que el original de ese trámite tenía en realidad 22 fojas.
¿Qué pasó con las 18 páginas restantes?
Alak no hizo una denuncia penal al respecto.
La ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, declaró ante Servini que ella misma había denunciado ante Alak la perdida del trámite de The Old Fund en su organismo, y que el ministro no hizo nada al respecto. Al contrario, la despedida fue ella.
Martínez le dijo a Clarín que “los funcionarios que reconstruyeron el trámite de The Old Fund fueron sacándole partes fundamentales para la investigación judicial, que son fácilmente identificables. Si el trámite tenía 22 fojas, su reconstrucción tiene que tener las mismas. Si no, podríamos estar frente al delito de violación de medios de prueba o documentos”.
Alak y Mamberti no piensan igual. La Justicia sigue actuando en el caso.
Fuente: Clarín, 20/10/14.
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Caso Ciccone: defensa homogénea y con Cristina al frente
Por Eduardo Paladini.
La conducta del ministro Alak de proteger a Boudou se repite en todo el Gobierno. Los temores en Justicia.
Ricardo Echegaray; Guillermo Moreno, Juan Manuel Abal Medina, Katya Daura y Mercedes Marcó del Pont; Diego Bossio, Hernán Lorenzino, Carlos Zannini y Julio de Vido; José Sbatella y Julio Alak. No es el equipo mixto de oficialistas para rememorar los partiditos de Kirchner en la Quinta de Olivos. Es la más de una decena de funcionarios que, en algún punto y modo, permitieron que Amado Boudou y sus amigos avanzaran contra la imprenta Ciccone, según la Justicia, para hacer negocios con el Estado; o al menos ayudaron para encubrir partes del caso.
Lo interesante de la lista es que no sólo incluye a funcionarios que ascendieron bajo el ala del ex ministro de Economía, como Daura, la titular de la Casa de la Moneda. También hay enemigos circunstanciales de Boudou, como Echegaray, titular de la AFIP.
En un club verticalista como el de los Kirchner, semejante movida sólo tiene explicación por el impulso o el paraguas de los dueños de la entidad, Néstor y Cristina.
La Presidenta se negó a hablar del caso en público. Pero su rol excedió largamente el aval del silencio. Su jugada maestra fue la estatización Ciccone, paso que contó con el acompañamiento de varios opositores en el Congreso.
Para darle dimensión a la intervención de Alak en la protección de Boudou hay que transportarse en el tiempo. A principios de 2012, cuando se “extravió” el expediente sobre The Old Fund, la estrella de Boudou brillaba como pocas en el Gobierno. Cristina se lo había pegado como compañero de fórmula y, sin reelección mediante, el militante de la UCeDé aparecía como uno de los candidatos naturales para continuar el proyecto progresista. Ese Boudou poderoso es el que protegió Alak. No el solitario que deambula despreciado por el Senado.
Como en varios ministerios, más allá de su lugar formal, Alak no maneja los resortes importantes de Justicia. Lo hace el viceministro camporista Julián Alvarez. Ambos deben estar preocupados por el avance de estas causas paralelas a la troncal del caso Ciccone. Alak, porque más allá de que busque diferenciarse en los modos de sus jóvenes jefes, avaló con su presencia en el cargo lo que ocurría debajo suyo. Nadie lo obligó. Y Alvarez, porque el escándalo de la IGJ salpica a uno de sus hombres clave dentro del organigrama: el subsecretario Ernesto Kreplak.
Fuente: Clarín, 20/10/14.
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La AFIP busca saber quiénes compraron dólares en la Bolsa
Por Gustavo Bazzan.
Ayer sus inspectores se presentaron en las principales sociedades de Bolsa y pidieron los listados de los clientes que realizaron operaciones. Hubo incertidumbre en el mercado por el mayor control.
Echegaray tiene tarea. El titular de la AFIP, en una presentación reciente sobre la recaudación,
deberá ahora cruzar información del mercado/ARCHIVO CLARIN
Desde que la presidenta Cristina Kirchner exaltó públicamente el tema el martes pasado, las operaciones de “dólar bolsa y dólar contado con liqui” se convirtieron en la nueva obsesión policíaco-cambiaria del Gobierno. Las pruebas: ayer los inspectores de la AFIP estuvieron pidiendo información en varias de las principales sociedad de Bolsa del mercado. Concretamente, se llevaron listados de los clientes que habían operado “contado con liqui” para sacar dólares del país. Analizarán la documentación para, eventualmente, penalizar al cliente o a la firma bursátil si no cumplió con los requisitos exigibles para este tipo de operatoria. También hicieron lo mismo con las operaciones de ‘dólar bolsa’.
