El enriquecimiento ilícito de la ex novia de Boudou
mayo 24, 2015
La adquisición de un departamento complica a la ex novia de Boudou
Por Nicolás Wiñazki.
Las derivaciones del Caso Ciccone. Agustina Kämpfer está imputada en la causa judicial que investiga el posible enriquecimiento ilícito del vicepresidente.
Bailando por un sueño. Agustina Kämpfer, en uno de los ensayos para el programa de Marcelo Tinelli.
La ex novia de Amado Boudou, Agustina Kämpfer, debutará esta semana en «Bailando por un Sueño», el show de entretenimientos más visto de la televisión. En varias entrevistas hizo declaraciones respecto a cómo podría enfrentar al jurado que evalúa a los participantes de esa competencia de danza. Pero es en otro tribunal en el que tiene problemas cada vez más serios. Kämpfer está imputada en la causa judicial que investiga el posible enriquecimiento ilícito del vicepresidente: se sospecha que pudo haber sido «testaferro» de su ex pareja. Ese expediente acumuló nuevas pruebas que podrían complicar la situación procesal de la flamante bailarina del programa que conduce Marcelo Tinelli.
Según pudo saber Clarín en base a fuentes del caso, la Justicia detectó irregularidades impositivas en un préstamo de 90 mil dólares que Kämpfer dice haber recibido de parte de un hermano de Boudou para poder comprar un departamento. Ella habría puesto 30 mil dólares más que tenía ahorrados para completar la operación inmobiliaria. Pero todo está bajo análisis judicial.
Los investigadores pudieron saber de forma oficial que al menos 50 mil dólares de los 90 mil que Sebastián Boudou le habría prestado a Kämpfer nunca estuvieron declarados ante la AFIP. El juez que instruye la causa por del posible enriquecimiento de Boudou es Ariel Lijo.
Además de Kämpfer, en ese expediente, entre otros, están imputados los padres del vice, Amado Rubén Boudou y Azul Sapin Costa Álvarez; su socio y mejor amigo, el millonario repentino José María Núñez Carmona; sus hermanos Juan Bautista y Sebastián; y el ex titular de la imprenta Ciccone Calcográfica, Alejandro Vandenbroele.
La Justicia quiere saber si el vicepresidente usó a su familia, su novia y a algunos de sus amigos para intentar esconder fondos que no habría declarado ante el Estado en calidad de funcionario.
En el caso de Kämpfer, sus bienes bajo análisis son los que Boudou detalló en un escrito que ella tenía cuando era su «cónyugue». Además del departamento de la polémica, el vice dijo ante Lijo que en 2011 su novia era dueña de una moto Harley Davidson; que tenía 109 mil pesos y que era accionista de la revista «Minga!». ¿Cómo hizo una periodista como Kämpfer, según ella, un «bicho de redacción», para ser propietaria de parte de una publicación como «Minga!», de distribución gratuita? Eso se preguntan en la Justicia.
Los investigadores del caso ya detectaron incongruencias en la operación financiera con la que los Boudou ayudaron a Kämpfer a comprar su departamento en Palermo. Clarín supo por fuentes judiciales que quienes estudian esa maniobra ahora buscan determinar el verdadero origen de esos fondos ¿Eran realmente ahorros de Sebastián Boudou que nunca declaró al fisco? ¿O se podría tratar de dinero obtenido de forma ilegal por el vicepresidente? ¿Pudo Boudou justificar cómo fue que Kämpfer obtuvo la plata que le faltaba para comprarse una casa de 120 mil dólares si tenía ahorrados solo 30 mil utilizando a su hermano menor?
Según supo Clarín, Sebastián Boudou vive hoy en Italia. Los registros públicos muestran que la AFIP lo dio de baja debido a distintos incumplimientos. El propio vice le dio a entender a la Justicia que fue él quien le consiguió trabajo en los últimos años en la Argentina: lo empleó en la ANSES. Amado Boudou dijo que Sebastián consiguió los 90 mil dólares que le prestó a Kämpfer porque vendió un departamento que tenía en el norte del conurbano.
