Schoklender: «Boudou no era un genio, era un chico lindo que se la levantó a Cristina»
Desilusionado del mundo kirchnerista y en su ocaso, Sergio Schoklender brindó una entrevista en la que habla acerca del entorno que supo conocer. Hablo del círculo de CFK, de Hebe de Bonafini, de Boudou y del caso Nisman.
Sergio Schoklender.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) – Desilusionado del modelo, lejos de los lujos que supo conocer, este jueves 05/03 se conoció una entrevista de Sergio Schoklender, aquel que supo ser la mano derecha de Hebe de Bonafini volvió a aparecer, ya caído en desgracia.
En una entrevista habló sobre varios de sus ex correligionarios y de sus secretos más turbios, ya afuera del círculo de confianza y sin ninguna deuda de lealtad a sus antiguos protectores.
El ex apoderado de la Fundación Madres también se mostró extremadamente arrepentido de su antiguo “kirchnerismo” y afirmó: “yo estaba consustanciado con el proyecto de lo que íbamos a hacer y la verdad, hoy, lo veo en Internet o veo alguna foto de esas y me da verguenza”.
Además agregó: “El kirchnerimo es un movimiento que ya desapareció, fundamentalmente porque no tienen una conducción coherente, hoy es un grupo de delincuentes atrinchera buscando cómo hacen para garantizarse la impunidad después de que pasen las elecciones”, manifestó.
Schoklender hizo alusión a su ex protectora, Hebe de Bonafini, como una mujer “que equivocó el camino, que se dejó cooptar por la polítiquería barata del gobierno, que se dejó usar y que hoy, lamentablemente, es como un títere del kirchnerismo”.
También aclaró que el desastre en Madres ocurrió luego de su partida, “mientras que yo estuve no faltó un solo centavo”, aseguró y denunció que la plata, en verdad, se la llevó la gente de Boudou.
En la entrevista opina sobre los los funcionarios K. Según Schoklender hay tres actores complejos alrededor de Cristina: Carlos Zanini, Julio De vido y José Francisco López (secretario Legal y Técnico de la Presidencia, ministro de Planificación Federal y Secretario de Obras Públicas de la Nación, respectivamente).
“Son tres delincuentes, tres criminales”, afirmó el empresario y agregó, “ellos son los que han dilapidado la riqueza en esto años en Argentina (…), ellos son los que han torcido y desvirtuado las instituciones de la República que se fueron constituyendo en estos años de democracia, son los responsables de crímenes como los de Nisman, de los manejos del servicio de inteligencia, de las operaciones de extorsión a los funcionarios”.
“El nivel de corrupción es alucinante” afirmó.
Schoklender también aprovecho para difundir algunos chismes de tinte más amarillistas, aunque también conocidos por varios del entorno cercano.
Sobre Boudou dijo: “Es un carilindo, es un pelotudo”, afirmó el empresario, refiriéndose al vicepresidente y además expresó: “No es un genio de las finanzas, ni siquiera de la corrupción, Boudou era un chico lindo que se la levantó a Cristina, entonces lo tienen ahí y lo cuidan” y agregó que “lo que Boudou se ha robado, te puedo decir que es ínfimo son monedas. Los grandes desfalcos al país se hicieron en Planificación Federal”.
Nisman
Por otra parte, también tocó el tema Nisman y manifestó estar convencido de que fue un crimen vinculado a algún pedido de Cristina para que paren la denuncia por encubrimiento, desestimó por completo la teoría del suicidio y la consideró inverosímil.
Por Silvia Mercado.La disputa con el Poder Judicial se volvió una obsesión en la Casa Rosada. «Nadie puede terminar preso», aseguran sus funcionarios. Inquietud en Comodoro Py por la seguridad de jueces, fiscales y asistentes
– «¿Se puede gobernar pensando todo el tiempo que vas a ir preso?», se pregunta un funcionario de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
– «No sé, dígamelo usted», propone Infobae.
– «No, no se puede.Nadie gobierna hoy en la Argentina. Solo hay decisiones para ganar tiempo. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que hacer pie y asegurarnos una salida por la puerta de adelante. Nadie puede terminar preso. Sobre todo la Jefa no puede terminar presa. Estamos obligados a defendernos. Estamos obligados a defenderla».
Frío, pragmático, descarnado, lo que este peronista de trayectoria en la gestión plantea es un asunto que obsesiona al poder y no de ahora, la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es terminar entre rejas. Según esta visión, la obsesión por manejar la Justicia, nombrar jueces, controlar sus vidas e intervenir en sus decisiones tienen ese trasfondo, garantizar que el ejercicio del Poder Ejecutivo no sea la escala inevitable a la cárcel.
Esto que a los simples mortales les suena parecido al incumplimiento de sus deberes para garantizarse la impunidad, para el funcionario se trata de «un problema estructural del ejercicio del poder en nuestro país», a saber: «Si los presidentes creen que pueden ir presos cuando abandonen el poder, a) no querrán abandonarlo jamás, b) querrán tener un poder judicial propio, c) cuando su ciclo esté terminado van a tener como prioridad cubrirse las espaldas, no gobernar».
Dicho así, parece razonable la pesadumbre que se vive en Comodoro Py, donde «ya no se discuten expedientes, sino qué esquema de seguridad organizaste con tu familia y con qué armas estás preparado para cuando vengan a atacarte», según lo relata una experta en esos pasillos. En efecto, en los tribunales más calientes, donde se ventilan causas contra los ministros Héctor Timerman, Julio De Vido, Julio Alak, el jefe de las Fuerzas Armadas, César Milani, los dirigentes camporistas Mariano Recalde y Andrés Larroque, más la Presidente, sus dos hijos y el Vicepresidente, entre decenas de investigados, el ánimo está por el piso. Las presiones sobre los jueces, secretarios de juzgado, incluso secretarios de despacho se incrementaron en los últimos días.Después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, amenazas por debajo de la puerta, mensajes a través de conocidos, sospechosos robos en hogares de asistentes en causas que generan preocupación en el Gobierno.
Inquietan en Comodoro Py las últimas amenazas y los sospechosos robos a las casas de algunos asistentes
La pregunta, entonces, es si la muerte del fiscal que estaba convencido de que Cristina Fernández de Kirchner era responsable de encubrir a los prófugos iraníes acusados del atentado contra la mutual de la AMIA, además de tener como objetivo poner término a su investigación, tiene como beneficio de inventario su utilización como un instrumento de domesticación del Poder Judicial, luego de que los viejos encargados (Stiuso, Fernández y compañía) fracasaran. «Hay una nueva ofensiva, no lo dudamos, las presiones recrudecieron y en sus declaraciones públicas, desde la Presidente para abajo, nos tiran de todos lados. Nosotros no tenemos mucho para defendernos, ni siquiera hay seguridad para el ingreso a este edificio, donde entra cualquiera», dice la fuente, notoriamente preocupada.
En ese contexto, no sorprendió en Tribunales que el juez Claudio Bonadio no haya convocado todavía a Máximo Kirchner a testimoniar en la causa sobre supuesto lavado de dinero de la empresa Hotesur S.A., propietaria y administradora del hotel Alto Calafate, de la que es dueño por ser parte heredera de la sucesión Néstor Kirchner y también, aparentemente, por ser el poseedor de un 2 por ciento de las acciones originales. Una fuente del gobierno nacional asegura, además, que el hijo de la Presidente está en la mira por haber firmado 1.800 cheques y varios balances como responsable de la compañía.
Alto Calafate fue una compra realizada en el 2008 por Osvaldo Sanfelice que actuó a cuenta y orden de terceros. El propio Néstor Kirchner resultó ser «el tercero» en cuestión, ya que llegó a aceptar que los dos millones de dólares que adquirió en octubre de 2008 en medio del estallido de la crisis financiera internacional fueron a parar a la operación de ese hotel 5 estrellas. Aunque los expertos aseguran que tiene que haber salido bastante más que eso, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández se vio obligado a confirmar la adquisición que había denunciado Martín Redrado en el marco de su disputa con el Gobierno por su salida forzada al frente del Banco Central.
