Polémica solicitada del Gobierno: acusa al fallecido fiscal Nisman de haber buscado «un efecto político desestabilizador»
En el texto critica al fiscal fallecido y a la Justicia como lo hizo Cristina Kirchner el domingo; y ratifica el apoyo al memorándum de entendimiento con Irán.
Días atrás, la mandataria publicó en su web la resolución completa del magistrado («un dictamen extenso y minucioso») y una selección de «los puntos salientes del dictamen». Hoy, en una solicitada publicada en medios gráficos, firmada por el «Gobierno de la República Argentina» junto a una imagen de la bandera, se refiere nuevamente a la decisión de Rafecas sobre la denuncia de Nisman, que considera de «gravedad institucional y política».
Cristina Kirchner
El texto, dirigido «al pueblo argentino y toda la comunidad internacional», destaca pasajes del fallo del juez y retoma la hipótesis oficial, ya esbozada por Cristina Kirchner en la apertura de sesiones legislativas el domingo, sobre Nisman. Asegura que el fiscal sostuvo dos posturas opuestas sobre la causa AMIA. Y señala que «el juez Rafecas resaltó la falta de coherencia e integración de Nisman».
El texto también respalda el polémico acuerdo de la Argentina con Irán que impulsó Cristina Kirchner: «En este contexto, sólo es posible ratificar el camino trazado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional a través del memorándum de entendimiento, una herramienta que permitiría interrogar a los ciudadanos iraníes acusados, y a partir de allí, llevar el caso hacia un juicio oral y público. Esa situación, pondría al Estado argentino en un mejor contexto frente a Irán y la comunidad internacional para exigir la extradición o al menos para negociar la realización del juicio oral en un tercer estado».
En la solicitada, el gobierno nacional dispara una vez más contra el Poder Judicial, que, asegura, queda «bajo la lupa» en el juicio por la AMIA.
Por último, pide «se escuche a las víctimas del atentado y sus familiares, a quienes todos dicen representar, pero pocos realmente prestan atención».
Al hablar ante la Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Kirchner volvió a eludir las cuestiones que más preocupan a la sociedad argentina.
Una vez más, el mensaje de la presidenta de la Nación con motivo de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso se transformó en un acto de campaña, plagado de omisiones y falsedades y no exento de un tono amenazante hacia el Poder Judicial. Por si le faltaba un condimento a un discurso impropio para la ocasión, la titular del Poder Ejecutivo ni siquiera reparó en que, según lo dispuesto por la Constitución Nacional, debía anunciar formalmente que dejaba inauguradas las sesiones y no lo hizo.
Como de costumbre, Cristina Fernández de Kirchner habló prolongadamente. Esta vez, a lo largo de tres horas y cuarenta minutos. Sin embargo, durante tan extensa alocución, la jefa del Estado ni siquiera se ocupó de tres de las cuestiones que más preocupan a la sociedad argentina: la inseguridad, el narcotráfico y la inflación.
Se trata de un dato que, desde luego, no constituye una novedad. El término «inseguridad» tampoco fue mencionado por la Presidenta en sus mensajes ante la Asamblea Legislativa de los años 2009, 2010, 2012, 2013 y 2014. Sólo fue citado cuatro veces en su discurso de 2008 y dos en el de 2011. La palabra «inflación» apenas fue mencionada dos veces en el mensaje presidencial de anteayer, sin un análisis serio de este grave problema que acosa a los argentinos, especialmente a los más pobres, y una vez en 2012. Entretanto, el término «corrupción» no estuvo en la boca de la Presidenta ni una sola vez en los ocho mensajes con los cuales abrió los sucesivos períodos legislativos.
El último mensaje presidencial se caracterizó por la autorreferencialidad y la ausencia de autocrítica. Fue un típico discurso anclado en el pasado, que rara vez dio cuenta de nuestro presente y casi nunca del futuro. La excepción estuvo dada por su admisión de que no dejará un país cómodo para los dirigentes, una confirmación elíptica de que quien la suceda en la Casa Rosada recibirá varias bombas de tiempo.
La reiterada estrategia discursiva presidencial de comparar las distintas variables socioeconómicas de la actualidad con 2003, cuando la Argentina comenzaba a salir de una de las peores crisis de su historia, sirvió para intentar ocultar el agotamiento del modelo productivo durante la gestión de Cristina Kirchner. Particularmente, en el período iniciado por la Presidenta en diciembre de 2011, signado por un retroceso de la inversión productiva y de la creación de puestos de trabajo en el sector privado, fenómenos potenciados por el excesivo intervencionismo estatal, las restricciones en el comercio exterior, el aumento exorbitante de la presión tributaria, el crecimiento de la inflación y la instrumentación del cepo cambiario.
Nada dijo la primera mandataria acerca de un déficit fiscal que, en el último año, alcanzó un récord de 185.490 millones de pesos, cuando el presupuesto 2014 contemplaba un superávit de 830 millones. Tampoco expresó la Presidenta que sin la ayuda que el Tesoro Nacional recibió del Banco Central y de la Anses ese rojo hubiese llegado hasta los 306.000 millones de pesos, que equivaldrían al 6% del PBI.
En cualquier país serio, como el que se propuso en su campaña presidencial Néstor Kirchner allá por 2003, un jefe de Estado debería rendir cuentas acerca de por qué se generó semejante desfase con respecto al presupuesto aprobado por el Congreso.
Tampoco hubo ninguna explicación presidencial sobre el sideral aumento de la emisión monetaria, que ascendió en 2014 a unos 161.500 millones de pesos, duplicando prácticamente la del año anterior.
La Presidenta se jactó de que las reservas del Banco Central se han ubicado en estos días en torno de los 31.400 millones de dólares, a pesar de nueve corridas financieras. No aclaró que esa cifra es posible merced a un dibujo contable, sin el cual las reservas de libre disponibilidad apenas llegarían a la mitad.
Al hablar de la política de desendeudamiento de su gobierno, omitió el creciente endeudamiento del Banco Central con el sector financiero, cuyo stock de títulos pasó de 115.000 millones de pesos a 330.000 millones en el último año, ni mencionó la creciente deuda del Tesoro con la entidad monetaria.
Del mismo modo, se vanaglorió de que los bonos reestructurados de nuestro país ya cotizan por sobre su valor nominal, para lo cual citó un artículo del periodista del Financial Times Joseph Cotterill, quien, poco después de la alusión presidencial, dejó en ridículo a la primera mandataria argentina al aclarar que esa mejora se explicaba por el hecho de que los inversores descuentan que ella se irá en diciembre próximo y que la próxima administración nacional buscará solucionar el problema de la deuda en default.
Sólo como una broma de mal gusto podrían ser tomadas las expresiones de la Presidenta sobre una supuesta «desaceleración de los precios internos» y acerca de las bondades del programa Precios Cuidados, cuando el alza del costo de vida promedió en 2014 el 38%, de acuerdo con las estadísticas privadas relevadas por los bloques opositores del Congreso de la Nación.
El discurso presidencial, por supuesto, no citó cifras de pobreza, que desde hace más de un año no es medida oficialmente, y estuvo lleno de elevadísimos porcentajes de aumentos nominales de tres o cuatro dígitos registrados desde 2003 hasta hoy, que distarían de ser tales si se descontara la abultada inflación del mismo período. Los errores técnicos de la exposición presidencial fueron tan evidentes como el hecho de que, al hablar del ingreso de los habitantes, mencionó el sexto, el séptimo y el octavo quintil, cuando sólo puede haber cinco quintiles, que equivalen a dividir a la población en cinco partes.
Uno de los pocos anuncios económicos pasó por la reestatización de los trenes, pese a que, en rigor, éstos son estatales desde hace más de una década. Lo que efectivamente se buscará es quitarles a empresas privadas el gerenciamiento de determinadas líneas ferroviarias que le fue concedido por el Estado. Según la Presidenta, esa decisión no es el producto de su afán estatista, sino de la necesidad de mejorar la eficiencia y reducir el gasto. Si ése fuera su objetivo, habría que señalar que se acordó algo tarde, ya que la discrecionalidad y la falta de controles son responsabilidad del Gobierno, que congeló las tarifas e hizo que el sistema dependiera de una maraña de subsidios, que muchas veces escondieron negocios nada transparentes.
La primera mandataria instó a quienes la escuchaban a despojarse de cualquier corsé intelectual. Queda claro, sin embargo, que para ella todo lo que gestione el Estado será mejor administrado que lo que gerencie el sector privado. Una falacia con sobrados antecedentes.
