En medio de la crisis, Alejandro Vanoli elogió a Venezuela como «el caso más exitoso en redistribución del ingreso»
El ex funcionario kirchnerista reconoció la crisis en el país gobernado por Maduro pero afirmó que se resuelve con «más revolución».
Alejandro Vanoli, en los tribunales de Comodoro Py.
El ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli dijo que Venezuela es un caso «exitoso» de distribución de ingreso, durante un congreso en Caracas. Y en medio de la profunda crisis económica y social que afecta al país.
Para resolver esos mismos problemas económicos y sociales que golpean al gobierno de Nicolás Maduro , que Vanoli reconoció, el ex funcionario kirchnerista recomendó una solución: «Más revolución».
«Venezuela es el caso más exitoso en un proceso de redistribución del ingreso», dijo Vanoli durante el foro «Dilemas económicos en América Latina», realizado en la Universidad Bolivariana de Venezuela, y transmitido por la cadena Telesur.
«La solución para superar los problemas de Venezuela es profundizar los cambios revolucionarios. La gente debe presionar al Estado para que no haya abusos de las empresas», agregó.
«No hay que generar dicotomías en la organización social y el Estado, la reacción ante la guerra económica en Venezuela debe ser oportuna y contra los poderes del imperio y los medios de comunicación golpistas», enfatizó.
Por otro lado, el ex titular del BCRA, quien se encuentra procesado en la causa por el dólar futuro junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Economía Axel Kicillof, realizó un balance de su gestión en el Central: «Hicimos muchas cosas mal, pero alguna bien, como la tasa de interés regulada para invertir en moneda local».
«Está bien el nacionalismo, pero hay que lograr que la gente no pierda plata si ahorra en la moneda local», agregó.
Fue el debut de la abogada exitosa. Y el sueño de Claudio Bonadio: logró ser el primer juez en procesar a Cristina Kirchner. Mejor dicho, a Cristina Elisabet Fernández, como la llamó a lo largo de su pronunciamiento.
Bonadio dispuso esa medida el viernes pasado, en la causa que se abrió por el enorme caudal de recursos que el Banco Central destinó a evitar una devaluación, mediante generosísimos contratos de futuros. Es el más técnico de los expedientes que involucran a la ex presidenta. Y el de mayor significación política. Por su contenido y por sus consecuencias.
Bonadio calculó que el kirchnerismo dilapidó $ 77.325.739.330 para mantener barato el dólar. O, dicho de otro modo, para que el retraso cambiario le estallara al sucesor. El juez interpretó que el titular del Central Alejandro Vanoli y el resto del directorio defraudaron al Estado. Si bien no montaron una estafa, incurrieron en un abuso de autoridad, al malgastar los recursos que se les habían confiado. Y explica por qué los funcionarios eran conscientes del daño que causaban.
Bonadio procesó a Vanoli y a los directores que lo acompañaron. Pero también a la señora de Kirchner y a Axel Kicillof. No es un detalle. El cargo más interesante, y el de mayor alcance, es haber eliminado cualquier límite formal a sus decisiones. Bonadio analiza las disposiciones que fueron corroyendo la institucionalidad monetaria y cambiaria. Desde la supresión de la autonomía del Banco Central hasta la selección de funcionarios por su lealtad a una facción, más que por su calidad profesional.
El fallo sienta un precedente tan saludable como riesgoso: cualquier líder que, valiéndose de un poder excepcional conquistado en las urnas, modele las instituciones a su antojo para tomar medidas imprudentes está expuesto a una sanción penal.
Los voceros de Cristina Kirchner equiparan las investigaciones contra ella con el impeachment contra Dilma Rousseff. Les parece obvio que están siendo dirigidos por Barack Obama. El desasosiego nubla la inteligencia. Porque lo que sucedió la semana pasada en Buenos Aires es muy distinto de lo que ocurrió en Brasilia. Rousseff fue removida por un juicio político. No penal.
Quienes votaron en su contra aclararon que no evaluaban un caso de corrupción, sino decisiones administrativas irregulares. En concreto: haber usado la banca pública para financiar un déficit exacerbado. Los defensores de la señora de Kirchner podrían esgrimir que los errores de su jefa no son judiciables y que, por lo tanto, tendrían que haber sido examinados, como en Brasil, por el Congreso. No por un juez penal. No se les ocurrió.
