Argenzuela: parte I.
Editorial del diario La Nación, 30/08/14.
El kirchnerismo encontró en la Venezuela chavista el modelo para construir un Estado desmesurado donde la división de poderes brilla por su ausencia.
Américo Vespucio bautizó «pequeña Venecia» a las nuevas tierras que hoy conforman Venezuela. Se equivocó Vespucio en su predicción, pues bajo la cuenca de Maracaibo había un enorme mar de petróleo y el diminutivo le quedó chico. El nombre de nuestro país, en cambio, nunca fue diminuto. Nació asociado a la prosperidad, pues la Argentina era el camino hacia el «argentum», la plata que se encontraría remontando el río color león. Aquí se equivocó el poeta Martín del Barco Centenera, pues la «plata» provino del cultivo de la tierra y no de tesoros del inca peruano.
La pequeña Venecia fue una gran nación, cuna de Simón Bolívar, Francisco Miranda, Andrés Bello, Rómulo Gallegos y Arturo Uslar Pietri, entre tantos patriotas e intelectuales. Lamentablemente, también tuvo al dictador Marcos Pérez Jiménez y a su admirador, Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde 1999 hasta su muerte, en 2013. Dos militares, uno de extrema derecha y el otro, socialista. Ambos unidos en su visión totalitaria del gobierno, en su populismo y corrupción.
El kirchnerismo encontró en Venezuela el modelo para construir un Estado desmesurado en una Argentina diminuta. Para hacer de la Argentina una Argenzuela.
Néstor Kirchner advirtió que la soja argentina, como el petróleo venezolano, servía para acumular poder mediante empleos públicos, subsidios tarifarios y estrafalarios, jubilaciones sin aportes, pensiones sin razones, sometimiento provincial y clientelismo popular. Y muchos planes para militar y haraganear antes que para trabajar.
En ambos países, la desmesura presidencial pretendió hacer añicos la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y la libertad de prensa. Poco quedó del nombre «República» a la designación oficial de las dos naciones.
Como todo proceso autoritario, aquí y allí se atemorizó a la población con la amenaza de enemigos internos y externos. Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, denunciaron conspiraciones. Cristina Kirchner, buitres de adentro y buitres de afuera. Al momento de definir aliados, Irán, Siria, Libia y los gigantes Rusia y China fueron los socios dilectos de chavistas y kirchneristas. Esto es, países de una ostensible fragilidad institucional.
La enorme billetera de Chávez permitió soslayar al Fondo Monetario Internacional. La Argentina emitió bonos por más de 4.000 millones de dólares que tomó nuestro mentor, a una tasa usuraria. El dinero corrió también en sobres y valijas, en aviones y vehículos oficiales. Una inspectora descubrió allá por 2007 una valija repleta de dólares de Guido Alejandro Antonini Wilson, que según su portador estaban dirigidos para la campaña de Cristina Kirchner. De acuerdo con Antonini, la valija era de Claudio Uberti, por entonces mano derecha del ministro Julio De Vido. Uberti fue sobreseído. No ocurrió lo mismo con Eduardo Sadous, ex embajador en Venezuela, quien denunció una «embajada paralela» en Caracas, manejada por Uberti, para hacer negocios non sanctos. Como en el reino del revés, quien fue injustamente procesado por falso testimonio agravado fue Sadous.
Como en todo populismo, en Venezuela y la Argenzuela (nos duele escribirlo así) se destruyó la cultura del esfuerzo y del trabajo, el ahorro y la inversión privada, se politizaron todos los ámbitos del quehacer colectivo y la población fue cada vez más dependiente del Estado.
Chávez lanzó diversas «misiones», para lograr «en la próxima década, cero pobreza». Las misiones se financiaron con la burbuja petrolera, inflada con precios de 150 dólares por barril en 2008, que cayeron a la cuarta parte a fines de ese año. La soja había llegado a 600 dólares la tonelada y también cayó a menos de 400 en un santiamén. Al agotarse los recursos públicos, el rey quedó desnudo y ambos países se arroparon en la inflación, los controles y la persecución empresaria para ocultar el lado más oscuro de sus partes pudendas.
