Lavado de Dinero con empresas fachada y banca on line
junio 15, 2014
Caso de Estudio: Empresa fachada y Banca en línea utilizadas para legitimar dinero en Hong Kong
La antigua colonia británica de Hong Kong enfrenta a poderosas mafias que se valen del comercio internacional, de una moderna estructura financiera y de la “banca online” para legitimar dinero sucio. Incluso muchas veces se aprovechan de la necesidad de las personas para armar esquemas criminales.
El pasado mes de febrero una corte de Hong Kong condenó al joven Luo Juncheng, un chino de 22 años, por haber movilizado € 13 millones de dinero ilícito a través de la banca en línea.
El joven chino creó una empresa y abrió una cuenta bancaria comercial en el Chiyu Banking Corporation, una subsidiaria del Bank of China. A pesar de que todos los documentos estaban a su nombre, el beneficiario final era realmente un sujeto conocido como “Tío Pang”, quien en el pasado había ayudado a Luo pagando las cuentas hospitalarias su fallecido padre.
El “Tío Pang” instruyó al joven a realizar numerosas transferencias de dinero y depósitos con dinero de procedencia ilícita. Durante un período de 8 meses entre 2009 y 2010, el joven realizó 4.800 depósitos y más de 3.500 transferencias utilizando su cuenta empresarial y la plataforma de banca electrónica del Chiyu Banking Corporation.
Es importante estar alerta para detectar este tipo de casos que pueden reflejar un patrón utilizado por los grupos criminales, quienes pueden estar ayudando a personas necesitadas en momentos de crisis, para luego exigirles como pago por los favores recibidos su participación en esquemas de lavado de dinero, fraude y otros delitos.
Aspectos claves de cumplimiento
En este caso hay varios aspectos claves que deben haber sido contemplado por el personal de cumplimiento del banco emisor (Chiyu Banking Corporation) y de los otros bancos que participaron en las miles de transacciones:
-Perfil del Cliente: un joven de solo 22 años que no proviene de familias adineradas, ni posee actividades comerciales conocidas que justifiquen movimientos millonarios en sus cuentas, debe ser manejado como un cliente de alto riesgo desde el mismo momento que se detecta el movimiento de dinero irregular en sus cuentas.
-Empresa Fachada: el personal bancario debe constatar que las nuevas empresas sean realmente firmas reales, que tienen operaciones legítimas.
-Transacciones Sospechosas: difícilmente una empresa nueva pueda realizar más de 10.000 operaciones mensuales por más de un millón de euros. Salvo que el banco encuentre una justificación muy razonable, el personal de cumplimiento debe presentar reportes de operaciones sospechosas asociados al nuevo cliente.
-El Beneficiario Final: uno de los grandes desafíos de cumplimiento es llegar a detectar cuando una persona está siendo utilizada como “testaferro”, “naranja”, “front”… es decir, cuando el titular de una cuenta y supuesto dueño de una empresa no es quien realmente controla las operaciones. En estos casos como el reseñado, los software antilavado que detectan patrones transaccionales son una pieza clave para revelar procesos de estructuración y movimientos de dinero que pueden conducir al verdadero beneficiario final.
-Sistema de Monitoreo: los sistemas automatizados de control y monitoreo de transacciones deben detectar patrones de movimientos excesivos en las cuentas individuales y comerciales, especialmente si el perfil del cliente y el tipo de negocio no justifican un flujo intenso de dinero y de operaciones.
Las debilidades de Hong Kong
Durante los últimos años se ha señalado a Hong Kong como uno de los centros financieros más riesgosos del mundo asiático. El pasado año las autoridades implementaron una ley antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, como respuesta a las críticas emitidas por el Grupo de Acción Financiera.
El aumento de las operaciones asociadas al lavado de dinero en Hong Kong y las condenas poco severas contempladas para los delitos financieros han blanco de críticas. Así lo señaló la misma jueza Esther Toh, mientras dictaba sentencia contra el joven Luo Juncheng: «El ejecutivo de Hong Kong podría considerar la institución de penas más severas», para que se mantenga la reputación como centro financiero íntegro”.
Otro de los grandes desafíos del centro financiero asiático es el gran movimiento de dinero producto de la corrupción de los funcionarios públicos de China, quienes movilizan gran cantidad de transacciones a través del sistema bancario de Hong Kong, valiéndose principalmente de su moderna banca electrónica.
Según indicaron las autoridades, durante el año pasado los sujetos obligados presentaron 20.287 reportes de operaciones sospechosas.
Fuente: LavadoDinero.com, 31/01/13.
Reportaron operaciones de Boudou por sospechas de Lavado de Dinero
junio 8, 2014
Reportaron operaciones de Boudou por sospechas de lavado de dinero.
Por Hugo Alconada Mon y Santiago Dapelo.
Varios bancos y la AFIP alertaron sobre movimientos millonarios del vicepresidente y de su amigo y socio Núñez Carmona; el monto de las siete operaciones investigadas supera los $ 38 millones.
El vicepresidente Amado Boudou figura en los registros de la Unidad de Información Financiera (UIF) , que debe investigar si una de las sociedades comerciales que controla junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona lavó unos 7 millones de pesos.
Las sospechas se concentran en una de las dos únicas sociedades que Boudou reconoce como propias ante la Oficina Anticorrupción (OA), Inversiones Inmobiliarias Aspen. Pero en las actas de asamblea de esa sociedad consta que su grupo empresario es más amplio e incluye otras cinco firmas: dos agencias de publicidad (Action Media y WSM), una firma organizadora de eventos (Rock Argentina), otra dueña de un yate (Embarcaciones Argentinas) y, por último, Beaver Cheek.
El HSBC emitió el reporte de operación sospechosa (ROS) a fines de 2012, meses después de que estallara el caso Ciccone. En el informe que remitió a la UIF, detalló que Boudou y Núñez Carmona jamás aportaron la documentación que los oficiales de cumplimiento antilavado del banco les solicitaron para verificar la legalidad de los movimientos por unos $ 7 millones en sus cuentas.
En su reporte a la UIF, el HSBC completó los pasos de rigor. Detalló todos los movimientos bancarios de Aspen, así como remitió el análisis preliminar que desarrollaron sus oficiales sobre el vicepresidente, su socio y un amigo de ambos, Juan Carlos López, «el Sordo».
Sin embargo, el reporte del HSBC que incluyó a Boudou no es el único que apuntó a su entorno inmediato, y tampoco sobre la operatoria del caso Ciccone. Al menos otros seis ROS alertaron sobre posibles operaciones de lavado vinculadas a esta trama durante los últimos años por un monto global que supera los $ 38 millones. Y a eso se sumó un requerimiento de colaboración desde las autoridades antilavado de España.
Estos reportes llegaron a la UIF, que conduce José Sbattella, provenientes de los bancos Macro, Santander, Hipotecario y de la AFIP, según reconstruyó sobre la base de documentos oficiales, cuya copia obtuvo LA NACION, que los verificó con fuentes oficiales y de sectores antilavado, bancarios y financieros.