Según pudo saber Clarín los inspectores recopilaron documentación de Allaria Ledesma, Facimex Valores, Macro Securities, TPCG Valores, Puente Hermanos, Global Equity, INTL Cibsa y Galicia Valores. Son las sociedades de Bolsa más grandes del mercado.
Los agentes de la AFIP se llevaron copias de los libros donde las financieras registran cada operación que concretan. La entidad que dirige Ricardo Echegaray busca rastrear al identidad de cada empresa que compró divisas en los últimos tres meses y constatar si las mismas tienen fondos declarados que justifiquen los volúmenes de dinero invertidos en operaciones de “contado con liqui”.
La razzia había comenzado el miércoles, con las inspecciones que se realizaron en los archivos de Mariva Bursátil y Balanz Capital, que concluyeron con la suspensión de la primera.
En verdad, el barullo viene de la semana pasada, cuando los importadores hicieron sonar las alarmas, denunciando que el Banco Central sugería que si querían dólares pasaran por ese mercado paralelo pero legal, en lugar de pedir divisas de las reservas. Todo el mundo se volcó a esos mercados y esto llevó a una fuerte suba de las cotizaciones de los dólares alternativos (ya que no ilegales). Se recuerda: son operaciones totalmente lícitas, que se utilizan para comprar o vender dólares al precio que fija el mercado.
En los hechos, el contado con liqui y el dólar Bolsa se convirtieron en un versión paralela del Mercado Unico y Libre de Cambios, que es por donde circulan las divisas del comercio exterior. El “MULC blue” movió este año, según cifras difundidas públicamente por Cristina, cerca de 37.000 mil millones de dólares.
Es una autopista por la que entran y sacan dólares la mayoría de las compañías. Hay que recordar que son divisas que no afectan el stock de reservas del Banco Central. Se trata de negocios que se articulan con dólares que ya están en manos del sector privado.
Ayer, por presión oficial y por la presencia de los inspectores de la AFIP, el mercado se restringió. Algunas entidades se abstenían de realizar operaciones que implicarán tanto tomar divisas del exterior (dólar cable) como girar bonos al exterior (contado con liqui).
El mercado sigue con atención los nuevos nombramientos en el Banco Central. Particularmente el del flamante director Pedro Biscay, quien públicamente se manifestó contra la convalidación del “contado con liqui”, por considerar que es una operatoria que burla la normativa cambiaria.
(ver aparte).
Lo concreto es que todo indica que Kicillof quiere a todos los organismos con competencia en el mercado financiero y en el control del dinero en general (Banco Central, Comisión Nacional de Valores, AFIP, UIF y hasta la Procelac) coordinando esfuerzos para al menos depurar la plaza cambiaria y apartar a quienes no tengan el dinero absolutamente limpio. Tarea difícil, si se tiene en cuenta que el 40 por ciento de la economía está en negro y las restricciones al acceso al dólar empuja a muchos actores económicos a buscar vías alternativas para hacerse de moneda dura. Ya sea para mantener en pie una actividad económica como para defender el valor del ahorro.
Colaboró: Marcela Pagano
Fuente: Clarín, 04/10/14.
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Conozca más sobre el gran recaudador:
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Estado policial
Un Estado policial es un Estado donde el gobierno mantiene un estricto control sobre la sociedad, particularmente a través de la supresión de las libertades civiles y a menudo mediante una fuerza de policía secreta y un gran despliegue e inversión en mecanismos de vigilancia. Esto implica que el control por el gobierno contradice la voluntad de los individuos que están siendo controlados. Así, un Estado policial es inherentemente antidemocrático. Es similar a la ley marcial.
Literatura
En la literatura, el mejor ejemplo de Estado policial es el que se plantea en la novela de George Orwell 1984, que describe un régimen totalitario que utiliza la excusa de guerra constante para permitir que la policía y las cámaras de seguridad controlen a toda la población.
