Las pericias no detectaron rastros de pólvora en la mano derecha del fiscal Nisman
Resultados del barrido electrónico.
La fiscal Viviana Fein, que investiga la muerte de Alberto Nisman, confirmó que no pudieron detectar restos de pólvora ni de gases producto de la deflagración en la mano derecha del fiscal. «Eran muy pocas las partículas de residuos que se levantaron en el lugar. Igual, esto no descarta que él se haya disparado», concluyó Fein.
Efectivos de Prefectura salen del edificio de Le Parc donde vivía el fiscal Alberto Nisman. (Germán García Adrasti)
La pericia de búsqueda de restos de pólvora en las manos del fallecido fiscal Alberto Nisman «lamentablemente dio negativo», reveló esta mañana la fiscal del caso, Viviana Fein.
«Pero no es un resultado inesperado», sostuvo la funcionaria del ministerio público porque, dijo, «el calibre pequeño del arma, calibre 22, no permite que el barrido electrónico dé un resultado positivo, es un tema técnico».
Fein concluyó que no obstante el resultado, la pericia «no descarta que él se haya disparado» y, en ese sentido, aseguró que la autopsia «lo ha confirmado de manera categórica».
«Eran muy pocas las partículas de residuos que se levantaron en el lugar. Además al ser un calibre .22 y no un arma de guerra, usualmente esto provoca que el barrido electrónico no arroje resultados positivos», argumentó la fiscal en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre.
Sin vida. El cuerpo del fiscal es retirado del edficio de Puerto Madero. Apareció con un tiro en la sien derecha.
En síntesis, no se pudieron hallar rastros de pólvora ni de gases producto del disparo en la mano derecha, tampoco en el brazo ni el resto del cuerpo, del fiscal Alberto Nisman, quien fue hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero durante la tarde del domingo con un tiro en la sien derecha.
El proceso para determinar esto, ya confirmado por la fiscal que entiende en la causa, se llama barrido electrónico y se realizó por peritos de la Policía Bonaerense en La Plata.
Para tener en cuenta en este sentido, en la autopsia se pudo determinar que el dedo índice de la mano derecha de Nisman estaba rígido, flexionado como si hubiese disparado.
Las dudas de Lanata: «¿El tipo antes de declarar se mata? Vamos, chicos…»
CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE NISMAN.También plantearon interrogantes Leuco y Nelson Castro. Hablaron de «muerte política».
«Una muerte política» es la definición compartida por los periodistas Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Nelson Castro y Jorge Asís, que analizaron la muerte del fiscal Alberto Nisman, confirmada en la madrugada de este lunes.
Lanata, que investigó por muchos años la causa, planteó serias dudas sobre el hecho: primero, por radio, aseguró que le parece «muy difícil de creer que Nisman se suicidió». Luego, contó cómo se enteró de la noticia. «Siempre recibo La Nación y a Clarín y Clarín no llegó y pregunté qué pasó, y la señora que trabaja acá dijo que como el fiscal murió están actualizando la edición, no lo podía creer. Esto le agrega al panorama algo que hasta ahora no había, que es violencia, porque me resulta muy difícil de creer que Nisman se mató, ¿el tipo antes de declarar se mata? Vamos chicos…».
Para Lanata, «es terrible, como si hubiera fuerzas superiores a las fuerzas democráticas que evidentemente lo hay. El más complicado en esto es el Gobierno, no estoy diciendo que tenga responsabilidad, pero es el primero que tiene que salir a aclarar primero, porque es Gobierno y después porque es el acusado. Nisman iba a hacer una presentación muy fuerte hoy, todos esperábamos que lo de hoy sea fuerte y nuevo. Este país no tiene destino, me enteré hoy temprano».
Leuco, en tanto, por Radio Mitre, dijo que se trata «de una muerte política, porque el fiscal hizo una de las denuncias más delicadas y que más conmocionó en el último tiempo, sea por suicidio o asesinato, esto es una muerte política». Y agregó: «Nisman murió por la denuncia que hizo».
