.

Efectivamente, fue la AFIP de Echegaray la que hace cinco años comenzó una investigación sobre Suris por la emisión de facturas apócrifas que terminaron en más de 200 empresas. Pero luego la causa quedó detenida cuando el actual presidente de la AGN cerró las oficinas del ente recaudador en Bahía Blanca y desplazó a los investigadores.

Según consignó el diario La Nación, del conjunto de empresas de Lázaro Báez, “la receptora de las facturas truchas fue Alcalis de la Patagonia, que luego regularizó su situación, al menos con respecto al pago del IVA por “2 millones”.

Echegaray fue denunciado en varias causas por encubrir a Báez desde la AFIP. A fin de año, el juez Norberto Oyarbide lo sobreseyó en uno de esos expedientes. Pero el juez Sebastián Casanello tiene una denuncia abierta de la diputada Margarita Stolbizer con el mismo objeto. Ahí están denunciados Echegaray, el propio Báez y las empresas involucradas en la maniobra de evasión que involucra a las empresas Calvento, Grupo Penta, la empresa Constructora Patagónica Argentina, y la firma Iberoamericana de Servicios.

Las empresas proveedoras de facturas carecían de antecedentes en la construcción, y no tenían empleados, aunque eran subcontratadas por Austral Construcciones por montos millonarios. Esa maniobra le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años.

Dato no menor es que en 2014, en plena investigación de la causa por las facturas truchas Echegaray admitió un vínculo comercial entre Báez y la familia Kirchner. “Sí”, repondió cuando le preguntaron. “En la vida en sociedad todos tienen relaciones, no es que los funcionarios públicos son extraídos de una lugar donde no han tenido ningún tipo de vinculación o vida comercial”, aclaró.