Otro ejemplo de estado policial es el presentado en la novela gráfica V for Vendetta, escrita por Alan Moore, claramente influida por la obra de Orwell. Allí se presenta un gobierno británico que controla a la población mediante una estricta vigilancia utilizando prácticamente los mismos métodos que en 1984. En V for Vendetta se tratan elementos fundamentales como la constitución de la autoridad, la eliminación de las oposiciones y diferencias y la manipulación mediática.
Consideraciones
Similar a la perspectiva de Orwell, los libertarios asumen que un Estado policial es consecuencia natural del control que todo Estado, ya sea liberal, nacional o socialista, ejerce sobre la población ubicada en el territorio sobre el que tiene jurisdicción, y que la diferencia radica sólo en el grado de invasión a las libertades, donde además esto es difícil de definir, puesto que todos los Estados vigilan secretamente a toda su población -o públicamente pero bajo el convencimiento y aprobación civil de que están siendo protegidos por su propio bien- en la medida de sus recursos o de los intereses que protegen. Y precisamente debido al hecho de que es secreto o maquillado, no se conocen completamente la magnitud del hecho ni las intenciones reales detrás de todo el aparato de vigilancia.
Funete: Wikipedia, 2014.
Una perra de la AFIP descubrió 86.000 dólares ocultos en un auto
En medio de un operativo, la perra «Larishka» de la AFIP encontró los billetes escondidos en su equipaje y el filtro de aire de la camioneta.
Los agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con la ayuda del can «Larishka», detectaron 86.500 dólares ocultos en su equipaje y el filtro de aire de la camioneta que un ciudadano argentino intentó sacar del país.
La AFIP inactivó preventivamente la CUIT del pasajero, emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la UIF y en el marco del Convenio de Cooperación e Intercambio de Información celebrado con la República Oriental del Uruguay, solicitó datos fiscales del ciudadano argentino en ese país para saber si tiene inversiones o depósitos en Uruguay no declarados a la AFIP.
El pasajero, que llevaba 6.500 dólares en su morral, estaba a punto de partir desde la terminal de Buquebús hacia Colonia (Uruguay), cuando «Larishka» marcó insistentemente la zona del motor de la camioneta donde los funcionarios de la aduana descubrieron 80.000 dólares más en el filtro de aire del automotor. El hallazgo se produjo tan sólo 15 minutos antes de que el barco iniciara su viaje.
El administrador federal, Ricardo Echegaray puso en marcha el Centro de Instrucción de Adiestramiento Canino (CIAF) en Boulogne, provincia de Buenos Aires. La AFIP cuenta con más de 300 canes adiestrados para detectar estupefacientes, dinero ilícito y recuperar personas extraviadas.
AFIP es pionera en Latinoamérica en incorporar tres razas de canes -Labrador, Golden Retriever y Flat Coated Retriever, como parte del proceso de modernización de la gestión aduanera de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
Fuente: ElLiberal.com, 12/08/14.
La Justicia indagará a Boudou por intentar quedarse con Ciccone.
Por Hernán Cappiello.
En una decisión de alto impacto institucional y político, la Justicia citó a declarar al vicepresidente Amado Boudou como sospechoso de haber comprado la imprenta Ciccone Calcográfica mediante amigos suyos para quedarse con el negocio de la impresión de billetes en su beneficio personal.
La decisión del juez federal Ariel Lijo de citar a Boudou a tribunales para el próximo 15 de julio provocó el reclamo de la oposición para que el vicepresidente renuncie o se tome licencia. Sin embargo, Boudou ratificó que no se va alejar de su cargo, anticipó que se presentará ante el juez Lijo y juró que es inocente.
Ante la inminencia de la indagatoria, el Gobierno cerró filas para defender a Boudou, y argumentó que la medida es una maniobra de los medios de comunicación, como Clarín y LA NACION, que, según esa visión, pretenden acallar el éxito de las negociaciones para cancelar la deuda con el Club de París y vengarse de él por haber acabado con las empresas de jubilaciones privadas, que pautaban publicidad en los diarios.
(Amado) Boudou es el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en ser citado a indagatoria en un caso de corrupción. Por estar segundo en la línea sucesoria después de la presidenta Cristina Kirchner, su situación tiene una gran importancia institucional. En el caso de que Boudou no pudiera continuar en el cargo por el avance de la Justicia, quien lo sigue en jerarquía es el presidente provisional del Senado, el radical K Gerardo Zamora.
