La decisión de Bonadio sobre si procesa a Cristina gira sobre valorar la prueba reunida en la causa en cuanto a si se violó la carta orgánica del Banco Central, si la venta del dólar futuro fue ilegal y si se trata de una decisión política no judiciable.

Se trata de un tema complejo y vidrioso pero que dejó al Estado un quebranto de entre 50 mil y 75 mil millones de pesos. En tribunales se hace una comparación sencilla para explicarlo. Sería como si un consorcio vota un reglamento y elige un administrador. Pero luego el presidente cambia por propia decisión el reglamento varias veces y echa a tres administradores hasta que consigue a uno que cumple con una orden que le hizo perder plata al consorcio. En tribunales trascendió que Bonadio estaría estudiando que Cristina hizo renunciar a tres presidentes del Banco Central durante su gestión: Martín Redrado, Mercedes Marcó del Pont y Juan Carlos Fábrega antes de ponerlo a Vanoli y que cada renuncia llevó a una modificación de la carta orgánica según sus deseos.

Por esta razón, en la parte técnica de su defensa, Cristina hizo suyos “todos y cada uno de los argumentos” de Kicillof y de Vanoli quienes “han actuado en un todo de acuerdo con lo que prescribe la Ley 24.144, Carta Orgánica del BCRA”. Este y otros párrafos demuestran que hubo una coordinación técnica entre las defensas y que Cristina nombró a su abogado a último momento solo como un gesto de rebeldía.

Entonces, el debate se centra en si la carta orgánica permite al Banco Central vender dólares a futuro y en qué condiciones. De acuerdo, varios de los testimonios tomados a los ex presidentes del BCRA Redrado, Fábrega y el también actual ministro de Economía Alfonso Prat Gay, entre otros, el Banco Central podía hacerlo pero “a precio de mercado”. “La cuestión es que en la época del cepo cambio no funcionaba el mercado, no había oferta y demanda y, por lo tanto, el precio fijado era una decisión arbitraria del vendedor”, contó una fuente judicial.

– ¿Bonadio investigará también si hubo entrega de información privilegiada?

— Lo está viendo porque en la lista de compradores aparecen asesores de Scioli pero no es su eje- contestó la fuente. Pero el magistrado se inclinaría a pensar que la culpa por el negocio seguro e inmediato que hicieron los compradores fue el Banco Central. Y de una reunión, en particular, en la que participó Kicillof como delegado del Ministerio de Economía con voz pero sin voto. Dicen en Comodoro Py que Bonadio se guarda una carta en la manga sobre los argumentos que usaría para un eventual y primer procesamiento de Cristina. Por lo pronto, la ex presidenta usó un arma de doble filo: se negó a responder preguntas y así se perdió una posiblidad de saber hacia donde apunta el juez.

Con la intervención de la petrolera Oil M&S, consecuencia de la deuda de  $ 8.000 millones que tiene con la AFIP, Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa se presentaron hoy en concurso de acreedores, según confirmaron desde la empresa a Clarín. El objetivo es «reordenar la empresa» con un complejo frente judicial. La escisión empresarial quedó suspendida por una medida judicial y el Grupo Indalo -que engloba las empresas de empresario K- afronta una fuerte crisis en la que deben sostener 29.000 puestos de trabajo y pagar a la AFIP lo que no tributaron en combustible estos años.

López y De Sousa buscan mantener la calma en medio de las denuncias que los colocaron en el centro de la polémica por quedarse con el impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que cobraban a los consumidores cuando vendían nafta durante estos años y utilizar esas sumas para financiarse. El avance de las investigaciones y la determinación de la AFIP para cobrarle a la firma los $ 8.000 millones que acumuló tras una moratoria obtenida por la gestión kirchnerista, como reveló La Nación, ejerce presión en el Grupo.

Ahora, con la presencia de un interventor veedor que «no ejecuta, solo ve e informa», como aseguraron desde la empresa, llamó a un concurso de acreedores ante el Juzgado de Comodoro Rivadavia para presentar un plan de pagos para arribar a un acuerdo financiero.