El año pasado, Venezuela tuvo la mayor inflación del mundo: un 56,2%. Su mejor alumna, la Argentina, hizo un gran esfuerzo imprimiendo billetes y acaba de obtener el bronce, con el 36,9% de inflación interanual. En contrapartida, países como Chile, Perú, Ecuador o Colombia registraron tasas inferiores al 3%. Aun Bolivia y Paraguay tienen niveles de inflación apenas superiores a ese dígito y muy distantes del argentino.
La inflación genera pobreza, exclusión e inequidad. En Venezuela y en la Argentina, la pobreza supera el 27%. Si la violencia es resultado de la desigualdad, no es de extrañar que la inseguridad haya crecido en ambos países. Entre los venezolanos, la tasa de homicidios es de 53,7 por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa promedio mundial es algo inferior a 7. En nuestro país, la tasa es creciente, sobre todo en el conurbano, y es indecorosa la referida a las muertes de agentes policiales. La pobreza y las drogas colocan a la Argentina en la tasa de robos más alta de América, 973 cada 100.000 habitantes, cuando el promedio es de 456.
Con su tercer mandato, Chávez abandonó la actitud reformista, para adoptar el llamado socialismo del siglo XXI, con el lema «Patria socialista o muerte», semejante a nuestro «Vamos por todo». A partir de entonces, su dedo índice bastó para señalar el límite entre lo público y lo privado: «¡Exprópiese, exprópiese!», fue el latiguillo del comandante de Sabaneta para ordenar expropiaciones, como los zares rusos.
Al compás de sus humores, dispuso una ola de expropiaciones de empresas en áreas estratégicas, como la telefónica, la alimentaria y la petrolera. Se nacionalizaron 1168 compañías en una década. En su impulsiva ignorancia, mezcló industrias básicas con alimentos y supermercados con ferries o teleféricos.
Así, expropió la Biblia y también el calefón. En la Biblia del estatismo están los teléfonos, el petróleo, la energía y el acero. Para la petrolera Pdvsa, los yacimientos en la Faja de Orinoco, de ExxonMobil. Para los sindicatos, la siderúrgica Sidor, subsidiaria de la argentina Tenaris, y toda la industria cementera: la colombiana Cemento Andino, la francesa Lafarge, la suiza Holcim y la mexicana Cemex. También la energía pasó a la gestión burocrática, como Electricidad de Caracas (ex AES). Y para incomunicar al país, estatizó la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela.
«Ordeno que se abra un expediente con miras a un proceso expropiatorio de la cadena Éxito», bramó el comandante y allí se encontraron los franceses del grupo Casino, sin su supermercado. «Exprópiese», dijo respecto del principal fabricante de envases de vidrio Owens Illinois, supuestamente por explotar a los trabajadores y contaminar el medio ambiente. Cargill fue intervenida por atentar contra la ley de producción de alimentos. Y para garantizar la seguridad alimentaria, la petrolera Pdvsa adquirió Lácteos Los Andes. Por la misma época, el gobierno compró el Banco de Venezuela al Santander y, de manera forzosa, la cadena Hilton.
Las empresas de capital local tampoco fueron exceptuadas. Supermercados Cada, Molinos Nacionales, la Industria Nacional de Ferretería, la textilera Silka y el Teléferico de Caracas, entre otras. Hasta el ferry a la Isla Margarita pasó a la gestión pública.
Como indica el manual bolivariano, antes de que desaparezca el capitalismo, se debe beneficiar a los amigos para que ahorren en el exterior, una derivación tropical del socialismo que sorprendería al propio Marx. En Venezuela, la «boliburguesía» se enriqueció con PDVSA, el narcotráfico, la sobrefacturación de importaciones y las operaciones con bonos argentinos.
En la Argentina, se crearon varios imperios particulares, a contrapelo del éxodo de inversores externos, con el apoyo estatal. Cristóbal López pudo hacer rentable Alcalis de la Patagonia; pagó a Petrobras sus estaciones de servicio con el impuesto a los combustibles, y se quedó con Radio 10 y C5N. Este Cristóbal tuvo más suerte que el genovés, pues fue coronado como rey del juego mediante el inolvidable decreto que lo «intimó» a quintuplicar las tragamonedas de Palermo y le extendió la concesión por muchos años más.