Ciertas comparaciones pueden resultar odiosas. Sin embargo, resulta inevitable confrontar la omisión de Cristina Kirchner sobre el grave problema inflacionario con la firme decisión del flamante presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, quien al asumir su mandato anunció que una de las prioridades de su gestión será la lucha contra la inflación, a pesar de que ésta no llega a los dos dígitos. También el nuevo mandatario de Uruguay hizo una enérgica reivindicación del apego a la Constitución y un llamado al diálogo y a la unidad nacional.
A diferencia de Tabaré Vázquez, Cristina Kirchner volvió a profundizar anteayer las grietas que separan a los argentinos y nuevamente puso de manifiesto su particular visión sobre el principio de división de poderes. No sólo acusó una vez más a jueces y fiscales de integrar un «partido judicial», sino que, además, les endilgó haberse «independizado de la Constitución y de las leyes». Se trata de un ataque al Poder Judicial que debe interpretarse como una nueva presión frente a las investigaciones sobre corrupción pública que pesan sobre la propia Presidenta y algunos de sus funcionarios. También, como la tradicional resistencia del kirchnerismo al control de constitucionalidad de las leyes por la Justicia.
Llamó la atención su enojo a la hora de analizar el atentado contra la AMIA, olvidando que el kirchnerismo gobernó en 12 de los 21 años que han pasado desde aquella tragedia que aún sigue sin esclarecerse. Y en forma tan elíptica como irresponsable, dejó flotando su idea de que la voladura de la embajada de Israel, producida en 1992, pudo haber sido un autoatentado, al tiempo que pareció dudar de la responsabilidad de Irán en ambas masacres.
No menos estupor provocaron los cuestionamientos públicos de la primera mandataria al desaparecido fiscal Alberto Nisman, tras la aparición de un escrito de éste con elogios al Gobierno, que data de una fecha anterior a la firma del Memorándum de Entendimiento entre los gobiernos de la Argentina e Irán. Una actitud presidencial tan deleznable como inapropiada frente a alguien que está muerto e imposibilitado de defenderse.
En síntesis, la Presidenta perdió una magnífica oportunidad para despedirse, en su último discurso ante la Asamblea Legislativa, con algo de grandeza. En cambio, optó por una arenga populista en la que, por sobre su obligación de efectuar una seria rendición de cuentas y de proponer políticas públicas, puso cuestiones de índole absolutamente personal, que desnudaron su nulo apego por los principios republicanos, además de convertir un acontecimiento institucional en un acto partidario.
Atrapada en su propio relato CFK profundiza el desgaste inherente a todo de fin de ciclo.
La servidumbre le teme. Todos los empleados de Cristina, desde los miembros del gabinete nacional hasta los ordenanzas de la Casa Rosada que hacen las tareas de limpieza, saben que la señora los está mirando y que, si por alguno que otro motivo los sospecha de deslealtad, no vacilará un solo momento en castigarlos por haberla traicionado. Por razones un tanto distintas, también le temen los líderes opositores y ciudadanos de a pie que presienten que al país le aguarda una etapa decididamente truculenta. Saben que a la Presidenta no se le ocurriría entrar dócilmente en esa buena noche en que descansan aquellos políticos cuyo ciclo se ha agotado.
Muchos se han convencido de que la Presidenta, al sentirse repudiada por un país que, con insolencia apenas soportable, se niega a agradecerle por el sinnúmero de beneficios con los que lo ha colmado, se ha propuesto enseñarle que su paciencia tiene límites y que no está dispuesta a tolerar más desplantes. Habrá llegado, pues, la hora de la venganza, de la implementación de una estrategia de tierra abrasada cada vez más brutal destinada a mostrar a sus enemigos, los que según parece ya incluyen en sus filas a una proporción sustancial del género humano, que la única alternativa auténtica al “proyecto” kirchnerista es un país sumido en la miseria sin seguridad de ningún tipo, que todo lo demás es verso neoliberal.
A Cristina le atribuyen una versión sui generis del planteo tradicional de mandatarios en apuros, yo o el caos, con la diferencia de que en esta oportunidad, el Gobierno mismo se encargará de hacer del país un aquelarre. Mientras que los adversarios de Cristina se aferran a la Constitución, nos aconsejan confiar en su sensatez y rezan para que la Argentina llegue al 10 de diciembre próximo sin que ocurra nada raro en los meses que aún la separan de la fecha que, suponen, los librará de la pesadilla que creen estar viviendo, los kirchneristas insisten en que hay golpistas en todas partes, que conspiradores al servicio de “poderes concentrados”, o sea, de la sinarquía de otros tiempos, están esforzándose por desestabilizar el país con la ayuda de cómplices foráneos ubicados en la CIA yanqui y el Mossad israelí.
De tomarse en serio la retórica oficial, para los kirchneristas el que nadie parezca tener el menor interés en fomentar una rebelión contra el statu quo es evidencia de la astucia satánica de los resueltos a poner fin cuanto antes a la gestión de Cristina. Puede que algunos defensores de la señora comprendan muy bien que no existe riesgo alguno de que haya un golpe, blando o duro, pero así y todo acatan las órdenes que les llegan desde arriba, razón por la que el pobre Jorge Capitanich profiere un dislate tras otro y Aníbal Fernández se divierte haciendo estallar las bombas verbales que tanto le encantan confeccionar.
En opinión de la incansable Elisa Carrió, Cristina y su aliado castrense, el general César Milani, están procurando “generar un autogolpe”. ¿Lo están? Si lo que entiende por autogolpe es la metamorfosis de un gobierno presuntamente democrático en un régimen impúdicamente autocrático, parece poco probable. Si bien al hablar tanto de la hipotética voluntad de sus adversarios de pisotear las reglas constitucionales la Presidenta y sus aliados se han pertrechado con pretextos más que suficientes como para permitirles emular al amigo venezolano Nicolás Maduro que se ha puesto a encarcelar a aquellos líderes opositores que cree peligrosos, los kirchneristas parecen más interesados en provocar al resto de la sociedad para que los eche que en instalar una dictadura a lo Fujimori. Por lo demás, en vista de que se las han arreglado para crear un desbarajuste fenomenal con el propósito de entregar a sus sucesores una crisis inmanejable para que se incineren, extrañaría mucho que optaran por intentar mantenerse en el poder en nombre de lo que según ellos es una revolución nacional y popular. La hoguera ya humeante que han preparado no es para ellos mismos sino para la oposición.
Todos los políticos son egocéntricos, pero pocos lo son tanto como Cristina que se supone víctima de una confabulación planetaria, de ahí la autocompasión a la que se entregó al enterarse de la muerte extraña del fiscal Alberto Nisman. De todos modos, si la Presidenta es víctima de algo es de su propio relato. Al elegir uno que se basaba en sus recuerdos, debidamente mejorados, de los emocionantes años setenta del siglo pasado, se condenó desde el vamos a gobernar un país que ya no existía, en circunstancias internacionales muy distintas de las imperantes cuando era una joven platense que soñaba con ser una abogada exitosa. Buena parte de los desastres que Cristina ha protagonizado, y de los cuales es responsable, puede atribuirse al intento quijotesco de aplicar recetas que ya habían fracasado varias décadas atrás con la esperanza, previsiblemente vana, de probar que los rebeldes de antaño no se habían equivocado. Por un rato, pudo imaginar que sí había descubierto el equivalente político y económico de la piedra filosofal que le permitiría transformar basura ideológica en oro, pero sólo se trataba de un boom de commodities, en especial de la soja, que fue desatado oportunamente por el resurgimiento de China. Sin el viento de cola así proporcionado que el Gobierno no supo aprovechar, volvió la triste normalidad y, con ella, una multitud de problemas que la Casa Rosada había pasado por alto.
A Cristina nunca le ha impresionado demasiado el país real, tan pluralista, tan veleidoso y, en ocasiones, tan díscolo, el que incluye a los centenares de miles de personas que, en muchos casos, la habían votado en las elecciones de octubre de 2011, que marcharon bajo un diluvio tropical para decirle que debería haber reaccionado de manera radicalmente distinta frente a la muerte Nisman. Siente que la Argentina que efectivamente existe no está a su altura, de ahí la negativa de sus habitantes a sacar provecho de las oportunidades que le dieron para desarrollarse tal y como había previsto.
La frustración que se apodera de ella toda vez que piensa en la terquedad ajena se ha convertido en el tema principal de aquellas misivas que difunde a través de las redes sociales y las alocuciones por las que emplea la cadena nacional. Que nadie me marque la cancha, dice, que nadie me grite o me golpee la mesa, tengo derecho a opinar de todo, estoy luchando contra una horda destituyente teledirigida por medios periodísticos y grupos económicos. En el mundo particular de Cristina, oponérsele es perverso, razón por la que quisiera liberarse de las limitaciones impuestas por la Constitución, por lo de la división de poderes que le impide manejar todo, por el ejército en las sombras de individuos malignos que se resisten a obedecerle.