Cerca de Bonadio aseguran que «nunca habló de citarlo a Máximo» y que si bien parece que hay operaciones de Lavado de Dinero de la corrupción, un delito habitual en los Estados Unidos de la década del 60, cuando la mafia usaba hoteles, casinos y lavaderos de auto para hacer ingresar al circuito legal de transacciones financieras grandes volúmenes de dinero nacido del contrabando, las extorsiones y el narcotráfico, «aún no está probado». La fuente explicó que «no sólo hay que probar que empresas de Lázaro Báez hayan contratado habitaciones que nunca usaron para ocultar corrupción, sino también el delito preexistente, lo que obligaría a ese lavado, algo que no parece demasiado sencillo».
Existe en el poder la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es terminar entre rejas
Para quienes lo conocen, Bonadio está ganando tiempo y sumando masa crítica. De hecho, ya tiene en su poder las declaraciones juradas de toda la familia Kirchner y también el expediente de la sucesión Néstor Kirchner. Puede analizar esa documentación sin correr y compararla con la información que ya obtuvo de los allanamientos de Hotesur, la IGJ y Alto Calafate, o repentinamente convocar al hijo de la Presidente. A juzgar por algunos comentarios que hizo trascender («no sé por qué dicen que la citación a Máximo es inminente»), quiere ir despacio. Por las dudas, La Cámpora tiene organizado una acto de desagravio a su jefe, en caso de que sea citado a la Justicia.
Como sea, el dilema de un Ejecutivo «sometido» al desgaste del ejercicio del poder es un asunto que desvela a muchos sectores del partido gobernante, que por estos días insisten en fundamentarlo, para explicarse. Es una teoría que parte del supuesto de que en la guerra interna que caracteriza a la historia argentina, gobernar es también garantizarse una justicia adicta, para evitar que los Tribunales se transformen en una carrera de obstáculos del que gobierna.
Otros kirchneristas van todavía más allá. Cuestionan la existencia misma de que el Estado esté dividido en tres poderes independientes entre sí, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que funcionan como un sistema de controles y contrapesos para proteger al individuo frente al despotismo, tal como lo definió en el siglo XVIII el Barón de Montesquieu. Lo que existe es el líder carismático, las movilizaciones y los actos masivos para aclamarlo, los medios de comunicación deben reproducir ese estado de éxtasis entre el líder y la masa y los poderes Legislativo y Judicial interpretar fielmente a la cabeza del Poder Ejecutivo. De eso se trata un gobierno popular.
Por supuesto que nunca lo dicen abiertamente, jamás se animan a criticar en cámara el «pluralismo» en las ideas o el «sistema republicano», base de nuestra democracia. No se cuestionan los intentos por imponer un partido único para realizar los deseos de un pueblo al que no dejan hablar, porque suponen que ese líder lo representa cabalmente. Ni critican la moral de sus jefes multimillonarios. Que algunos ex presidentes jamás hubieran sido acosados por la Justicia, como Arturo Illia o Raúl Alfonsín tampoco los interpela. Lo verdaderamente bueno para ellos es controlarlo todo. Como si las sociedades no fueran cada vez más diversas, más abiertas. Como si no fuera posible que más controles, más persecución, generan, naturalmente, más y más rebeldías.
Ricardo Lorenzetti, presidente del máximo tribunal de Justicia del país, tiene suerte. Él puede contestar, con una repercusión parecida aunque no idéntica, a las diatribas de la Presidenta. La mayoría de los agraviados por Cristina Kirchner carece de esa posibilidad. El juez puede, en fin, romper el círculo perfecto del cristinismo según el cual los agravios presidenciales deben quedar sin respuesta. Lorenzetti, en cambio, rediseñó su discurso de ayer, que había preparado con un tono mucho más moderado, aunque con claras alusiones a la necesaria independencia del Poder Judicial.
«Tendrán que leerlo entrelíneas», habían anticipado el viernes los que conocían el borrador. No hubo entrelíneas. Sin mencionarla directamente, Lorenzetti se dedicó ayer a desarmar línea por línea cada referencia peyorativa de Cristina Kirchner a la Justicia.
El presidente de la Corte Suprema soportó el domingo uno de los peores momentos de su vida. Fue cuando Cristina descalificó a la Justicia con largos argumentos y criticó a la propia Corte en las narices de un Lorenzetti que no podía decir nada. Más bien, sabía que era el centro de todas las miradas curiosas que estaban en el recinto parlamentario y que las cámaras de la televisión oficial lo estaban enfocando. Ni siquiera tenía derecho a un gesto de enfado. El borrador previo de Lorenzetti fue reemplazado por un discurso claro y directo, que no careció de la vieja predisposición del juez para convocar a un país más consensual, menos enardecido. «Hay que pasar a un modelo que sepa conducir la diversidad», dijo, y de esa manera él también comenzó a despedir al cristinismo del poder.
Hay cosas que no nacieron el domingo. Ya los jueces supremos habían debatido sobre la carta de Cristina en Facebook, el sábado posterior a la marcha del 18-F, en la que por primera vez habló de un partido judicial. En ese documento, la Presidenta escribió que nunca permitirá que le «marquen la cancha». Los jueces futboleros (Juan Carlos Maqueda, sobre todo) explicaron que en la jerga del fútbol aquella metáfora significa marcar límites. «Marcar la cancha es fijar límites», dijeron. Y el deber constitucional de la Justicia, concluyeron todos, es fijar límites a los poderes, sean institucionales, políticos o económicos. Hacer reales y tangibles, en definitiva, los límites que la propia Constitución establece.
Por eso, el concepto de ayer de Lorenzetti («el Poder Judicial debe poner límites«) es producto de una larga reflexión de la Corte, no de una improvisación tras el discurso de la Presidenta. Es probable, sí, que lo que iba a ser una suave alusión se haya convertido, después del azote presidencial, en lo que fue: una clara advertencia sobre el papel de la Justicia en un sistema republicano. Pidió, en ese sentido, una reeducación de políticos y dirigentes sobre el rol de las instituciones del Estado y planteó la necesidad de una «actitud madura» en la cooperación entre los poderes constitucionales. Siempre se pide lo que no se tiene: ¿hace falta subrayar que Lorenzetti denunció inmadurez en la conducción del Estado y en la relación entre sus instituciones? ¿No fue ésa, acaso, una alusión directa (entrelíneas, eso sí) al discurso que la Presidenta dijo 48 horas antes?
Si Cristina no fuera Cristina y si su destino no fuera tan corto, podría decirse que estamos a las puertas de un conflicto de poderes. Sin embargo, para que eso ocurra deben suceder hechos concretos que provoquen la colisión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Por ahora, al menos, la Presidenta se conformó con la retórica de la confrontación y el insulto. Al revés de lo que temían jueces y fiscales de instancias inferiores, no anunció ninguna medida que desestabilizara al Poder Judicial. Muchos de esos funcionarios judiciales preveían, incluso, la posibilidad de que Cristina anunciara que pondría en comisión a todo el Poder Judicial. Hubiera sido un golpe de Estado contra uno de los poderes de la Constitución. Pero no sucedió. El conflicto queda, por lo tanto, reducido a las palabras de uno y a la refutación del otro. Una tensión innecesaria, pero encerrada en los límites de planteos teóricos.
Lorenzetti hizo ayer las veces de un profesor de educación cívica elemental. No fue un defecto, sino una exigencia. La necesidad de que un juez explique cómo funcionan los poderes de la Constitución, cuál es la función de cada uno de ellos y cómo deben resolverse eventuales fricciones señala con precisión que el país ha regresado a un estado predemocrático. Sólo le faltó aclarar que los presidentes inauguran los años parlamentarios para exponer qué harán durante los próximos doce meses y no para abrir nuevas batallas políticas ni para maltratar a los enemigos del día.