El imperio patagónico de Lázaro Báez incluyó estancias sumergibles y hoteles alquilados y no ocupados, además de sociedades en el estado de Nevada, EE.UU. Otros amigos del poder se las ingeniaron para convertirse en grandes contratistas del Estado. Y la sumisión al relato oficial hizo posible que el grupo Szpolski, financiado con pauta publicitaria, ahora también aspire a operar en telefonía móvil, si logra comprar Nextel en la región.
El capitalismo de Estado, al estilo de Venezuela, nunca fue la idea de Néstor Kirchner. Prefería controlar las empresas y, eventualmente, que las comprasen los amigos (capitalismo de amigos), como intentó con Telecom o con Telefé.
Las estatizaciones se produjeron por motivos coyunturales o fracasos de gestión, llámense Correo Argentino, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, Tandanor y varias líneas ferroviarias. Luego Kicillof apuntó a YPF, motivado por sus apuros de tesorería. Y desde allí se entrometió en Profértil, Compañía Mega, Petroken y Metrogas.
La expropiación de los fondos de las AFJP permitió a la Anses gastar el ahorro de los jubilados en planes «de cadena nacional» y designar jóvenes camporistas para disciplinar los directorios de numerosas empresas de capital abierto.
En tiempos de la Argentina mayúscula, se adoptó el modelo de los países exitosos, fomentando la educación y el trabajo verdadero. Ese modelo permitió atraer a todos los excluidos del mundo, quienes formaron aquí sus familias, construyendo sus casas, ahorrando con libreta y enorgulleciéndose de tener un «hijo dotor». Inexplicablemente, las actuales autoridades parecen decididas a borrar de nuestra memoria ese pasado y a convertirnos en Argenzuela, paria mundial donde crecen la inflación, la pobreza, la violencia, el narcotráfico y la drogadicción. Como ocurre en nuestro actual modelo, la Venezuela chavista.
Fuente: Editorial. La Nación, 30/08/14.
El vínculo entre el dinero y la política, una sombra que persigue a los Kirchner.
Por Santiago Pérez y Taos Turner.
RÍO GALLEGOS, Argentina — Durante los 11 años en los que han dominado la política nacional, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su difunto esposo, Néstor Kirchner, han acumulado una pequeña fortuna.
Entre 2003, cuando Néstor Kirchner fue electo presidente, y 2010, cuando murió, el patrimonio de la pareja aumentó de US$2,5 millones a US$17,7 millones, según sus declaraciones juradas anuales ante la Oficina Anticorrupción. Muchos argentinos quieren saber de dónde provino ese dinero.
Una serie de investigaciones judiciales ha sacudido la política argentina al dirigir la atención a negocios de altos funcionarios y sus socios. A fines de junio, el vicepresidente Amado Boudou fue procesado por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con su función en relación a la compra de una imprenta en bancarrota. Un ex secretario de Transporte fue procesado en abril bajo cargos de enriquecimiento ilícito. Ambos han negado las acusaciones. Hace dos años, una ex ministra de Economía fue condenada por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de documento público en una investigación sobre una bolsa con efectivo hallada en el baño de su oficina.
No obstante, la investigación que ha generado más polémica tiene que ver con un empresario del sector constructor con lazos estrechos con los Kirchner. Un fiscal en Buenos Aires acusó a Lázaro Báez de lavar cerca de US$65 millones a través de una red global de empresas fantasma. El fiscal, José María Campagnoli, dijo en una entrevista que el dinero habría sido desviado de fondos del gobierno destinados a obras públicas y que Báez era testaferro de los Kirchner.
Pero la pesquisa de Campagnoli fue interrumpida cuando las autoridades judiciales lo suspendieron, acusándolo de excederse en sus funciones y filtrar información a los medios. Campagnoli niega las acusaciones y afirma que es perseguido por investigar la corrupción. Ahora encara un proceso judicial por el que podría ser destituido.
En una entrevista, Báez negó las acusaciones del fiscal, que calificó como parte de una campaña para perjudicar a su empresa y desacreditar al gobierno kirchnerista. Un portavoz de Báez ha dicho que el empresario no tiene inversiones en ningún país fuera de Argentina.