Núñez Carmona protagoniza tres de esos reportes; el misterioso fondo controlante de la nueva Ciccone, The Old Fund, otros dos; y los restantes dos se concentraron en London Supply, la firma que depositó $ 1,8 millones ante la Justicia para levantar la quiebra de la imprenta, pero casi de inmediato retiró esos fondos por fuera del expediente.
El socio de Boudou quedó bajo la lupa antilavado cuando comenzó a mostrar un súbito crecimiento patrimonial en simultáneo con el arribo de Boudou a la función pública. Incluyó compra y venta de inmuebles y automóviles, dólares y títulos públicos, al tiempo que recurrió al primer blanqueo que lanzó el Gobierno en 2009 para blanquear 7.267.850 pesos, según verificó LA NACION sobre la base de documentos de la AFIP.
Con el blanqueo de esos $ 7,2 millones, Núñez Carmona se convirtió en el contribuyente que más dinero exteriorizó en la zona de Mar del Plata, lo que provocó además presiones cruzadas dentro del organismo.
A partir de allí, la AFIP inició su investigación sobre Núñez Carmona y su entorno, al tiempo que el Banco Hipotecario remitió a la UIF su ROS sobre el socio de Boudou. Alertó sobre que el 26 de agosto de 2009 depositó US$ 500.000, en efectivo, para luego completar varias operaciones de cambio y de títulos públicos.
En su informe a la UIF -del 5 de julio de 2010-, el Hipotecario también aportó la declaración jurada que firmó Núñez Carmona, en la que sostuvo que no era una «persona políticamente expuesta». Por entonces, su socio era ya ministro de Economía y cinco días antes había anunciado el lanzamiento de un canje de los bonos atados a la inflación.
Casi dos años después, los bancos Macro y Santander enviaron sus ROS, que resultan casi gemelos. Ambos apuntan contra el misterioso fondo controlante de la nueva Ciccone, The Old Fund; se remitieron seis semanas después de que estalló el escándalo. El primero se envió el 21 de marzo de 2012; el restante, el 22.
Ambos reportes, además, se enfocan en su único rostro visible, Alejandro Vandenbroele, y en sus movimientos millonarios. Según el Santander, el monto global bajo sospecha ascendió a los $ 9,3 millones de «origen desconocido»; en el Macro, un poco menos: $ 7,3 millones.
El amigo y socio de Vandenbroele que en teoría alquiló el departamento de Boudou, Fabián Carosso Donatiello, también protagonizó su alerta. Pero en su caso, proveniente de Madrid, donde reside desde hace años. La unidad antilavado española envió una «solicitud de información», conocida más por sus siglas: SIR.
El requerimiento español se registró con el número 700.135 y se centró en la firma en la que ambos, Vandenbroele y Carosso Donatiello, figuraban como miembros del directorio: Agroibérica de Inversiones SA.
Desde el HSBC también apuntaron al caso Ciccone desde otro ángulo. Reportaron a la empresa London Supply cuando salió a la luz que esa firma había depositado $ 1,8 millones en un expediente judicial para ayudar al fondo The Old Fund levantar la quiebra de la ex Ciccone.
El informe se concentró en London Supply y algunos de sus accionistas y ejecutivos, como Eduardo Taratuty y Víctor Hugo Bonnet. Pero excluyó a otro de sus dueños, Miguel Castellano, amigo de Mar del Plata de Boudou y Núñez Carmona. Al declarar ante la Justicia, afirmó que aportó esos fondos -que recuperó por fuera del expediente en cuestión de días- porque se lo pidió Vandenbroele, un amigo del «surf».
La serie de movimientos que alertaron sobre Boudou y sus allegados en los últimos años:
– A fines de 2012, el HSBC reportó al vice y a Inversiones Aspen por unos 7 millones de pesos. El 22/3/2012, el Santander liberó un ROS contra The Old Fund por $ 9,3 millones.
– El 21/3/2012, el Macro informó al misterioso fondo que controla Ciccone por $ 7,3 millones.
El 26/8/2009, el banco Hipotecario alertó que Núñez Carmona depositó US$ 500.000, en efectivo.
– El febrero de 2012, el HSBC hizo dos reportes sobre London Supply, que depositó $ 1,8 millón para ayudar a The Old Fund.
– En 2009, la AFIP inició su propia investigación sobre Núñez Carmona.
Fuente: La Nación, 08/06/14.
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La gravedad institucional del caso Boudou
La altísima investidura del principal imputado y los actos tendientesa protegerlo han agravado el escandaloso episodio de corrupción.
Desde hace diez días, Amado Boudou ostenta el vergonzoso galardón de ser el primer vicepresidente argentino en ejercicio acusado de corrupción . A raíz del affaire de la ex imprenta Ciccone, será indagado mañana por el juez federal Ariel Lijo.
La gravedad institucional que entraña este caso radica no sólo en el alto rango del principal imputado, sino en los distintos actos con que se buscó encubrirlo. Basta recordar la forma en que, tras infundadas denuncias lanzadas por el vicepresidente, se forzó la renuncia del entonces procurador general de la Nación Esteban Righi, al tiempo que se removió al fiscal Carlos Rívolo, quien investigó el caso, y al primer juez que tuvo la causa, Daniel Rafecas. No menos graves resultan las sospechas sobre un reciente intento para apartar del expediente al actual juez interviniente.
El colmo llegó con las últimas declaraciones de Boudou, quien, en una muestra de cinismo y desfachatez que deshonra su investidura y da cuenta de su sensación de impunidad, provocó al magistrado y acusó a los diarios Clarín y lLA NACION de estar detrás de las acciones del juez.
Lijo acusó al vicepresidente de la República de haber adquirido de modo irregular la ex Ciccone Calcográfica, por entonces quebrada, junto con su socio José María Núñez Carmona, utilizando con ese fin a la sociedad The Old Fund, presidida por Alejandro Vandenbroele. El objetivo, según el juez, consistía en obtener contratos del Estado para que la imprenta hiciera negocios como la impresión de papel moneda, de documentación oficial y de boletas electorales del Frente para la Victoria, que llevó al poder a Boudou, compañero de fórmula de Cristina Kirchner en 2011.
Para el magistrado, el afán de llevar adelante negocios ilegales en su beneficio y a costa del Estado perjudicó directamente los intereses nacionales. Funcionario de una ambición y una frivolidad desmedidas y sin escrúpulos, Boudou llegó al altísimo cargo que ocupa gracias al dedo presidencial.
Para fundar la afectación de los intereses nacionales por parte de Boudou, el juez Lijo sostuvo: «Con la finalidad de que Ciccone Calcográfica sea contratada por el Estado nacional, Boudou habría interrumpido una licitación que tramitaba en Casa de Moneda, que permitía el autoabastecimiento de la producción de la totalidad de las demandas de billetes del Banco Central».
Entre otras muchas disposiciones, la intervención de Boudou en el caso Ciccone ha violado por lo menos dos artículos del Código de Ética de la Función Pública, que data de 1999. Son los que prohíben al funcionario público «involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones», y que también le prohíben obtener o procurar con su cargo beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros.