Buscando desvincularse de las denuncias, Oil M&S sostiene que todo se trata de una «persecusión política» y una «maniobra del Gobierno para tapar otros problemas graves que tienen», señalaron a Clarín.  Ayer  el juez federal en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari dispuso la intervención judicial de la firma Oil Combustibles SA y de otras dos del Grupo Indalo.

En consecuencia, ordenó que no haya división de compañías, tal como pretendían el empresario kirchnerista y su socio. Con la figura del veedor, en el entorno de López se defendieron: «Va a ser mejor, así ven que nada de lo que se realiza es ilegal».

La petrolera fue la empresa utilizada para incrementar la deuda con la AFIP por miles de millones de pesos durante el gobierno de Cristina Kirchner, con Ricardo Echegaray frente al organismo recaudador. La nueva gestión reclama el pago de la deuda generada casi en su totalidad por no tributar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC, Ley N° 23966), y el juez federal dispuso que se cancele la deuda para que puedan continuar operando.

El juez dispuso que tanto Oil Combustibles SA, como sus sociedades controlantes Inversora M&S, donde se desempeña Romina Mercado presidenta de Hotesur y sobrina de Cristina Kirchner, y Oil M&S SA «se abstengan de realizar cualquier acto que implique su escisión del Grupo Indalo», considerando que «el patrimonio de aquellas sociedades vendría a garantizar el cobro de la deuda fiscal».

Al respecto, desde Indalo señalaron que «quieren despejar dudas sobre la división y que vean que no había nada extraño ahí». La marca del grupo iba a quedar en manos de Cristóbal López que buscaba crecer en el rubro inmobiliario, en la construcción y en la prestación de servicios a través de la firma de maquinaria pesada que tiene en el sur. Además se expandir Alcalis de la Patagonia, empresa en la que está contratado Osvaldo Sanfelic, socio de Máximo Kirchner.

Los medios de comunicación y las petroleras iban a quedar para Fabián De Sousa. Todo está suspendido por ahora y la mayor presión es el pago de los $ 8.000 millones a la AFIP. «Tenemos que resolver estos problemas en un mes como mucho y esperamos que la Justicia se expida rápidamente para poder continuar con la futura expansión de las compañías y volver a operar», dijo a Clarín un asesor de López.

Además, varias de las operaciones las ordenaron empresas de Ernesto Clarens, el primer financista de Báez y de Néstor Kirchner.

Sernorte compró la financiera SGI “La Rosadita” a Federico Elaskar a mediados del 2011, luego de que Lázaro Báez detectara que había un faltante de dinero en la plata que manejaban ese financista y el valijero Leonardo Fariña. El video que reveló Telenoche de canal 13 de TV corresponde a fines del 2012, cuando “La Rosadita” ya era propiedad de Sernorte y la manejaba el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín.

Los 99 movimientos financieros por estos nuevos 30 millones de dólares están en la causa que abrieron los fondos buitre contra Lázaro Báez en Las Vegas (Nevada) gracias al fallo llamado “discovery” que le permitía buscar bienes del estado argentino en los EE.UU. Muchos de estos son por cifras como 199.000 o 399.000 dólares cómo si no quisiera superar los techos de 200 mil o 400 mil dólares.

La diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña, mañana pedirá al juez federal Sebastián Casanello que incorpore este documento oficial de la Justicia de EE.UU. a su causa sobre la ruta del dinero K. En base a este informe, el fiscal federal Guillermo Marijuán, por ejemplo, podría pedir llevar la investigación contra Lázaro y Martín Báez, entre otros, a las financieras y bancos que permitieron la fuga de la plata al exterior. Ocaña también formulará una denuncia en Uruguay debido a que varios de los agentes de bolsa usados en la intermediación financiera tienen domicilio en Montevideo.

La primera operación de los apoderados de las 148 empresas de Las Vegas -creadas por el estudio panameño Mossack Fonseca y administradas por la misteriosa Aldyne de las islas Seycheles– es un giro de 400 mil dólares que el financista histórico de Báez y conocido de Néstor Kirchner, Ernesto Clarens, hizo en noviembre del 2010, a través del corredor de bolsa de Uruguay PT BEX (Ver fácsimil página 4). PT BEX es el mismo corredor de bolsa uruguayo que hizo de intermediario, también en esa época, para que el testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, recibiera 620.000 dólares para la compra de esa imprenta privada desde Southern Securities de Nueva York.