Un aspecto especialmente significativo del discurso de Lorenzetti fue la calificación de «víctima» que hizo del fiscal Alberto Nisman. Sea cual haya sido el procedimiento de su muerte, está claro que para el Poder Judicial Nisman murió como consecuencia de la denuncia que hizo contra el Gobierno. Lorenzetti se reunió por lo menos dos veces con la ex esposa del fiscal, la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien sostiene públicamente la teoría de que su ex marido no se suicidó. Los peritos que ella nombró, que elaboraron un informe hasta con las características psicológicas de Nisman, escribieron lo mismo. No fue un suicidio. Ese informe podría salir a la luz en las próximas horas o días.
La referencia a Nisman sucedió pocos días después de la polémica resolución del juez Daniel Rafecas que desestimó la denuncia del fiscal muerto. Tal vez por eso Lorenzetti reconoció el derecho de todos a criticar las resoluciones de los jueces, aunque pidió que no se los estigmatizara sólo porque no coinciden con las posiciones de los que lo critican. La resolución de Rafecas abrió, incluso, una grieta en la propia dirigencia de la comunidad judía. Un sector de ella considera que Rafecas no les dijo la verdad cuando recibió a la conducción de la DAIA el mismo día en que hizo pública su decisión. Intuye que hay demasiada similitud entre lo que dijo Rafecas y lo que expresó la Presidenta en el Congreso cuando criticó a Nisman.
El fiscal había escrito un borrador con otra posición, contraria a la que terminó presentando, que fue encontrado en la caja fuerte de Nisman. Su secretaria, Soledad Castro, firmó un documento aclaratorio en el que precisó que ese borrador correspondía a otro estadio de la investigación, a otro contexto de la pesquisa de Nisman. Nada raro. Es lo que suelen hacer jueces y fiscales, según los distintos tramos de una investigación. Dirigentes de la DAIA afirmaron que Rafecas no les permitió leer los documentos previos de Nisman ni el documento aclaratorio de su secretaria. Simplemente se los exhibió. Los dirigentes judíos más díscolos con Rafecas hicieron su propia investigación de lo que sucedió y llegaron a la conclusión de que no se podía poner en duda la actitud de Nisman. Otra franja de la DAIA, que también disiente de la resolución de Rafecas, prefiere ser más moderada y esperar los próximos pasos de la Justicia. Sobre todo, la apelación del fiscal Gerardo Pollicita y su repercusión en la Cámara Federal que deberá revisar la resolución de Rafecas.
Lorenzetti no se privó tampoco de marcarle a Cristina las lagunas de su conocimiento. La Corte Suprema, la anterior, no ésta, ya sentenció sobre el atentado que voló la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires y culpó al grupo político-terrorista Hezbollah, el mismo que habría participado dos años después del devastador atentado a la AMIA. Es cosa juzgada. Lo que ninguno de los dos dijo es que, en la causa de la embajada de Israel, la Corte pidió la captura internacional de dos dirigentes del gobierno de Irán. Los dos están también en la lista de ciudadanos iraníes reclamados por la justicia argentina por el atentado a la AMIA. Es, entonces, la Presidenta la que se olvidó de incluir el atentado a la embajada de Israel en su acuerdo con el gobierno de Irán
La ruta del dinero K: revelan documentos con giros millonarios de Lázaro Báez
Por Ana Baron.
El fondo buitre NML entregó a la justicia de Nevada datos sobre transferencias entre cuentas de compañías del empresario K en Suiza, Liechtenstein y Argentina. También aseguró que tiene información de las Islas Seychelles y brindó datos de giros del financista Federico Elaskar.
En problemas. Lázaro Báez, el empresario ultrakirchnerista dueño de un grupo de constructoras acusado de maniobras de lavado. / Marcelo Carroll
Los fondos buitre presentaron ayer ante la corte de Nevada, Estados Unidos, una serie de documentos con los que esperan probar que empresas adjudicadas a Lázaro Báez, empresario de confianza de Cristina Kirchner, fueron utilizadas para lavar dinero con transferencias bancarias internacionales a través del financista Federico Elaskar.
Los documentos a los que Clarín tuvo acceso contienen información bancaria totalmente nueva. Hay pruebas de al menos 27 transferencias bancarias a favor de Elaskar y 99 de Helvetic Services Group en un esquema de triangulación que va desde Argentina y Uruguay a paraísos fiscales como Liechtenstein.
Los fondos buitre obtuvieron la información gracias a una orden de la Corte de Apelación del Segundo Circuito que les permitió demandar a una serie bancos estadounidenses datos “relacionados con transacciones que implican a Báez y personas y compañías relacionadas”.
De acuerdo al escrito presentado ayer por los fondos buitre, “de los 29 bancos” a los que les pidieron información, “15 ya respondieron” y “la información provista por esos bancos ha sido iluminadora en el trazado de los flujos de fondos que fueron hacia y desde las empresas de Báez y corroboran lo establecido por el fiscal (José María) Campagnoli”, dice el escrito, en referencia a la investigación que llevó adelante ese fiscal sobre la Ruta del Dinero K.
Uno de los documentos bancarios muestra que Federico Elaskar –el financista que confesó por TV haber lavado dinero de Báez– tenia una cuenta, la número 531820308 en el Ocean Bank de Miami, desde donde hizo transacciones al HSBC y otros de los bancos que estarían implicados en el esquema de lavado de dinero.
“Campagnoli descubrió que en 2010 y en 2011 Elaskar y su colega Leonardo Fariña –hoy detenido por una causa por evasión tributaria– realizaron una serie de transacciones mediante las cuales Fariña le traía a Elaskar ‘valijas y valijas’ llenas de euros para Báez, que esos fondos fueron sacados de Argentina por Elaskar utilizando terceras partes entidades y cuentas bancarias alrededor del mundo”, dice el escrito. “Entre todas las cuentas de Elaskar hay una en el Ocean Bank de Miami. El registro de las transferencias de fondos otorgados por Ocean Bank a NML confirman las acusaciones de Campagnoli y muestran que entre 2010 y 2011, Elaskar utilizó el Ocean Bank para conducir una serie de transacciones por un total de 3 millones de dólares”, postula el texto de NML.
Mas aun, de acuerdo a los fondos buitre, el registro de la transferencia de fondos del Ocean Bank también confirma que “el Swiss Entity Helvetic Services Group estuvo implicado en una serie de transacciones desde 2010 hasta 2013, cuando Campagnoli descubrió que Helvetic estaba trabajando para Báez”.
Es importante tener en cuenta, sin embargo, que entre los 24 documentos presentados ayer, hay 7 que han sido declarados como confidenciales. Esta corresponsal pudo confirmar que en esos documentos hay muchas más cuentas bancarias que corroboran el esquema de lavado de dinero en el que, según los fondos buitre, podrían estar implicados Cristina y Máximo Kirchner. Como NML obtuvo la información bancaria contenida en esos 7 documentos a cambio de la confidencialidad, por el momento permanecerán sellados y el público no tendrá acceso a su contenido.
Según los fondos buitre, la información obtenida en los bancos va en contra de las declaraciones de Val de Loire (la empresa adjudicada a Cristóbal López) y MF Nevada (el estudio que estableció 123 empresas en Nevada) cuando dijeron que “las investigaciones criminales en curso en Argentina no tienen fundamento y son ataques políticamente motivados”.
El juez de la corte de Nevada Cam Ferenbach autorizó ayer a que toda la nueva información introducida por NML sea integrada oficialmente al legajo y les dio los abogados de las empresas adjudicadas a Lázaro Báez y a Cristóbal López hasta el 5 de marzo para responder. El 9 de marzo habrá una audiencia clave en que se analizara toda la información.