Asís opinó que «esto es algo que o tiene que ver con alguna línea del Gobierno, o es una operación de inteligencia clara contra el Gobierno. Con este hecho, el Gobierno internacionalmente queda vacío de toda legitimidad moral». Además, el ex funcionario de Carlos Menem fue contundente al plantear que se trata de «algo mucho más que un crimen». Descartó que se trate de «un suicidio, nadie puede pensar en eso porque nadie lo veía con deseos de suicidarse, se lo veía (a Nisman) bien, sólido y muy cargado. Acá de lo que tenemos que hablar es de un asesinato».
Finalmente, Asís, refiriéndose a palabras del secretario de Seguridad, Sergio Berni, señaló: «Él habló del lugar del crimen, entonces hay que hablar de un crimen absolutamente político (…) «Yo no tengo que ser prudente», dijo Asís . «Esto es algo operado por algún sector del Gobierno que podía salir perjudicado», insistió.
Otro de los periodistas que se sumó al análisis de la muerte del fiscal fue Nelson Castro. «Nisman estaba con este temor en su vida y en las últimas horas supo que los datos sobre su hija fueron transmitidas a los servicio de inteligencia y esto lo inquietó, después hay que saber qué pasó en la última semana a tener esta actitud, estaba afuera y volvió para hacer pública la denuncia». Señaló además «no había en él indicios de querer suicidarse, se lo veía muy seguro y muy dispuesto a dar batalla».
Israel destacó al fiscal Alberto Nisman como «un jurista valiente»
El Ministerio de Relaciones Exteriores se refirió a la muerte del abogado «en circunstancias trágicas» y manifestó «su esperanza de que las autoridades argentinas hagan todos los esfuerzos para exigir justicia a aquellos responsables por los ataques terroristas» en el país
JERUSALÉN – Ante la sorprendente noticia de la muerte del fiscal Alberto Nisman , a cargo de la causa del atentado en la mutual judía AMIA en 1994, el gobierno de Israel destacó la valentía del jurista e instó a las autoridades argentinas a continuar con su trabajo.
El cuerpo de Nisman fue encontrado sin vida con al menos un disparo en el baño de su departamento en la capital argentina, horas antes de presentar en el Congreso los detalles de su denuncia sobre un complot del Gobierno para encubrir a los acusados iraníes.
Horas después, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, lamentó la muerte de Nisman «en circunstancias trágicas» y subrayó que se trataba de un «jurista valiente y destacado que peleó incesantemente por la justicia, que trabajó con una gran resolución para exponer la identidad de quienes perpetraron el atentado terrorista y a aquellos que los enviaron».
«El Estado de Israel manifiesta su esperanza de que las autoridades argentinas continúen con la actividades de Nisman y que hagan todos los esfuerzos para exigir justicia a aquellos responsables por los ataques terroristas en Argentina», añadió la declaración de la Cancillería.
La semana pasada, el fiscal Alberto Nisman acusó al Gobierno de querer encubrir al grupo de iraníes sospechosos del ataque contra la mutual AMIA, en el que murieron 85 personas.
Según el fiscal, el Gobierno buscó «desincriminar» a los acusados iraníes del atentado con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países.
La Justicia argentina ha acusado por el atentado a varios ciudadanos iraníes, entre ellos un ex ministro de Defensa, pero Irán ha rechazado esos cargos. En 2013, el gobierno de Cristina Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Teherán para avanzar en la investigación por el atentado a la mutual judía.
Se lo dijo hace unos días el fiscal especial del caso AMIA a Clarín.
Datos. Nisman, el miércoles, tras dar a conocer su denuncia. / FERNÁNDEZ
Fue una frase tan trágica como premonitoria. El fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nisman, que apareció muerto hoy en su departamento de Puerto Madero, le dijo a Clarín días atrás una oración que marcó su destino. «Yo puedo salir muerto de ésto», afirmó.
El sábado, en otro contacto con esta cronista, repitió la terrible frase.
A pesar de la presión que había sobre él y de la feroz embestida del kirchnerismo en su contra, Nisman estaba confiado en la solidez de su denuncia por encubrimiento contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés «Cuervo» Larroque, Luis D’Elía y Fernando Esteche.