PT BEX ya era conocida por intervenir en polémicas compras bursátiles de la ANSES cuando la manejaba Boudou y en el escándalo del Partido Popular de España del llamado caso Bárcenas que movió 22 millones de dólares de plata proveniente de coimas. La principal financiera de Clarens llamada Invernest auxilió al crecimiento de Austral Construcciones desde su creación en el 2003 e incluso comparte la misma dirección que Austral en el pasaje Carabelas de la Capital.

La segunda operación registrada por la justicia de EE.UU. son 181 mil dólares transferidos enviados por Helvetic desde el LGT bank de Liechtenstein a una cuenta en el Citibank de Nueva York que tiene como beneficiario a la empresa Charbonier Corporation. Helvetic es dirigida por el misterioso cordobés llamado Néstor Ramos pero no se sabe quien es el accionista mayoritario de esa firma inscripta en Lugano, Suiza. Según la declaración del ex dueño de La Rosadita, Federico Elaskar, “Helvetic es propiedad de Lázaro Báez”.

La cuarta también la ordenó Helvetic para transferir 427 mil dólares también desde el LGT bank a una cuenta de Mellon Bank Securities Services en el Mellon bank de Nueva York. Más adelante Helvetic hace otra operación de 229 dólares desde el LGT al Northern Trust International bank de Nueva Jersey con beneficiario final a la empresa Nirsin Incorporated de la isla de Samoa.

En otro caso la orden de transferencia por 1.099.000 la dio la empresa uruguaya Cavial para sacar la plata del Standard Chartered Bank de Nueva York para depositarla en una cuenta de Helvetic.

El informe de la Justicia de EE.UU. también señala que a pedido de Helvetic se crearon en Las Vegas las empresas fantasma Huston, Eyden, Ivy Lane Group LLC, Abble Holding LLC, Nat Enterprises Ltd, Trenton Properties Ltd, Neymar Investments LLC, Fintech Holdings LLC, Essex Holdings Group LLC, Coreley Properties Inc LLC y Balmont Holdings Ltd. Y que ahora debería investigar Casanello para qué se usaron.

El fiscal Nisman no estaba custodiado sino vigilado. Los hombres que lo rodeaban parecían estar más pendientes de informar sus movimientos que de cuidarlo o preservarlo de posibles ataques. El fiscal de la Nación que investigaba el atentado a la AMIA se había vuelto un enemigo político del gobierno de Cristina Kirchner, y era ese mismo gobierno «enemigo» el que debía garantizarle la seguridad.

Se sabe. Las garantías fallaron.

Las fallas fueron tan pero tan extrañas que los custodios del fiscal quedaron imputados en el caso por su muerte. Su conducta el día en que buscaron a Nisman durante 11 horas hasta encontrar su cadáver en el baño de su departamento ya está en la historia de la criminalística mundial: así, exactamente eso, paso por paso, es lo que no se debe hacer.

A los desatinos del cuidado del fiscal le siguieron los desatinos de una investigación que es un inventario del desastre. Con decenas de argumentos, así lo consideraron este martes los jueces de la Cámara del Crimen porteña, que hicieron lugar al pedido para que la causa pase a la justicia federal al considerar que Nisman bien pudo haber sido asesinado por razones vinculadas a su trabajo.

Si está la idea de que la Justicia es lenta, no será el caso Nisman el que la cambie. Lo que ocurrió el martes es que la justicia finalmente resolvió en cuál de sus jurisdicciones debe investigarse la muerte de Nisman. Pasaron 434 días desde que el fiscal fue hallado muerto en el baño de su departamento, con un arma que no tenía sus huellas ni dejó rastros en sus manos.

Pero lo justo es justo. En su fallo, los jueces Mario Filozof, Rodolfo Pociello Argerich y Julio Lucini no miran para otro lado. Se involucran en el análisis meticuloso del expediente y desgranan punto a punto los «graves errores» cometidos en la investigación que encabezó la fiscal Viviana Fein, quien desde el primer momento orientó el rumbo del expediente hacia un suicidio que, a pesar de sus esfuerzos, no pudo probar.