El día previsto para su comparecencia, dos días después de la final del Mundial de fútbol, Boudou es probable que esté a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, ya que la presidenta Cristina Kirchner tiene previsto viajar a Brasil para la cumbre de los Brics, integrado por el país anfitrión, Rusia, la India, China y Sudáfrica.
No hay riesgo de que Boudou sea detenido tras prestar declaración indagatoria, dado el tipo de delito que se le atribuye y su falta de antecedentes. De todos modos, tiene fueros que le dan inmunidad de arresto, pero no lo protegen en caso de un procesamiento. En caso de que prospere la acusación, que Boudou sea procesado, que con el paso del tiempo llegue a juicio y eventualmente sea condenado, la Justicia debería pedir su desafuero si decide encarcelarlo. Aunque es probable que antes de darse esta situación haya concluido su mandato o que la oposición motorice su enjuiciamiento político.
Lijo citó a indagatoria a Boudou sobre la base del requerimiento original que había hecho el fiscal federal Carlos Rívolo, apartado de la causa tras allanar el departamento del vicepresidente, y el fiscal Jorge Di Lello, que reclamó que Boudou sea interrogado como sospechoso.
La investigación sobre Boudou se inició a principio de 2012 cuando trascendió que la familia Ciccone tenía problemas con su empresa y que contaba con la ayuda salvadora de un misterioso monotributista, Alejandro Vandenbroele, que les consiguió una inyección de capital a través de la empresa The Old Fund, constituida en el extranjero. También por un plan de facilidades para saldar su deuda con el fisco.
Fue Nicolás Ciccone, uno de los fundadores de la empresa, a través de su yerno Guillermo Reinwick, quienes buscaron ayuda para salvar la fábrica y la encontraron en Boudou. Ese plan de salvataje habría sido gestado por el socio comercial y amigo de la infancia de Boudou, José María Núñez Carmona, a quien el vicepresidente le encargó manejar el negocio, según la acusación. Así ingresó en escena Vandenbroele como director de la empresa, que para el juez Lijo es amigo de Boudou.
Cuando era ministro de Economía, Boudou dictaminó, a pedido de Ricardo Echegaray, que si bien no era de su competencia pronunciarse sobre conceder un plan de pagos, esa decisión se correspondía con la política general del Gobierno.
El juez Lijo llamó a indagatoria además de Núñez Carmona, a Vandenbroele y a Rafael Resnick Brenner, ex alto funcionario de la AFIP partícipe de las negociaciones. También convocó como sospechosos de ser partícipes del delito a Nicolás Ciccone y Reinwick. El juez les había tomado declaración como testigos, lo que motivó la protesta del fiscal Di Lello, que irrumpió en plena declaración para pedir su suspensión y reclamar que sean indagados como partícipes. En su declaración, Ciccone y Reinwick dijeron que se habían encontrado con Boudou y Núñez Carmona para salvar la empresa y contaron que el socio del vicepresidente les pidió el 70% de la firma a cambio de salvar el negocio.
Lijo, en ese momento, respaldó la validez de esas declaraciones. La defensa de Boudou, a cargo de Diego Pirota, pidió anularlas ante la Sala I de la Cámara Federal. Esta semana circuló la versión de que por lo menos uno de los tres magistrados del tribunal, Eduardo Farah, votaría por anular todo y apartar a Lijo.
El trascendido enrareció aún más el ambiente y precipitó el llamado a indagatoria, decisión que Lijo ya tenía tomada desde hacía meses.
Las claves de la medida judicial
La resolución del Lijo pone a Boudou en una situación comprometida. A partir de ahora quedará expuesto a los vaivenes de las indagatorias y a un posible procesamiento, pero no podrá quedar detenido durante estas instancias. También fueron citados su socio, José María Núñez Carmona; el monotributista Alejandro Vandenbroele; Nicolás Ciccone, uno de los fundadores de la imprenta; su yerno, Guillermo Reinwick, y Rafael Resnick Brenner, ex funcionario de la AFIP.
Fuente: La Nación, 31/05/14.
Acusado de «cajonear» expedientes, Sbatella complicó a Echegaray.
Por Paz Rodríguez Niell.
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, está acusado de «cajonear» reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero y en su estrategia de defensa apuntó contra otro funcionario del Gobierno: Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP.