En el documento de ayer, los abogados de los fondos buitre afirman demás que han obtenido una orden del Corte Suprema de las Islas Seychelles que les ha permitido avanzar en la investigación en ese país. Los detalles de la orden y la información que han obtenido ha sido tachada del escrito, y permanece por el momento también sellada. Esto podría cambiar en la audiencia del 9 de marzo.
Al rechazar la denuncia de Alberto Nisman, el juez Daniel Rafecas alejó a Cristina Kirchner de dos hogueras. No sólo negó que la Presidenta haya encubierto el atentado contra la AMIA. De un modo menos directo, y tal vez involuntario, también la desvinculó de la hipótesis según la cual el Gobierno estuvo detrás de la muerte del fiscal. Sencillo: al dictaminar que la denuncia de Nisman era insostenible, refutó uno de los posibles motivos de su deceso. Porque si las imputaciones eran disparatadas, ¿para qué quitarle la vida?
Las razones de Rafecas para prestar esos servicios pueden ser complejas. Es posible que la más determinante haya sido que, para él, el planteo de Nisman tenía severas inconsistencias. Especialistas prestigiosos con los que este juez suele identificarse -Zaffaroni, Maier, Arslanian, Moreno Ocampo- sostuvieron esa tesis. Subrayaron que Interpol desmintió que Héctor Timerman haya pedido alguna vez el levantamiento de las alertas rojas contra los acusados iraníes. Al revés, informó que en varias oportunidades Timerman aclaró que, contra lo que sostenía el régimen de Ahmadinejad, eso no era materia del acuerdo. También advirtieron que el agente Allan Bogado había sido denunciado por la Secretaría de Inteligencia como falso espía. Y, en la línea de lo que afirmó Antonio Stiuso ante Viviana Fein, descartaron que las conversaciones entre D’Elía, Esteche y Khalil involucraran a funcionarios del Gobierno.
Quiere decir que, para Rafecas, las imputaciones de Nisman carecían de valor penal. Apenas tendrían, llegado el caso, algún mérito historiográfico. Es curioso que para sostener ese argumento también él haya plagado su escrito de consideraciones políticas y confesiones personales. En este aspecto, Rafecas imita y supera a Nisman. El juez sostiene, por ejemplo, que la señora de Kirchner no podría ser cómplice de los iraníes porque es «una figura política que a lo largo de veinte años de trayectoria ha sido consecuente en la búsqueda de proveer verdad y justicia». La excusa es casi tan insólita como afirmar que Timerman está libre de culpa por ser judío. Una condición que para el rabino Sergio Bergman, por ejemplo, en vez de impedir, agravaría el comportamiento atribuido al canciller por Nisman.
Si se hicieran pasar esas manifestaciones de obsecuencia por la lupa con que el filólogo Aníbal Fernández analizó la denuncia de Nisman, se podría concluir que también a Rafecas le escribieron el dictamen. Es lo que sugiere la orden de habilitar una feria cuya finalización había ocurrido 26 días atrás. Es decir, cuando el magistrado estaba de vacaciones. Con otra curiosidad: como demostró en esta causa María Servini de Cubría, no es frecuente que se interrumpa la feria para dictar una absolución. Trivialidades. Para Rafecas son trivialidades. Ayer aclaró que trabajó en soledad y sin presiones.
Hay otros rasgos inesperados en el fallo. En una serie de reflexiones encabezadas con la frase «en lo personal?», el juez necesita recordar su lucha contra el antisemitismo, que iguala a la de Nisman. Después aprovecha el expediente para enviar sus condolencias a la familia del colega muerto.
Los esfuerzos que hace allí Rafecas por salvar la imagen de Nisman contribuyen a una confusión. Nisman fue el denunciante, no el fiscal del caso. El encargado de la acusación es Gerardo Pollicita. Es a él a quien el juez debe refutar. En otras palabras: aun cuando su presentación fuera un exabrupto político, no había por qué pedir a Nisman una fundamentación exhaustiva del crimen que estaba describiendo. Tampoco Pollicita la ofreció: apenas pidió que se estudie la acusación a la luz de nuevas pruebas.
Es curioso que, entre los muchos caminos que tenía, Rafecas se haya negado a abrir la investigación. Podría haberse excusado de intervenir en el caso. Tenía un motivo razonable: en 2011, en la Hebraica, afirmó que «Irán financia organizaciones antisemitas» y que «D’Elía no es ajeno». A propósito: ¿no es raro que D’Elía no haya aprovechado este antecedente para recusarlo?
Rafecas también podría haber delegado la pesquisa en el fiscal, como hizo cuando tuvo que juzgar a Amado Boudou en el caso Ciccone. Pero prefirió cortar de cuajo toda sospecha. Ahora corresponde a la Cámara Federal evaluar si esa opción fue la correcta. Si los camaristas no lo hacen, se notará más la brecha que existe en Tribunales. Para ponerlo en términos de Cristina Kirchner: en el golpe judicial comienzan a aparecer «rebeldes» y «leales».
Sin embargo, en un fuero como el federal penal de la Capital, en el que buena parte de las decisiones se explican por factores ajenos a los expedientes, conviene recordar el contexto en el que Rafecas decidió sobre la Presidenta. El dato más obvio es que tuvo que resolver la situación de una imputada que está en condiciones de sacarlo de la Justicia desde el Consejo de la Magistratura. Un detalle que, según él, no lo incomodó. Aun cuando allí esté acusado por cerrar una causa en la que se denunciaban subsidios arbitrarios a productores cinematográficos que beneficiaron a su hermano. Entre otros cargos.
También hay que consignar que Rafecas protagoniza un feroz enfrentamiento con los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, de estrecha relación con Stiuso, el espía en quien abrevaba Nisman. Esa enemistad nació en los albores del kirchnerismo, cuando Rafecas vapuleó a Fernando de la Rúa y, sobre todo, al ex jefe de la Secretaría de Inteligencia (SI) Fernando de Santibañes en el juicio por las coimas del Senado. Esa embestida era avalada por Alberto Fernández, uno de los promotores del ingreso de Rafecas en la Justicia. Richarte y Pirota, que eran colaboradores de Santibañes en la SI, terminaron siendo sus abogados.
Durante el proceso ocurrió un hecho extravagante. En una audiencia con el juez, uno de los senadores acusados le explicó: «Doctor, sobre nosotros se dicen infamias. Igual que sobre usted, que está acusado de cobrar 600.000 dólares por dar prisión domiciliaria a dos narcotraficantes serbios». Cayó el telón.
Un larguísimo pasaje de la absolución a De la Rúa y Santibañes condenó la conducta de Rafecas en aquel procedimiento. A raíz de esas críticas se abrió una causa contra él en el juzgado de Luis Rodríguez. Es el magistrado al que recurrieron Stiuso y Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman, para denunciar amenazas.
Otra consecuencia de aquel caso es que algunos radicales se la tienen jurada a Rafecas. Bastaría que coincidieran con el kirchnerismo en el Consejo para que el juez quede desplazado.
Para cerrar el círculo hay que mencionar que Richarte y Pirota fueron los abogados de Boudou delante de Rafecas. El encono con ellos volvería coherentes dos actuaciones en apariencia contradictorias: la persecución a Boudou y el perdón a la Presidenta.
El entorno de la decisión que favoreció a la Presidenta vuelve a advertir sobre un fenómeno inquietante que se verifica en la Justicia en su relación con la política: la culpabilidad y la inocencia no siempre dependen de las pruebas. La mayoría de las veces son el resultado de una azarosa guerra de facciones. Pero Rafecas dice que ése no es su caso.
La causa real de la furia de Cristina contra la Justicia
Por Marcelo Bonelli.
El juez Bonadio, que investiga una trama de corrupción, habría hallado operaciones trianguladas entre Lázaro Báez, el zar del juego Cristóbal López y la familia Kirchner.