Más allá de su consistencia jurídica, el fallo del viernes es relevante para el juego del poder. Hay una curiosa simetría: el principal promotor de la causa fue Alfonso Prat-Gay, cuando no sabía que reemplazaría a Kicillof. Se abre también una incógnita. ¿Qué efectos tendrá el pronunciamiento sobre la actual administración del Central? Entre los procesados hay tres directores designados por la señora de Kirchner: Pedro Biscay, Germán Feldman y Juan Cuattromo. ¿Pedirá el kirchnerismo su remoción? Fue lo que hizo Néstor Kirchner cuando, en agosto de 2008, el entonces director Ricardo Branda fue procesado en la causa de las coimas del Senado, de la que, al final, salió absuelto. Hay una diferencia: a los cuatro amigos de Kicillof se los sancionó por hechos cometidos como directores. Nadie querrá abrir este debate. Podría arrastrar a Federico Sturzenegger, procesado por el «megacanje».
Aunque siga danzando frente a Comodoro Py, para Cristina Kirchner el esmeril judicial es demasiado pernicioso. Está deteriorando su propia base electoral. La consultora Isonomía estudió esa caída en el segmento de los que no toleran a Macri. En enero, su imagen positiva allí era del 79%; en marzo, del 75%, y en abril, del 68%. Al mismo tiempo fue subiendo la imagen negativa. ¿Adónde van los desencantados? Misterio.
El procesamiento dispuesto por Bonadio tuvo, además, otra peculiaridad. La señora de Kirchner no aparece rodeada de testaferros ni socios comerciales, como Lázaro Báez o Cristóbal López. La escoltan Kicillof y sus delegados en el Banco Central. La juventud maravillosa del siglo XXI.
Varios directores del Central pretenden que hoy la Cámara de Casación aparte a Bonadio. Para el kirchnerismo es el demonio de Comodoro Py. Es una percepción comprensible en gente mal acostumbrada: en octubre de 2011 el mismo juez sobreseyó a los secretarios privados del matrimonio Kirchner, acusados de un enriquecimiento sideral. El fiscal era Guillermo Marijuan, otro despiadado. Pero que aquella vez no apeló. Dos días antes la ex presidenta había triunfado con el 54% de los votos.
Bonadio espera a la señora de Kirchner en otro expediente: el de la sociedad Los Sauces. Ella también prefiere otro juez. Hernán Ercolini, por ejemplo, que acaba de recibir de Daniel Rafecas la causa Hotesur, de la que había sido desplazado Bonadio. Rafecas tuvo el caso nueve meses, durante los cuales no movió un papel, a pesar de la insistencia del fiscal Carlos Stornelli. En ambas causas, Los Sauces y Hotesur, se investiga si el cobro de alquileres correspondió al pago de sobornos.
Para aclararlo, haría falta que Sebastián Casanello investigue cómo se formó la incalculable fortuna de Lázaro Báez. Si fue, como le dijo Leonardo Fariña, con los sobreprecios de licitaciones amañadas. Pero Casanello sigue encapsulando a Báez en un caso de lavado de dinero muy extraño: el dinero sería blanco.
En tribunales adjudican esa posición de Casanello a sus compromisos con el kirchnerismo. Esa interpretación ahora se alimenta con una versión muy inquietante. Dos personas que visitaron a Báez en la cárcel en los últimos diez días aseguran que le escucharon detallar tres reuniones en Olivos, de las que participaron él, Cristina Kirchner, «Wado» de Pedro, el ex secretario de Justicia Julián Álvarez y Casanello. En una de ellas Báez fue acompañado por su hijo Martín. Habrían sido en agosto, septiembre y noviembre de 2015. Uno de los visitantes de Báez comentó: «Lázaro dice que hay un mozo de la residencia que tal vez recuerde que, la última vez, el juez pidió un cortado en jarrito». Quizá Macri averigüe entre sus mozos. Casanello lo molesta: Panamá Papers, gestiones de Angelici, Time Warp. LA NACION quiso comunicarse ayer con el magistrado para saber su opinión. Pero no obtuvo respuesta.
Según las mismas fuentes, Casanello prometió en la última entrevista firmar el sobreseimiento de Báez. Pero la difusión de los videos de La Rosadita con Martín Báez contando plata se lo habría impedido.La aparición de esas imágenes desata controversias. ¿Las lanzó Federico Elaskar o las tenía Antonio Stiuso? ¿Negoció Stiuso con el kirchnerismo esas grabaciones antes de irse de la ex Side? Elaskar y Stiuso tienen un amigo en común: Carlos Molinari, el ex candidato a vicegobernador de Mario Ishii y proveedor de obras públicas en la gestión de Eduardo Duhalde.