Clarín chateó por última vez el sábado. Nisman dio un ok final a lo conversado a las 21:17 por Whatsapp. No quería hacer ya declaraciones y comentó que siempre leía las notas de esta periodista. Ayer domingo no contesto ninguno de los mensajes de Whatsapp, pero sí aparecían como recibidos. Por lo general, el recibía mensajes de textos y Whatsapp y llamaba de la fiscalía o de otros teléfonos. Fue en esas últimas conversaciones orales con este diario, como la del miércoles pasado, cuando sostuvo: «Yo puedo salir muerto de esto».
En algunos medios salió diciendo que había preparado a su hija para que hoy o el lunes se escucharan en el Congreso cosas desagradables de él. «Desde hoy mi vida cambió. Es mi función como fiscal y le tuve que decir a mi hija que iba a escuchar cosas tremendas de mi persona», dijo a TN el miércoles, horas después de sacudir al país con su denuncia.
La diputada ultrakirchnerista, Diana Conti, tomó esa frase, luego de la confirmación de que Nisman iba a concurrir al Congreso para brindar detalles de su investigación en un encuentro reservado. «Le decimos a la hija de Nisman que se quede tranquila, que no vamos a agredir a su papá», manifestó Conti.
En las últimas charlas con Clarín, donde subrayaba que no podía revelar ni el nombre de los agentes ni otras cuestiones si no se levantaba el secreto, pidió que necesitaba concestrarse y encerrarse este fin de semana para estudiar su presentación de hoy ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Dipuados que preside Patricia Bulrich. En ningún momento daba la sensación de tener un ánimo suicida.
Hoy, tras la confirmación de la muerte del fiscal que denunció hace menos de días a la Presidenta, todas las palabras cobran otro cariz. «Esto va a llevar tiempo, pero va a llegar a buen puerto. Me gustaría equivocarme por la institucionalización del país pero creo que no», expresó Nisman, tras su denuncia.
A prosecutor accuses the president of obstructing justice in the country’s biggest terror case
THE enemies of Argentina’s president, Cristina Fernández de Kirchner, have accused her of all sorts of transgressions during her seven years in power, from cronyism to pushing through unconstitutional laws. On January 14th a federal prosecutor leveled what may be the gravest accusation yet: that she obstructed justice in the investigation of the country’s deadliest terror attack.
In 1994, a van packed with explosives drove into AMIA, a Jewish community centre in Buenos Aires, and blew up, killing 86 people (including the terrorist) and injuring 300. No one has been tried for the massacre, but Argentine prosecutors, Jewish advocacy groups, the state of Israel and Interpol have all accused Iran of orchestrating the attack and Hizbullah, a Lebanon-based Islamist group, of executing it.
In 2013, Argentina announced that it would collaborate with Iran in a joint commission “to advance knowledge of the truth about the attack,” as Ms Fernández wrote on Twitter at the time. The country’s Jewish population, the world’s seventh largest, was puzzled and angry about the accord. Now the prosecutor, Alberto Nisman, alleges that the controversial deal was reached in back-channel negotiations that Ms Fernández initiated with Iran. He claims that she offered to cover up the involvement of any Iranian officials in exchange for increased trade. Argentina would export grain to Iran, while Iran would sell oil to Argentina to ease its severe energy deficit.
In the end, for reasons that are still unclear, the negotiations failed and the deal fell apart. But Mr Nisman has marshalled evidence of the talks in a 300-page document that he filed in a Buenos Aires court. “They decided, negotiated, and assured the impunity of the fugitive Iranians in the AMIA case with the aim of faking Iran’s innocence to serve geopolitical and commercial interests,” Mr Nisman declared. The allegations against Ms Fernández, her foreign minister, Héctor Timerman, and others are based on “irrefutable proof” from two years of investigations and myriad wiretaps, Mr Nisman claims.
This is the second time he has gone after a head of state for interfering with the investigation of the bombing. In 2009, his sleuthing led to the indictment of Carlos Menem, who was president at the time of the attack. He was accused of tampering with evidence that implicated a Syrian businessman. The case is still in progress. Mr Menem, if guilty, may have been protecting a friend. Ms Fernández’s motives—if she acted as the prosecutor alleges—appear to be more political and economic.