Lo emblemático de este nuevo y gravísimo hecho de corrupción de la era kirchnerista surge también debido a que sus pormenores ponen de relieve una nueva modalidad. En una escalada sin límites, el típico pedido de coimas habría sido superado por la temeridad desvergonzada y la codicia de atreverse a la apropiación de negocios privados por medio de empresarios amigos o simples allegados capaces de actuar como testaferros utilizando el poder del Estado.
Tampoco parece casual la intervención del gobierno formoseño contratando a una empresa sin trayectoria alguna, como The Old Fund, abonándosele la friolera de 7,6 millones de pesos por un servicio de negociación de deuda que en el resto de las provincias se resuelve naturalmente mediante el diálogo entre funcionarios.
Otro punto de los muchos que la Justicia deberá esclarecer es un interrogante que este diario planteó varias veces: ¿quién aportó los más de 50 millones de pesos que le permitieron a Vandenbroele reflotar Ciccone?
Dos marcas de fábrica han identificado al kirchnerismo desde que accedió al poder en 2003: la mentira constante, disfrazada de relato, y la corrupción sistémica. Un caso como el que nos ocupa no pudo consumarse por la sola voluntad de Boudou y un puñado de aventurados amigos y allegados como su socio Núñez Carmona y Vandenbroele, conocido de ambos, según el juez Lijo. Si bien, por el cargo que ocupa, Boudou se perfila en las acusaciones como la figura estelar de ese escándalo, nadie que haya seguido con atención las actuaciones piensa que pueda haber actuado en soledad. Sin la connivencia de una extendida, influyente y compleja red de complicidades que se tendió desde los máximos niveles del Gobierno, poco podría haber logrado el vicepresidente.
Más de diez áreas y funcionarios de peso habrían brindado su activa colaboración al vicepresidente. Por ejemplo, Defensa de la Competencia dictaminó en contra de la empresa Boldt, que en determinado momento quiso comprar Ciccone. En el apartamiento de Boldt, también intervino el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Y la Inspección General de Justicia no registró las irregularidades de The Old Fund.
Numerosos indicios, todos graves y concordantes, señalan que en los orígenes de la maniobra urdida para quitarle la imprenta a la familia Ciccone habría participado el ex presidente Néstor Kirchner. La muerte de éste, en octubre de 2010, alteró los planes iniciales, pero no eliminó el sustento operativo por lo que se recrearon, tras su desaparición, las condiciones necesarias para concretar la corrupta estratagema.
Para algunos observadores, es ése el motivo por el cual la primera mandataria ha defendido y aún defiende a ultranza al funcionario, pese a las pruebas recolectadas por el juez. Por este motivo, la comprometida situación judicial de Boudou afecta a la Presidenta.
Así las cosas, el caso Boudou-Ciccone se proyecta como un fenómeno de patética e inusitada gravedad para la vida institucional del país que se opone también palmariamente con un relato oficial por el que se ha procurado edificar, para beneficio de los gobernantes, un régimen de supuesto progresismo. Si Néstor Kirchner no estuvo en los orígenes del caso Ciccone, no habría razones políticas que permitan entender por qué se prolonga todavía el manto de protección que el núcleo más duro del oficialismo ha echado sobre las espaldas del vicepresidente. Menos aún cuando al Gobierno le queda apenas un año y medio de gestión por delante y nadie sueña, con sano criterio, en acortarle el mandato.
Es de esperar que la investigación en marcha esclarezca lo ocurrido sin omitir las responsabilidades conexas de los numerosos funcionarios y allegados que se encuentran involucrados. Porque en esta delicada trama se juega la salud y la dignidad de la República.
Fuente: La Nación, 08/06/14. Editorial.
Lavado de Dinero y Corrupción política en Argentina
mayo 24, 2014
Acusado de «cajonear» expedientes, Sbatella complicó a Echegaray.
Por Paz Rodríguez Niell.
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, está acusado de «cajonear» reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero y en su estrategia de defensa apuntó contra otro funcionario del Gobierno: Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP.
Sbatella presentó un escrito judicial en el que dijo que la AFIP le hizo saber «recién en junio de 2012» de un blanqueo millonario que había hecho más de dos años antes Mauricio Álvarez Sarria, el hijo del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff (conocido como «Gran Hermano»), acusado de narcotráfico, detenido en la Argentina en 2011 y extraditado a los Estados Unidos. Como consecuencia de esta afirmación de Sbatella, el diputado Fernando Sánchez denunció esta semana a Echegaray y pidió que se lo impute a él también por los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «encubrimiento agravado«.
Esta denuncia fue derivada por el juez de la causa, Julián Ercolini, al fiscal a cargo de la investigación contra Sbatella, Eduardo Taiano, quien ayer trabajaba en una ampliación del requerimiento de instrucción original que sumaría a Echegaray a la lista de funcionarios por investigar.
LA NACION se comunicó ayer con la AFIP, pero en el organismo no hicieron comentarios sobre el caso.
La denuncia que dio origen a este expediente fue presentada contra el jefe de la UIF por los legisladores Sánchez, Ernesto Sanz y Martín Lousteau. Haber «cajoneado» el expediente de Álvarez Sarría fue sólo una de las acusaciones contra Sbatella. También le endilgaron irregularidades en la investigación de otros supuestos casos de «narcolavado» de dinero.
Según los denunciantes, Sbatella cometió el delito de incumplimientos de sus deberes en los casos de Henry de Jesús Londoño, alias «Mi Sangre», y de Luis Medina, investigado por tráfico de drogas en Rosario y acusado de haber tenido relación con el ataque a la casa del gobernador Antonio Bonfatti.
Además, lo acusaron de haber impedido una revisión integral de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de haber «obstaculizado» el acceso a la información.
Pidieron también investigar un supuesto «desmantelamiento» de los equipos de trabajo. Los legisladores dieron cuenta de un supuesto conflicto entre Sbatella y quien era el vicepresidente de la UIF, Gabriel Cuomo, experto en investigaciones, que renunció. Dijeron asimismo que el GAFI, que controla a la UIF, había advertido deficiencias en los cuadros técnicos del organismo.
Cuomo declaró en la causa anteayer. Dijo que antes de la UIF había trabajado con Sbatella en la Anses y en la Comisión de Defensa de la Competencia; que las discrepancias que tenía con su jefe eran «en las formas», pero que le tenía un «profundo respeto profesional», y que su alejamiento de la UIF se debió a «una decisión personal». El juzgado planea ahora seguir citando a gente ligada a la UIF para ver si es cierto que se desactivaron equipos de investigación.
Además, esta semana el juez le ordenó a Sbatella que le entregara una serie de reportes de operaciones sospechosos (ROS) y de expedientes para analizar su comportamiento.
En paralelo, avanza en la fiscalía de Taiano otra causa que tiene un objeto es más amplio: está destinada a investigar la presunta arbitrariedad de Sbatella para avanzar en algunos casos de posible lavado y frenar otros; entre ellos, el de Lázaro Báez.
Fuente: La Nación, 24/05/14.