No son los únicos enigmas que administra Casanello. El abogado y colaborador de Báez, Jorge Chueco, dejó en el hotel de Iguazú donde fue capturado una carta dirigida a una tal «Querida», en la que, insinuando que se quitaría la vida, celebra que el juez y el fiscal ya no seguirán recibiendo una fortuna para demorar una condena. El texto obligó a abrir un expediente en el juzgado de María Servini de Cubría. Chueco negó lo que había escrito. Y se quejó de que le revisaran la correspondencia.
Ironías de la historia: tal vez Chueco reciba esta semana la visita de su antiguo socio Gustavo Cinosi, uno de los hombres de negocios más cercanos a Carlos Zannini. Cinosi es el titular del Sheraton Pilar, donde celebró su inolvidable boda el juez Ariel Lijo. Cinosi llega a Buenos Aires como organizador de un curso de la OEA sobre lavado de dinero para jueces federales. Cuánto que aprender…
Algunos funcionarios de Comodoro Py juran haber visto una reunión entre Casanello, el camarista Eduardo Freiler y el secretario y operador inmobiliario Jorge Pratto, hace diez días. El juez habría confesado a su padrino Freiler que en la causa Báez carece de indicios contra Cristina Kirchner. Los diputados kirchneristas pidieron, en cambio, que se impute a Ángelo Calcaterra, el primo de Macri, quien en varias licitaciones estuvo asociado a Báez. Curioso suicidio el de Héctor Recalde y sus compañeros: admiten que los Kirchner promovieron la corrupción con la obra pública.
Esa falta de autoestima es más llamativa porque uno de los que piden investigar a Calcaterra es Julio De Vido, que repartía los negocios. Como Kicillof, De Vido es el otro flanco dañado de Cristina Kirchner. Bonadio lo procesó la semana pasada por la tragedia de Once. En un primer momento, después de una gestión de Alfredo «Freddy» Lijo, lo había protegido. «Freddy» es el hermano de Ariel Lijo, un magistrado que ganó poder desde que su secretario, Juan Tomás Rodríguez Ponte, se encarga de las intervenciones judiciales de teléfonos y correos electrónicos. «Freddy», su hermano, ha sido el principal gestor judicial de De Vido. Pero el día del procesamiento prefirió estar en Miami.
Este Lijo es el esposo de María Carla Lago, la socia de Freiler en una financiera. Freiler fue sobreseído por Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Ramiro González, en una causa por su fabuloso enriquecimiento. El denunciante, Ricardo Monner Sans, pidió que se anule la absolución. Alegó que Martínez de Giorgi está casado con una secretaria de la Cámara de Freiler. Y que González -que ahora enfrenta una delicadísima denuncia familiar- es profesor en la cátedra del acusado. El reclamo cayó en manos de Servini de Cubría, quien lo remitió a la Cámara Federal para sorteo. El de Freiler es un caso incómodo. Ningún juez quiere condenar a un superior.
Frente a la crítica situación de la entidad monetaria, al gobierno cristinista sólo se le ocurre responsabilizar a la Justicia por una corrida cambiaria.
El reciente allanamiento del Banco Central por las controvertidas operaciones de venta de dólares a futuro dispuestas por la autoridad monetaria, que merecieron una denuncia por presunta defraudación a la administración pública, es apenas un capítulo más sobre la grave herencia económica que dejará el gobierno kirchnerista a quienes asuman el 10 de diciembre próximo.
Más que las acciones dispuestas por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la investigación que se sigue por las sospechosas operaciones del Banco Central, llamaron la atención algunas declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, difundidas a través de la red social Twitter, en contra de las medidas judiciales.
La primera mandataria habló de una «corrida cambiaria judicial» al referirse al allanamiento dispuesto por el citado juez para secuestrar documentación sobre las operaciones en el mercado del dólar a futuro. Señaló que esa decisión judicial «interrumpió por primera vez en la historia el funcionamiento del mercado de cambios». Posteriormente, se preguntó: «¿Qué puede suceder si se interrumpe el normal funcionamiento del BCRA en el mercado de cambios? Básicamente, el mercado pasaría a controlar el valor del dólar y con toda seguridad se generaría una devaluación o pérdida de reservas».