Los jueces enumeran falencias increíbles (todavía hoy no se sabe en detalle quiénes vivían en el complejo de las torres Le Parc el día de la muerte de Nisman) y llegan a un punto crucial del expediente, que sigue tan abierto como el primer día. Pociello Argerich y Lucini eligen argumentar juntos y directamente anuncian: «Haremos hincapié inicial en cómo los desplazamientos de Nisman eran controlados».

Los jueces describen allí que, además de los 10 policías federales asignados a su custodia, a Nisman lo vigilaba personal de Prefectura que tenía como «principal tarea, reportar sus entradas y salidas. Tanto era así que modulaban al comando radioeléctrico ‘entra delta main, sale delta main’«. Y se preguntan los jueces: «Esa información algún destino y uso debía tener». Hasta ahora no se sabe.

Los mismos camaristas aseguran que Nisman era consciente de ese control, y que así se lo dijo a la funcionaria de la fiscalía de su mayor confianza, Soledad Castro, el viernes 16 de enero del año pasado, apenas dos días antes de morir. «Mirá cómo tengo que trabajar», se quejó ante ella, en relación a las cortinas cerradas de su departamento, «en una clara referencia a que se sentía observado».

Siguen los camaristas: «Lejos de vislumbrarse como un acontecimiento aislado, en este punto adquiere relevancia la aparente presencia de un efectivo de inteligencia de la mencionada fuerza (Prefectura) que la noche del 17 de enero de 2015 habría estado frente al complejo Le Parc, donde vivía Nisman, hablando vía nextel…».

El fiscal aparecería muerto al día siguiente.

Lo sabían él, sus empleados, los agentes de la ex SIDE con los que tenía contacto cotidiano y, obviamente, el gobierno de Cristina Kirchner. Nisman era puntillosamente vigilado. Esa información sobre él de las distintas fuerzas -Policía Federal, Prefectura, ex SIDE- está en cualquier lado menos en los 60 cuerpos del expediente. Tampoco aparecen allí los destinatarios finales de esa información ni muchos menos las decisiones que se tomaban con ella.

Pero, ¿qué significa la expresión Delta Main? ¿Por qué los prefectos que lo vigilaban llamaban a Nisman así?

Delta es la cuarta letra del alfabeto griego y designa a la letra D. Main es una palabra en inglés que significa «principal» o «mayor».

Expertos en Seguridad consultados para esta nota dieron tres interpretaciones sobre la enigmática clave, ordenadas seguidamente desde la más inocente hasta la más conspirativa:

La primera explica que Delta y Mike (y no Main) integran el código radiofónico internacional. En ese código, son la D y la M. Ese código es el que se utiliza principalmente en aeronáutica, y designa a las letras por palabras, para que no haya errores en la modulación. Así las letras A, B, C, D, E, F  y G, por ejemplo, se designan Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot y Golf. Allí mismo, la T es Tango, la N, November y la M, Mike.

El código fue ideado por los primeros miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia de la ONU creada en 1944.

«Delta Mike es la denominación interna que tiene en Prefectura el destino Puerto Madero. Es habitual que, cuando un prefecto le dice a otro por radio que va para Puerto Madero, le diga voy para Delta Mike. No significa más que eso», contó una fuente vinculada a Prefectura. Esta fuente no pudo explicar por qué los prefectos que vigilaban a Nisman lo llamarían con la clave del destino donde ellos trabajan. Es decir, entra Puerto Madero, o sale Puerto Madero.

La segunda interpretación es más inquietante. Delta Mike es la clave que usan en el Ejército de los Estados Unidos para designar a los francotiradores. Significa DM, que sintetiza la expresión en inglés Designated Marksman. Tirador designado o tirador selecto. Un militar que «marca» el objetivo a ráfagas para que luego los snipers (tiradores especializados) disparen con mayor precisión.

Aquí se explica también que el delta mike suele trabajar junto al sniper, y que no necesariamente dispara sino que «marca» el objetivo a su compañero tirador actuando generalmente con prismáticos. Una especie de «guía» del francotirador, que indica «el tercero de la fila», por ejemplo, para que su compañero dispare al objetivo señalado.

Por deformación, en otros sitios se llama también Delta Mike al objetivo del francotirador. DM podría ser, así, el que está en la mira.