La sentencia del político decimonónico Lord Acton, según la que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, ha sido confirmada por enésima vez por el gobierno actual que, a juicio de muchos, es el más venal de la historia del país, pero los daños causados por el poder excesivo no han sido meramente pecuniarios. También ha tenido consecuencias nefastas la propensión de Cristina a sobreestimar su propia capacidad para manejar los acontecimientos, como hizo aquel día de febrero de 2012 en Rosario cuando esbozó con los labios las palabras “vamos por todo”. De haber entendido la Presidenta que en democracia gobernar es una empresa colectiva y que por lo tanto el poder debería repartirse entre muchos, nos hubiera ahorrado una cantidad insólita de problemas, pero, rodeada como siempre ha estado por adulones serviles, entre ellos personajes de ideas más totalitarias que democráticas, fue de prever que andando el tiempo se refugiaría en un mundo propio en el que nadie se animaría a advertirle de lo peligroso que le resultarían ciertas decisiones.
Aunque la hostilidad visceral que siente Cristina hacia “el Partido Judicial” se debe más al temor a que tarde o temprano tenga que rendir cuentas, ante jueces que no la quieren, por el crecimiento notable de su patrimonio familiar en el transcurso de su mandato, que a la ideología autoritaria que ha improvisado, sabe que le convendría que la gente la imputara a sus necesidades políticas. De haber iniciado algunos años antes la ofensiva contra los jueces y fiscales que un día podrían investigar en serio los negocios dudosos de su familia, pudo haber logrado subordinar el Poder Judicial a sus designios, pero sólo comenzó a preocuparse luego de darse cuenta de que no habría posibilidad alguna de una reforma constitucional encaminada a permitirle eternizarse en la presidencia y que por lo tanto tendría que prepararse para pasar una temporada en cuarteles de invierno.
Desafortunadamente para ella, pero felizmente para el país, Cristina tardó en entender que la etapa triunfal de su carrera extraordinaria había llegado a su fin y que, por mucho que lo lamentara, no le sería dado desprenderse del pasado. Tampoco le será dado separarse del fantasma de Nisman; la acompañará no sólo mientras esté con vida sino también después, ya que en los libros de historia y en otros de ficción o en películas, las circunstancias de la muerte del fiscal y la manera en que la Presidenta reaccionó ante un hecho tan luctuoso como imprevisto ocuparán un lugar muy destacado.
CFK apuesta al fracaso del próximo gobierno y piensa dejar el campo minado. El rol de Máximo.
Juan Domingo Nestoron. Néstor Kirchner | Foto: Pablo Temes
Si esto fuera periodismo de investigación, se podría titular algo así como “Exclusivo: el plan de Cristina para volver en 2019 sin irse del todo”. Pero sólo se trata de una reflexión y un análisis político de las cartas que el Gobierno puso sobre la mesa y de algunos ases que todavía tiene en la manga. Es la hoja de ruta de los buitres santacruceños, más conocidos como pingüinos K.
◆ Inundar el Estado con cuadros de La Cámpora. Todos los días, en forma sigilosa, ingresan nuevos empleados o se incorporan a planta permanente los contratados. El objetivo es doble. Darles un sueldo alto y seguro que mantenga la fidelidad de los militantes y dejarlos como “topos” para tener información desde adentro de la futura administración. Y, llegado el caso, organizarlos para que actúen como quintacolumnistas. Es difícil establecer la cantidad de muchachos que se ocultaron en los pliegues del Estado, pero son varios miles. Hay oficinas que están copadas casi en su totalidad: Cancillería, jefatura de Gabinete, Secretaría de Medios, Ministerio de Justicia, Aerolíneas Argentinas, Anses y ahora van por la cuñada Alicia y su cartera de Desarrollo Social. Con Julio De Vido todavía no se atreven del todo. Tienen miedo de encontrar mucho dinero negro y acuerdos delictivos que no saben cómo manejar. De eso se encargará pronto Máximo Kirchner, un experto en transacciones oscuras.
◆ Entronizar a Cristina como una virgen política. Convertirla en una estampita que supere a Evita. Ese fue el objetivo de Máximo en su discurso. Bajarle el precio a todos los otros candidatos y marcar la cancha para siempre. Cristina es una jugadora distinta, de otra liga. Ganar en 2015 sin Cristina es como ganarle a la Selección sin Messi, dijo un camporista. Aquí hay diversas variantes en estudio. Instalar la consigna setentista de Kicillof al gobierno, Cristina al poder y encanutar la mayor cantidad de diputados y senadores posibles. Algunos plantean ir por afuera del Partido Justicialista e incluso del Frente para la Victoria. Sería la agrupación “Unidos y Organizados” y los estrategas quieren que Cristina compita como candidata a gobernadora o a diputada nacional en Buenos Aires. Juegan fuerte frente a la tibieza previsible de la oposición. Eso la dejaría como una poderosa jefa de la oposición, con poder territorial, con gran capacidad de daño frente al próximo presidente y de defensa frente al avance de los jueces en las causas que más la salpican de la matriz corrupta del Estado: Ricardo Jaime, Lázaro Báez y Amado Boudou.
◆ Transformar a Néstor en una leyenda. En el salvador de la patria. Fomentar las películas, los libros sobre su vida y obra. Tratar de reemplazar a Perón en la memoria colectiva. O decir que Néstor es el Perón actual. No es sólo por culto a la personalidad lo que están haciendo al bautizar absolutamente todo con su nombre. Quieren que Néstor parezca Dios porque está en todas partes. En escuelas, en calles, plazas, pero también en obras faraónicas como la represa, o el Centro Cultural en lo que fue el Correo Central o la torre más alta de la isla Demarchi que será más grande que el Central Park, pero que se llamará Parque Néstor Kirchner.
◆ Sembrar de tropa propia las listas en todo el país. Es un subproducto del punto anterior. Condicionar a gobernadores e intendentes para engordar su poderío parlamentario.
◆ Deslegitimar desde ahora al presidente que viene. Vaciar su triunfo. No le ganaron a nadie es la idea que ya fue explicitada más arriba. Repetir aquel discurso de Carlos Menem en el sentido de que Cristina está proscripta y que deberían reformar la Constitución para que sea el pueblo el que decida quién quiere que lo gobierne. Chavismo puro. Si se impone alguien más o menos cercano tipo Daniel Scioli, la idea es tomarle por asalto el gobierno. “Operativo Mariotto”, se llama eso. Si gana Mauricio Macri, hacerle la vida imposible.
◆ Recuperar el tono combativo. Sacar a la calle (lo dijo el comandante Máximo sin eufemismos en su discurso) los 40 mil que juntó La Cámpora en Argentinos Juniors y los 40 mil que convocó el Movimiento Evita en Ferro, más los experimentados piqueteros de Luis D’Elía y acusar de facho represor al que pretenda poner orden en el tránsito y en las ocupaciones masivas de terrenos.
◆ Dejar la economía exhausta. Multiplicar el calendario de pago de las deudas y gastar la mayor cantidad de reservas. Al más puro estilo del éxodo jujeño, incendiar las finanzas para dejar tierra arrasada, una herencia maldita que le haga todo muy cuesta arriba al sucesor de Cristina. Minar el terreno.
◆ Ocupar con jueces y fiscales amigos todas las vacantes. Cubrirse la retirada y las espaldas. Exigirles que protejan a Cristina para que jamás desfile por los tribunales. Ordenarles que apunten sus investigaciones hacia Mauricio Macri, Sergio Massa y Daniel Scioli, entre otros. Los espías de la inteligencia de la que tanto abusó el general César Milani, ya están acopiando carpetas para poder extorsionar a quien se atreva a cuestionar judicialmente a la Presidenta y a dos o tres más funcionarios del riñón. A todos no van a poder proteger. Dicen que a Amado Boudou, igual que a María Julia, lo van a entregar. No hay mejor defensa que un buen ataque.
Estas son algunas de las maniobras más o menos ocultas que el cristinismo está ejecutando. Néstor, Cristina y Máximo dejarán huella en la historia de estos 12 años y van a querer prolongar su conducción en el tiempo. El apellido Kirchner es el símbolo de una era en donde el Estado fue considerado propiedad de una familia y no el lugar donde un inquilino pasa un tiempo determinado. Desde aquellos comienzos en Río Gallegos, nunca abandonaron el poder. Nunca bajaron al llano. Siempre se llenaron los bolsillos porque uno de sus dogmas es que no se puede hacer política sin plata. Diana Conti lo confesó una vez con todas las letras.