2003. Cristóbal López con Néstor y Cristina Kirchner en el casino de Río Gallegos.
El zar del juego, el empresario Cristóbal López, está involucrado en la investigación por lavado de dinero que lleva adelante la Justicia en la causa de los hoteles de la familia presidencial. Claudio Bonadio habría encontrado operaciones trianguladas, que utilizan cuentas de compañías de López para liquidar supuestos ingresos ficticios en Hotesur.
Se trataría de la primera conexión comprobada de operaciones que involucran negocios de Lázaro Báez y Cristóbal López con la familia Kirchner.
Báez y López tienen estrecha relación con la Presidenta y multiplicaron sus negocios en la década kirchnerista. Pero este hallazgo los uniría en una investigación por supuesta corrupción.
Es que la facturación –pendiente de otras pruebas– habría confirmado dos cosas: que Báez pagó a los Kirchner por contratos fantasmas de habitaciones que nunca usó y que, después, hubo transferencias de fondos utilizando cuentas del holding del zar del juego.
La información se mantiene en absoluto secreto y en período de mayores pruebas documentales. Bonadio se tomaría todo marzo para esa tarea clave, y recién en abril adoptaría determinaciones procesales.
La noticia cayó como un balde de agua helada en la Casa Rosada y fue el comentario central esta semana en varios encuentros de hombres de negocios. Hubo interconsultas entre miembros del Grupo de los 6.
En el G-6 dicen que el avance de esta investigación y el hallazgo de la triangulación es lo que preocupa realmente a Cristina y la enfurece con la Justicia.
Clarín anticipó que el Gobierno ordenó al titular de la DGI, Angel Rubén Toninelli, realizar operaciones para “emprolijar” y hacer presentables la documentación de Hotesur. Recibió la directiva política de Carlos Zannini y dispuso ubicar a su hijo Fernando para operar en el entorno de Báez. Se trataría de hechos incompatibles con la función de Toninelli en la AFIP. Pero con ese objetivo y el aval de Ricardo Echegaray, el titular de la DGI provocó hace unas semanas la salida del jefe de la Dirección Regional Metropolitana. Se trata de la estratégica repartición fiscal donde está radicado parte del expediente de Hotesur.
El Gobierno quiere tener un absoluto control de la Región Metropolitana porque desde ahí puede “ordenar” cambiar y frenar expedientes que va a requerir la Justicia.
El contador Exequiel Lebed era el titular de la Dirección Metropolitana y fue presionado por Toninelli para acompañar con su firma un informe sobre una investigación interna que por el uso de facturas apócrifas involucra a Hotesur. El documento es para favorecer la situación de la compañía presidencial. Lebed accedió a firmar el expediente exigido por la Casa Rosada, a pesar de que su repartición no participó en su elaboración. Después, Lebed solicitó vacaciones adelantadas y licencia médica y al final concretó su renuncia.
El escándalo en la AFIP se trató ayer en una reunión secreta. Había caciques de la UIA y de la Asociación Empresaria Argentina.
Fue luego de que se conocieran los cambios en el gabinete. Para los empresarios la movida de Cristina se explica por lo siguiente:
– El Gobierno sintió el impacto político del 18F y los desaciertos que cometió tras la muerte del fiscal Nisman.
– Cristina resolvió gobernar hasta final de mandato con el aparato de inteligencia de César Milani y en soledad con La Cámpora.
– La Casa Rosada va a radicalizar su estrategia de confrontación política.
Héctor Méndez, de la UIA, sostiene que Cristina también quiere dejarle al próximo presidente un campo minado en la economía.
El terma circuló el martes, en el encuentro de la comisión directiva ampliada de la UIA, donde se desbarató un intento del Gobierno de dividir la central fabril. Quedaron rechazadas las posiciones adictas a la Casa Rosada de Juan Lascurain y la UIA ratificó por unanimidad un documento muy crítico al acuerdo con China. Ignacio de Mendiguren expuso esas advertencias en el debate de la Cámara de Diputados. Con el apoyo del movimiento industrial dijo: “La Presidenta está entregando el futuro del desarrollo argentino.” Las concesiones de Cristina a China obedecen a urgencias de Axel Kicillof. El ministro no tiene todos los dólares para cerrar el año.
Otra vez le jugó una mala pasada la impericia internacional del equipo económico: ayer se cayó la colocación de Bonar por 2.000 millones de dólares.
El juez Thomas Griesa pidió información de la transacción al Deutsche Bank y al JP Morgan, y la cúpula de esos bancos decidió bajarse de la emisión.
El grave traspié obedece a serios errores del viceministro Emanuel Alvarez Agis y del secretario de Finanzas, Pablo López. Influyó el crónico y pésimo asesoramiento del estudio Clery & Gotlieb.
Carentes de profesionalismo, los funcionarios pasaron de un extremo a otro. En diciembre, Kicillof quiso hacer una colocación sin hablar con nadie en el mercado. Fue un fracaso. Ahora, por miedo a otra frustración, hablaron con todos y anticiparon tanto la jugada que alertaron al fondo buitre Elliot y obligaron a actuar al juez Griesa. El error le permitió a Paul Singer bloquear la operación. Elliot amenazó a fondos que tenían decidido participar de la emisión de Argentina.
Pero también los funcionarios mostraron falta de timing. Intentaron lanzar la emisión a días de una audiencia clave en los juzgados de New York.
Será el próximo martes. Griesa espera a la Argentina y hay consenso entre los banqueros: si esa audiencia sale mal, se va a complicar al extremo el panorama financiero del país.
Ayer fue un muy buen día para Cristina Kirchner. El juez Rafecas desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre presunto encubrimiento de terroristas por parte de la Presidenta y su canciller. Por otro lado, hizo cambios cosméticos en su gabinete, abroquelándose en lo más cercano y acérrimo que tiene, como manda el final de todo poder.
La decisión de Rafecas está claramente en condiciones de eclipsar los enroques ministeriales de un gobierno que se agota en el tiempo y en la política. El juez privilegió una de las dos alternativas que tenía (desestimar o iniciar la investigación), al preferir resaltar los aspectos más frágiles de la denuncia de dos fiscales, Nisman y Gerardo Pollicita. La imputación, hecha originalmente por Nisman cuatro días antes de su extraña muerte, se respaldaba en que el Gobierno había intentado encubrir a los presuntos terroristas iraníes mediante dos mecanismos.
Uno era la creación de una Comisión de la Verdad; el otro, el levantamiento de las circulares rojas de Interpol para detener a cinco jerarcas iraníes. Ninguna de las dos cosas llegó a concretarse, subraya Rafecas, y, por lo tanto, el delito es inexistente.
Es cierto que el gobierno iraní perdió entusiasmo por el memorándum que firmó con los argentinos cuando advirtió que las capturas internacionales seguían vigentes. Rafecas confirmó lo que había asegurado Nisman: el único propósito de Irán para firmar ese acuerdo fue que se levantaran las circulares rojas de Interpol. Esa parte de la negociación se pareció mucho a un juego de tahúres: Irán no aprobaba en su Parlamento el memorándum a la espera de que se levantaran las órdenes de captura. El gobierno argentino no hacía nada, a su vez, para dejar sin efecto las capturas hasta que los iraníes no concluyeran la aprobación total del acuerdo. Mientras jugaban en ese toma y daca, la justicia argentina declaró inconstitucional el tratado con Irán y le ordenó al Poder Ejecutivo que se abstuviera de insistir en esas negociaciones. Irán retiró entonces el acuerdo de su Parlamento.
Las cosas fueron realmente así. Una primera comprobación lleva entonces a la conclusión que sacó Rafecas: no hubo delito consumado. Sin embargo, el juez decidió no investigar lo que podría ser un delito en grado de tentativa. De la lectura de la resolución del propio magistrado se puede inferir que el delito no se consumó por obra de terceros protagonistas, como fueron los jueces que declararon la inconstitucionalidad del tratado. El delito tiene varios grados y la tentativa es uno de ellos. El juez, por el contrario, se inclinó por mirar el tratado como una decisión política, que puede ser mala o muy mala, pero que no es judiciable.