One of Ms Fernández’s top aides dismissed the allegations as “ridiculous”. Just what effect they will have on her and on the country’s politics more generally is hard to guess. Much depends on how effectively she refutes them. She cannot run in this year’s presidential elections, which take place in October.
Other prospective candidates are already seeking to exploit the controversy. Sergio Massa, a former ally, has called for the resignation of Mr Timerman (the son of a prominent—Jewish—opponent of Argentina’s military dictatorship), who has also denied the charges. But the main effect of the allegations may be to shake the confidence of an already cynical electorate in the integrity of the country’s governing institutions.
Las mujeres argentinas sufren por escasez de tampones
Por Taos Turner.
Estantes de tampones en un supermercado Jumbo del barrio Palermo, en Buenos Aires. Taos Turner/The Wall Street Journal
BUENOS AIRES — Los argentinos han sufrido por largo tiempo las consecuencias de barreras comerciales que han provocado la escasez ocasional de neumáticos, iPhones y ciertas medicinas importadas. Pero estos días, las mujeres lamentan la falta de un artículo muy íntimo: tampones.
Durante el fin de semana, algunas farmacias recibieron nuevos cargamentos de tampones. Aun así, sigue siendo muy difícil para muchas mujeres encontrar el producto en farmacias o pequeños supermercados alrededor del país. La situación es embarazosa para el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha tenido que atender el problema en público.
“No tenemos tampones. No hay por acá”, dijo Stella Maris, una bioquímica de 44 años que trabaja en una farmacia a las afueras de Buenos Aires. “Pero el problema no son solo los tampones. También hemos tenido faltantes de pañales para adultos, enjuague bucal y algunos medicamentos”.
La escasez proviene de otro tipo de insuficiencia: la falta de dólares. Argentina no tiene suficientes dólares para amortiguar su deuda y al mismo tiempo pagar por importaciones vitales como combustible. Tampoco puede proveer dólares a importadores. Los economistas dicen que con una escasez de la moneda estadounidense, la burocracia tiene que decidir quién recibe los dólares disponibles e inevitablemente algunos importadores salen perdiendo.
“Terminamos con un sistema socialista en que un burócrata decide qué podés importar o producir y a qué precio y cuándo”, dijo Roberto Cachanosky, un economista argentino.
La mayoría de los tampones vendidos en Argentina son importados. Representantes de la industria señalan que la escasez se acrecentó con el alza de la demanda, en momentos en que las temperaturas se elevan y comienza la temporada de playa.
Lucía Bravo estaba contenta cuando encontró hace unos días cajas de tampones Kotex en Jumbo, un hipermercado en Palermo, uno de los barrios acaudalados de la capital.
“¡Uy, tienen! Hace un mes intenté comprar tampones y no conseguía”, dijo.
Bravo y su amiga, Ana Moglianesi, no habían encontrado tampones en otras tiendas. Las dos mujeres, de más de 30 años, se dirigieron directo la caja a pagar. Dicen que los tampones son vitales para las actividades del verano, como nadar.
Johnson & Johnson, que fabrica la marca OB, dijo que está trabajando con sus distribuidores para que sus productos vuelvan a las tiendas argentinas pronto.
“Experimentamos algunas dificultades en satisfacer la alta demanda de tampones OB durante la temporada debido a demoras en el proceso de importación sobre el fin de año 2014”, dijo la empresa. “En este momento, estamos regularizando el proceso de distribución a nuestros clientes y el producto estará disponible en las góndolas a la brevedad para cumplir con las necesidades de nuestras consumidoras”.
El ministro de Economía de Argentina dijo que “problemas logísticos” internos en compañías como J&J y Kimberly Clark Corp. causaron la escasez.
Aunque los problemas de importación han existido por años, la escasez de tampones era inesperada.
En los últimos cuatro días, los argentinos tocaron el tema más de 25.000 veces en Twitter y Facebook, según www.t-bee.tv, que monitorea las redes sociales.
“Estoy en USA.”, decía un tuit de la cuenta @PaulaGalay. “Mis amigas me piden que les lleve tampones. Supérame esa Papá Noel”.
