Argentina: El Estado bobo

abril 9, 2012 · Imprimir este artículo

Bobos

Por Enrique Szewach

 

La investigación judicial, y su versión político/ periodística,  en torno al llamado «caso Ciccone«, han puesto al descubierto muchas facetas de lo que sucede hoy, y desde hace tiempo,  en la economía argentina.

En primer lugar, se investiga un caso de, al menos, tráfico de influencias.

Si se habla de tráfico de influencias, se habla de un sistema en dónde la relación con un funcionario público resulta más importante para el negocio, o la supervivencia de una empresa, que su capacidad tecnológica, competitiva, o eficiencia, etc.

Es decir, si alguien quiere hacer negocios con este Estado argentino, necesita un amigo.

Surge, asimismo, el hecho de que la AFIP mostró, para este caso, un comportamiento discrecional y permisivo, similar al exhibido con clubes de fútbol, y otros «amigos», y muy diferente al tratamiento para con la mayoría de los contribuyentes.

La otra cuestión que se ha ratificado,  a partir de las denuncias del Vicepresidente de la Nación, es el pésimo concepto que se tiene, desde el poder y desde el llano, acerca de la independencia y la neutralidad de los jueces.

Todos los casos que involucran al Estado o sus funcionarios, son sospechados de ser influidos o controlados por el Ejecutivo, cuando los fallos son a favor. O influidos o controlados por ¨las mafias¨, cuando salen en contra. 

Una situación muy poco favorable para brindarle seguridad jurídica a un inversor importante, o a las empresas obligadas, por  nuestro gobierno, a recurrir a la justicia local, si quieren cobrar los fallos a favor en el CIADI, por ejemplo. Ni que hablar, de jubilados intentando regularizar, la mala liquidación de sus haberes.

Otro aspecto clave que ha quedado al descubierto, es que, en medio de la batalla internacional y local contra el lavado de dinero, y la batería de documentación que cualquiera de nosotros tiene que presentar ante la mínima transacción que supera la ¨normalidad¨, hubo ciudadanos argentinos que levantaron la quiebra de una empresa importante, compraron, transfirieron, etc. ,movieron dinero desde paraísos fiscales y con conocimiento de los bancos, sin explicar el origen de los fondos, ni la composición accionaria de las empresas involucradas. Es más, aún hoy se ignora quiénes son los dueños de la empresa que va a imprimir billetes de curso legal en la Argentina. (Ni que hablar de los injustificados patrimonios y gastos de los funcionarios y sus amigos).

También el caso explicitó, por las denuncias cruzadas que originó, la cantidad de compras y contratos que realizan el Estado Nacional y los estados provinciales, sin que medien licitaciones transparentes y amplias.

Por último, y no por ello menos importante, el Estado argentino no muestra capacidad de poder imprimir los billetes necesarios para el normal desenvolvimiento de su economía.

Esto se debe a dos razones. La primera y central, la inflación. A tasas de inflación superiores al 20% anual, por muchos años, o se eleva la denominación de los billetes, o se requiere emitir cada vez más.

La segunda que, como siempre, el Estado no previno ampliar la capacidad productiva y tecnológica de la Casa de la Moneda, ni tiene los fondos para hacerlo, y se ve obligado a recurrir a empresas de otros estados o a contratar a terceros.

Es el mismo estado que no invierte en ferrocarriles y mata gente, o que despilfarra recursos públicos en carreras de TC y que ahora pretende invertir en exploración y explotación petrolera.

En otras palabras, el mismo Estado que es incapaz de imprimir papelitos de colores, quiere producir combustibles. El mismo Estado que desde hace años tiene una empresa propia para explorar petróleo en el mar argentino, pero que, en lugar de ello, se dedica a importar gas oil, y gas licuado en, otra vez, negocios sin licitación, y con escasa transparencia.

En síntesis, el caso Ciccone no hace más que ratificar la particular relación que tienen o que tienen que tener los empresarios con los funcionarios en la Argentina para hacer negocios. El extraño funcionamiento del Poder Judicial. La turbia situación patrimonial y relación de esos funcionarios, con sus amigos. El tratamiento diferencial y discrecional que reciben algunos contribuyentes y ciudadanos por parte de organismos de control o de recaudación. Y, finalmente, las consecuencias de la alta inflación y la imprevisión e incapacidad inversora de un Estado que se dice «activo» y no «bobo».

Los bobos, al parecer, somos los que lo financian.
Fuente: Perfil, 07/04/12.
Más información: www.szewachnomics.com.ar

 

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