Dice Rafecas también que no encontró vínculo alguno entre las conversaciones telefónicas de los personajes impresentables de la historia (Luis D’Elía, Fernando Esteche, Andrés Larroque y Jorge «Yussuf» Khalil) y las decisiones del Estado. En efecto, éstos hablaban de las circulares rojas que no se levantaron. Cerca del magistrado señalaron, además, que en esas conversaciones no se encontró «una sola línea» que incriminara al canciller Héctor Timerman y que, al revés, aquellos personajes lo trataban a éste como a un enemigo, con palabras descalificatorias y hasta segregacionistas por su condición de judío. Es probable, no obstante, que D’Elía, Esteche y Khalil, sobre todo, hayan estado enojados con Timerman porque éste se demoraba en cumplir con la parte argentina del acuerdo, que era, precisamente, dejar sin efecto las capturas internacionales.
Hay, con todo, un párrafo muy formal (o ingenuo, si se quiere) del juez. Señala que D’Elía, por más barbaridades que haya dicho, no es funcionario del Gobierno. Esto es, en efecto, formalmente cierto, aunque las fotos públicas (y las propias grabaciones telefónicas que se conocen) demuestran que es un hombre influyente dentro del kirchnerismo desde hace muchos años. Es fácilmente comprobable, por lo demás, su cercanía con el régimen de Irán y con el chavismo venezolano. En una de las grabaciones aportadas por Nisman (y reproducida por Pollicita), D’Elía habla con Khalil por teléfono con manos libres (es decir, con altavoz), le advierte que está «en Presidencia» y que lo está escuchando una persona que no puede nombrar. Esa persona pudo ser el entonces secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, ahora jefe del servicio de inteligencia y viejo amigo de D’Elía. O pudo ser la propia Presidenta. ¿Cómo saberlo sin que haya habido una investigación?
Colaboradores del juez apuntaron que él resolvió no pedir ni una sola de las medidas de prueba que le solicitó Pollicita porque tenía la convicción de que en el expediente no se demostraba nada y porque la decisión de abrir la investigación a pruebas hubiera creado un «escándalo político innecesario». Algunos funcionarios judiciales habían señalado antes que el error de Nisman fue comenzar por el final de los presuntos responsables de un delito; es decir, por la Presidenta y su canciller. Consideraban que la mejor estrategia hubiera sido iniciar una investigación por los de abajo (D’Elía, Esteche, Larroque y Khalil), para llegar luego, si las condiciones se daban, a las instancias más altas de la política nacional. Esto es: reproducir la estrategia judicial que se siguió en Washington con el caso Watergate, que terminó, al final de una larga investigación, con el gobierno de Nixon.
De todos modos, el intento de encubrimiento está no sólo en algunos párrafos de Rafecas, sino también en el propio memorándum firmado con Irán. Los dos países se comprometieron a enviar ese acuerdo a Interpol, envío que ni siquiera estaba sujeto a la aprobación parlamentaria del tratado. Fue Interpol la que exigió más requisitos para dejar sin efecto las capturas, que no cumplieron ni la Argentina ni Irán. La Argentina se comprometió, en el mismo documento, a reclamar la declaración ante la Justicia de los cinco iraníes con circulares rojas de captura internacional.
Se olvidó de que existen otros tres iraníes con pedido de captura por la justicia argentina, a los que Interpol les concedió inmunidades. Se trata del entonces presidente iraní, del entonces canciller de Irán y del entonces embajador iraní en Buenos Aires, todos ocupando esos cargos en el momento del atentado contra la AMIA. Si la declaración debía hacerse amigablemente en Teherán y si no corrían el riesgo de prisión, ¿por qué la Argentina no los incluyó en su reclamo? ¿Por qué no insistió en que la «verdad» necesitaba de sus declaraciones ante la justicia argentina? Las circulares rojas, no la verdad, eran el único propósito de Irán.
La resolución de Rafecas será apelada ante la Cámara Federal. En esa segunda instancia podría prevalecer la línea interpretativa de Rafecas o imponerse la otra corriente de los jueces que existe, claro está, para analizar este caso. Es la que sostiene que no se puede rechazar ninguna hipótesis sin iniciar antes una profunda investigación, sobre todo porque quien la propuso, Nisman, ya no está en este mundo y su muerte se convirtió en una tragedia política no esclarecida aún.
Casi simultáneamente con la decisión del juez, Cristina Kirchner decidió sacudir el árbol de su gabinete. No hizo mucho. Merece consignarse el escaso sentido de la gratitud que tiene la Presidenta. A Jorge Capitanich lo trajo del Chaco con la promesa de que sería candidato presidencial y ahora lo devolvió a su provincia para que compita por la intendencia de Resistencia. Demasiado parecido a un descenso al infierno. En el medio, Capitanich dejó hasta el más mínimo sentido de la dignidad política en busca de la aceptación presidencial. Su final era previsible desde que Aníbal Fernández se reinstaló en la Casa Rosada, porque éste es más eficaz que Capitanich en el arte de conspirar y cortar cabezas.
Una decisión con otro significado fue la designación de Eduardo «Wado» De Pedro en la Secretaría General de la Presidencia. Es el destino de todos los presidentes que se van: rodearse nada más que de incondicionales, de los que sólo acatarán, de los que tienen vida política porque el jefe del Estado se la dio. Aníbal Fernández, que cursó en los últimos años una apresurada carrera para diplomarse en la obsecuencia, y De Pedro son los mejores y definitivos ejemplos de una era que termina.
El juez Rafecas desestimó la denuncia de Nisman contra Cristina
(IN) JUSTICIA. El fiscal muerto el 18 de enero había acusado a la Presidenta y a funcionarios dirigentes K de presunto encubrimiento a iraníes por el atentado a la AMIA.
Por Natasha Niebieskikwiat.
El juez federal Daniel Rafecas desestimó hoy la denuncia presentada ante la justicia por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner, el canciller Hector Timerman y otros funcionarios y dirigentes kirchneristas.
Nisman los había acusado de presunto encubrimiento a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA; lo hizo el pasado 14 de enero, cuatro días antes de su dudosa muerte.
La denuncia fue presentada ante el juzgado de Ariel Lijo. Y luego de que la jueza Servini de Cubria abriera la feria judicial, la denuncia cayó el juzgado de Rafecas.
Altas fuentes judiciales indicaron a este diario la decisión del juez que ya estaría firmada pero se desconocen sus argumentos judiciales de la denuncia que más conmovió al país en el último tiempo. De hecho, el fiscal Pollicita imputó a la mandataria por esta denuncia.
El juez Rafecas rechazó la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner por encubrimiento a Irán
El magistrado desestimó la imputación a la Presidenta que había hecho el fiscal Gerardo Pollicita sobre la base de la presentación del ex titular de la UFI-AMIA
El juez federal Daniel Rafecas rechazó la denuncia que Alberto Nisman presentó contra Cristina Kirchner antes de morir por supuesto encubrimiento a Irán en la causa AMIA. El magistrado desestimó la imputación a la Presidenta que había hecho semanas atrás el fiscal Gerardo Pollicita.
El fiscal había entendido que la presentación de su colega fallecido para investigar si el pacto escondía un intento de exculpar a los acusados por el atentado contra la AMIA tenía elementos suficientes para ser investigado por la justicia federal. Sin embargo, Rafecas no hizo lugar al dictamen de Pollicita, quien ahora podrá apelar esa decisión.
En una extensa resolución, a la que accedió LA NACION, el juez entendió que no había elementos suficientes para abrir una causa penal según lo presentado por Nisman.
«Ha quedado claro, que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el fiscal Pollicita en su requerimiento, se sostienen mínimamente», explicó Rafecas.
El magistrado consideró que el análisis de los elementos «inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de «encubrimiento» y/o «entorpecimiento de la investigación» del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto «plan criminal» denunciado».
Y agregó: «Todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan -en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere -como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas».