Este es el itinerario político que tiene previsto Cristina para el próximo quinquenio. Una personalidad como ella jamás se retiraría a dar charlas por el mundo. Y este es un elemento que no puede estar ajeno de cualquier análisis del escenario que viene. Hay algunos dirigentes que están revisando todo a partir de estas comprobaciones. Cristina se irá del Gobierno, pero su intención es no abandonar jamás el poder.¿Está la oposición suficientemente cohesionada para dar batalla a semejante destino? ¿Alcanzan las actuales coaliciones y alianzas para gobernar frente a estos desafíos?
Ayer Cristina Kirchner lanzó su gobierno a la carrera electoral. Su discurso ante el Congreso fue el de un líder caudillesco que aspira a emocionar a sus seguidores con la promesa del poder, más allá de cualquier adversidad.
El argumento fue esquemático, como corresponde a una campaña. Recitó un rosario de cifras para demostrar que ha sido fiel a sus tres axiomas principales: que los pobres, por definición, tienen razón respecto de los ricos; que lo estatal, por definición, es mejor que lo privado, y que lo nacional, por definición, supera a lo extranjero. En otras palabras, reclamó la exclusividad del populismo. Para demostrar que esas consignas tendrán éxito recurrió a la profecía.
Dijo que percibe una atmósfera promisoria, como la del Bicentenario. La comparación es razonable. En aquel momento, el kirchnerismo venía de una derrota electoral. Pero hay diferencias importantes. En 2010 la economía se recuperaba de una caída abismal. Y el Tesoro acababa de apropiarse de las AFJP. Ahora la actividad está planchada y las cuentas tienen un déficit de 190.000 millones de pesos. El optimismo de los que miran la economía se debe a que, como tuiteó el corresponsal del Financial Times para refutar a la Presidenta, los mercados festejan que, en poco tiempo, ella se irá.
Cristina Kirchner debe demostrar que esa salida no representa un fin de ciclo. La necesidad de ganar las elecciones es más perentoria cuanto mayor es el riesgo judicial. Sólo el poder otorga impunidad, dijo Yabrán.
No debe sorprender, entonces, que ella dedicara el centro del discurso a la Justicia. Sobre todo a la denuncia de Alberto Nisman, punto de partida de una crisis que la tuvo sin oxígeno.
Ante el Congreso desplegó otra vez su teoría sobre el atentado contra la AMIA, e incluyó el de la embajada de Israel. La explicación derivó en severos ataques a la Corte Suprema y al Estado de Israel.
La Presidenta pidió que los carteles que muchos legisladores colocaron para exigir justicia para las víctimas de la mutual judía se orientaran hacia otro sector del recinto. Se refería a Ricardo Lorenzetti, cuyo rostro era enfocado por la TV. El reproche fue por la demora en el juicio por encubrimiento contra Carlos Menem y el juez Juan Galeano, entre otros. Tal vez jugó con fuego. Lorenzetti podría reivindicarse reabriendo el caso en que el juez Gabriel Cavallo absolvió a Galeano por peculado durante el proceso AMIA. En noviembre, la Procuración, a cargo de Alejandra Gils Carbó, enjuiciará de nuevo a Galeano. Si la Corte aceptara, avalaría la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta, que es materia de un libro reciente de los penalistas Morgenstern y Orce. Ese respaldo estimularía otras revisiones. Entre ellas, la del sobreseimiento por enriquecimiento ilícito con que Norberto Oyarbide benefició al matrimonio Kirchner.
El reproche a Israel es más conocido: ¿por qué no se interesa en saber quién voló su embajada en 1992? Es una pregunta capciosa. La Presidenta inscribió ese ataque y el de la AMIA en el contexto de la negociación de Oslo entre Israel y Palestina. Recordó que esas tratativas llevaron a un fanático israelí a asesinar a Yitzhak Rabin. ¿Las dos masacres de Buenos Aires tuvieron la misma inspiración? ¿Habrá que penar a fundamentalistas islámicos? ¿O hubo extremistas israelíes?
Estas incógnitas, que están al filo de la teoría del autoatentado, tan habitual en el discurso antisemita, asomaron detrás del planteo de la Presidenta. Ella las completó con una improcedente indicación al juez Rodolfo Canicoba Corral: que pregunte al ex embajador Yitzhak Avirán por qué declaró, en enero del año pasado, que «la mayoría de los responsables del atentado contra la AMIA ya están en el otro mundo, y eso lo hicimos nosotros». Israel aclaró entonces que Avirán había dicho «una tontería». Pero la señora de Kirchner quiere hacer notar que un diplomático israelí desmiente que los autores de la AMIA sean los iraníes buscados por Interpol.
La Presidenta compartió estas especulaciones, anteayer al mediodía, con Guillermo Karcher, el secretario del papa Francisco, a quien le gustaría recibir este año en el país. No fue casual: en 1992, Karcher fue testigo del estallido de la embajada, porque vivía en la parroquia Mater Admirabilis.
Las cavilaciones de Cristina Kirchner, extrañísimas en quien durante varios años acusó a Irán, son una gran contribución a la seducción que ejerce la acusación de Nisman. Porque el texto que presentó el fiscal muerto debe su fuerza persuasiva no a su calidad jurídica, sino a que llena un vacío historiográfico. Buena parte de la opinión pública creyó en Nisman porque el Gobierno jamás pudo explicar su catastrófico acuerdo con Irán.
Ayer, la Presidenta volvió a demostrar que no puede hacerlo. Así como adujo que no podía acordar con los holdouts por la cláusula RUFO, pero también porque el reclamo es inaceptable, alegó que pactó con Mahmoud Ahmadinejad para sentar a los acusados ante el juez, pero también porque duda de que ellos sean los culpables.
Nisman cubrió la falta de una justificación razonable con una narración verosímil. Aun cuando desde el punto de vista penal sea inconsistente. La señora de Kirchner avanzó ayer sobre otra fragilidad de su denuncia: recordó que, como sostuvo Daniel Rafecas al descartar la investigación, el propio Nisman, para la misma fecha, había redactado y firmado un escrito con argumentos inversos a los de su imputación. En ese texto, dirigido al Poder Ejecutivo para gestionar sanciones contra Irán en el Consejo de Seguridad, elogió la política presidencial frente al atentado. Y admitió que el memorándum con Irán era una pasable alternativa frente a la parálisis del proceso.
Como está muerto, será difícil desentrañar por qué Nisman presentó el escrito acusatorio y guardó el otro en la caja fuerte de la fiscalía. Cristina Kirchner, que nunca se inhibe ante una ventaja, acusó por duplicidad a alguien que ya no puede defenderse. Al ensañarse, debilitó la calidad de su argumento.
Nisman no puede justificarse. Pero la señora de Kirchner esbozó una explicación. Como los atentados de 1992 y 1994, también la acusación del fiscal fue parte de una jugada internacional: en este caso, las negociaciones entre Irán y las potencias occidentales. ¿También la muerte de Nisman se inserta en esta trama? La Presidenta no lo dijo.
Las referencias judiciales de ayer fueron tan relevantes como las omisiones. No habló de un golpe judicial. Y aclaró que el «partido de los jueces» estaba integrado sólo por algunos. Esta moderación confirma que los tribunales de Comodoro Py y la Casa Rosada están embarcados en una negociación. En ella intervienen jueces y fiscales, cuyo interlocutor principal es Aníbal Fernández, coordinado con Carlos Zannini y Wado de Pedro. El desenlace de estas tratativas se verificará en dos procedimientos. ¿Claudio Bonadio citará a Máximo Kirchner en la causa Hotesur? ¿La Cámara Federal rechazará la negativa de Rafecas a investigar a la Presidenta?
Las conversaciones también se explican por el eclipse de Antonio Stiuso y de sus gestores judiciales. En Tribunales miran con detenimiento la formación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia. Ya hay candidatos para comandarla. El más inquieto es Marcelo Saín, quien, respaldado por el CELS, defendió en el Congreso la eliminación del servicio secreto de la Policía Federal. ¿Qué dirá Aníbal Fernández?
Sin un alto el fuego en la Justicia, no hay plan electoral. Y ayer quedó demostrado que la señora de Kirchner apuesta a ganar las elecciones. Su estrategia es dedicarse sólo a quienes esperan salvatajes del Estado. Aquellos que, al revés, creen que sus vidas mejorarían si el Estado los deja de asfixiar, no son parte del programa. Después de presentar una piñata de subsidios, la Presidenta invocó a Perón y anunció que se hará cargo de los ferrocarriles operados por privados.