Algunos comentaristas dijeron que ese tipo de problema no debería ocurrir en un país gobernado por una mujer. Las mujeres también representan 40% del Congreso argentino.
Miguel Braun, un economista que trabaja con Mauricio Macri, alcalde de la ciudad de Buenos Aires y candidato presidencial opositor, reflexionó sobre las críticas en un tuit: “Si el ministro de economía fuera mujer, no faltarían tampones. Si supiera economía, tampoco”.
Las autoridades argentinas minimizaron esas críticas y dijeron que sus políticas comerciales fortalecían a los fabricantes locales sin causar problemas grandes de suministro.
“Es importante aclarar que no hay faltantes de productos sensibles”, dijo el Ministerio de Economía. “La política de administración del comercio tiene como prioridad el abastecimiento de productos médicos y de primera necesidad”.
Kimberly-Clark dijo que sus productos, que incluyen tampones Kotex, estaban disponibles en las tiendas. “Por temas de distribución puede haber algún punto con demora ocasional, en relación a que a esta altura del año aumenta la demanda”.
Los importadores señalan que el año pasado el gobierno dificultó la importación de productos. Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, dijo que el banco central de Argentina debe a los importadores más de US$5.000 millones necesarios para pagar por bienes que ya ingresaron al país. Eso ha creado cuellos de botella comerciales y retrasos en las entregas, dijo.
El banco central de Argentina declinó hacer comentarios, diciendo que ofrece a los importadores dólares a diario.
“Esto es algo que te permite reír, pero expone cómo funciona una economía que está tan controlada por el gobierno”, dijo Nicolás Solari, analista político de la encuestadora Poliarquia, en referencia al problema de tampones.
Una hostería de Cristóbal López deriva fondos a un hotel de Cristina
Por Nicolás Wiñazki.
Los negocios de la Presidenta: Cuando los huéspedes de “El Retorno” de Bariloche pagan con tarjeta, en la cuenta se detalla que el que cobra es “Alto Calafate”.
El líder del Grupo Indalo, el empresario K Cristóbal López, es dueño de un hotel en Bariloche que se llama “El Retorno”: cuando los huéspedes pagan sus gastos con tarjetas, en los resúmenes de cuenta se especifica después que esos fondos son cobrados por “Hotel Alto Calafate”, el principal emprendimiento turístico de Cristina Kirchner.
El hotel de López y el de la familia K son administrados por la misma firma: la sociedad Idea S.A, controlada por Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo, el hijo mayor de la Presidenta de la Nación.
La compañía Idea S.A está domiciliada en Néstor Kirchner 496, Río Gallegos, Santa Cruz. Son las oficinas de la inmobiliaria de Máximo y Sanfelice, y también la dirección fiscal del “Alto Calafate”.
Clarín confirmó que las ganancias del “El Retorno” terminan en un principio en las cuentas bancarias del hotel presidencial porque así lo muestra documentación fiscal y comercial emitida por el negocio de López, y sobre todo por las tarjetas de crédito con las que se pagaron esos servicios.
Como muestra los fascímiles publicados en este artículo, las boletas de gastos de alquiler de habitaciones o del bar de “El Retorno” son facturadas por Idea S.A, pero los que pagan con crédito o débito reciben después un detalle contable desconcertante para quienes que no están informados sobre las redes comerciales del poder K: aunque se alojaron en el hotel ubicado en Villa Arelauquen, a 12 kilómetros de Bariloche, en sus bancos figura que pagarán por alojamientos en el “Alto Calafate”, ubicado a 1423 kilómetros al sur por la ruta 40. Son 16 horas 33 minutos en auto, según Google Maps.
Además de ser el dueño de “El Retorno”, Cristóbal López es titular de licencias de juego, de medios audiovisuales, de concesiones viales, y es contratista de obra pública.
Son negocios otorgados en su mayoría por la gestión gubernamental de la accionista mayoritaria del “Alto Calafate”, Cristina Kirchner. El resto de las acciones de ese hotel se reparte entre sus hijos, Máximo y Florencia; mientras que un 2 por ciento restante tiene un dueño desconocido para la opinión pública.