Nisman había presentado la denuncia contra la jefa del Estado, el canciller Héctor Timerman , el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Andrés Larroque , el dirigente piquetero Luis D’Elía, el activista Fernando Esteche, entre otros, el 14 de enero pasado, en el juzgado de Ariel Lijo. Cuatro días después, el fiscal de la causa AMIA apareció muerto con un disparo en la cabeza en su departamento de las torres Le Parc.
Tras protagonizar una serie de escándalos, el responsable de la lucha contra el lavado de dinero deberá rendir cuentas ante la Justicia.
Los más que sospechosos servicios que José Sbattella prestó al Gobierno como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano encargado de combatir el lavado de dinero, finalmente le han valido el primer llamado a prestar declaración indagatoria en una de las causas en las que se lo investiga.
Se trata de un sumario a cargo del juez federal Luis Rodríguez en el que se analiza si el titular de la UIF violó el secreto que impone la ley de creación del organismo al exponer en un comunicado y en entrevistas con diferentes medios de prensa detalles de las investigaciones que realiza la UIF. La denuncia la habían efectuado las empresas perjudicadas, entre las cuales se encuentran joyerías, entidades financieras y el Grupo Clarín.
Pero no es la única investigación a la que está sometido Sbattella, un hombre que puso a la UIF al servicio de las necesidades judiciales y políticas del kirchnerismo, desvirtuando su razón de ser: el combate del blanqueo de activos provenientes de actividades ilegales.
Sbattella también se encuentra comprometido en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio por haber retenido, desde 2008 hasta diciembre del año pasado, documentos que estaba obligado a enviar a la Justicia. En esa documentación figuran millonarias transferencias de características sospechosas efectuadas por compañías relacionadas con el pseudoempresario kirchnerista Lázaro Báez por un total de 180 millones de pesos.
Paralelamente, Báez es objeto de varias investigaciones y deberá prestar declaración indagatoria el mes próximo por presunto lavado de dinero.
En su momento, Sbattella llegó al extremo de salir públicamente defensa de Báez y sus operaciones sospechosas cuando afirmó, como si se tratara de su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».
Otra causa que tiene en la mira a Sbattella es la que investiga a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender por posibles negociados con fondos públicos destinados a viviendas sociales que construía o debía construir la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de Hebe de Bonafini.
Luego de que LA NACION revelara en 2012 que Sbattella había desplazado en la UIF a importantes y experimentados especialistas en lavado de dinero para reemplazarlos por familiares y allegados suyos y por militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación que también pesa sobre el funcionario. Le imputó no investigar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y nombramientos irregulares de personas que no estaban en condiciones de cubrir cargos en la UIF.
La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) afirmó que durante su nefasta gestión al mando de la UIF crecieron el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción, «ilícitos precedentes del lavado de dinero». Ocaña agregó que el titular de la UIF «está acusado de proteger a diversos funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno nacional».
Sbattella cuestionó a LA NACION por dos opiniones críticas sobre su gestión y por otros artículos periodísticos. «Estuvieron continuamente diciendo que éramos inexpertos, que lo que se hacía ahí estaba sesgado políticamente y que nos dedicábamos a perseguir a la oposición, y que, de alguna manera, esto invalidaba lo que se estaba haciendo», señaló el titular de la UIF. Los hechos confirman que esto era totalmente cierto.
El combate del lavado de dinero nunca fue una prioridad para las distintas administraciones del kirchnerismo. Es más: el Gobierno impulsó dos blanqueos, en 2008 y 2013, que constituyeron invitaciones abiertas al blanqueo y que atentan directamente contra su combate. Y fue bajo el comando de Sbattella que la UIF pasó a convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo para proteger a sus funcionarios y a personajes allegados reteniendo pruebas que los comprometían y no realizando o demorando las investigaciones que por ley está obligado a efectuar ese organismo.
Hace pocos días, la UIF presentó reportes de operaciones sospechosas contra el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Stiuso, separado de su cargo a fines del año último, tras haber sido un hombre íntimamente ligado al gobierno kirchnerista. Por lo visto, la conducción de la UIF y la fiscalía antilavado esperaron a que la relación de Stiuso con el Poder Ejecutivo pasara del amor al odio para aportar elementos por los que había sido denunciado bastante tiempo antes por el legislador porteño Gustavo Vera.
La persecución de figuras y empresas que han cuestionado al kirchnerismo ha sido otro de los nefastos aspectos que caracterizaron la triste labor de Sbattella.
En forma paralela, y mientras el narcotráfico crece sin freno en la Argentina, la UIF, tras perder especialistas en lavado de dinero, siguió desatendiendo su obligación, lográndose así bajo el kirchnerismo las dos condiciones ideales para el incremento del mortal negocio de la droga: extrema laxitud en el combate del narcotráfico y de la reinversión del dinero que produce ese delito.
Salta a la vista que la función del titular de la UIF ha sido impedir que ésta se constituyera en una eficaz herramienta contra el lavado, al tiempo que se ha ido transformando en un instrumento clave en el otorgamiento de impunidad para unos y de persecución para quienes no comulgan con las ideas de quienes gobiernan.
Hace pocos días, un viejo peronista salió asombrado de una reunión con Carlos Zannini, el funcionario más cercano a la Presidenta. «Decidieron dinamitar todo antes de irse«, contó, consternado. Cristina Kirchner confirmó ayer esa versión de su alucinada estrategia. Demostró también que perdió la capacidad para interpretar los hechos de la política que ella no maneja. La marcha del 18-F fue una inmensa conspiración destituyente, dijo, que tuvo como conjurados, sobre todo, al Poder Judicial y a los medios periodísticos independientes.
Aunque también deslizó alguna línea sobre el poder económico. Nisman merecía el homenaje sólo de su familia (ni siquiera el de ella), insinuó, y, por lo tanto, lo que sucedió en las calles el miércoles último fue una sublevación contra su gobierno.
La reacción presidencial no sólo advierte sobre el decurso febril y furioso de los próximos diez meses, sino también sobre la magnitud de la herencia que recibirá el próximo presidente. Cristina no se detiene en las consecuencias de lo que hace y dice: dinamitó, en efecto, su relación con el Poder Judicial y con un enorme sector social, que pertenece a los decisivos estratos medios de la sociedad. Lo que sigue de aquí en adelante no puede ser otra cosa que una nueva escalada de su radicalización extrema. La Presidenta ha decidido, al mismo tiempo, inscribir el peor recuerdo de su gestión para los tiempos en los que ya no estará en el poder, dramáticamente próximos.
El poder supuestamente conspirativo vive una atmósfera menos delirante. Vale la pena consignar un ejemplo. El fiscal Germán Moldes y Julio Piumato, el máximo dirigente sindical de los empleados judiciales, no se hablaban desde hacía décadas. Los dos militaron en corrientes distintas del peronismo en los años 70 y ambos sufrieron la cárcel y la tortura durante la dictadura. Dos días antes de la marcha del 18-F debieron participar de una reunión con el resto de los fiscales para organizar la manifestación. Cuando se encontraron después de tantos años de distancia, Moldes dudó durante un segundo fugaz y luego corrió para abrazar a Piumato. Así, abrazados, estuvieron durante varios minutos, mientras los dos lloraban desconsoladamente. «Otra vez tenemos un muerto», se repetían uno al otro.
Los otros fiscales, que pertenecen a una generación más joven, observaban entre sorprendidos y conmovidos. «Yo tenía la piel hecha un gallinero», contó uno de los asistentes. El pasado parecía resolverse entre esos dos hombres. Quedaba el presente, pero Moldes y Piumato podrían explicar con ese gesto el espíritu lacerado que se posó en la Justicia y en sus funcionarios. Hay heridas, no golpismo. Lo que sucedió el miércoles último fue algo más que una marcha política y un homenaje póstumo al fiscal Alberto Nisman. Fue la aparición descarnada de un Estado capturado por una facción política, la exposición pública del temor que subyace en las personas que tienen que interpretar y aplicar la ley.