Como el ascenso de Aníbal Fernández y la incorporación de Wado de Pedro al gabinete, la apuesta ferroviaria fue pensada mirando a la provincia de Buenos Aires. Fortalece a Florencio Randazzo, clave en el trato con intendentes del conurbano, frente a Daniel Scioli, siempre en penitencia.
Sin embargo, la incógnita principal es otra: ¿qué papel jugará Cristina Kirchner? Ella advirtió a sus íntimos que, si no consigue un candidato competitivo, se postulará. ¿Gobernadora bonaerense? ¿Diputada nacional? Ayer, refiriéndose a Gerardo Morales, dijo: «Déjenlo. Yo también querré hablar cuando esté allí». ¿Fue un lapsus o una pista?
El tono proselitista coincidió con el lenguaje. Así como confirmó sus dificultades con el inglés, ella demostró su evolución con el lunfardo. Habló de «mangos» y de que «a las minas nos gustan las pilchas». Y, en un giro comentadísimo, dijo al ministro de Economía: «Axel no te distraigas. Néstor nunca se distraía». Después confesó que Florencia, su hija, le hizo notar esa característica del ex presidente. La observación, trivial, ilumina la peripecia del Gobierno. Si Moyano, los Eskenazi, Báez, Massa, Nisman o Stiuso se convirtieron en problemas, fue porque la Presidenta cayó en demasiadas distracciones.
El caso Nisman languidece. Su denuncia por encubrimiento del caso AMIA contra la Presidente, el canciller y un legislador, entre otros, fue desestimada de modo veloz y contundente por el juez federal Daniel Rafecas. Nisman apareció con un balazo en la cabeza, cuatro días después de presentar esa denuncia y a horas de ratificarla en el Congreso Nacional. Así, ambos hechos, denuncia y muerte, quedaron ligados para siempre. Si la denuncia no tenía asidero, si era fácilmente desechable, ¿por qué el Gobierno reaccionó con inusual violencia contra el fiscal y hasta habló de un “Partido Judicial”? ¿Por qué esta muerto Nisman?
La respuesta a estas preguntas empezó a perderse ya entre recambios de gabinete y testimonios tardíos de los funcionarios que invadieron la escena del crimen, ayudaron a convertirla en el zafarrancho que describieron en su momento la fiscal Viviana Fein y los testigos, y sembraron de sospecha la investigación del crimen político más grave de los últimos treinta años de democracia. Al salir de declarar el jueves en la fiscalía, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que hizo todo bien en el departamento de Nisman, donde no tenía nada que hacer. La fiscal, en cambio, admite que no puede garantizar que se haya preservado la escena del crimen. Si es así, todo es confuso y sospechado.
Aquella fiscalía que se bebía los vientos en los días que siguieron a la muerte de Nisman, se ha llamado a una tarea más lenta y rutinaria, acaso más rica pero más sumida y cautelosa. Los amigos, colegas e íntimos de Nisman también han silenciado sus voces que no sólo exigían conocer la verdad, sino que afirmaban tener certezas sobre cómo había muerto el fiscal. El cómo conduciría al por qué. Pero todo se ha tornado perezoso y hermético.
Además, el Gobierno, en un giro todavía inexplicable, dispuso investigar la llamada pista siria del atentado a la AMIA, atentado que también investigaba Nisman. La decisión del Gobierno de volver a poner la mira en Siria es la ratificación por otra vía del llamado Memorándum de Entendimiento con Irán, que tendía a anular, aseguraba Nisman, toda sospecha sobre la participación de ese país en el atentado. Y es algo más de alcances todavía inciertos si se tiene en cuenta que fue con el presidente sirio, Bashar al-Assad, con quien el canciller Héctor Timerman se reunió en Alepo, Siria, para dar el primer paso hacia la “reconciliación” Argentina con Irán.
La pista siria fue descartada hace once años por el entonces presidente Néstor Kirchner, que eligió a Nisman como fiscal único y especial del caso AMIA, le puso como ladero al hoy defenestrado agente de inteligencia Antonio Stiusso, y responsabilizó a Irán ante las Naciones Unidas de haber tomado parte de alguna forma en el ataque a la AMIA. Volver a esa pista es también gritarle en la cara al Poder Judicial que ha desperdiciado veinte años de investigación, lo que le da al Gobierno razones de sobra para acusarlo de inoperante e impulsar una reforma que estaría en manos de facciones del Poder Judicial afines al kirchnerismo. Poco importa que doce de esos veinte años transcurrieran bajo la gestión de Kirchner y de la actual Presidente. Si no encerrara una tragedia, sería un paso de comedia.
De esta forma casi inadvertida, el caso Nisman sigue la impronta de los grandes crímenes políticos: la debilitación lenta de la investigación, el desaliento a fuerza de confusión, de golpes de efecto y de pruebas dudosas, hasta el olvido final.
Ese es el molde que siguen, en general, los magnicidios o los grandes crímenes en los que un Estado, cualquiera, se ve afectado o sospechado de haberlos cometido a través de sus organizaciones, agencias o agentes. Lo primero que hace un Estado en esos casos es buscar de inmediato un culpable e intentar borrar las huellas de su participación, si la tuvo, u ocultar, desviar o eludir los errores que facilitaron o no evitaron la comisión del delito.
Desandar luego ese camino es imposible. Las tapaderas siempre huyen hacia adelante, las investigaciones se tornan un laberinto, las pruebas se alteran, se pierden, se destruyen, se modifican; todo se torna intrincado, indescifrable y oscuro, hasta llegar a la irónica conclusión del investigador de un magnicidio del siglo pasado: “Sé todo sobre el asesinato, menos qué pasó y quién lo hizo”.
Así se hace carne la sentencia que afirma que en la Argentina, cuando un crimen roza al poder, queda impune. La frase tiene su exacto correlato inverso: en la Argentina, si un crimen queda impune, es porque roza al poder.
Pasó con el atentado a la AMIA. Según quedó evidenciado en el juicio, la entonces SIDE se lanzó a tapar chapucerías como la de sus agentes, que perdieron la camioneta que sería usada como coche bomba setenta y dos horas antes del atentado. Pero hay teorías que ponen en duda la existencia de un coche bomba y afirman que los restos hallados entre los escombros fueron “plantados”. La confusión diluye.
Las todopoderosas agencias de espionaje, o de seguridad, o de investigaciones, sin control efectivo del Estado o sin una misión más específica y valiosa que la de meterse en las alcobas de las gentes, tampoco ayudan a generar confianza, amparo o certezas cuando un crimen afecta o implica a un gobierno. Por el contrario, tienden a ponerse por encima de la ley. Y también de los gobiernos.
En la película “Hombres de negro”, el personaje que encarna Tommy Lee Jones explica a su compañero que la agencia privada para la que trabajan, la MIB, está por encima de la ley y protege a los ciudadanos para que no accedan a saber lo que ellos saben: una amenaza se cierne sobre la Tierra. Jones le dice a su socio: “La única forma de que esa gente siga adelante con sus vidas felices, es que no sepan nada de esto”.
La ficción copia a la realidad y no al revés.
Un estado en problemas por un crimen político tapa, miente, oculta si se ve amenazado por sus propias torpezas. O, en cambio, cree que la verdad, cualquiera sea, puede ser peligrosa para los ciudadanos que no deben, no merecen, o no pueden procesar esa verdad. También puede ocurrir que esa verdad sea tan diabólica que su sola revelación haga peligrar la subsistencia misma de un gobierno o de un Estado y por eso debe ser callada. Tal vez la investigación por la muerte del fiscal se dirija, como un barco torpe y lento, hacia esas arenas que lo harán encallar.
La ruta del dinero K: revelan documentos con giros millonarios de Lázaro Báez
Por Ana Baron.
El fondo buitre NML entregó a la justicia de Nevada datos sobre transferencias entre cuentas de compañías del empresario K en Suiza, Liechtenstein y Argentina. También aseguró que tiene información de las Islas Seychelles y brindó datos de giros del financista Federico Elaskar.
En problemas. Lázaro Báez, el empresario ultrakirchnerista dueño de un grupo de constructoras acusado de maniobras de lavado. / Marcelo Carroll
Los fondos buitre presentaron ayer ante la corte de Nevada, Estados Unidos, una serie de documentos con los que esperan probar que empresas adjudicadas a Lázaro Báez, empresario de confianza de Cristina Kirchner, fueron utilizadas para lavar dinero con transferencias bancarias internacionales a través del financista Federico Elaskar.
Los documentos a los que Clarín tuvo acceso contienen información bancaria totalmente nueva. Hay pruebas de al menos 27 transferencias bancarias a favor de Elaskar y 99 de Helvetic Services Group en un esquema de triangulación que va desde Argentina y Uruguay a paraísos fiscales como Liechtenstein.