México tiene riesgo medio de Lavado de Dinero
mayo 24, 2014
Monterrey – México ocupa el lugar 86 en el Índice Antilavado de Dinero del Instituto de Basilea, el cual hace una clasificación por país de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La clasificación, hecha por esta organización independiente y que se basa en información del Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y el Grupo Financiero de Acción Internacional (GAFI), asigna una puntuación del 0 al 10 a cada país, donde 0 implica que hay poco riesgo y 10 que el riesgo es alto.
“Las altas puntuaciones indican que un país es más vulnerable al lavado de dinero con base en su marco legal en materia de lavado de dinero y acciones contra financiamiento terrorista, así como otras categorías como estado de derecho, corrupción y transparencia”, indica el Instituto de Basilea en su sitio.
La puntuación de México, de acuerdo con este ranking del 2013 y que toma en cuenta a 149 países, es de 5.7, lo que lo coloca en un riesgo medio a este tipo de delitos.
El rango de riesgo en el que se encuentra el País, que incluye a las naciones con puntuaciones entre 5.0 y 6.0, es el que aglutina a más países, incluyendo a un total de 49, entre ellos a Estados Unidos, España y Canadá.
Las naciones con mayor riesgo, que están dentro del top 3, son Afganistán, Irán y Camboya, con puntuaciones de 8.5, 8.4 y 8.3, respectivamente.
En cambio, los países que presentan menor riesgo son Estonia, Eslovenia y Noruega, en los lugares 147, 148 y 149, con puntuaciones de 3.31, 3.30 y 3.17, respectivamente.
En México entró en vigor una nueva Ley Antilavado en septiembre del año pasado, la cual establece medidas y procedimientos que permiten prevenir actos con operaciones de recursos ilícitos.
De acuerdo con el último reporte de seguimiento de México hecho por el GAFI, principal organismo contra el blanqueo de capitales, México ha tenido un progreso significativo en cuanto acciones encaminadas a enfrentar esta problemática, entre ellas la promulgación de esta nueva ley
Lo anterior, explica el GAFI, pone al País cerca de ser retirado de su estudio continuo, lo que implicaría que México ha respondido a esta problemática de manera acertada en materia de derecho.
El reporte fue publicado en febrero pasado y se trata del séptimo de este tipo que le hace GAFI a México desde el 2008.
Fuente: http://ntrzacatecas.com/2014/05/18/tiene-mexico-riesgo-medio-de-lavado-de-dinero/
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Más información: El-Lavado-de-Dinero-_-v-Internacional
Denuncian a José Sbatella, titular de la UIF, por encubrir el Lavado de Dinero
mayo 3, 2014
Denuncian que el titular de la UIF encubrió un presunto caso de Lavado.
Por Lucio Fernández Moore.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, fue denunciado ante la Justicia por dos diputados y un senador por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de un presunto caso de lavado de dinero por parte de un hijo de un supuesto narcotraficante colombiano detenido en la Argentina y extraditado a los Estados Unidos.
La denuncia, ingresada el miércoles pasado en los tribunales federales de Comodoro Py, fue realizada por el senador y titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Ernesto Sanz, junto con los diputados de UNEN Martín Lousteau y Fernando Sánchez.
El sorteo determinó que intervenga el juzgado a cargo de Julián Ercolini, quien deberá darle curso del asunto a la Fiscalía.
Los legisladores denunciaron que Sbatella encubrió una operación de “blanqueo de capitales” realizada en 2009 por poco más de un millón de dólares por parte de Mauricio Alvarez Sarría, hijo, según denunciaron, del colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff, extraditado el año pasado a los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Ambos –recordaron los legisladores– también son investigados en la Argentina por presunto narcotráfico por el juez federal Carlos Ferreiro Pella, de Lomas de Zamora.
De acuerdo con los denunciantes, Sbatella habría “cajoneado” la información sobre el “blanqueo” de divisas hecho por Alvarez Sarría durante dos años y recién se la envió a Ferreiro Pella por un pedido puntual del magistrado en 2012. Las primeras informaciones sobre las sospechosas operaciones de su padre se habían originado en 2006 a través de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por el ex Banco Río. Fue por unos depósitos realizados en menos de dos semanas por casi medio millón de pesos que llamaron la atención de la entidad.
La denuncia del senador Sanz y los diputados Lousteau y Sánchez también incluye la presunta “inactividad” de Sbatella sobre otro supuesto narcotraficante colombiano detenido, Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”. “La UIF sólo prestó colaboración en el caso casi un año después de la detención de ‘Mi Sangre’”, dijeron los legisladores en su denuncia. La causa contra “Mi Sangre” tramita en el juzgado federal penal 2 porteño, a cargo de Sebastián Ramos.
Además, los legisladores denunciaron supuestos beneficios en la cárcel de Ezeiza a favor de “Mi Sangre”, Alvarez Meyendorff y Roberto Segovia, detenido en la causa por tráfico de efedrina. Según los denunciantes, los presuntos narcotraficantes habrían solventado diversos gastos admitidos por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) como costosos “delivery” de comida o televisores instalados en el pabellón VIP.
Otro caso agregado a la denuncia es el del presunto narco Luis Medina, asesinado junto a su novia el 29 de diciembre del año pasado en la zona sur de Rosario. Medina era investigado por su presunta vinculación con el ataque a balazos contra la casa del gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, y los denunciantes le achacan a Sbatella no haberlo denunciado pese a sus antecedentes delictivos.
La denuncia también menciona los informes desfavorables hacia la UIF emitidos en por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) entre 2010 y 2014 y en los que se destacan sus “incompletos” informes, sus “severas deficiencias” en los “análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas” y en “la puesta en funcionamiento de una UIF despolitizada”, según consta en la presentación realizada en los tribunales federales de Comodoro Py.
“Una de las críticas fundadas que caracterizan la gestión del licenciado Sbatella al frente de la UIF es que sus escasísimas denuncias penales contienen graves falencias técnicas, por lo que, en su gran mayoría, concluyen en una ‘declaración de incompetencia’ y/o en un irremediable ‘archivo’ de las actuaciones”, añadieron los legisladores en su denuncia.
Fuente: Clarín, 03/05/14.
José Sbatella, funcionario corrupto.
Líder espiritual colombiana investigada por Lavado de Dinero
mayo 2, 2014
Lujos de líder espiritual colombiana motivaron investigación por Lavado de Activos.
Por Álvaro Sánchez.
Los lujos con los que vive la líder espiritual María Luisa Piraquive, quien instauró varias iglesias en Costa Rica, provocaron las sospechas de la fiscalía de Colombia, donde la investigan por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Ella, incluso visitó Costa Rica en el avión privado que compró su organización religiosa.
En enero del 2014, semana.com reveló en una nota las propiedades que presuntamente tenía la iglesia en Estados Unidos. En esa oportunidad algunos expastores de la iglesia en el estado de Florida, EEUU, le contaron a esta revista que allí recogían no menos de 100.000 dólares al mes.
También se dijo que nadie en la iglesia se atreve a preguntar a dónde van a parar esas cuantiosas sumas. Nadie, porque según la líder de la iglesia como el dinero es para dios, no tiene ni devolución ni cuestionamientos.