En un plazo aun indeterminado, Kämpfer deberá declarar como imputada ante Lijo. No será lo mismo que enfrentar al jurado de «Bailando por un Sueño».
Fuente: Clarín, 24/05/15.
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El Kirchnerismo y su laberinto
febrero 20, 2015
Ante un nuevo abismo
Por Adrián Ventura.
CFK y Amado Boudou
En unas pocas horas, la Justicia le confirmó al Gobierno las dos peores y más temidas noticias que podía esperar en el comienzo del año: ratificó el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone y decidió que el juez Claudio Bonadio, un hombre impermeable al kirchnerismo, seguirá al frente de la investigación de Hotesur, una sociedad de la Presidenta.
¿Qué significan ambas medidas? Al menos, tienen cinco implicancias bien concretas. La primera y más visible es que el Gobierno, Cristina Kirchner y su vice Amado Boudou están en serios problemas judiciales.
La Presidenta y su hijo Máximo están en el centro de la pesquisa de Hotesur, y su vice ya tiene un procesamiento confirmado por un tribunal de segunda instancia, lo que lo empuja mucho más cerca de un juicio oral. Y si los problemas aquejan a la cúpula del poder, nadie puede sentirse a salvo.
La segunda implicancia: en ambos casos, lo que investiga la Justicia no son asuntos privados de los funcionarios ni tampoco le cuestiona medidas de gobierno. Por el contrario, ambas causas ponen la lupa sobre irregularidades en los negocios de los dos más altos funcionarios del país.
En efecto, en el caso de Hotesur, Bonadio lleva adelante una pesquisa por presunto lavado de dinero que involucra a una sociedad que la mandataria reconoció como propia, y que operaba con Lázaro Báez. Alguna vez el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que ambos tenían «relaciones comerciales». Bonadio parece sospechar que había algo más.
Y en cuanto a Boudou, el tribunal confirmó que el vice manejó todos los hilos del negocio para quedarse con la máquina de hacer billetes y, luego, asegurarse negocios públicos con su nueva empresa.
Desde este punto de vista, la decisión que tomó la Cámara Federal en el caso Ciccone sobre Boudou es infinitamente más grave que el juicio oral al que estará sometido, ante el Tribunal Oral Federal N° 1, por haber falsificado documentos del auto Honda para engañar a su ex esposa.
La tercera lectura: ningún juez expondrá su cabeza por salvar a un gobierno que se deteriora.
En efecto, hasta mediados del año pasado, el Poder Ejecutivo siempre había logrado mover algunas piezas que le podían garantizar cierto respiro. Y, precisamente, en varias oportunidades, la Sala I de la Cámara Federal había sido uno de esos resortes para permear esas sugerencias.
Otros tribunales, como la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, ya habían comenzado a tomar distancia con anterioridad y el Gobierno nunca hizo pie en la Cámara Federal Civil y Comercial. Pero en la justicia penal, algunos jueces y fiscales todavía estaban dispuestos, por lo menos, a evaluar los argumentos oficiales.
Hubo algunos factores, sin embargo, que cambiaron ese escenario. En efecto, las duras críticas de la Presidenta sobre los jueces; los errores estratégicos que comete la procuradora general Alejandra Gils Carbó con el manoseo de los fiscales, y los cambios de operadores dentro de la SIDE le sacaron al Gobierno eficacia en la Justicia.
La cuarta consecuencia: la fuerza de ambas decisiones, que impactan en el corazón del poder, es la notificación fehaciente de que el Gobierno tendrá en la Justicia, en 2015, un año muy complicado.
Quinta lectura: la Cámara Federal venía estudiando ambas decisiones con detenimiento desde hacía muchas semanas. Y en el caso Ciccone, ya el año pasado el tribunal estaba dispuesto a confirmar el procesamiento de Boudou.