Los fondos buitre obtuvieron la información gracias a una orden de la Corte de Apelación del Segundo Circuito que les permitió demandar a una serie bancos estadounidenses datos “relacionados con transacciones que implican a Báez y personas y compañías relacionadas”.
De acuerdo al escrito presentado ayer por los fondos buitre, “de los 29 bancos” a los que les pidieron información, “15 ya respondieron” y “la información provista por esos bancos ha sido iluminadora en el trazado de los flujos de fondos que fueron hacia y desde las empresas de Báez y corroboran lo establecido por el fiscal (José María) Campagnoli”, dice el escrito, en referencia a la investigación que llevó adelante ese fiscal sobre la Ruta del Dinero K.
Uno de los documentos bancarios muestra que Federico Elaskar –el financista que confesó por TV haber lavado dinero de Báez– tenia una cuenta, la número 531820308 en el Ocean Bank de Miami, desde donde hizo transacciones al HSBC y otros de los bancos que estarían implicados en el esquema de lavado de dinero.
“Campagnoli descubrió que en 2010 y en 2011 Elaskar y su colega Leonardo Fariña –hoy detenido por una causa por evasión tributaria– realizaron una serie de transacciones mediante las cuales Fariña le traía a Elaskar ‘valijas y valijas’ llenas de euros para Báez, que esos fondos fueron sacados de Argentina por Elaskar utilizando terceras partes entidades y cuentas bancarias alrededor del mundo”, dice el escrito. “Entre todas las cuentas de Elaskar hay una en el Ocean Bank de Miami. El registro de las transferencias de fondos otorgados por Ocean Bank a NML confirman las acusaciones de Campagnoli y muestran que entre 2010 y 2011, Elaskar utilizó el Ocean Bank para conducir una serie de transacciones por un total de 3 millones de dólares”, postula el texto de NML.
Mas aun, de acuerdo a los fondos buitre, el registro de la transferencia de fondos del Ocean Bank también confirma que “el Swiss Entity Helvetic Services Group estuvo implicado en una serie de transacciones desde 2010 hasta 2013, cuando Campagnoli descubrió que Helvetic estaba trabajando para Báez”.
Es importante tener en cuenta, sin embargo, que entre los 24 documentos presentados ayer, hay 7 que han sido declarados como confidenciales. Esta corresponsal pudo confirmar que en esos documentos hay muchas más cuentas bancarias que corroboran el esquema de lavado de dinero en el que, según los fondos buitre, podrían estar implicados Cristina y Máximo Kirchner. Como NML obtuvo la información bancaria contenida en esos 7 documentos a cambio de la confidencialidad, por el momento permanecerán sellados y el público no tendrá acceso a su contenido.
Según los fondos buitre, la información obtenida en los bancos va en contra de las declaraciones de Val de Loire (la empresa adjudicada a Cristóbal López) y MF Nevada (el estudio que estableció 123 empresas en Nevada) cuando dijeron que “las investigaciones criminales en curso en Argentina no tienen fundamento y son ataques políticamente motivados”.
El juez de la corte de Nevada Cam Ferenbach autorizó ayer a que toda la nueva información introducida por NML sea integrada oficialmente al legajo y les dio los abogados de las empresas adjudicadas a Lázaro Báez y a Cristóbal López hasta el 5 de marzo para responder. El 9 de marzo habrá una audiencia clave en que se analizara toda la información.
En el documento de ayer, los abogados de los fondos buitre afirman demás que han obtenido una orden del Corte Suprema de las Islas Seychelles que les ha permitido avanzar en la investigación en ese país. Los detalles de la orden y la información que han obtenido ha sido tachada del escrito, y permanece por el momento también sellada. Esto podría cambiar en la audiencia del 9 de marzo.
Al rechazar la denuncia de Alberto Nisman, el juez Daniel Rafecas alejó a Cristina Kirchner de dos hogueras. No sólo negó que la Presidenta haya encubierto el atentado contra la AMIA. De un modo menos directo, y tal vez involuntario, también la desvinculó de la hipótesis según la cual el Gobierno estuvo detrás de la muerte del fiscal. Sencillo: al dictaminar que la denuncia de Nisman era insostenible, refutó uno de los posibles motivos de su deceso. Porque si las imputaciones eran disparatadas, ¿para qué quitarle la vida?
Las razones de Rafecas para prestar esos servicios pueden ser complejas. Es posible que la más determinante haya sido que, para él, el planteo de Nisman tenía severas inconsistencias. Especialistas prestigiosos con los que este juez suele identificarse -Zaffaroni, Maier, Arslanian, Moreno Ocampo- sostuvieron esa tesis. Subrayaron que Interpol desmintió que Héctor Timerman haya pedido alguna vez el levantamiento de las alertas rojas contra los acusados iraníes. Al revés, informó que en varias oportunidades Timerman aclaró que, contra lo que sostenía el régimen de Ahmadinejad, eso no era materia del acuerdo. También advirtieron que el agente Allan Bogado había sido denunciado por la Secretaría de Inteligencia como falso espía. Y, en la línea de lo que afirmó Antonio Stiuso ante Viviana Fein, descartaron que las conversaciones entre D’Elía, Esteche y Khalil involucraran a funcionarios del Gobierno.
Quiere decir que, para Rafecas, las imputaciones de Nisman carecían de valor penal. Apenas tendrían, llegado el caso, algún mérito historiográfico. Es curioso que para sostener ese argumento también él haya plagado su escrito de consideraciones políticas y confesiones personales. En este aspecto, Rafecas imita y supera a Nisman. El juez sostiene, por ejemplo, que la señora de Kirchner no podría ser cómplice de los iraníes porque es «una figura política que a lo largo de veinte años de trayectoria ha sido consecuente en la búsqueda de proveer verdad y justicia». La excusa es casi tan insólita como afirmar que Timerman está libre de culpa por ser judío. Una condición que para el rabino Sergio Bergman, por ejemplo, en vez de impedir, agravaría el comportamiento atribuido al canciller por Nisman.
Si se hicieran pasar esas manifestaciones de obsecuencia por la lupa con que el filólogo Aníbal Fernández analizó la denuncia de Nisman, se podría concluir que también a Rafecas le escribieron el dictamen. Es lo que sugiere la orden de habilitar una feria cuya finalización había ocurrido 26 días atrás. Es decir, cuando el magistrado estaba de vacaciones. Con otra curiosidad: como demostró en esta causa María Servini de Cubría, no es frecuente que se interrumpa la feria para dictar una absolución. Trivialidades. Para Rafecas son trivialidades. Ayer aclaró que trabajó en soledad y sin presiones.
Hay otros rasgos inesperados en el fallo. En una serie de reflexiones encabezadas con la frase «en lo personal?», el juez necesita recordar su lucha contra el antisemitismo, que iguala a la de Nisman. Después aprovecha el expediente para enviar sus condolencias a la familia del colega muerto.
Los esfuerzos que hace allí Rafecas por salvar la imagen de Nisman contribuyen a una confusión. Nisman fue el denunciante, no el fiscal del caso. El encargado de la acusación es Gerardo Pollicita. Es a él a quien el juez debe refutar. En otras palabras: aun cuando su presentación fuera un exabrupto político, no había por qué pedir a Nisman una fundamentación exhaustiva del crimen que estaba describiendo. Tampoco Pollicita la ofreció: apenas pidió que se estudie la acusación a la luz de nuevas pruebas.
Es curioso que, entre los muchos caminos que tenía, Rafecas se haya negado a abrir la investigación. Podría haberse excusado de intervenir en el caso. Tenía un motivo razonable: en 2011, en la Hebraica, afirmó que «Irán financia organizaciones antisemitas» y que «D’Elía no es ajeno». A propósito: ¿no es raro que D’Elía no haya aprovechado este antecedente para recusarlo?
Rafecas también podría haber delegado la pesquisa en el fiscal, como hizo cuando tuvo que juzgar a Amado Boudou en el caso Ciccone. Pero prefirió cortar de cuajo toda sospecha. Ahora corresponde a la Cámara Federal evaluar si esa opción fue la correcta. Si los camaristas no lo hacen, se notará más la brecha que existe en Tribunales. Para ponerlo en términos de Cristina Kirchner: en el golpe judicial comienzan a aparecer «rebeldes» y «leales».