Aunque ya no sorprende el supino desconocimiento en materia económica de la titular del Poder Ejecutivo Nacional, indigna que, ante una medida judicial que resulta lógica frente a las denuncias sobre una eventual defraudación, desconozca que si alguien ha hecho hasta lo imposible para interrumpir el normal funcionamiento del Banco Central ha sido su propio gobierno. Desde poner fin a la independencia de la autoridad monetaria, que pasó a ser un apéndice del Poder Ejecutivo y, en los últimos tiempos, del Ministerio de Economía, a cargo de Axel Kicillof, hasta instrumentar un cepo cambiario que, lejos de morigerar la demanda de divisas frente a la huida de los inversores y del común de la gente del peso argentino, potenció la apetencia de dólares y las operaciones en el mercado paralelo.
Pese a que Cristina Kirchner esgrime que por primera vez se interrumpió el funcionamiento del mercado de cambios por una decisión judicial, hay que hacer notar que este mercado -paradójicamente denominado Mercado Único y Libre de Cambio, pese a no ser ni único ni libre- hace rato que ha sido destruido por el afán intervencionista y la ignorancia con que su gobierno enfrentó la crisis de confianza en materia económica.
A partir de una denuncia presentada por los diputados Mario Negri y Federico Pinedo, jefes de los bloques de la UCR y de Pro, respectivamente, se investiga si las decisiones en materia cambiaria impulsadas por el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, representan un daño para la solvencia de la entidad, en tanto se vendieron contratos a futuro por miles de millones de dólares a precios que no sólo resultan muy inferiores a las expectativas del mercado, sino francamente irrisorios en comparación con los valores operados en el mercado neoyorquino. Concretamente, el BCRA vendió en las últimas semanas dólares a un promedio de 10,65 pesos para los meses de enero, febrero y marzo, cuando esos mismos dólares cotizaban en Nueva York por encima de los 15 pesos. Y si bien las operaciones de venta de dólares a futuro son legales, resulta claramente sospechoso que el Banco Central se haya convertido en el único oferente de esos contratos, por cuanto nadie está dispuesto a vender dólares a esos valores.
El Banco Central expresó en un comunicado que su intervención en el mercado de futuros es «absolutamente transparente» y que continuará con su política «para garantizar la estabilidad financiera y cambiaria y contribuir al crecimiento económico con inclusión social». Sin embargo, de acuerdo con distintos cálculos que realizan analistas del sector privado, las últimas intervenciones de la entidad monetaria podrían derivar en pérdidas del orden de los 35.000 a los 45.000 millones de pesos, que deberían asumir las próximas autoridades nacionales.
Como se puede advertir, sobran motivos para pensar que estamos ante un caso más de mal desempeño de los deberes de funcionario público, que se suma a una política monetaria y cambiaria desastrosa, que ha virtualmente destruido el comercio exterior, al derrumbar las exportaciones, al tiempo que ha acentuado la presión sobre las reservas internacionales.
Lo cierto es que el actual nivel de reservas es el más bajo en los ocho años de gestión de Cristina Kirchner al frente del país; que el superávit comercial prácticamente ha desaparecido, pese a las fuertes restricciones sobre las importaciones; que el déficit fiscal ha trepado a niveles que no se veían desde hacía mucho tiempo, del orden del 7 por ciento del PBI, y que se ha dado lugar a una creciente expansión monetaria que alimenta una inflación descontrolada. El uso del atraso cambiario como ancla antiinflacionaria no sólo ha arrasado con el comercio exterior y con las economías regionales, sino que ha aumentado la brecha cambiaria con el mercado marginal y ya ha llegado a su límite.
Frente a esta crítica situación, que ha derivado en un pésimo manejo del patrimonio del Banco Central, el gobierno kirchnerista sólo puede atinar a seguir dando rienda suelta a su relato, al extremo actual de acusar a la Justicia y a un hipotético gobierno de la oposición por sus propios desmanejos.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya utilizó el 85% del maquillaje que adquirió vía China el año pasado. Con él, la entidad intenta disimular la caída real de reservas que enfrenta dada la pérdida de competitividad que sufrió en los últimos años la economía y el marcado recelo que ganó a empresas e inversores, tras la imposición del cepo, a la hora de ingresar divisas en el país.