Pero la muerte del fiscal Alberto Nisman, la rebelión de los fiscales y la marcha del 18-F le sumaron a un escenario ya agrietado nuevos abismos que, ahora, parecen insalvables.
Claudio Bonadio. Juez Federal
La Cámara Federal respaldó la investigación del juez Claudio Bonadio sobre anomalías en Hotesur. Hace dos semanas había recibido una carta amenazante en su despacho.
Fuente: La Nación, 20/02/15.
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Caso Ciccone: el engaño de la IGJ
noviembre 2, 2014
Caso Ciccone: el expediente que rearmó la IGJ tiene datos falsos
Por Nicolás Wiñazki.
La investigación que compromete a Boudou.La Inspección General de Justicia extravió los datos de The Old Fund. En la reconstrucción hay contradicciones.
CFK y Amado Boudou
Los datos se desprenden de documentos oficiales. En abril de 2012, la Inspección General de Justicia (IGJ) avaló la reconstrucción de un expediente perdido de la sociedad The Old Fund, a pesar de que el contenido de esa documentación era irregular. Se trata de la empresa madre del caso Ciccone, vinculada a Amado Boudou, y cuyas ramificaciones comerciales son investigadas por lavado de dinero en nuestro país y en Uruguay.
Clarín accedió a los papeles restaurados de The Old Fund que fueron dados como válidos por el Estado aunque tienen datos anómalos.
Entre la información aceptada como reconstruida por la IGJ se incluyen, por ejemplo, actas de asambleas inscriptas cuatro meses antes de que se hayan realizado; la participación de una empresa extranjera que no se había radicado en el país y que cuando lo hizo se inscribió en un domicilio falso; y hasta la actuación de un gestor con nombre inexistente.
La IGJ es el organismo estatal que justamente tiene como objetivo controlar el registro y el funcionamiento de las sociedades comerciales. [N. del. E.: Hoy en la práctica funciona como un antro de Corrupción.]
El ente está dirigido en la actualidad por Martín Cormack y depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al mando de Julio Alak.
El funcionario está imputado en dos causas judiciales en las que se investigan si intentó encubrir a Boudou avalando primero la pérdida y luego la adulteración de los documentos de The Old Fund que estaban bajo resguardo de la IGJ.
El 20 de octubre pasado, Clarín difundió que la Justicia había recolectado pruebas que complicaban a Alak en esta trama.
El ministro aceptó al otro día que el expediente de The Old Fund se había perdido en la IGJ pero aseguró que tras su recuperación todo estaba en regla.
La IGJ, presidida por Martin Cormack, emitió un comunicado en el mismo sentido: afirmó que “la reconstrucción del expediente de The Old Fund cumple todos los requisitos legales”.
Pero de la lectura de esos documentos se deduce lo contrario.
Los papeles originales llenaban veintidós fojas. Los reconstruidos ocupan solo cuatro páginas.
El trámite “perdido” de The Old Fund que se recuperó corresponde, según la nueva versión, a la reforma del estatuto de la empresa y a un aumento de capital de esa firma, operaciones en las que ya estaba involucrada otra sociedad radicada en Uruguay que había entrado como socia en el negocio de Ciccone Calcográfica, llamada Dusbel.
Las primeras irregularidades tienen que ver con una regla básica de la física: los seres humanos no son capaces de viajar en el tiempo.
Ocurre que el acta de directorio del legajo reconstruido de The Old Fund asegura que ese hecho se llevó a cabo “a los 26 días del mes de octubre de 2010…”.
Pero en la misma documentación el abogado que se encargó de esos trámites, Albert Chamorro, declara “bajo juramento” que transcribió lo ocurrido en esa acta “a los 06 días del mes de julio del 2010”, es decir, tres meses y medio antes de cuando supuestamente ocurrieron.