Sin embargo, en un fuero como el federal penal de la Capital, en el que buena parte de las decisiones se explican por factores ajenos a los expedientes, conviene recordar el contexto en el que Rafecas decidió sobre la Presidenta. El dato más obvio es que tuvo que resolver la situación de una imputada que está en condiciones de sacarlo de la Justicia desde el Consejo de la Magistratura. Un detalle que, según él, no lo incomodó. Aun cuando allí esté acusado por cerrar una causa en la que se denunciaban subsidios arbitrarios a productores cinematográficos que beneficiaron a su hermano. Entre otros cargos.
También hay que consignar que Rafecas protagoniza un feroz enfrentamiento con los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, de estrecha relación con Stiuso, el espía en quien abrevaba Nisman. Esa enemistad nació en los albores del kirchnerismo, cuando Rafecas vapuleó a Fernando de la Rúa y, sobre todo, al ex jefe de la Secretaría de Inteligencia (SI) Fernando de Santibañes en el juicio por las coimas del Senado. Esa embestida era avalada por Alberto Fernández, uno de los promotores del ingreso de Rafecas en la Justicia. Richarte y Pirota, que eran colaboradores de Santibañes en la SI, terminaron siendo sus abogados.
Durante el proceso ocurrió un hecho extravagante. En una audiencia con el juez, uno de los senadores acusados le explicó: «Doctor, sobre nosotros se dicen infamias. Igual que sobre usted, que está acusado de cobrar 600.000 dólares por dar prisión domiciliaria a dos narcotraficantes serbios». Cayó el telón.
Un larguísimo pasaje de la absolución a De la Rúa y Santibañes condenó la conducta de Rafecas en aquel procedimiento. A raíz de esas críticas se abrió una causa contra él en el juzgado de Luis Rodríguez. Es el magistrado al que recurrieron Stiuso y Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman, para denunciar amenazas.
Otra consecuencia de aquel caso es que algunos radicales se la tienen jurada a Rafecas. Bastaría que coincidieran con el kirchnerismo en el Consejo para que el juez quede desplazado.
Para cerrar el círculo hay que mencionar que Richarte y Pirota fueron los abogados de Boudou delante de Rafecas. El encono con ellos volvería coherentes dos actuaciones en apariencia contradictorias: la persecución a Boudou y el perdón a la Presidenta.
El entorno de la decisión que favoreció a la Presidenta vuelve a advertir sobre un fenómeno inquietante que se verifica en la Justicia en su relación con la política: la culpabilidad y la inocencia no siempre dependen de las pruebas. La mayoría de las veces son el resultado de una azarosa guerra de facciones. Pero Rafecas dice que ése no es su caso.
La causa real de la furia de Cristina contra la Justicia
Por Marcelo Bonelli.
El juez Bonadio, que investiga una trama de corrupción, habría hallado operaciones trianguladas entre Lázaro Báez, el zar del juego Cristóbal López y la familia Kirchner.
2003. Cristóbal López con Néstor y Cristina Kirchner en el casino de Río Gallegos.
El zar del juego, el empresario Cristóbal López, está involucrado en la investigación por lavado de dinero que lleva adelante la Justicia en la causa de los hoteles de la familia presidencial. Claudio Bonadio habría encontrado operaciones trianguladas, que utilizan cuentas de compañías de López para liquidar supuestos ingresos ficticios en Hotesur.
Se trataría de la primera conexión comprobada de operaciones que involucran negocios de Lázaro Báez y Cristóbal López con la familia Kirchner.
Báez y López tienen estrecha relación con la Presidenta y multiplicaron sus negocios en la década kirchnerista. Pero este hallazgo los uniría en una investigación por supuesta corrupción.
Es que la facturación –pendiente de otras pruebas– habría confirmado dos cosas: que Báez pagó a los Kirchner por contratos fantasmas de habitaciones que nunca usó y que, después, hubo transferencias de fondos utilizando cuentas del holding del zar del juego.
La información se mantiene en absoluto secreto y en período de mayores pruebas documentales. Bonadio se tomaría todo marzo para esa tarea clave, y recién en abril adoptaría determinaciones procesales.
La noticia cayó como un balde de agua helada en la Casa Rosada y fue el comentario central esta semana en varios encuentros de hombres de negocios. Hubo interconsultas entre miembros del Grupo de los 6.
En el G-6 dicen que el avance de esta investigación y el hallazgo de la triangulación es lo que preocupa realmente a Cristina y la enfurece con la Justicia.
Clarín anticipó que el Gobierno ordenó al titular de la DGI, Angel Rubén Toninelli, realizar operaciones para “emprolijar” y hacer presentables la documentación de Hotesur. Recibió la directiva política de Carlos Zannini y dispuso ubicar a su hijo Fernando para operar en el entorno de Báez. Se trataría de hechos incompatibles con la función de Toninelli en la AFIP. Pero con ese objetivo y el aval de Ricardo Echegaray, el titular de la DGI provocó hace unas semanas la salida del jefe de la Dirección Regional Metropolitana. Se trata de la estratégica repartición fiscal donde está radicado parte del expediente de Hotesur.
El Gobierno quiere tener un absoluto control de la Región Metropolitana porque desde ahí puede “ordenar” cambiar y frenar expedientes que va a requerir la Justicia.
El contador Exequiel Lebed era el titular de la Dirección Metropolitana y fue presionado por Toninelli para acompañar con su firma un informe sobre una investigación interna que por el uso de facturas apócrifas involucra a Hotesur. El documento es para favorecer la situación de la compañía presidencial. Lebed accedió a firmar el expediente exigido por la Casa Rosada, a pesar de que su repartición no participó en su elaboración. Después, Lebed solicitó vacaciones adelantadas y licencia médica y al final concretó su renuncia.
El escándalo en la AFIP se trató ayer en una reunión secreta. Había caciques de la UIA y de la Asociación Empresaria Argentina.
Fue luego de que se conocieran los cambios en el gabinete. Para los empresarios la movida de Cristina se explica por lo siguiente:
– El Gobierno sintió el impacto político del 18F y los desaciertos que cometió tras la muerte del fiscal Nisman.
– Cristina resolvió gobernar hasta final de mandato con el aparato de inteligencia de César Milani y en soledad con La Cámpora.
– La Casa Rosada va a radicalizar su estrategia de confrontación política.
Héctor Méndez, de la UIA, sostiene que Cristina también quiere dejarle al próximo presidente un campo minado en la economía.
El terma circuló el martes, en el encuentro de la comisión directiva ampliada de la UIA, donde se desbarató un intento del Gobierno de dividir la central fabril. Quedaron rechazadas las posiciones adictas a la Casa Rosada de Juan Lascurain y la UIA ratificó por unanimidad un documento muy crítico al acuerdo con China. Ignacio de Mendiguren expuso esas advertencias en el debate de la Cámara de Diputados. Con el apoyo del movimiento industrial dijo: “La Presidenta está entregando el futuro del desarrollo argentino.” Las concesiones de Cristina a China obedecen a urgencias de Axel Kicillof. El ministro no tiene todos los dólares para cerrar el año.
Otra vez le jugó una mala pasada la impericia internacional del equipo económico: ayer se cayó la colocación de Bonar por 2.000 millones de dólares.
El juez Thomas Griesa pidió información de la transacción al Deutsche Bank y al JP Morgan, y la cúpula de esos bancos decidió bajarse de la emisión.
El grave traspié obedece a serios errores del viceministro Emanuel Alvarez Agis y del secretario de Finanzas, Pablo López. Influyó el crónico y pésimo asesoramiento del estudio Clery & Gotlieb.
Carentes de profesionalismo, los funcionarios pasaron de un extremo a otro. En diciembre, Kicillof quiso hacer una colocación sin hablar con nadie en el mercado. Fue un fracaso. Ahora, por miedo a otra frustración, hablaron con todos y anticiparon tanto la jugada que alertaron al fondo buitre Elliot y obligaron a actuar al juez Griesa. El error le permitió a Paul Singer bloquear la operación. Elliot amenazó a fondos que tenían decidido participar de la emisión de Argentina.
Pero también los funcionarios mostraron falta de timing. Intentaron lanzar la emisión a días de una audiencia clave en los juzgados de New York.
Será el próximo martes. Griesa espera a la Argentina y hay consenso entre los banqueros: si esa audiencia sale mal, se va a complicar al extremo el panorama financiero del país.
Ayer fue un muy buen día para Cristina Kirchner. El juez Rafecas desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre presunto encubrimiento de terroristas por parte de la Presidenta y su canciller. Por otro lado, hizo cambios cosméticos en su gabinete, abroquelándose en lo más cercano y acérrimo que tiene, como manda el final de todo poder.