Sbatella presentó un escrito judicial en el que dijo que la AFIP le hizo saber «recién en junio de 2012» de un blanqueo millonario que había hecho más de dos años antes Mauricio Álvarez Sarria, el hijo del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff (conocido como «Gran Hermano»), acusado de narcotráfico, detenido en la Argentina en 2011 y extraditado a los Estados Unidos. Como consecuencia de esta afirmación de Sbatella, el diputado Fernando Sánchez denunció esta semana a Echegaray y pidió que se lo impute a él también por los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «encubrimiento agravado«.
Esta denuncia fue derivada por el juez de la causa, Julián Ercolini, al fiscal a cargo de la investigación contra Sbatella, Eduardo Taiano, quien ayer trabajaba en una ampliación del requerimiento de instrucción original que sumaría a Echegaray a la lista de funcionarios por investigar.
LA NACION se comunicó ayer con la AFIP, pero en el organismo no hicieron comentarios sobre el caso.
La denuncia que dio origen a este expediente fue presentada contra el jefe de la UIF por los legisladores Sánchez, Ernesto Sanz y Martín Lousteau. Haber «cajoneado» el expediente de Álvarez Sarría fue sólo una de las acusaciones contra Sbatella. También le endilgaron irregularidades en la investigación de otros supuestos casos de «narcolavado» de dinero.
Según los denunciantes, Sbatella cometió el delito de incumplimientos de sus deberes en los casos de Henry de Jesús Londoño, alias «Mi Sangre», y de Luis Medina, investigado por tráfico de drogas en Rosario y acusado de haber tenido relación con el ataque a la casa del gobernador Antonio Bonfatti.
Además, lo acusaron de haber impedido una revisión integral de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de haber «obstaculizado» el acceso a la información.
Pidieron también investigar un supuesto «desmantelamiento» de los equipos de trabajo. Los legisladores dieron cuenta de un supuesto conflicto entre Sbatella y quien era el vicepresidente de la UIF, Gabriel Cuomo, experto en investigaciones, que renunció. Dijeron asimismo que el GAFI, que controla a la UIF, había advertido deficiencias en los cuadros técnicos del organismo.
Cuomo declaró en la causa anteayer. Dijo que antes de la UIF había trabajado con Sbatella en la Anses y en la Comisión de Defensa de la Competencia; que las discrepancias que tenía con su jefe eran «en las formas», pero que le tenía un «profundo respeto profesional», y que su alejamiento de la UIF se debió a «una decisión personal». El juzgado planea ahora seguir citando a gente ligada a la UIF para ver si es cierto que se desactivaron equipos de investigación.
Además, esta semana el juez le ordenó a Sbatella que le entregara una serie de reportes de operaciones sospechosos (ROS) y de expedientes para analizar su comportamiento.
En paralelo, avanza en la fiscalía de Taiano otra causa que tiene un objeto es más amplio: está destinada a investigar la presunta arbitrariedad de Sbatella para avanzar en algunos casos de posible lavado y frenar otros; entre ellos, el de Lázaro Báez.
Fuente: La Nación, 24/05/14.
El acoso de la AFIP, un arma para acallar voces críticas.
Por Marcelo Bonelli.
La AFIP le envió una inspección fiscal y personal a Miguel Blanco, el actual titular de IDEA y coordinador del crítico e inédito documento empresario que aprobó esta semana el Foro de Convergencia Empresarial.
La acción se adoptó desde la Casa Rosada con el intento de presionar a Blanco, después de que en enero fuera elegido por las treinta cámaras para redactar y llevar adelante los acuerdos del movimiento empresario.
Ricardo Echegaray le abrió una investigación sobre la forma como liquidó históricamente sus bienes personales. Fue exactamente después de que el agrupamiento empresario anunciara que se encaminaba a alertar sobre la complicada marcha de la economía y a pedir un plan antiinflacionario.
La acción obedeció al intento de la Casa Rosada de hostigar y condicionar las conversaciones que se llevaron adelante durante febrero y marzo para confeccionar el documento crítico.
Blanco hizo comentarios sobre la persecución de la AFIP entre sus íntimos, pero siempre trató de quitarle dramatismo para no complicar las complejas negociaciones empresarias.
El titular de IDEA les dijo a sus allegados que la acción de la AFIP no iba a maniatar políticamente al Foro de Convergencia, porque él tenía todos sus papeles en regla con el organismo recaudador.