En el mismo legajo “recuperado” de The Old Fund se afirma que la sociedad Dusbel, entre otras cosas, hizo un aporte de capital a The Old Fund de $2.435.370. Si las fechas reconstruidas en esos trámites son ciertas, entonces Dusbel no estaba aun inscripta en el país, por lo que la IGJ debería haber multado a The Old Fund por esta cuestión, cosa que no pasó. Dusbel recién inició los trámites de registración en la Argentina el 11 de abril de 2011.
En el expediente “perdido” y “reconstruido” por la IGJ también se declara que una de las accionistas de The Old Fund es otra sociedad, llamada Tierras International Investment CV.
Ésta última firma, junto con Dusbel, fueron radicadas en domicilios falsos en Longchamps. En donde debería funcionar Tierras International Investments, por ejemplo, vive en realidad un jubilado apodado “Piluso” y de apellido Schneider. Esa irregular fue revelada por el diario La Nación. No por la IGJ.
Fuente: Clarín, 02/11/14.
La Korrupción en el Caso Ciccone
octubre 20, 2014
Caso Ciccone: se complica la situación judicial de Alak
Por Nicolás Wiñazki.
SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN. La Justicia tiene pruebas de que una oficina que depende del ministro extravió y podría haber adulterado información que comprometía a Boudou.
El ministro de Justicia, Julio Alak, complicado por el caso Ciccone / TELAM
El caso Ciccone complica en la Justicia cada vez a más funcionarios. La jueza María Servini de Cubría instruye una causa que busca determinar si algunas de las máximas autoridades del Estado encubrieron al vicepresidente Amado Boudou al esconder y adulterar los documentos de la sociedad The Old Fund que debía custodiar la Inspección General de Justicia (IGJ). Ese organismo depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del imputado Julio Alak. Clarín pudo saber que el funcionario quedó comprometido en ese expediente tras la recolección de pruebas y de un testimonio que complican su situación procesal, y también la de uno de los ex jefes de la IGJ.
Boudou está acusado de haber avanzado con su entorno sobre la empresa que imprime billetes para hacer negocios con el Estado.
Esta semana, la Corte Suprema de Justicia sacó un dictamen en el que le ordena al Gobierno que difunda la información pública sobre The Old Fund que consta en la Inspección General de Justicia. Según confirmaron fuentes de esta trama política y judicial, tanto Servini de Cubría como el juez de la causa madre del caso Ciccone, Ariel Lijo, tienen en su poder un documento revelador que lleva el membrete del Ministerio de Justicia, firmado el 26 de abril, por el entonces titular de la IGJ, Marcelo Mamberti y que fue avalado por Alak.
Se trata de la admisión oficial de que uno de los trámites fundamentales que la sociedad The Old Fund realizó ante la IGJ fue “extraviado” en marzo de 2012, tan sólo un mes después de que el caso Ciccone se difundieran a través de dos medios: Radio Mitre y Clarín.
La resolución número 0000618 de la IGJ da por “reconstruido” ese “trámite”, después de admitir que se había perdido.
La “reconstrucción” de los papeles perdidos de The Old Fund correspondían al momento en que fue registrado el intercambio de dinero realizado entre esa firma y la sociedad Dusbel. Es una acción fundamental para determinar quiénes eran los verdaderos dueños de esas dos empresas que aparecen detrás de la imprenta, investigadas por la Justicia de Argentina y Uruguay por lavado de divisas.
Según consta en el documento interno de la IGJ citado en esta nota, el Ministerio de Justicia dio por “reconstruido” la información de The Old Fund en apenas cuatro fojas. Clarín pudo saber, sin embargo, que tanto Servini como Lijo tienen pruebas que muestran que el original de ese trámite tenía en realidad 22 fojas.
¿Qué pasó con las 18 páginas restantes?
Alak no hizo una denuncia penal al respecto.
La ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, declaró ante Servini que ella misma había denunciado ante Alak la perdida del trámite de The Old Fund en su organismo, y que el ministro no hizo nada al respecto. Al contrario, la despedida fue ella.
Martínez le dijo a Clarín que “los funcionarios que reconstruyeron el trámite de The Old Fund fueron sacándole partes fundamentales para la investigación judicial, que son fácilmente identificables. Si el trámite tenía 22 fojas, su reconstrucción tiene que tener las mismas. Si no, podríamos estar frente al delito de violación de medios de prueba o documentos”.
Alak y Mamberti no piensan igual. La Justicia sigue actuando en el caso.
Fuente: Clarín, 20/10/14.
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Caso Ciccone: defensa homogénea y con Cristina al frente
Por Eduardo Paladini.
La conducta del ministro Alak de proteger a Boudou se repite en todo el Gobierno. Los temores en Justicia.
Ricardo Echegaray; Guillermo Moreno, Juan Manuel Abal Medina, Katya Daura y Mercedes Marcó del Pont; Diego Bossio, Hernán Lorenzino, Carlos Zannini y Julio de Vido; José Sbatella y Julio Alak. No es el equipo mixto de oficialistas para rememorar los partiditos de Kirchner en la Quinta de Olivos. Es la más de una decena de funcionarios que, en algún punto y modo, permitieron que Amado Boudou y sus amigos avanzaran contra la imprenta Ciccone, según la Justicia, para hacer negocios con el Estado; o al menos ayudaron para encubrir partes del caso.
Lo interesante de la lista es que no sólo incluye a funcionarios que ascendieron bajo el ala del ex ministro de Economía, como Daura, la titular de la Casa de la Moneda. También hay enemigos circunstanciales de Boudou, como Echegaray, titular de la AFIP.
En un club verticalista como el de los Kirchner, semejante movida sólo tiene explicación por el impulso o el paraguas de los dueños de la entidad, Néstor y Cristina.
La Presidenta se negó a hablar del caso en público. Pero su rol excedió largamente el aval del silencio. Su jugada maestra fue la estatización Ciccone, paso que contó con el acompañamiento de varios opositores en el Congreso.
Para darle dimensión a la intervención de Alak en la protección de Boudou hay que transportarse en el tiempo. A principios de 2012, cuando se “extravió” el expediente sobre The Old Fund, la estrella de Boudou brillaba como pocas en el Gobierno. Cristina se lo había pegado como compañero de fórmula y, sin reelección mediante, el militante de la UCeDé aparecía como uno de los candidatos naturales para continuar el proyecto progresista. Ese Boudou poderoso es el que protegió Alak. No el solitario que deambula despreciado por el Senado.
Como en varios ministerios, más allá de su lugar formal, Alak no maneja los resortes importantes de Justicia. Lo hace el viceministro camporista Julián Alvarez. Ambos deben estar preocupados por el avance de estas causas paralelas a la troncal del caso Ciccone. Alak, porque más allá de que busque diferenciarse en los modos de sus jóvenes jefes, avaló con su presencia en el cargo lo que ocurría debajo suyo. Nadie lo obligó. Y Alvarez, porque el escándalo de la IGJ salpica a uno de sus hombres clave dentro del organigrama: el subsecretario Ernesto Kreplak.
Fuente: Clarín, 20/10/14.
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Argentina: El Estado bobo
abril 9, 2012
Bobos
Por Enrique Szewach
La investigación judicial, y su versión político/ periodística, en torno al llamado «caso Ciccone«, han puesto al descubierto muchas facetas de lo que sucede hoy, y desde hace tiempo, en la economía argentina.
En primer lugar, se investiga un caso de, al menos, tráfico de influencias.
Si se habla de tráfico de influencias, se habla de un sistema en dónde la relación con un funcionario público resulta más importante para el negocio, o la supervivencia de una empresa, que su capacidad tecnológica, competitiva, o eficiencia, etc.