El banco que conduce Alejandro Vanoli ya contabiliza como parte de esa tenencia el equivalente a unos US$ 9.500 millones, sobre el total de US$ 11.000 millones que contempla el swap chino, coinciden en estimar los analistas.
Esto implica que sólo dispone de un remanente equivalente a US$ 1.500 millones para sostener la estrategia con la que busca tranquilizar a los mercados en el fin de ciclo. De mantener un ritmo de uso como el que le dio en las últimas semanas, tendría que ir buscando otro proveedor cosmético toda vez que la evidencia (acuerdos similares que firmó con Indonesia, Rusia y Brasil, por caso) muestra que China es renuente a ampliar acuerdos de este tipo que involucren cifras superiores al 2% del PBI local.
Los economistas llegaron a ese número tras seguir el derrotero de las intervenciones negativas que tuvo el BCRA en el último mes en el mercado de cambios donde, según datos oficiales conocidos ayer, debió desprenderse de US$ 1.373 millones sólo en el lapso que fue de la última semana de julio a la tercera de agosto. Durante ese período la cuenta que suele registrar el mayor ingreso de yuanes (identificada como «otros» en el archivo excel por el cual el BCRA detalla los distintos factores que explican la variación de sus reservas) registró entradas por el equivalente a US$ 1285 millones.
Esa sustitución de los dólares que salieron (para que las empresas o el Estado paguen importaciones o deuda, para cancelar los gastos que los viajantes locales tuvieron en el exterior o para que los ahorristas los atesoren, entre otras cosas) por yuanes es la que explica el descenso de apenas US$ 247 millones que reportó en su tenencia de reservas, que apenas cayó de US$ 33.931 millones a 33.684 millones en dicho lapso.
Claro que la situación se descuenta que siguió complicándose de allí en mas dado que en la semana que acaba de finalizar el ente reportó una intervención negativa en el mercado cambiario por US$ 240 millones, según datos preliminares y una nueva caída en las reservas hasta los US$ 33.594 millones que implicaría una merma adicional de US$ 110 millones en esa tenencia durante la semana.
El director de Empiria y ex administrador de las reservas, Pedro Rabassa, estima que sólo en la primera quincena de agosto hubo US$ 1.200 millones en nuevo maquillaje. «El Gobierno recurrió al swap con la idea de llegar tranquilo a octubre pero dado el ritmo de ventas actual ni usando todo podrá evitar reconocer una caída mayor en las reservas», dice.
La consultora ACM estima que ya se han empledo del swap unos US$ 9.400 millones, lo que deja a la vista «un margen de financiamiento por esta vía cada vez más exiguo justo cuando más crece la pérdida de divisas que enfrenta.
Cuando se pactó el swap con China el BCRA se había comprometido a que la porción en yuanes de las reservas no superaran el 20% de la tenencia total. Pero la exposición a esa moneda (que acaba de devaluarse casi 5%) ya ronda 28,5%.
La Anses jugó contra el dólar
Una masiva liquidación de bonos por parte de la Anses puso freno a la carrera alcista de los precios del dólar en la Bolsa. El ente fue vendedor básicamente de Bonar 17 y 24, que en conjunto negociaron $ 1.300 millones ayer (el 39% del total operado en bonos) para hacer caer su precio y bajar al «contado con liqui» y el dólar-bolsa, que habían llegado a los $ 14. En la calle el dólar blue [dólar de libre cotización en el mercado negro] retrocedió otros 14 centavos, a $ 15,53.
Sin límites para el nepotismo y la militancia rentada
Al crecimiento del empleo público para recompensar a militantes del kirchnerismo, se suma la tendencia a dar refugio laboral a familiares.
Entre los legados de los 12 años de gestión kirchnerista, el futuro presidente de la Nación heredará una administración pública desbordada de burócratas, entre los que se encuentra un elevado porcentaje de militantes rentados. Pero, por si esto fuese poco, el kirchnerismo no ha morigerado, sino que ha profundizado un vicio de la vieja política como el nepotismo.
Si como muestra basta un botón, puede citarse el ejemplo del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Alejandro Vanoli, quien les hizo un lugar en ese organismo a su pareja y a su hijo, cineasta, quienes fueron empleados para colaborar en el desarrollo del área de educación financiera de la entidad monetaria.
Vanoli defendió su decisión esgrimiendo que las dos personas designadas están «capacitadas» y cuentan con «antecedentes». No dijo, en cambio, que probablemente haya muchas otras personas igual o mejor preparadas que no tuvieron las mismas posibilidades que sus familiares.