La empresa con la que los Kirchner manejan el “Alto Calafate” se llama Hotesur S.A. Desde mediados de noviembre pasado, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli investigan a esa compañía para saber si fue utilizada para lavar dinero de la corrupción.
Según los registros de la Dirección de Marcas, el nombre “Alto Calafate” solo puede ser utilizado por Hotesur, y no por Idea S.A.
¿Esas dos empresas tienen cuentas bancarias conjuntas? Los investigadores judiciales podrían indagar sobre esas complejidades contables.
Clarín informó en su edición del 5 de enero que Cristóbal López había comprado “El Retorno”, y se describió también la sensación de ex empleados del lugar: “Todos supimos que es de la Presidenta”.
Los voceros de López explicaron que compró ese hotel en Bariloche a través de su inversora M&S. La operación se realizó en septiembre de 2013, y justo un año después el lugar se cerró por reformas.
Una coincidencia que no parece producto del azar. La presidenta de Hotesur-Alto Calafate es Romina Mercado, sobrina de la Presidenta: es al mismo tiempo empleada de López en la sociedad con la que compró “El Retorno”, M&S.
A esto se suma que Sanfelice, el controlante de Idea SA, la administradora de ese hotel y del “Alto Calafate”, también fue socio y es empleado de López en la empresa Alcalis de la Patagonia.
El 29 de noviembre pasado, Clarín difundió estos lazos entre López y el “Alto Calafate”. Voceros del empresario admitieron después que Cristóbal era empleador de Mercado y Sanfelice, pero dijeron que estaban vinculados “por fuera de la situación de Hotesur”.
La documentación comercial emitida por “El Retorno” muestra otra cosa.
Los anteriores dueños de ese negocio fueron los que lo bautizaron con ese nombre, que en la jerga callejera es sinónimo de “coima”.
Báez recibió de una firma inexistente de Curazao $ 254 millones
Por Hugo Alconada Mon.
Las sospechas que rodean al empresario Lázaro Báez por lavado de activos crecen cada semana, a medida que nuevos datos salen a la luz. Ahora, también por el ingreso de $ 254,3 millones en Austral Construcciones a través de una compleja operación con supuestos capítulos en Curazao, Belice y Uruguay, pero que en esos países arroja más dudas que certezas.
El ingreso de esos capitales frescos (US$ 56,3 millones al tipo de cambio entonces vigente) se plasmó en el balance 2011 de Austral Construcciones, cuya copia obtuvo LA NACION. Se concretó gracias a una mediación que Báez declaró haberle ganado a una sociedad de Curazao por un proyecto fallido en Belice por medio de un fideicomiso en Uruguay.
Sin embargo, desde el Registro Público de Comercio de Curazao informaron a LA NACION esta semana que la sociedad J+J Holding NV, a la que alude Báez en ese balance, se encuentra inactiva desde 1989. Desde entonces no registra movimientos, no paga la tasa anual, ni tiene domicilio o agente en esa isla caribeña. Es, para las autoridades de Curazao, «inhallable».
«Su legajo no está más activo. Por favor, para más información contacte al Registro Comercial», indica la página de la Cámara de Comercio de Curazao, que sólo aporta un dato adicional sobre J+J Holding: su número identificatorio en la isla ubicada frente a la costa de Venezuela era el 16.453.
Consultados por teléfono y por correo electrónico, desde el Registro Comercial confirmaron que esa sociedad no registra novedades «desde enero de 1989», pero pidieron 24 horas para revisar su legajo. Transcurrido ese plazo, una funcionaria del Registro llamó a LA NACION para aportar otros datos en la misma línea.
Según consta en el legajo de «J+J Holding», esa sociedad se constituyó con las características de una firma de responsabilidad limitada («Naamloze Vennootschap» o «NV», en holandés) y su último domicilio, en el número 16 de Pietermaai es, hoy, inexistente.
Pero no sólo el domicilio es inválido. La firma que intervino como agente registradora, Corporate Trust, tampoco existe más. Su continuadora se llama Intertrust Group, con sede central en Amsterdam, y oficinas en Curazao, islas Caimán, Suiza y Luxemburgo, entre otros paraísos fiscales.