Funcionarios del gobierno de Kirchner no respondieron a pedidos de comentarios sobre la riqueza de la presidenta o las investigaciones de corrupción. En su única declaración pública sobre su patrimonio —un intercambio tenso y escueto con estudiantes de la Universidad de Harvard en 2012— Kirchner, de 61 años, dijo: «Teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también, gracias».
Pero los escándalos han socavado la popularidad de Kirchner en un momento delicado. Cuando le quedan menos de 18 meses de mandato, la presidenta intenta estabilizar una de las economías más vulnerables de América Latina. La inflación galopante y la escasez de divisas han llevado a Argentina a la recesión. Sólo 26% de los argentinos aprueban su gestión, según una encuesta reciente de la consultora Management & Fit.
Asimismo, el país mantiene una disputa judicial con un grupo de acreedores extranjeros. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó analizar un fallo de un tribunal de menor instancia que exige a Argentina pagar toda la deuda que mantiene con un puñado de bonistas que rechazaron su oferta de unos 30 centavos por dólar sobre cerca de US$100.000 millones en deuda que incumplió en 2001. El gobierno sostiene que no tiene dinero para acatar la orden. Pero si no lo hace hasta el miércoles, el país podría enfrentar su segunda cesación de pagos en 13 años.
Uno de los acreedores que no aceptaron canjes —conocidos como holdouts—, el fondo de cobertura estadounidense NML Capital Ltd., quiere que una corte federal de Nevada le ayude a embargar activos que, afirma, están en manos de firmas fantasma de Báez, alegando que el dinero fue básicamente robado del Estado argentino. Un tribunal federal de Nueva York ha determinado que NML tiene derecho a obtener información sobre activos argentinos en el exterior en su intento por cobrar la deuda. Un vocero de Báez describió la solicitud de NML como «oportunista y poco seria en su concepción».
Los Kirchner forjaron una exitosa reputación en Argentina al presentarse como defensores de los oprimidos. Cristina Kirchner fue electa en 2007, reemplazando a su marido.
Manuel Garrido, un ex fiscal anticorrupción durante los mandatos de los Kirchner, dice que los escándalos «reflejan el surgimiento de un capitalismo clientelar, oligarcas que emergieron en la última década al calor de sus vínculos con los funcionarios». Garrido renunció en protesta en 2009, afirmando que los Kirchner limitaron sus poderes de investigación después de que indagó presuntos actos de corrupción que involucraban al gobierno. Funcionarios no respondieron a pedidos de declaraciones.
Austral Construcciones S.A., la principal empresa de construcción de Báez, fue creada semanas antes de que Néstor Kirchner asumiera el poder en 2003. Desde que la pareja se mudó a la Casa Rosada, el palacio presidencial, la firma de Báez ha recibido cientos de millones de dólares en contratos de obras públicas en Santa Cruz y se ha convertido en el mayor empleador del sector privado en la provincia.
Báez, de 58 años, contó que conoció a Néstor Kirchner jugando al basquetbol y al fútbol en los años 70. Su amistad se fortaleció gracias a su amor por los deportes y el activismo político en el movimiento peronista. Kirchner solía ir a su chacra, dijo, para jugar al fútbol y comer asados.
Durante una entrevista en su oficina, sentado frente a una inmensa fotografía de los Kirchner en un acto político, Báez dijo que su empresa se expandió rápidamente porque los Kirchner elevaron el gasto público para fomentar el crecimiento regional, el empleo y el desarrollo social.
«Esta no es una empresa fantasma», aseveró mientras caminaba por la sede de su firma en Río Gallegos, la melancólica capital de Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Mostró docenas de topadoras, trituradoras, camiones y otra maquinaria pesada.
Báez afirmó que el gasto público de los Kirchner transformó Santa Cruz, una provincia rica en petróleo, y el país. Dijo que Austral Construcciones cambió las reglas del juego en un sector donde media docena de compañías dominaban las licitaciones de obras públicas. Conduciendo su pickup Toyota Hilux negra por Río Gallegos, señaló una nueva escuela y proyectos de vivienda pública que su empresa construyó con financiamiento del gobierno nacional.
«La mayoría que escribe sobre esto no sabe lo que hacemos,» comentó mientras caminaba por el gimnasio de la nueva escuela. Aseguró que este tipo de infraestructura moderna no existiría sin los Kirchner.