Con los registros bancarios e inmobiliarios de Estados Unidos se encontró que hay 80 sedes registradas a lo ancho y largo de ese país.
Precisamente allá, donde los registros, como el del condado de Broward son públicos, expastores de la iglesia remitieron un listado de lujosas y millonarias propiedades que los Piraquive ostentan. Tan solo en Florida el tema es llamativo.
A nombre de Óscar Carrillo y de su esposa Perla Moreno, una de las hijas de María Luisa, se encontró un registro de una casa en el sector de Weston. El documento asegura que el valor comercial es de 1.560.190 dólares (cerca de 3.000 millones de pesos colombianos).
Expertos en finca raíz en ese país, aseguran que ese valor es el precio que pone el condado para efectos de impuestos. Pero el valor real en el mercado de propiedades casi siempre es entre un 80 y 120% más alto, dice.
En el mismo sector, no muy lejos de allí, aparece otro inmueble a nombre de la senadora Alexandra Moreno Piraquive. Según el registro, la lujosa vivienda vale 1.292.090 dólares (es decir cerca de 2.284 millones de pesos).
La mamá de estas, María Luisa Piraquive, aparece con una propiedad en la misma zona cuyo valor alcanza 1.936.210 dólares (3.872 millones de pesos). A nombre de su otro hijo, Iván Darío, hay una vivienda en Fort Lauderdale de tan solo 780.300 dólares (1.560 millones de pesos).
Su otro hermano, Carlos Eduardo, también aparece como propietario de una residencia cuyo valor es de 432.710 dólares (cerca de 864 millones de pesos).
Fuente: Teletica.com, 28/04/14.
El Transporte de Valores y el Lavado de Dinero
abril 1, 2013
Entrevista a Luz Magaly Cárdenas:
«El riesgo siempre estará, lo importante es tratar de evitarlo o mejor dicho minimizarlo, porque en todo caso es muy difícil erradicarlo»
A pesar de que las actividades de una empresa de transporte de valores son muy distintas a las de una institución financiera, en algunas ocasiones estas compañías deben hacer un cumplimiento antilavado basado en las mismas normas y estándares. Es por eso que la oficial de cumplimiento de la firma Transporte de Valores Bancarios (Transbanca C.A.), Luz Magaly Cárdenas, considera fundamental que en Venezuela se apruebe una normativa especial para este sector.
En una entrevista exclusiva para Lavadodinero.com, la experimentada oficial de cumplimiento, quien antes ha trabajado en el sector financiero, destacó los desafíos que presenta este tipo de empresas reguladas para los profesionales antilavado.
¿Qué diferencia hay entre el cumplimiento antilavado en una empresa de transporte de valores y una institución financiera?
La diferencia como tal no viene dada en cuestiones de cumplimiento, ya que ambos tipo de instituciones tienen que ceñirse a una regulación bien estricta y conformada, que nos presenta el entorno venezolano de acuerdo a sus normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, las cuales se han basado e integrado a lo que se expone en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). ¿Qué quiere decir esto? Que ambas instituciones tienen que presentar un plan de cumplimiento acorde con lo exigido por el estado venezolano en esta materia; por tal razón, la diferencia radica en la manera en que cada funcionario interpreta su rol en el contexto que se expone en cada norma. Sin embargo, las instituciones financieras delante de una empresa de transporte son unos “gigantes” y no pueden seguir los mismos lineamientos de control, porque son diferentes en cuanto a estructura.
Las empresas de transporte deberían tener su propia regulación acorde a su tamaño, estructura y de acuerdo al riesgo que presentan. Actualmente las regulaciones venezolanas están trabajando en lo que respecta a una estructura de administración del riesgo para cada tipo de producto que presente las instituciones. Las instituciones financieras presentan un tipo de riesgo que no es el mismo que presentan las transportistas, por tanto no pueden fijarse los mismos mecanismos de control. Las tipologías de los delitos varían para cada institución y cada vez son más avanzadas; en este sentido es relevante señalar que el esquema basado en riesgo permite que los actores establezcamos medidas simplificadas de debida diligencia para aquellos casos plenamente identificados como de mayor y menor riesgo.
-¿Qué les exige la ley venezolana en materia de cumplimiento antilavado (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT)?
En la actualidad tenemos normas, resoluciones y leyes bien planteadas acorde con lo establecido por el GAFI, así como plantearnos reservas con todas las listas internaciones, entre ellas OFAC, a fin de poder mantenernos a raya con todos los convenios y tratados internacionales que se han suscripto sobre la materia. Como sujetos obligados debemos dar cumplimiento con cada una de las normas que se han implementado, de acuerdo a los estándares internacionales, ya que recibimos revisiones y auditorias constantes por parte de nuestros órganos reguladores. En los actuales momentos, el sector de transporte ha efectuado varias reuniones con los entes reguladores a fin de poder contar con una norma específica para este sector. Hay preocupación por parte del Estado en resolver esta situación y sobre esto se está trabajando.
-¿A qué tipo de riesgos está sometida una empresa de transporte de valores?
Como toda empresa, siempre están expuestas a que seamos un mecanismo para que la delincuencia organizada nos intercepte. Lo importante aquí es mantener muy bien informado y adiestrado a todo nuestro personal para que esté en capacidad de poder detectar cuando una empresa venga con el fin de penetrar nuestro sistema. El riesgo siempre estará, lo importante es tratar de evitarlo o, mejor dicho, minimizarlo porque en todo caso es muy difícil erradicarlo.
-¿Cómo mitigan el factor “complicidad interna”?
Fíjate, como te explicaba antes, tratando de concientizar a todo nuestro personal en lo que respecta a la materia. Pero te confieso que en las empresas de transporte esto es muy complicado, por no decirte difícil. El personal de las empresas de transporte, en su gran mayoría, es muy diferente al personal de las instituciones financieras. Los roles son completamente diferentes, por tal motivo la estrategia que debemos fijarnos para lograr el objetivo es bastante exigente… pero no imposible. En nuestras regulaciones se maneja el punto de la política “Conozca a su Empleado”, y en nuestra estructura de cumplimiento también tenemos la política de capacitación del personal, esto quiere decir que para cada sector dentro de la institución se tiene un tipo de adiestramiento acorde con sus funciones.
-En el caso de Venezuela, ¿cuál es el mayor desafío que tiene el oficial de cumplimiento en el sector transporte?
Yo diría que el que te mencione antes, lograr llegar a esa masa laboral que por ende resulta más difícil que la de las Instituciones Financieras. Como diría un viejo colega en la materia: “trabajo de hormiguita”, tesón y esfuerzo. Saber llegar y transmitir el mensaje. La prevención es nuestro lema, ya que la prevención para mí significa “una idea mental”.
-Venezuela es un país puente del narcotráfico y según Transparencia Internacional es uno de las jurisdicciones donde se refleja un mayor índice de corrupción pública en todo el mundo. Estos factores generan un gran movimiento de efectivo ilícito y un enorme desafío para las empresas del sector. ¿Qué procedimientos de control ejecutan ustedes para asegurarse de que el crimen organizado no los utilice como “mulas” en el traslado de dinero o bienes de procedencia ilícita?