La tercera de las interpretaciones toma a la expresión Delta Main citada en el expediente del caso Nisman directamente como correcta; no como si Main fuese una mala interpretación fonética de Mike. Así, se habla de una D (Delta) principal o mayor (el significado literal de main en inglés).  ¿Y qué sería una D principal?

«Se pueden tejer mil conjeturas, entre ellas la de death, muerte». Así, Delta Main, designaría la muerte mayor, o la principal muerte. ¿Llamarían así a Nisman mientras estaba vivo? «Es una conjetura arriesgada, audaz y hasta inverosímil, pero, ¿no es inverosímil que Nisman haya aparecido muerto en su casa unas horas antes de ir a denunciar a la Presidenta? Y, sin embargo sucedió», argumenta esta fuente.

En esta hipótesis, es posible que los prefectos que marcaban cada uno de los movimientos de entradas y salidas de Nisman de su casa no supieran lo que estaban diciendo cuando modulaban Delta Main en lugar de Nisman, y que la clave tuviese significado únicamente para los agentes de inteligencia que ordenaron las operaciones de vigilancia.

Lo increíble no es que la justicia tenga una explicación más ingenua, rebuscada o conspirativa para analizar las claves con que denominaban al hombre que días después sería hallado muerto. Lo increíble es que no tenga ninguna.

Todavía, 434 días después.

Tampoco se sabe exactamente cuántos y quiénes estuvieron en la escena del crimen que las autoridades debían preservar y transformaron en un chiquero. Los mismos jueces recuerdan que el ex secretario de Seguridad Sergio Berni llegó al lugar con los pies llenos de barro y caminó así por todo el departamento sin que nadie le dijera nada.

Ni se sabe por qué tardaron 8 meses en llamar de nuevo al médico de la prepaga que vio el cadáver de Nisman y dijo que no estaba como lo fotografió la Policía. O sea, que el cuerpo fue movido entre que él se fue y llegó la fiscal Fein.

Ni por qué un pelo que aparece fotografiado junto a la vaina servida de la bala que mató a Nisman nunca fue peritado para ver si era de la víctima o de un potencial asesino. Los jueces concluyen que «pese a que el desplazamiento de Nisman era controlado por distintas fuerzas, nadie lo cuidaba».

Eso sí que es una certeza.

Desde ayer, el caso de “La Ruta del Dinero K” tiene un nuevo denunciante. La novedad es impactante porque quien relacionó a los Kirchner con la corrupción gubernamental es su socio histórico: el propio Lázaro Báez. En una entrevista con Infobae, el empresario vinculó con el enriquecimiento ilegal a Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz. Ella había dicho días atrás que su familia “jamás, pero jamás” había sido socia comercial del principal beneficiario de contratos multimillonarios de obra pública nacional que le otorgaron desde la Presidencia y la Gobernación tanto su hermano, Néstor, como su cuñada, Cristina.

Clarín accedió a pruebas que constan en la causa Hotesur, que investiga a los Báez y a los Kirchner por posible lavado de dinero: esos documentos muestran que las finanzas de ambas familias son indisolubles.

Los Kirchner siguen ganando millones gracias a sus negocios con los Báez.  Al menos hasta ayer.

En julio del año pasado, el juez Claudio Bonadio allanó las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos, y también los hoteles de su familia.  Antes de que las pruebas que recolectó en el sur llegasen a su despacho le quitaron la instrucción del caso en el que indagaba sobre la economía de Báez, y también sobre la de los Kirchner.  Parte del caso Hotesur es ahora instruido por el juez Daniel Rafecas. El fiscal, que impulsa medidas de prueba, es Carlos Stornelli.

Entre el material que recolectó Bonadio en las oficinas de Máximo, se encontraron 29 facturas por alquileres de inmuebles propiedad de los Kirchner: quien pagó esas rentas fue Austral Construcciones, la compañía madre del holding de Lázaro Báez.

En los despachos de la inmobiliaria de los K, ubicada en la avenida presidente Néstor Carlos Kirchner 496, la Justicia también recolectó 93 recibos por operaciones de banco “celebrados”entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones.  Y varios contratos de alquileres de propiedades que el ex hijo presidencial le rentó a Báez.

