El Transporte de Valores y el Lavado de Dinero

Entrevista a Luz Magaly Cárdenas:

«El riesgo siempre estará, lo importante es tratar de evitarlo o mejor dicho minimizarlo, porque en todo caso es muy difícil erradicarlo»

A pesar de que las actividades de una empresa de transporte de valores son muy distintas a las de una institución financiera, en algunas ocasiones estas compañías deben hacer un cumplimiento antilavado basado en las mismas normas y estándares. Es por eso que la oficial de cumplimiento de la firma Transporte de Valores Bancarios (Transbanca C.A.), Luz Magaly Cárdenas, considera fundamental que en Venezuela se apruebe una normativa especial para este sector.

En una entrevista exclusiva para Lavadodinero.com, la experimentada oficial de cumplimiento, quien antes ha trabajado en el sector financiero, destacó los desafíos que presenta este tipo de empresas reguladas para los profesionales antilavado.

¿Qué diferencia hay entre el cumplimiento antilavado en una empresa de transporte de valores y una institución financiera?

La diferencia como tal no viene dada en cuestiones de cumplimiento, ya que ambos tipo de instituciones tienen que ceñirse a una regulación bien estricta y conformada, que nos presenta el entorno venezolano de acuerdo a sus normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, las cuales se han basado e integrado a lo que se expone en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). ¿Qué quiere decir esto? Que ambas instituciones tienen que presentar un plan de cumplimiento acorde con lo exigido por el estado venezolano en esta materia; por tal razón, la diferencia radica en la manera en que cada funcionario interpreta su rol en el contexto que se expone en cada norma. Sin embargo, las instituciones financieras delante de una empresa de transporte son unos “gigantes” y no pueden seguir los mismos lineamientos de control, porque son diferentes en cuanto a estructura.

Las empresas de transporte deberían tener su propia regulación acorde a su tamaño, estructura y de acuerdo al riesgo que presentan. Actualmente las regulaciones venezolanas están trabajando en lo que respecta a una estructura de administración del riesgo para cada tipo de producto que presente las instituciones. Las instituciones financieras presentan un tipo de riesgo que no es el mismo que presentan las transportistas, por tanto no pueden fijarse los mismos mecanismos de control. Las tipologías de los delitos varían para cada institución y cada vez son más avanzadas; en este sentido es relevante señalar que el esquema basado en riesgo permite que los actores establezcamos medidas simplificadas de debida diligencia para aquellos casos plenamente identificados como de mayor y menor riesgo.

-¿Qué les exige la ley venezolana en materia de cumplimiento antilavado (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT)?

En la actualidad tenemos normas, resoluciones y leyes bien planteadas acorde con lo establecido por el GAFI, así como plantearnos reservas con todas las listas internaciones, entre ellas OFAC, a fin de poder mantenernos a raya con todos los convenios y tratados internacionales que se han suscripto sobre la materia. Como sujetos obligados debemos dar cumplimiento con cada una de las normas que se han implementado, de acuerdo a los estándares internacionales, ya que recibimos revisiones y auditorias constantes por parte de nuestros órganos reguladores. En los actuales momentos, el sector de transporte ha efectuado varias reuniones con los entes reguladores a fin de poder contar con una norma específica para este sector. Hay preocupación por parte del Estado en resolver esta situación y sobre esto se está trabajando.

-¿A qué tipo de riesgos está sometida una empresa de transporte de valores?

Como toda empresa, siempre están expuestas a que seamos un mecanismo para que la delincuencia organizada nos intercepte. Lo importante aquí es mantener muy bien informado y adiestrado a todo nuestro personal para que esté en capacidad de poder detectar cuando una empresa venga con el fin de penetrar nuestro sistema. El riesgo siempre estará, lo importante es tratar de evitarlo o, mejor dicho, minimizarlo porque en todo caso es muy difícil erradicarlo.

-¿Cómo mitigan el factor “complicidad interna”?

Fíjate, como te explicaba antes, tratando de concientizar a todo nuestro personal en lo que respecta a la materia. Pero te confieso que en las empresas de transporte esto es muy complicado, por no decirte difícil. El personal de las empresas de transporte, en su gran mayoría, es muy diferente al personal de las instituciones financieras. Los roles son completamente diferentes, por tal motivo la estrategia que debemos fijarnos para lograr el objetivo es bastante exigente… pero no imposible. En nuestras regulaciones se maneja el punto de la política “Conozca a su Empleado”, y en nuestra estructura de cumplimiento también tenemos la política de capacitación del personal, esto quiere decir que para cada sector dentro de la institución se tiene un tipo de adiestramiento acorde con sus funciones.

-En el caso de Venezuela, ¿cuál es el mayor desafío que tiene el oficial de cumplimiento en el sector transporte?