Si, verdaderamente para nosotros los oficiales de cumplimiento venezolanos el tema se nos ha venido encima, ya que sentimos que trabajamos mucho y el esfuerzo cada día es mayor en esta enorme lucha. Tenemos que poner en práctica todo lo explicado en nuestras regulaciones vigentes en la materia, haciendo hincapié en lo que resaltan las 40 Recomendaciones del GAFI, específicamente en lo relativo a “conozca a su cliente”.
Este tema es bien difícil en este sector [transporte], ya que el personal no se mueve dentro del ámbito bancario y encajar cada una de estas ideas suena un poco fatigoso al cliente. Sin embargo, en la empresa nos hemos empeñado en transformarles esta idea a todos los clientes, proveedores y público que requiere de nuestros servicios. Actualmente, para poder ser cliente nuestro y poder ofrecerle los servicios de transporte, tenemos un expediente completo del cliente, y del “cliente de mi cliente”. Importantísimo para nosotros es el conocer el origen de los fondos de nuestros clientes y verificar la procedencia de los mismos, para así saber que el dinero que transportamos proviene de todas sus operaciones normales correspondiente al tipo de negocio que representa.
Como te dije, siempre estaremos expuestos. Debemos trabajar en equipo todas las unidades de la instituciones, es decir, las áreas de auditoria, consultoría jurídica, recursos humanos, sucursales y agencias… en fin todas estas áreas responsables del cumplimiento, a fin de poder minimizar este delito, ya que evitarlo yo diría que es casi imposible.
-¿Puede mencionar uno o dos casos curiosos en el que hayan detectado una actividad sospechosa de parte de los clientes y/o de algún empleado?
Mira, en la empresa actualmente me encuentro desde el 2010 y hasta la fecha dentro de mis evaluaciones no he percibido algo que pudiéramos decir “sospechoso”; considero que esta palabra va más allá, pudiéramos decir algo “inusual” tal vez… pero no de relevancia como para reportarlo.
-¿Qué recomendaciones puede emitir para los colegas que trabajan en el sector de transporte de valores?
Mi recomendación es que debemos trabajar juntos en equipo, tal como lo hacen las instituciones financieras, sociedades de corretajes y el sector seguros, con intercambio de información, conformación de comités y reuniones para debatir ideas y temas. Estar informados de todas las reuniones sobre las nuevas tendencias y tipologías que se realizan dentro de nuestros entes reguladores a fin de poder asistir a ellas, así como también a congresos y conferencias que se dictan en la materia. Considero importantísimo estos tiempos y debemos dar comienzo a debates entre todos los sujetos obligados ya que en Venezuela, considero tenemos mucho personal capacitado para debatir estos temas.
Fuente: LavadoDinero.com, 22/03/13.
Más información: www.lavadodinero.com
Detectan más actividad de Lavado de Dinero en Estados Unidos
marzo 29, 2013
Detectan más actividad de Lavado de Dinero en EE.UU.
Por Nathan Koppel
SAN ANTONIO, Texas — Una casa estilo mediterráneo que cuenta con su cocina abierta y un bar fue subastada recientemente por US$425.000 por el gobierno federal estadounidense, que alega que la propiedad era de la esposa de un hombre que trabajaba con narcotraficantes mexicanos.
El decomiso y venta forman parte de una campaña de las autoridades estadounidenses para combatir el lavado de dinero realizado por personas presuntamente vinculadas a los carteles mexicanos. La policía sospecha que estos individuos están obteniendo cada vez más productos en EE.UU. con las ganancias procedentes de sus actividades ilícitas.
Las autoridades señalaron que el auge en las compras es impulsado por cambios en las leyes mexicanas en 2010 y 2012 que restringen el depósito de dólares en bancos mexicanos, o la compra de autos, joyas y otros artículos de lujo con efectivo.
«Mas dólares producto de la venta de drogas y otros crímenes, como el tráfico humano, son lavados al norte de la frontera», apuntó Rexford Setzer, supervisor de una de las unidades de lavado de dinero del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.
No hay datos completos sobre la escala del lavado de dinero por parte de organizaciones criminales mexicanas, pero los fiscales estatales y federales han respondido con demandas civiles de alto perfil en Texas y otros estados fronterizos que buscan decomisar propiedad supuestamente comprada con dinero del narcotráfico. Los bienes confiscados incluyen autos de lujo, joyas y aviones.
Por mucho tiempo, los fiscales estadounidenses han entablado acciones de incautación civil para decomisar activos presuntamente comprados con fondos obtenidos ilegalmente. En casos de incautación federal, el gobierno debe demostrar únicamente con preponderancia de pruebas —mucho menor a lo requerido en casos penales— que una propiedad está ligada a un crimen.
Los críticos mantienen que las confiscaciones civiles son propensas a los abusos por parte de las agencias de seguridad pública, ya que estas se benefician de los ingresos obtenidos con la venta de los bienes y, por tanto, tienen incentivos para decomisarlos.
Los fiscales argumentan que es vital que el gobierno de EE.UU. tenga la habilidad de confiscar rápidamente activos de procedencia ilícita, antes de que puedan ser vendidos para avanzar o recompensar conductas criminales.
En diciembre, las autoridades federales adquirieron un condominio en la playa de Texas valorado en US$640.000, cuyo presunto dueño era Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador del estado mexicano fronterizo de Tamaulipas y candidato presidencial en 2005. Los agentes sostienen que Yarrington aceptó sobornos de narcotraficantes mientras era gobernador.
Yarrington no ha sido acusado formalmente y su abogado, Joel Androphy, señaló que las imputaciones de soborno no tienen fundamento. El abogado también negó que el ex gobernador fuera propietario del condominio.
El año pasado, el gobierno federal también decomisó cientos de caballos cuarto de milla presuntamente comprados por miembros de los carteles del narcotráfico como parte de una operación de lavado de dinero, y más tarde fueron vendidos por casi US$9 millones.
Algunos abogados defensores se quejan que mexicanos adinerados que ganaron su dinero honradamente han terminado enredados de manera injusta en las redes del gobierno de EE.UU.
«Realizan confiscaciones con base en declaraciones juramentadas a medias», afirmó el abogado Rolando Ríos, de San Antonio, quien defiende un caso en el que el gobierno confiscó el año pasado más de US$4 millones en efectivo que un cliente mexicano, José Villarreal Saldívar, depositó en un banco en San Antonio. Para combatir mejor el lavado de dinero, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha propuesto nuevas reglas que requerirían que los bancos de EE.UU. investiguen más a fondo los antecedentes de las empresas que abren cuentas bancarias para asegurarse de que no sean fachadas de organizaciones delictivas.
Pero buena parte de las acciones del gobierno giran en torno a activos específicos que las autoridades consideran fueron comprados con dinero del narcotráfico.
La casa de 370 metros cuadrados en San Antonio que fue subastada el mes pasado era de la esposa de Mauricio Sánchez Garza, un empresario mexicano que supuestamente ayudó a narcotraficantes a lavar fondos en EE.UU., según documentos judiciales.
Fuente: The Wall Street Journal, 25/03/13.