Consultados por LA NACION, desde Intertrust indicaron que su antecesora dejó de prestar servicios a J+J Holding «y probablemente todos los archivos sobre esa firma han sido destruidos, dado que pasaron más de 25 años».
Y precisaron que para «reactivar» esa empresa ante el Registro de Comercio se deberían desembolsar US$ 1.027 por los «fees impagos desde 1990», además de que «un director local o representante debe ser designado».
Voceros de Báez indicaron anoche ante una consulta de LA NACION que no harían comentarios, por lo menos hasta ver publicada la información.
Austral declara millones
Pese a esas lagunas, faltantes e inconsistencias en Curazao, Austral Construcciones declaró en la nota 17, la última de su balance que cerró el 31 de diciembre de 2011, «J+J Holding NV» le pagó una fortuna durante ese año como indemnización por un supuesto «proyecto de inversión» fallido en Belice.
«Se encuentra registrada la indemnización recibida de J+J Holding NV en su carácter de Agente Fiduciario del Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 [FITA I 2009], fideicomiso constituido con fecha 19 de junio de 2009 por un plazo de 30 años» en Montevideo. Y aportó más detalles sobre la mediación y el laudo por US$ 56,3 millones con que cerró la supuesta controversia (de lo que se informa por separado).
Esos datos también aparecen cuestionables. Por un lado, desde Curazao detallaron que «J+J Holding» no informa a la Cámara de Comercio «ningún individuo vinculado a la sociedad desde el 5 de enero de 1989». LA NACION consultó entonces cómo podía contactar a esa firma. «No lo sabemos. Para nosotros, es inhallable», fue la respuesta.
Estas nuevas sombras que se ciñen sobre «J+J Holding» se suman a las que LA NACION ya reveló en mayo de 2013. Entre otras, que el fideicomiso uruguayo FITA 2009 tampoco se encontraba registrado ante el Banco Central de Uruguay (BCU) como lo impone la legislación local, según confirmaron entonces las autoridades de ese organismo oficial a este diario.
A eso suma que en el balance del ejercicio 2009 de Austral Construcciones no se dejó constancia alguna sobre esa supuesta inversión en Belice por la que dos años después cobró una indemnización. Pero en ese país de América Central -sobre la frontera sur de México- es donde se creó la empresa Teegan Inc., de Martín Báez, el hijo del empresario kirchnerista, y por allí habrían pasado decenas de millones de euros de la Argentina y con destino a Suiza.
Nombres que se repiten
La inyección de fondos bajo sospecha se concretó gracias a la intervención de varios hombres del entorno de Báez, según reconstruyó LA NACION. Entre ellos, Claudio Bustos, Ricardo Leandro Albornoz y César Gerardo Andrés.
Bustos es un apoderado de Austral Construcciones que terminó por convertirse en un lugarteniente de Báez. Como tal, mantuvo reuniones con el «empresario» Leonardo Fariña en Río Gallegos; también, con el jefe de la Regional Bahía Blanca de la AFIP, con quien discutió en julio de este año cómo solucionar los problemas de facturación trucha que la constructora afrontaba en esa ciudad. Y firmó, también, los documentos que terminaron con la inyección de $ 254 millones por la trama Curazao-Belice-Uruguay.
Albornoz es, en tanto, el escribano de confianza de Báez. Como tal rubricó el balance de 2011 de Austral Construcciones, cuya copia obtuvo LA NACION. Pero antes figuró como socio en Valle Mitre, la gerenciadora del hotel Alto Calafate de los Kirchner, aunque Báez terminó por reconocer la administradora como propia ante la Justicia.
Gens, por último, es un contador de máxima confianza del empresario patagónico. Se encargó de elaborar el balance de Austral Construcciones bajo sospecha.
Y también supervisó la contabilidad de Hotesur, la sociedad con que los Kirchner controlan el Alto Calafate, que ahora investigan el juez federal Claudio Bonadio y su colega del fuero Penal Tributario, Javier López Biscayart.
Para Báez, el ingreso de esos $ 254 millones permitió que Austral cerrara su balance sin declarar pérdidas y así avanzar junto al Banco Nación con el polémico fideicomiso que negoció Fariña, hasta acumular deudas con la entidad por alrededor de $ 314,8 millones, según consta en los registros oficiales del Banco Central (BCRA).