Es decir, si alguien quiere hacer negocios con este Estado argentino, necesita un amigo.
Surge, asimismo, el hecho de que la AFIP mostró, para este caso, un comportamiento discrecional y permisivo, similar al exhibido con clubes de fútbol, y otros «amigos», y muy diferente al tratamiento para con la mayoría de los contribuyentes.
La otra cuestión que se ha ratificado, a partir de las denuncias del Vicepresidente de la Nación, es el pésimo concepto que se tiene, desde el poder y desde el llano, acerca de la independencia y la neutralidad de los jueces.
Todos los casos que involucran al Estado o sus funcionarios, son sospechados de ser influidos o controlados por el Ejecutivo, cuando los fallos son a favor. O influidos o controlados por ¨las mafias¨, cuando salen en contra.
Una situación muy poco favorable para brindarle seguridad jurídica a un inversor importante, o a las empresas obligadas, por nuestro gobierno, a recurrir a la justicia local, si quieren cobrar los fallos a favor en el CIADI, por ejemplo. Ni que hablar, de jubilados intentando regularizar, la mala liquidación de sus haberes.
Otro aspecto clave que ha quedado al descubierto, es que, en medio de la batalla internacional y local contra el lavado de dinero, y la batería de documentación que cualquiera de nosotros tiene que presentar ante la mínima transacción que supera la ¨normalidad¨, hubo ciudadanos argentinos que levantaron la quiebra de una empresa importante, compraron, transfirieron, etc. ,movieron dinero desde paraísos fiscales y con conocimiento de los bancos, sin explicar el origen de los fondos, ni la composición accionaria de las empresas involucradas. Es más, aún hoy se ignora quiénes son los dueños de la empresa que va a imprimir billetes de curso legal en la Argentina. (Ni que hablar de los injustificados patrimonios y gastos de los funcionarios y sus amigos).
También el caso explicitó, por las denuncias cruzadas que originó, la cantidad de compras y contratos que realizan el Estado Nacional y los estados provinciales, sin que medien licitaciones transparentes y amplias.
Por último, y no por ello menos importante, el Estado argentino no muestra capacidad de poder imprimir los billetes necesarios para el normal desenvolvimiento de su economía.
Esto se debe a dos razones. La primera y central, la inflación. A tasas de inflación superiores al 20% anual, por muchos años, o se eleva la denominación de los billetes, o se requiere emitir cada vez más.
La segunda que, como siempre, el Estado no previno ampliar la capacidad productiva y tecnológica de la Casa de la Moneda, ni tiene los fondos para hacerlo, y se ve obligado a recurrir a empresas de otros estados o a contratar a terceros.
Es el mismo estado que no invierte en ferrocarriles y mata gente, o que despilfarra recursos públicos en carreras de TC y que ahora pretende invertir en exploración y explotación petrolera.
En otras palabras, el mismo Estado que es incapaz de imprimir papelitos de colores, quiere producir combustibles. El mismo Estado que desde hace años tiene una empresa propia para explorar petróleo en el mar argentino, pero que, en lugar de ello, se dedica a importar gas oil, y gas licuado en, otra vez, negocios sin licitación, y con escasa transparencia.
En síntesis, el caso Ciccone no hace más que ratificar la particular relación que tienen o que tienen que tener los empresarios con los funcionarios en la Argentina para hacer negocios. El extraño funcionamiento del Poder Judicial. La turbia situación patrimonial y relación de esos funcionarios, con sus amigos. El tratamiento diferencial y discrecional que reciben algunos contribuyentes y ciudadanos por parte de organismos de control o de recaudación. Y, finalmente, las consecuencias de la alta inflación y la imprevisión e incapacidad inversora de un Estado que se dice «activo» y no «bobo».
Los bobos, al parecer, somos los que lo financian.
Fuente: Perfil, 07/04/12.
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