Entre otros documentos, Bonadio también sumó a la causa Hotesur una “clausula accesoria” que vincula a Máximo Kirchner con Austral. Son papeles que queman. ¿Cuál es la verdadera relación entre el hijo del matrimonio que gobernó la Argentina durante doce años y su principal beneficiario de obra pública?

En otro allanamiento judicial, esta vez realizado en El Calafate, la Justicia descubrió que Báez alquiló habitaciones que posiblemente nadie haya utilizado en hoteles K que él había administrado, como el Alto Calafate: si se prueba que eso pasó, se comprobaría que las familias socias en varios negocios realizaron maniobras típicas entre quienes intentan lavar dinero de origen ilegal.

En un operativo que el juzgado de Bonadio hizo en el hotel preferido de la ex presidenta Cristina, Los Sauces, ubicado al lado de su casa en El Calafate, una de las empleadas interrogadas por la Justicia admitió que ese emprendimiento turístico también tenía firmados contratos por el alquiler de habitaciones con empresas de Báez.

La excepción al sistema que se investigaba en los tribunales al respecto es que los Kirchner nunca firmaron un acuerdo económico con Báez para administrar comercialmente el hotel Los Sauces, tal como hicieron los otros tres negocios turísticos que tienen en Santa Cruz.  Ese hotel fue manejado comercialmente por otra familia que también fue beneficiada por obra pública nacional, los Relats.

Aun así, Baéz también tiene firmados contratos de alquiler por habitaciones en ese hotel boutique. Sus empresas que invirtieron en ese negocio de los Kirchner fueron, tal como declaró una empleada del lugar, las constructoras Kank y Costilla, Localzo y Locurto.  En la primera de ellas, Lázaro es accionista junto a su hijo, Martín, el mismo que apareció en el video de la financiera “La Rosadita” contando millones de dólares en efectivo.

Esos contratos, dice el acta judicial del allanamiento en Los Sauces, se encontraban en otro hotel porteño de los Relats, el Panamericano. Bonadio no llegó a allanarlo porque le quitaron la instrucción de la causa Hotesur.  Además de estos negocios, los Kirchner son socios de los Báez en un hotel de El Chaltén, llamado La Aldea.  Y su sociedad Los Sauces SA le alquile inmuebles a compañías del empresario K.

En 2013, por ejemplo, la entonces presidenta Cristina retiró dividendos por esos acuerdos comerciales por más de un millones y medio de pesos. Su hijo, Máximo, por alrededor de 800 mil pesos.

La disputa de Báez con los Kirchner, encarnada en Alicia, parece haber roto el pacto de silencio que entre dos familias que, según la hipótesis de la Justicia, tienen finanzas indisolubles, acrecentadas por fondos multimillonarios. Y siempre públicos.

La Sala VI de la Cámara del Crimen convalidó hoy el pase a la Justicia federal de la causa en la que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. La medida había sido pedida por la familia del fiscal que investigaba el atentado contra la AMIA y que apareció muerto el año pasado luego de denunciar por encubrimiento de los autores del atentado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La resolución fue firmada por los camaristas Marcelo Lucini, Mario Filozof y Rodolfo Pociello Argerich y en la misma se ordena remitir copia de las actuaciones a la Procuración General de la Nación y al Consejo de la Magistratura para que se investigue si hubo mal desempeño de sus funciones por parte de la fiscal Viviana Fein y del juez que intervino en el procedimiento la noche en que fue hallado Nisman muerto en su departamento, Manuel De Campos.

El pase de la causa a la Justicia federal fue dispuesto de manera unánime aunque dos de los camaristas, Lucini y Pociello, admitieron como «plausible» la hipótesis de la querella de que Nisman haya sido asesinado por su labor como fiscal de la causa AMIA.

La jueza de instrucción Fabiana Palmaghini, que llevaba el expediente hasta ahora, se había declarado incompetente hace tres semanas y, pese a que lo había rechazado en otras ocasiones, también opinó que la causa debía seguir su camino en el fuero federal. Pero como el único imputado en el caso, el técnico informático Diego Lagomarsino, apeló esa decisión, la Cámara celebró una audiencia pública con todas las partes el viernes pasado, antes de resolver que el caso cambiará de manos.