Los números de la constructora creada 17 días antes de que Kirchner ingresara en la Casa Rosada parecen confirmar, además, la frase que lanzó Fariña sobre las empresas de Báez por televisión (antes de desdecirse y terminar igual en prisión): «Técnicamente, ellos pierden plata; pero la ganan con la negra».
En mayo de 2013, cuando este diario reveló los primeros datos de esta operación, junto al empresario habían indicado que el balance de 2011 de Austral Construcciones, era «privada y confidencial», aun cuando debía presentarlo ante la Inspección General de Justicia.
Ante la consulta específica, esos voceros explicaron entonces que ese fideicomiso «fue hecho para inversiones en áreas petroleras», aunque ese destino contradecía el destino declarado en el propio balance. También indicaron que esa indemnización por $ 254,3 millones se utilizó para la explotación petrolera en la zona de Laguna Figueroa, provincia de Santa Cruz..
Del editor: qué significa. La contabilidad creativa llegó con Báez a su paroxismo. No se pueden entender sus negocios si no es bajo la lógica del lavado de dinero.
Fuente: La Nación, 11/01/15.
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Un ingreso demorado al balance contable
Los $ 254 millones no fueron consignados en 2009, sino recién dos años después
El controvertido aporte de $ 254.399.692, que en teoría llegó del Caribe para Austral Construcciones, figura en el balance de esa empresa del período que terminó el 31 de diciembre de 2011 y que debió presentarse ante la Inspección General de Justicia (IGJ), donde impera un «cepo» informativo.
En la copia de ese balance, que de todos modos obtuvo LA NACION, esa inyección de fondos se anotó en el rubro «otros ingresos extraordinarios», y se le asignó una nota explicativa que lleva el número 17.
En esa nota, los contadores indicaron que «se encuentra registrada la indemnización recibida de J+J Holding NV en su carácter de Agente Fiduciario del Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 [FITA I 2009], fideicomiso constituido con fecha 19 de junio de 2009 por un plazo de 30 años en la ciudad de Montevideo», Uruguay.
«Dicha indemnización -continúa la nota- corresponde al incumplimiento por parte del citado fideicomiso de los compromisos asumidos respecto del Proyecto de Inversión en Chapel Island, Belice, cuya participación por parte de la empresa fuera decidida y comunicada al citado fideicomiso por nota de fecha 19 de octubre de 2009 y aprobada por acta de directorio del 11 de septiembre de 2009».
Ese supuesto proyecto de inversión, no obstante, no se consignó en el balance de la propia Austral Construcciones que cerró el 31 de diciembre de 2009, según verificó LA NACION. Por el contrario, en ese balance, sólo se aludió a otro fideicomiso, Northville, al que se giró $ 22,7 millones entre 2008 y 2009, pero no mencionó dato alguno sobre Chapel Island, FITA I o J+J Holding.
Según se indica sobre el cierre de la nota 17 del balance de 2011, sin embargo, algo salió mal: «Luego del acuerdo de mediación de fecha 7 de enero de 2011 que fuera incumplido por el fideicomiso, se sometió el diferendo al Laudo Arbitral por ante el Instituto Argentino de Mediación, Conciliación y Arbitraje [Ianca], laudo que con fecha 25 de febrero de 2011 resultó favorable a nuestra empresa en contra del citado fideicomiso».
«De resultas del cual -concluye la nota- se fijó una indemnización por la suma de US$ 56.350.000. Asimismo existe pendiente de concreción la obligación asumida por la empresa con el citado fideicomiso respecto a la no participación futura en el citado proyecto, por ninguna vía, ni asociada o vinculada a empresas del país ni del exterior, tema que se debería ver concretado en el ejercicio 2012″.
“No tenemos tampones. No hay por acá”, dijo Stella Maris, una bioquímica de 44 años que trabaja en una farmacia a las afueras de Buenos Aires. “Pero el problema no son solo los tampones. También hemos tenido faltantes de pañales para adultos, enjuague bucal y algunos medicamentos”.