Esta casa de San Antonio sera subastada por las autoridades de EE.UU.
Argentina no investiga el Lavado de Dinero
febrero 18, 2013
Dejaron de investigar sospechas de Lavado de Dinero
Por Hugo Alconada Mon
La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado nacional, se mueve con un límite infranqueable: no investiga más las alertas que recibe del exterior sobre las operaciones sospechosas de lavado vinculadas con personas o empresas argentinas.
El controvertido límite impuesto en la UIF provocó el archivo casi inmediato de múltiples alertas recibidas desde paraísos fiscales alrededor del mundo sobre funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas argentinos desde hace años.
Esto fue lo que ocurrió con varios reportes enviados desde Liechtenstein, Suiza, la Isla de Man y hasta desde el atolón de Nauru (entre Australia y Hawai).
El cambio de política fue confirmado a LA NACION por cuatro fuentes familiarizadas con toda la operatoria que se realiza en la UIF, un organismo del Estado que responde políticamente al Gobierno.
La decisión de concentrarse sólo en las operaciones locales y no en las alertas internacionales comenzó hace ya algunos años, sobre la base de pautas que regulan su funcionamiento.
«En la práctica, lo que ocurre es que la UIF se dedica a cazar dentro del zoológico», ironizó uno de los informantes. «Eso implica que el sospechoso que logró sortear el cerco local, después es muy raro que tenga problemas.»
Ese límite deja un amplio margen de acción a miles de argentinos que entre 2000 y 2009 extrajeron del país más de 95.800 millones de dólares, en muchos casos sospechados de estar vinculados con la corrupción y la evasión tributaria, según la estimación realizada por el centro de estudios Integridad Financiera Global (GFI, por sus siglas en inglés).
En contacto con otras unidades antilavado alrededor del mundo a través del Grupo Egmont, la UIF recibe y envía a través de esa red pedidos de datos sobre investigaciones en curso.
Así, si en la Argentina se investiga a una empresa, puede pedirles a las otras unidades toda la información que puedan tener sobre esa compañía. Y viceversa, también. Es decir que puede recibir requerimientos de colaboración sobre una persona o compañía investigada en Europa o Asia o el Caribe, por ejemplo.
Esa interacción secreta es bastante habitual, hasta el punto de que entre 2003 y 2011 la UIF envió 794 solicitudes de información y recibió 441 desde el exterior, según las últimas estadísticas oficiales que difundió el propio organismo a fines de ese año.
Desde el exterior, sin embargo, también llegan comunicaciones espontáneas sobre operaciones bancarias, financieras e inmobiliarias, entre otras, vinculadas con argentinos.
«Lo típico es que una unidad extranjera le avise a la UIF que tal persona está moviendo dinero y pregunte qué hay sobre él en el sistema local», graficó un segundo informante. «El problema es qué se hace acá con eso», abundó.
Al recibir la información desde el exterior, los técnicos de la UIF la cargan en la base de datos y se verifica si esa persona ya se encontraba bajo la lupa del organismo, o si al menos se había recibido un reporte local de operación sospechosa (ROS). Si ya se lo investigaba o había un ROS sobre esa persona, el aporte internacional se añade a su legajo y se examina.
Al archivo
El problema, sin embargo, ocurre cuando no es así. Si la persona o empresa señalada desde el exterior no era ya investigada por la UIF o no había al menos un ROS sobre ella, la unidad antilavado se limita a registrar los datos y ordenar su archivo, sin abrir una investigación propia.
«Eso significa que si un argentino está limpio en el país, puede presentarse con una valija repleta de dólares en un banco en el extranjero para abrir una cuenta sin temor a un sobresalto porque cuando la unidad antilavado de ese país lo informe a la UIF, no se investigará», detalló la tercera fuente.
Controlada por la Dirección de Relaciones Institucionales de la UIF, la información que llega por la red del Grupo Egmont registró, de todos modos, al menos dos incidentes serios durante los últimos años. Uno ya es conocido; el otro es un secreto a voces dentro del organismo.
El primer incidente ocurrió durante la campaña electoral de 2009, cuando la UIF recibió información de inteligencia financiera sobre Francisco de Narváez proveniente de la unidad antilavado estadounidense (FinCen) y esos datos terminaron publicados en Página 12, en lo que el diputado describió como una utilización política de datos confidenciales.
Este episodio llevó a la ruptura de relaciones entre ambos organismos durante más de dos años, que recién durante los últimos meses comenzaron a recomponerse de manera progresiva y parcial.
El segundo incidente , por el contrario, afecta a la justicia local y ocurrió mientras el líder de la hoy CGT disidente, Hugo Moyano, mantenía una relación aceptable con el Gobierno.
Así, según reconstruyó LA NACION, cuando el juez federal Norberto Oyarbide preguntó a la UIF si había recibido consultas desde el exterior -y, en particular, desde Suiza- sobre el referente de los camioneros, desde el organismo ofrecieron una respuesta favorable para Moyano, previo retoque de unas fechas sobre las consultas recibidas vía Egmont.
Más allá de De Narváez o Moyano, sin embargo, y por fuera del ámbito de investigación de la unidad antilavado local, quedaron otros dirigentes, que incluyen a funcionarios, políticos, empresariales y sindicales.
Junto con miles de argentinos más, extrajeron los cerca de US$ 95.800 millones del país en flujos ilícitos entre 2000 y 2009 que calculó el GFI. Pero que quedaron fuera del «zoológico» de la UIF.
La unidad antilavado centralizó, además, numerosas objeciones del principal foro intergubernamental del mundo de prevención y lucha contra el lavado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entre otras, fijó que la UIF debía mejorar su interacción con sus pares de otros países para combatir mejor los delitos económicos.
Sometido a un proceso de revisión especial, el país mostró mejores resultados durante los últimos plenarios del GAFI, que de todos modos lo mantiene dentro de su «lista gris» (ver aparte), con críticas cosechadas desde Estados Unidos, Alemania y España, entre otros. Desde este último país, incluso, llegó a la Argentina una alerta desde la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). Se centraba en el luego presidente de la «nueva» Ciccone, Alejandro Vandenbroele, y su socio Fabián Carosso Donatiello, el futuro inquilino del departamento del vicepresidente, Amado Boudou . Dada la práctica de cazar en el zoológico de la UIF, ninguno fue investigado hasta después de que estalló el caso Ciccone.