Yo diría que el que te mencione antes, lograr llegar a esa masa laboral que por ende resulta más difícil que la de las Instituciones Financieras. Como diría un viejo colega en la materia: “trabajo de hormiguita”, tesón y esfuerzo. Saber llegar y transmitir el mensaje. La prevención es nuestro lema, ya que la prevención para mí significa “una idea mental”.

-Venezuela es un país puente del narcotráfico y según Transparencia Internacional es uno de las jurisdicciones donde se refleja un mayor índice de corrupción pública en todo el mundo. Estos factores generan un gran movimiento de efectivo ilícito y un enorme desafío para las empresas del sector. ¿Qué procedimientos de control ejecutan ustedes para asegurarse de que el crimen organizado no los utilice como “mulas” en el traslado de dinero o bienes de procedencia ilícita?

Si, verdaderamente para nosotros los oficiales de cumplimiento venezolanos el tema se nos ha venido encima, ya que sentimos que trabajamos mucho y el esfuerzo cada día es mayor en esta enorme lucha. Tenemos que poner en práctica todo lo explicado en nuestras regulaciones vigentes en la materia, haciendo hincapié en lo que resaltan las 40 Recomendaciones del GAFI, específicamente en lo relativo a “conozca a su cliente”.

Este tema es bien difícil en este sector [transporte], ya que el personal no se mueve dentro del ámbito bancario y encajar cada una de estas ideas suena un poco fatigoso al cliente. Sin embargo, en la empresa nos hemos empeñado en transformarles esta idea a todos los clientes, proveedores y público que requiere de nuestros servicios. Actualmente, para poder ser cliente nuestro y poder ofrecerle los servicios de transporte, tenemos un expediente completo del cliente, y del “cliente de mi cliente”. Importantísimo para nosotros es el conocer el origen de los fondos de nuestros clientes y verificar la procedencia de los mismos, para así saber que el dinero que transportamos proviene de todas sus operaciones normales correspondiente al tipo de negocio que representa.

Como te dije, siempre estaremos expuestos. Debemos trabajar en equipo todas las unidades de la instituciones, es decir, las áreas de auditoria, consultoría jurídica, recursos humanos, sucursales y agencias… en fin todas estas áreas responsables del cumplimiento, a fin de poder minimizar este delito, ya que evitarlo yo diría que es casi imposible.

-¿Puede mencionar uno o dos casos curiosos en el que hayan detectado una actividad sospechosa de parte de los clientes y/o de algún empleado?

Mira, en la empresa actualmente me encuentro desde el 2010 y hasta la fecha dentro de mis evaluaciones no he percibido algo que pudiéramos decir “sospechoso”; considero que esta palabra va más allá, pudiéramos decir algo “inusual” tal vez… pero no de relevancia como para reportarlo.

-¿Qué recomendaciones puede emitir para los colegas que trabajan en el sector de transporte de valores?

Mi recomendación es que debemos trabajar juntos en equipo, tal como lo hacen las instituciones financieras, sociedades de corretajes y el sector seguros, con intercambio de información, conformación de comités y reuniones para debatir ideas y temas. Estar informados de todas las reuniones sobre las nuevas tendencias y tipologías que se realizan dentro de nuestros entes reguladores a fin de poder asistir a ellas, así como también a congresos y conferencias que se dictan en la materia. Considero importantísimo estos tiempos y debemos dar comienzo a debates entre todos los sujetos obligados ya que en Venezuela, considero tenemos mucho personal capacitado para debatir estos temas.

Fuente: LavadoDinero.com, 22/03/13.

Más información: www.lavadodinero.com

Detectan más actividad de Lavado de Dinero en Estados Unidos

Detectan más actividad de Lavado de Dinero en EE.UU.
Por Nathan Koppel

SAN ANTONIO, Texas — Una casa estilo mediterráneo que cuenta con su cocina abierta y un bar fue subastada recientemente por US$425.000 por el gobierno federal estadounidense, que alega que la propiedad era de la esposa de un hombre que trabajaba con narcotraficantes mexicanos.

El decomiso y venta forman parte de una campaña de las autoridades estadounidenses para combatir el lavado de dinero realizado por personas presuntamente vinculadas a los carteles mexicanos. La policía sospecha que estos individuos están obteniendo cada vez más productos en EE.UU. con las ganancias procedentes de sus actividades ilícitas.

Las autoridades señalaron que el auge en las compras es impulsado por cambios en las leyes mexicanas en 2010 y 2012 que restringen el depósito de dólares en bancos mexicanos, o la compra de autos, joyas y otros artículos de lujo con efectivo.

«Mas dólares producto de la venta de drogas y otros crímenes, como el tráfico humano, son lavados al norte de la frontera», apuntó Rexford Setzer, supervisor de una de las unidades de lavado de dinero del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

No hay datos completos sobre la escala del lavado de dinero por parte de organizaciones criminales mexicanas, pero los fiscales estatales y federales han respondido con demandas civiles de alto perfil en Texas y otros estados fronterizos que buscan decomisar propiedad supuestamente comprada con dinero del narcotráfico. Los bienes confiscados incluyen autos de lujo, joyas y aviones.