En última instancia, los fiscales, que deben denunciar e investigar en nombre del Estado (incluido el Gobierno), recurrieron a la sociedad en busca de protección. Increíble, aunque forme parte de la realidad. ¿Nisman fue el principio de una lista o la lista se agotó con él? ¿No hubo acaso antes una orden confusa (o no tan confusa) contra el juez Claudio Bonadio? Si la muerte de Nisman fue obra de sicarios iraníes, como suponen servicios de inteligencia extranjeros, la lista sólo lo incluía a él, por ahora al menos. Pero si fuese una dramática conclusión de su denuncia contra el gobierno argentino, esa eventual lista podría ser más extensa aún y no agotarse ni siquiera en funcionarios judiciales. Éstas son las inferencias que se escuchan entre jueces y fiscales. El miedo no está ausente entre ellos, como no lo estuvo entre los que manifestaron el miércoles. Cristina Kirchner aportó ayer más miedo al miedo preexistente.
Ese pedido de ayuda de los fiscales llegó al inconsciente colectivo. No es casual que el fiscal más ovacionado durante la marcha haya sido José María Campagnoli, a quien estuvieron a punto de echar cuando intentó hurgar en la fortuna de Lázaro Báez. La popularidad de Campagnoli tiene su explicación en que fue, junto con Nisman, el fiscal más perseguido en los últimos tiempos por el poder cristinista. Campagnoli debió recurrir a los medios periodísticos, sobre todo a la televisión, para defender su estabilidad como fiscal. Una gran derrotada del miércoles fue también Alejandra Gils Carbó, quien persiguió a Campagnoli, se mostró indiferente frente a la muerte de Nisman y capitaneó la dolorosa fractura que existe en la Justicia. Son las órdenes de Cristina y sus consecuencias.
Casi todos los fiscales que encabezaron la marcha son perseguidos por Gils Carbó, con métodos directos o indirectos, a través de sanciones o del nombramiento de comisarios políticos en sus fiscalías. En la cabeza de la marcha estuvo, por ejemplo, Carlos Rívolo, el fiscal que investigó el primer y fundamental tramo de la causa contra el vicepresidente Amado Boudou por la compraventa de Ciccone. O Carlos Stornelli, que lleva junto con Bonadio la investigación por lavado de dinero en hoteles de la Patagonia por parte de Báez y la familia Kirchner. Bonadio y Stornelli son ahora las bestias negras para la furia presidencial. En la mira de esos dos funcionarios están ella y su hijo.
La ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, liberó a los fiscales, con sus últimas declaraciones, de la obligación de explicar por qué marcharon. Nisman no se suicidó. Fiscales y jueces lo dicen ahora abiertamente. Jamás Nisman se hubiera suicidado con un disparo en la cabeza, en el baño y en calzoncillos. Tenía un sentido demasiado obsesivo de la estética como para hacer las cosas de ese modo. Nadie encuentra, además, una sola razón personal o política para que haya llegado a esa determinación. «O lo mataron los servicios iraníes o algún sector de los servicios argentinos», resumió un fiscal que conoce el episodio de la muerte desde el primer minuto.
Julio Bárbaro suele decir que la Corte Suprema de Justicia salvó a la democracia argentina de los estragos del kirchnerismo. «¿Ustedes se imaginan qué habría sido de la democracia si en la Corte hubiera habido tres jueces más como Zaffaroni?«, argumenta. Es cierto. Aun con decisiones polémicas, la Corte siempre dejó abierta la posibilidad de frenar las arbitrariedades en la aplicación de sus propias resoluciones. La pregunta tiene un sentido más amplio. Con un Poder Ejecutivo claramente autoritario y con un Parlamento disciplinado y sumiso, ¿qué hubiera sido de la democracia argentina con una Corte Suprema fanáticamente kirchnerista?
Ahora son los jueces y fiscales los que están dolidos y sublevados. Están haciendo lo que antes no hacían. Su deber es hacer, no demorar las decisiones. La confirmación del procesamiento de Boudou por la causa Ciccone explica lo que sucede en la Justicia. Esa resolución estaba prevista para fin de mes, pero se produjo un día después de la multitudinaria marcha del miércoles. Los jueces saben que nadie pide lo que tiene. Y la sociedad que salió a la calle reclamó justicia y criticó la impunidad. ¿Ese apoyo popular no conllevó también, acaso, un reclamo al trabajo de los jueces y fiscales?
Claro que sí. Y así lo entendieron ellos en las reuniones posteriores a la manifestación. Bonadio, el juez amenazado y el más detestado por el kirchnerismo, fue confirmado al frente de la causa por lavado de dinero. El juez Ariel Lijo, que llevó la investigación de Ciccone contra Boudou, fue elogiado por sus propios pares luego de la ratificación del procesamiento del vicepresidente. Boudou está a las puertas del segundo juicio oral y público por hechos de corrupción. Los diez meses que le quedan podrían resultar un infierno para él. A veces, la deshonestidad y la mentira se pagan en este mundo.
Es probable que todo el Gobierno atraviese diez meses convertidos en un infierno. La Justicia podría sorprenderlo cada quince días o un mes con otra decisión adversa y dura. Es la vieja estrategia de los jueces cuando rompen relaciones. Mucho más cuando saben, desde ayer, que están en medio de una guerra sin medida, sin límites y sin códigos.
Frío, pragmático, descarnado, lo que este peronista de trayectoria en la gestión plantea es un asunto que obsesiona al poder y no de ahora, la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es terminar entre rejas. Según esta visión, la obsesión por manejar la Justicia, nombrar jueces, controlar sus vidas e intervenir en sus decisiones tienen ese trasfondo, garantizar que el ejercicio del Poder Ejecutivo no sea la escala inevitable a la cárcel.
Dicho así, parece razonable la pesadumbre que se vive en Comodoro Py, donde «ya no se discuten expedientes, sino qué esquema de seguridad organizaste con tu familia y con qué armas estás preparado para cuando vengan a atacarte», según lo relata una experta en esos pasillos. En efecto, en los tribunales más calientes, donde se ventilan causas contra los ministros Héctor Timerman, Julio De Vido, Julio Alak, el jefe de las Fuerzas Armadas, César Milani, los dirigentes camporistas Mariano Recalde y Andrés Larroque, más la Presidente, sus dos hijos y el Vicepresidente, entre decenas de investigados, el ánimo está por el piso. Las presiones sobre los jueces, secretarios de juzgado, incluso secretarios de despacho se incrementaron en los últimos días. Después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, amenazas por debajo de la puerta, mensajes a través de conocidos, sospechosos robos en hogares de asistentes en causas que generan preocupación en el Gobierno.
En ese contexto, no sorprendió en Tribunales que el juez Claudio Bonadio no haya convocado todavía a Máximo Kirchner a testimoniar en la causa sobre supuesto lavado de dinero de la empresa Hotesur S.A., propietaria y administradora del hotel Alto Calafate, de la que es dueño por ser parte heredera de la sucesión Néstor Kirchner y también, aparentemente, por ser el poseedor de un 2 por ciento de las acciones originales. Una fuente del gobierno nacional asegura, además, que el hijo de la Presidente está en la mira por haber firmado 1.800 cheques y varios balances como responsable de la compañía.
Otros kirchneristas van todavía más allá. Cuestionan la existencia misma de que el Estado esté dividido en tres poderes independientes entre sí, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que funcionan como un sistema de controles y contrapesos para proteger al individuo frente al despotismo, tal como lo definió en el siglo XVIII el Barón de Montesquieu. Lo que existe es el líder carismático, las movilizaciones y los actos masivos para aclamarlo, los medios de comunicación deben reproducir ese estado de éxtasis entre el líder y la masa y los poderes Legislativo y Judicial interpretar fielmente a la cabeza del Poder Ejecutivo. De eso se trata un gobierno popular.