El argumento del titular del BCRA es similar al que vienen utilizando otros funcionarios para justificar las prácticas nepotistas y que olvidan que las dependencias del Estado nacional y de los organismos oficiales descentralizados deben manejarse con criterios de transparencia mayores incluso a los de cualquier empresa privada.
El artículo 16 de la Constitución Nacional expresa que la Argentina «no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento» y que «todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad».
Pero la tentación de nuestra clase política por olvidarse de la idoneidad y llenar de militantes, parientes y amigos la función pública no ha cedido en estos últimos años, ni en el orden nacional ni en las esferas provinciales y municipales.
Tanto es así que cuando Néstor Kirchner arribó a la Casa Rosada, en 2003, había 266.165 empleados permanentes y transitorios en la administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. Al promediar 2014, ese número de agentes públicos era de 377.225, según datos del Indec, y para cuando concluya el mandato de Cristina Fernández de Kirchner podría tranquilamente estirarse hasta cerca de 400.000, según cálculos privados. De este modo, al cabo de 12 años de gestión nacional del kirchnerismo, la cantidad de empleados del Estado podría sufrir un aumento cercano al 50 por ciento. Y, curiosamente, el mayor incremento se habrá producido durante los dos últimos años.
El copamiento del aparato estatal es una de las formas que ha hallado el grupo gobernante para perpetuar a una militancia rentada, en la cual se destacan los adherentes a La Cámpora y otras agrupaciones partidarias, que han colonizado diversas reparticiones públicas, entre las que pueden mencionarse la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Inspección General de Justicia, el Ministerio de Cultura y empresas con participación estatal mayoritaria, como Aerolíneas Argentinas.
La retirada del poder del cristinismo también ha sido cubierta con las designaciones de fiscales y jueces alineados con el kirchnerismo.
Claro que el uso político del Estado y sus derivaciones nepotistas distan de ser exclusivas del sector público nacional. El crecimiento del empleo estatal se ha verificado también en las provincias, a tal punto que, de acuerdo con cifras oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que se remontan a 2012, el número de agentes del sector público en todo el país equivalía al 21,6% de toda la población ocupada. Se trata de un porcentaje que sólo es superado por cinco países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Francia. La gran diferencia es que en estas cinco naciones, el Estado cumple un papel activo y eficiente en cuestiones primordiales como la salud, la educación y la seguridad, donde la Argentina ofrece severas falencias.
Otro dato del elefantiásico crecimiento del sector público es el hecho de que, desde 2007 -año en que asumió el gobierno Cristina Kirchner- hasta la actualidad, el crecimiento del total del personal registrado en el sector público prácticamente triplicó al que se produjo en el sector privado.
El avance del populismo y el nepotismo, que en los últimos años ha encontrado sus peores expresiones en provincias como Santiago del Estero y Tucumán, de la mano de caudillos feudales como Gerardo Zamora y José Alperovich, es lamentablemente una realidad en el orden nacional y un lastre que sólo podrá superarse con una profunda renovación en la dirigencia y en la forma de hacer política. Una forma que deje atrás la irracionalidad, la demagogia y la desmesura y que, de una vez por todas, nos convierta en un país serio.
Entre los legados de los 12 años de gestión kirchnerista, el futuro presidente de la Nación heredará una administración pública desbordada de burócratas, entre los que se encuentra un elevado porcentaje de militantes rentados. Pero, por si esto fuese poco, el kirchnerismo no ha morigerado, sino que ha profundizado un vicio de la vieja política como el nepotismo.
Pero la tentación de nuestra clase política por olvidarse de la idoneidad y llenar de militantes, parientes y amigos la función pública no ha cedido en estos últimos años, ni en el orden nacional ni en las esferas provinciales y municipales.
Claro que el uso político del Estado y sus derivaciones nepotistas distan de ser exclusivas del sector público nacional. El crecimiento del empleo estatal se ha verificado también en las provincias, a tal punto que, de acuerdo con cifras oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que se remontan a 2012, el número de agentes del sector público en todo el país equivalía al 21,6% de toda la población ocupada. Se trata de un porcentaje que sólo es superado por cinco países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Francia. La gran diferencia es que en estas cinco naciones, el Estado cumple un papel activo y eficiente en cuestiones primordiales como la salud, la educación y la seguridad, donde la Argentina ofrece severas falencias.