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Sbattella y una decisión controvertida
La UIF resolvió no investigar reportes desde el exteriorLa resolución de la UIF
Desde hace años no investiga los reportes sospechosos que se envían desde el exterior, a través del denominado Grupo Egmont
Paraísos fiscales
Esos reportes provienen habitualmente de destinos sospechosos como Liechtenstein, Suiza, la isla de Man y el atolón de Nauru
Posibles beneficiados
Entre quienes dejaron de ser investigados se encuentran funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas argentinos
95.800 millones de dólares
Es lo que estimó el centro de estudios Integridad Financiera Global (GFI) que se fugó del país entre 2000 y 2009 en operaciones ilícitas como corrupción y evasión tributaria
441 reportes desde el exterior
Es lo que recibió la UIF entre 2004 y 2011 por pedidos basados en operaciones sospechosas. Buena parte de esa información ha sido archivada sin profundizar en la investigación
Dos antecedentes polémicos
HUGO MOYANO
Secretario de la CGT
Cuando todavía tenía buen vínculo con el kirchnerismo, la UIF ajustó las fechas de consultas recibidas desde el exterior para favorecer su situación ante una requisitoria del juez Oyarbide
F. DE NARVÁEZ
Diputado peronista
En la campaña de 2009 la UIF recibió información de inteligencia financiera reservada sobre el principal rival de Kirchner y fue filtrada intencionalmente en una nota en Página 12
DÓLARES Y CAJAS DE SEGURIDAD
José Sbattella estuvo asociado a definiciones polémicas desde que llegó a la UIF. A fines de 2011 dijo que la ley antiterrorista podría ser aplicada con los medios de comunicación. En abril de 2012 se pronunció a favor de «desdolarizar por las buenas o por las malas», lo cual acentuó el debate sobre el tema. Y a fin del año pasado consideró que la costumbre argentina de guardar dinero en cajas de seguridad facilita el encumbrimiento del lavado.
Fuente: La Nación, 18/02/13.
Argentina: Deficiente control del Lavado de Dinero
octubre 30, 2012
El 65% de las sospechas de lavado de dinero no se investigaron
Por Hugo Alconada Mon
La unidad antilavado dejó sin investigar 7400 de los 11.400 reportes de operaciones sospechosas (ROS) que integraban su base de datos a mediados de 2011. Los soslayó debido a la puesta en marcha de un nuevo sistema informático que tuvo graves problemas de aplicación, según surge de informes internos en los que se alertó sobre sus riesgos y dificultades.
La falta de análisis de casi el 65% de los reportes que la Unidad de Información Financiera (UIF) acumuló durante ocho años de labor contrasta con el énfasis que les dio su presidente, José Sbattella, a las investigaciones contra «enemigos» del Gobierno, entre otros, el Grupo Clarín; el jefe de la CGT, Hugo Moyano, y Sergio Schoklender . Esta información fue confirmada a LA NACION por tres fuentes al tanto de la operatoria dentro del organismo.
La desatención de esos 7400 reportes se debe a los problemas verificados en el sistema, conocido en la jerga como «matriz de riesgo». Se activó a mediados del año pasado, después de un largo proceso de desarrollo que mantuvo casi paralizado a un sector de la UIF durante seis meses.
La primera falla de la matriz es que, cuando al fin se implementó, no incluyó los ROS que hasta entonces llegaban impresos en papel y se procesaban con el sistema anterior, el SAIR. La segunda es que esos 7400 reportes sin analizar tampoco fueron cruzados con los ROS que comenzaron a llegar a la UIF desde que se activó la matriz.
Según dejó asentado por escrito en un reporte que elevó a Sbatella la entonces directora de Análisis de la UIF, Ana Helbardt, dijo que tal como estaba planteada la matriz, «quedan sin ningún tipo de tratamiento los ROS pendientes de análisis del SAIR (7400 de los 11.400 que integran esa base)». LA NACION procuró consultar al titular de la UIF, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.
Helbardt explicó además que, al no poder cruzarse esos 7400 reportes con los ROS que comenzaron a llegar a la UIF desde que se activó la matriz, «las alertas que se generen (o no se generen) no cuentan con los antecedentes de los últimos ocho años de la Unidad».
El primer efecto nocivo de esas dos falencias -ni análisis ni entrecruzamiento- resultaba evidente, según la funcionaria. «Aquí se produce un riesgo importante, ya que puede descartarse un [nuevo] ROS que tenga antecedentes o vinculaciones con otros ya existentes» y soslayados.
Helbardt también alertó sobre las responsabilidades en juego, que excedían a su dirección de análisis y llegaban hasta la presidencia de la UIF. Consignó que con la matriz «debería preverse que esos ROS [por los 7400 pendientes] queden sin análisis hasta tanto se implemente una matriz complementaria», de la que además aclaró que sólo se habló en «reuniones informales» y sin mayores precisiones, como las que requeriría el tema.
Desde entonces, la mayoría de esos 7400 reportes continúa sin analizarse, según las fuentes que consultó LA NACION. Sólo se analizó un pequeño porcentaje, por las personas, empresas o montos de las operatorias sospechadas, o porque surgió algún tema «caliente» que justificó buscar entre los reportes sin analizar.
Con 280 parámetros o «a dedo»
Desarrollada durante meses por funcionarios y técnicos bajo la batuta del número dos del organismo, Gabriel Cuomo, la fórmula de la «matriz de riesgo» llegó a abarcar 280 parámetros de búsqueda y análisis. Algunos resultaban valiosos o incluso imprescindibles, pero otros carecían de asidero práctico.
«La fórmula incluía, por ejemplo, que se cruzaran datos con la AFIP, los registros Automotor y de la Propiedad de la Capital Federal o Migraciones, pero ni siquiera se sabía cómo se cruzarían esos datos», precisó un informante.
Aportó un caso concreto: «Si la idea era cruzar datos con el registro inmueble de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa si el reporte es sobre alguien que vive en Orán? Porque del registro de Salta no había nada en la matriz».
Ese primer bosquejo de la «matriz», sin embargo, sufrió luego una reformulación, con problemas casi opuestos. Fue cuando se marchó Helbardt y arribó un colaborador de Sbatella, Pablo Chena, como nuevo director de Análisis de la UIF, área a la que sumó a su hermana y a su cuñado.
De hecho, LA NACION publicó en septiembre pasado que Sbatella desplazó en la UIF a varios técnicos especializados en investigaciones antilavado y a muchos de ellos los reemplazó con militantes y familiares sin experiencia alguna en la materia.
«La matriz pasó de ser una ecuación compleja y larguísima a quedar reducida a sólo 10 parámetros que en la práctica no servían para detectar los reportes relevantes», detalló uno de los informantes, que indicó que dados los «problemas» registrados se inició una segunda «reformulación».
La relevancia de contar con una «matriz de riesgo» eficiente surge de los registros estadísticos del propio sistema antilavado. A medida que pasó de 350 a 22.500 sujetos obligados a informarle a la UIF las operaciones sospechosas, los reportes treparon de 351 en 2003 a 13.387en 2011, último año con datos oficiales conocidos.
El problema es que las falencias de la matriz y su posterior simplificación llevaron a Chena y sus colaboradores al otro extremo, según dos fuentes consultadas por LA NACION por separado. Ambas afirmaron que ahora se seleccionan «a dedo» los reportes que se investigan. O que se busca información en las bases sin que medie un reporte previo.
La última fase de la puesta en marcha de la «matriz de riesgo» registró, incluso, situaciones peculiares. Entre otras, que Chena terminó por apropiarse de la iniciativa en la que habían trabajado Cuomo y una larga lista de expertos. Y que en los fundamentos se sostuvo que matrices similares ya se aplican en Australia. «Lo cual -aclaró un informante- era pura cháchara. Pero pasó igual.»
Fuente: La Nación, 29/10/12.
José Sbattella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).