Por mucho tiempo, los fiscales estadounidenses han entablado acciones de incautación civil para decomisar activos presuntamente comprados con fondos obtenidos ilegalmente. En casos de incautación federal, el gobierno debe demostrar únicamente con preponderancia de pruebas —mucho menor a lo requerido en casos penales— que una propiedad está ligada a un crimen.

Los críticos mantienen que las confiscaciones civiles son propensas a los abusos por parte de las agencias de seguridad pública, ya que estas se benefician de los ingresos obtenidos con la venta de los bienes y, por tanto, tienen incentivos para decomisarlos.

Los fiscales argumentan que es vital que el gobierno de EE.UU. tenga la habilidad de confiscar rápidamente activos de procedencia ilícita, antes de que puedan ser vendidos para avanzar o recompensar conductas criminales.

En diciembre, las autoridades federales adquirieron un condominio en la playa de Texas valorado en US$640.000, cuyo presunto dueño era Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador del estado mexicano fronterizo de Tamaulipas y candidato presidencial en 2005. Los agentes sostienen que Yarrington aceptó sobornos de narcotraficantes mientras era gobernador.

Yarrington no ha sido acusado formalmente y su abogado, Joel Androphy, señaló que las imputaciones de soborno no tienen fundamento. El abogado también negó que el ex gobernador fuera propietario del condominio.

El año pasado, el gobierno federal también decomisó cientos de caballos cuarto de milla presuntamente comprados por miembros de los carteles del narcotráfico como parte de una operación de lavado de dinero, y más tarde fueron vendidos por casi US$9 millones.

Algunos abogados defensores se quejan que mexicanos adinerados que ganaron su dinero honradamente han terminado enredados de manera injusta en las redes del gobierno de EE.UU.

«Realizan confiscaciones con base en declaraciones juramentadas a medias», afirmó el abogado Rolando Ríos, de San Antonio, quien defiende un caso en el que el gobierno confiscó el año pasado más de US$4 millones en efectivo que un cliente mexicano, José Villarreal Saldívar, depositó en un banco en San Antonio. Para combatir mejor el lavado de dinero, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha propuesto nuevas reglas que requerirían que los bancos de EE.UU. investiguen más a fondo los antecedentes de las empresas que abren cuentas bancarias para asegurarse de que no sean fachadas de organizaciones delictivas.

Pero buena parte de las acciones del gobierno giran en torno a activos específicos que las autoridades consideran fueron comprados con dinero del narcotráfico.

La casa de 370 metros cuadrados en San Antonio que fue subastada el mes pasado era de la esposa de Mauricio Sánchez Garza, un empresario mexicano que supuestamente ayudó a narcotraficantes a lavar fondos en EE.UU., según documentos judiciales.

Fuente: The Wall Street Journal, 25/03/13.

HSBC: un caso que deja grandes lecciones de cumplimiento ALD

HSBC: un caso que deja grandes lecciones de cumplimiento ALD

 

Atrás están quedando los tiempos en que el daño reputacional era el mayor temor que enfrentaban las instituciones financieras. Las sanciones multimillonarias y el enjuiciamiento penal de los ejecutivos bancarios son las nuevas armas esgrimidas por los reguladores para combatir las deficiencias en el cumplimiento de las normas antilavado de dinero (ALD).

Las deficiencias en la estructura ALD y contra el financiamiento del terrorismo del gigante financiero HSBC, reveladas esta semana por un informe del Senado de Estados Unidos, pero anunciadas desde hace meses por expertos del sector, son un ejemplo claro de lo grave que puede ser para una empresa regulada no asumir con seriedad el cumplimiento ALD / CFT.

El daño en la imagen de la entidad es lo que menos debe preocupar a los directores y ejecutivos del banco, quienes posiblemente tengan que pagar una multa que ronda la histórica cifra de US$ 1.000 millones y posiblemente algunos enfrenten cargos penales en las cortes estadounidenses, entre ellos el oficial jefe de cumplimiento.

Fallas en el monitoreo de las transferencias cablegráficas, deficientes mecanismos de asignación de riesgos, alteración de información para evadir las sanciones contra Irán, personal ALD limitado y con poca experiencia, prestación de servicios bancarios a narcotraficantes y negligencia de los altos ejecutivos son algunas de las fallas cometidas en ciertas filiales de la entidad.

La investigación, iniciada a finales de 2010, se espera que termine con una sanción monetaria multimillonaria, enjuiciamientos penales y muchas lecciones para la entidad y todas aquellas empresas que deben evitar cometer los mismos errores.

Que un banco pudiera pagar US$ 1.000 millones era «absolutamente escandaloso» hasta que se hizo público el tamaño de las violaciones del HSBC, dijo un oficial de cumplimiento en un importante banco de EE.UU.
Fuente: LavadoDinero.com
Informe completo: Exclusivo para Clientes Premium (cat. ALM).

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