La decisión de Rafecas está claramente en condiciones de eclipsar los enroques ministeriales de un gobierno que se agota en el tiempo y en la política. El juez privilegió una de las dos alternativas que tenía (desestimar o iniciar la investigación), al preferir resaltar los aspectos más frágiles de la denuncia de dos fiscales, Nisman y Gerardo Pollicita. La imputación, hecha originalmente por Nisman cuatro días antes de su extraña muerte, se respaldaba en que el Gobierno había intentado encubrir a los presuntos terroristas iraníes mediante dos mecanismos.
Uno era la creación de una Comisión de la Verdad; el otro, el levantamiento de las circulares rojas de Interpol para detener a cinco jerarcas iraníes. Ninguna de las dos cosas llegó a concretarse, subraya Rafecas, y, por lo tanto, el delito es inexistente.
Es cierto que el gobierno iraní perdió entusiasmo por el memorándum que firmó con los argentinos cuando advirtió que las capturas internacionales seguían vigentes. Rafecas confirmó lo que había asegurado Nisman: el único propósito de Irán para firmar ese acuerdo fue que se levantaran las circulares rojas de Interpol. Esa parte de la negociación se pareció mucho a un juego de tahúres: Irán no aprobaba en su Parlamento el memorándum a la espera de que se levantaran las órdenes de captura. El gobierno argentino no hacía nada, a su vez, para dejar sin efecto las capturas hasta que los iraníes no concluyeran la aprobación total del acuerdo. Mientras jugaban en ese toma y daca, la justicia argentina declaró inconstitucional el tratado con Irán y le ordenó al Poder Ejecutivo que se abstuviera de insistir en esas negociaciones. Irán retiró entonces el acuerdo de su Parlamento.
Las cosas fueron realmente así. Una primera comprobación lleva entonces a la conclusión que sacó Rafecas: no hubo delito consumado. Sin embargo, el juez decidió no investigar lo que podría ser un delito en grado de tentativa. De la lectura de la resolución del propio magistrado se puede inferir que el delito no se consumó por obra de terceros protagonistas, como fueron los jueces que declararon la inconstitucionalidad del tratado. El delito tiene varios grados y la tentativa es uno de ellos. El juez, por el contrario, se inclinó por mirar el tratado como una decisión política, que puede ser mala o muy mala, pero que no es judiciable.
Dice Rafecas también que no encontró vínculo alguno entre las conversaciones telefónicas de los personajes impresentables de la historia (Luis D’Elía, Fernando Esteche, Andrés Larroque y Jorge «Yussuf» Khalil) y las decisiones del Estado. En efecto, éstos hablaban de las circulares rojas que no se levantaron. Cerca del magistrado señalaron, además, que en esas conversaciones no se encontró «una sola línea» que incriminara al canciller Héctor Timerman y que, al revés, aquellos personajes lo trataban a éste como a un enemigo, con palabras descalificatorias y hasta segregacionistas por su condición de judío. Es probable, no obstante, que D’Elía, Esteche y Khalil, sobre todo, hayan estado enojados con Timerman porque éste se demoraba en cumplir con la parte argentina del acuerdo, que era, precisamente, dejar sin efecto las capturas internacionales.
Hay, con todo, un párrafo muy formal (o ingenuo, si se quiere) del juez. Señala que D’Elía, por más barbaridades que haya dicho, no es funcionario del Gobierno. Esto es, en efecto, formalmente cierto, aunque las fotos públicas (y las propias grabaciones telefónicas que se conocen) demuestran que es un hombre influyente dentro del kirchnerismo desde hace muchos años. Es fácilmente comprobable, por lo demás, su cercanía con el régimen de Irán y con el chavismo venezolano. En una de las grabaciones aportadas por Nisman (y reproducida por Pollicita), D’Elía habla con Khalil por teléfono con manos libres (es decir, con altavoz), le advierte que está «en Presidencia» y que lo está escuchando una persona que no puede nombrar. Esa persona pudo ser el entonces secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, ahora jefe del servicio de inteligencia y viejo amigo de D’Elía. O pudo ser la propia Presidenta. ¿Cómo saberlo sin que haya habido una investigación?
Colaboradores del juez apuntaron que él resolvió no pedir ni una sola de las medidas de prueba que le solicitó Pollicita porque tenía la convicción de que en el expediente no se demostraba nada y porque la decisión de abrir la investigación a pruebas hubiera creado un «escándalo político innecesario». Algunos funcionarios judiciales habían señalado antes que el error de Nisman fue comenzar por el final de los presuntos responsables de un delito; es decir, por la Presidenta y su canciller. Consideraban que la mejor estrategia hubiera sido iniciar una investigación por los de abajo (D’Elía, Esteche, Larroque y Khalil), para llegar luego, si las condiciones se daban, a las instancias más altas de la política nacional. Esto es: reproducir la estrategia judicial que se siguió en Washington con el caso Watergate, que terminó, al final de una larga investigación, con el gobierno de Nixon.
De todos modos, el intento de encubrimiento está no sólo en algunos párrafos de Rafecas, sino también en el propio memorándum firmado con Irán. Los dos países se comprometieron a enviar ese acuerdo a Interpol, envío que ni siquiera estaba sujeto a la aprobación parlamentaria del tratado. Fue Interpol la que exigió más requisitos para dejar sin efecto las capturas, que no cumplieron ni la Argentina ni Irán. La Argentina se comprometió, en el mismo documento, a reclamar la declaración ante la Justicia de los cinco iraníes con circulares rojas de captura internacional.
Se olvidó de que existen otros tres iraníes con pedido de captura por la justicia argentina, a los que Interpol les concedió inmunidades. Se trata del entonces presidente iraní, del entonces canciller de Irán y del entonces embajador iraní en Buenos Aires, todos ocupando esos cargos en el momento del atentado contra la AMIA. Si la declaración debía hacerse amigablemente en Teherán y si no corrían el riesgo de prisión, ¿por qué la Argentina no los incluyó en su reclamo? ¿Por qué no insistió en que la «verdad» necesitaba de sus declaraciones ante la justicia argentina? Las circulares rojas, no la verdad, eran el único propósito de Irán.
La resolución de Rafecas será apelada ante la Cámara Federal. En esa segunda instancia podría prevalecer la línea interpretativa de Rafecas o imponerse la otra corriente de los jueces que existe, claro está, para analizar este caso. Es la que sostiene que no se puede rechazar ninguna hipótesis sin iniciar antes una profunda investigación, sobre todo porque quien la propuso, Nisman, ya no está en este mundo y su muerte se convirtió en una tragedia política no esclarecida aún.
Casi simultáneamente con la decisión del juez, Cristina Kirchner decidió sacudir el árbol de su gabinete. No hizo mucho. Merece consignarse el escaso sentido de la gratitud que tiene la Presidenta. A Jorge Capitanich lo trajo del Chaco con la promesa de que sería candidato presidencial y ahora lo devolvió a su provincia para que compita por la intendencia de Resistencia. Demasiado parecido a un descenso al infierno. En el medio, Capitanich dejó hasta el más mínimo sentido de la dignidad política en busca de la aceptación presidencial. Su final era previsible desde que Aníbal Fernández se reinstaló en la Casa Rosada, porque éste es más eficaz que Capitanich en el arte de conspirar y cortar cabezas.
Una decisión con otro significado fue la designación de Eduardo «Wado» De Pedro en la Secretaría General de la Presidencia. Es el destino de todos los presidentes que se van: rodearse nada más que de incondicionales, de los que sólo acatarán, de los que tienen vida política porque el jefe del Estado se la dio. Aníbal Fernández, que cursó en los últimos años una apresurada carrera para diplomarse en la obsecuencia, y De Pedro son los mejores y definitivos ejemplos de una era que termina.
◆ Entronizar a Cristina como una virgen política. Convertirla en una estampita que supere a Evita. Ese fue el objetivo de Máximo en su discurso. Bajarle el precio a todos los otros candidatos y marcar la cancha para siempre. Cristina es una jugadora distinta, de otra liga. Ganar en 2015 sin Cristina es como ganarle a la Selección sin Messi, dijo un camporista. Aquí hay diversas variantes en estudio. Instalar la consigna setentista de Kicillof al gobierno, Cristina al poder y encanutar la mayor cantidad de diputados y senadores posibles. Algunos plantean ir por afuera del Partido Justicialista e incluso del Frente para la Victoria. Sería la agrupación “Unidos y Organizados” y los estrategas quieren que Cristina compita como candidata a gobernadora o a diputada nacional en Buenos Aires. Juegan fuerte frente a la tibieza previsible de la oposición. Eso la dejaría como una poderosa jefa de la oposición, con poder territorial, con gran capacidad de daño frente al próximo presidente y de defensa frente al avance de los jueces en las causas que más la salpican de la matriz corrupta del Estado: Ricardo Jaime, Lázaro Báez y Amado Boudou.