La apertura de la inspección de la AFIP ocurrió después de que Blanco hiciera declaraciones públicas críticas en febrero y las ratificara a comienzos de marzo en la TV. El propio Blanco confirmó la acción de la AFIP a Clarín. Pero –como había prometido– intentó bajar los decibeles. Así, dijo: “En febrero, la AFIP inició una revisión histórica de mis pagos por Bienes Personales, pero yo no tengo temor, porque cumplí con todo.” Y agregó: “Espero que sea una acción de rutina, que no esté relacionada con mi gestión en el Foro de Convergencia.” La persecución fiscal forma parte de los métodos del Gobierno para atemorizar y castigar a quienes deciden opinar distinto al relato oficial de Cristina Kirchner.
En la AFIP existe un “equipo especial” encargado de tareas de hostigamiento a opositores, empresarios, jueces, periodistas y referentes que intenten desmarcarse de la Casa Rosada. Lo dirige Guillermo Michel, con línea directa con la Presidenta.
Este grupo fue el encargado de accionar contra el juez Ricardo Lorenzetti.
Michel es subdirector de la AFIP y el nexo entre Echegaray y el aduanero Jorge Lambiris.
Una mecánica similar utilizaron los funcionarios contra el titular de la Unión Industrial, Héctor Méndez, cuando objetó en enero el desconcierto económico de Axel Kicillof. En ese caso lo vetaron de las licitaciones públicas del Estado. Méndez, como ahora Blanco, rechazaron las presiones y siguieron con sus actuaciones. La réplica obedece al hartazgo por estas prácticas persecutorias de la Casa Rosada. También, muchos se animan porque están preocupados por la herencia que dejará el cristinismo.
Esto último explica la inusual confluencia de los hombres de negocios en un documento crítico, después de tantos años de silencio y sumisión al poder político. El texto del “paper” que había adelantado Clarín ya fue girado a los precandidatos presidenciales y está en el escritorio del jefe de Gabinete.
Primero, Cristina le ordenó a Jorge Capitanich salir a desacreditarlo. Pero frente a la repercusión negativa, después intentó licuarlo y le bajó el tono a la confrontación. Ahora, los hombres de negocios están inquietos por el bloqueo a Techint y la anemia oficial para actuar frente a Hugo Moyano. Hay nueve plantas bloqueadas.
Ayer, la Asociación Empresaria Argentina expresó su “total rechazo al bloqueo, porque afecta derechos al trabajo y a la circulación.” Pero los hombres de negocios están también atentos a una jugada política que intenta retener en manos del cristinismo una caja política trascendente: el control de YPF. Un fuerte lobby político local y económico internacional propuso a los candidatos presidenciales para el 2015 mantener a Miguel Galuccio al frente YPF, para darle continuidad a la política petrolera.
Internamente trabajan en esa dirección varios operadores influyentes como, José Luis Manzano, Dorotea Capurro, dirigentes peronistas y hasta algunos de los ex secretarios de Energía que fueron contratados últimamente por YPF. También empresarios kirchneristas como Cristóbal Lopez.
La continuidad de Galuccio es un proyecto original que se le atribuye al núcleo duro del cristinismo: Carlos Zannini, Andrés Larroque y Sergio Urribarri soñarían con mantener el control de YPF y contar con una fuente que los financie cuando sean desalojados de la Casa Rosada. Internacionalmente, varias empresas de servicios petroleros también empujan la operación “Galuccio eterno.” Daniel Scioli escuchó esas proposiciones en su viaje a Estados Unidos. Un influyente emisario local le transmitió idéntica fórmula a Sergio Massa, y Mauricio Macri escuchó igual sugerencia en el Council of Americas. Hubo un pedido similar a Ernesto Sanz, en su último viaje al exterior. En todos los casos, los candidatos se sorprendieron con la osada propuesta. Fueron cautos en sus respuestas, pero ninguno ve cómo justificar la permanencia de Galuccio, quien sigue sin cosechar los éxitos que anunció.
Bajo su conducción, la petrolera estatizada no pudo –hasta ahora– cambiar el deterioro productivo energético de la Argentina. YPF logró pequeños avances como consecuencia de controvertidas decisiones políticas: subsidios del Estado, mayor deuda y una escalada en el precio de las naftas que le echa más combustible a la inflación.
Fuente: Clarín, 25/04/14.
Ricardo Echegaray, el rey de los corruptos.
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