«La cuestión judicial nos ha hecho un daño gigantesco,» indicó. El escándalo «nos quita a nosotros mucho nivel de participación en la obra pública, es una manera elegante de sacarnos de la cancha».
Báez dijo que el negocio de su empresa es transparente. Atribuyó el escándalo a un intento de sus detractores por descarrilar sus esperanzas de ganar una licitación para construir un proyecto hidroeléctrico de casi US$5.000 millones.
En abril de 2013, el periodista argentino Jorge Lanata hizo revelaciones sobre la empresa de Báez en su popular programa de noticias. «Periodismo para todos» mostró entrevistas grabadas con una cámara oculta a Leonardo Fariña, quien dijo que manejaba una fortuna de US$5.000 millones para Báez y se desempeñaba como su valijero.
En los videos, Fariña afirmó que socios de Báez cargaban valijas de efectivo en el jet ejecutivo del empresario y las transportaban a Buenos Aires. Allí, el dinero era llevado a una firma de servicios financieros conocida informalmente como «La Rosadita», afirmó, a cinco cuadras de la Casa Rosada. Había demasiado dinero para ser contado a mano, explicó, así que lo pesaban para determinar su valor y luego lo enviaban a paraísos fiscales. Fariña también contó haber jugado al fútbol y socializado con Néstor Kirchner. Federico Elaskar, dueño de la firma financiera, apareció en el programa y corroboró los comentarios de Fariña.
Después de la emisión del programa, tanto Fariña como Elaskar se retractaron, diciendo que le habían mentido a Lanata. Pero Campagnoli dijo que su equipo verificó sus vínculos con Báez y su participación en una presunta trama de lavado de dinero que utilizó una red de empresas fantasma.
En una reciente entrevista, Campagnoli alegó que Báez era un testaferro de los Kirchner y que desvió fondos destinados a proyectos de obras públicas. Dijo que solicitó allanamientos en las residencias de los Kirchner para conseguir pruebas. El pedido fue rechazado por un juez. Báez aseguró que llevó a cabo los contratos de obras públicas de forma apropiada y desestimó como «ridículas» las acusaciones de que había trasladado valijas de efectivo.
En diciembre pasado, después de que Campagnoli presentó dos informes a un juez federal, fue suspendido tras ser acusado de filtrar información y excederse en su jurisdicción.
El caso fue tomado por otro fiscal y ahora está en manos del juez federal Sebastián Casanello. A principios de mayo, procesó a Fariña y Elaskar por lavado de dinero no relacionado a sus presuntos vínculos con Báez, pero no ha presentado cargos contra el empresario. La investigación continúa.
Fariña se encuentra en la cárcel mientras aguarda un juicio por evasión fiscal vinculado a otra investigación. Su abogado, Iván Mendoza, reconoció que su cliente había llevado a cabo negocios con Báez pero dijo que Fariña no es culpable y que está pagando un precio por su estilo de vida extravagante.
Intentos de contactar a Elaskar y su abogado fueron infructuosos. Elaskar negó los cargos en su testimonio en la corte y añadió que el programa de TV le significó grandes problemas. «Me metieron en una máquina de hacer chorizos», sostuvo.
Campagnoli fue restituido como fiscal la semana pasada, pero el proceso que finalmente podría costarle el cargo continúa. «Sabíamos que iba a terminar mal», aseveró. «Lo hice porque soy un fiscal y tengo un equipo que piensa como yo».
Ignacio Rodríguez Varela, un secretario judicial quien trabajaba para Campagnoli, dijo que la investigación «era como lo que se podía ver a través del ojo de una cerradura, por lo que pudimos ver y lo que podríamos haber descubierto si se nos hubiera permitido continuar.»
Ricardo Monner Sans, un abogado que ha denunciado casos de corrupción, sostuvo que el juez a cargo del caso «ha hecho todo un esquive referido a Báez. Si profundiza, debería llegar a los Kirchner».
El juez Casanello lo negó. «Un juez tiene que buscar la verdad a toda costa sin olvidarse nunca de respetar los derechos garantizados en la Constitución y el código procesal», dijo. «Es falso que no se investiga o que se investiga lentamente».
El creciente patrimonio de los Kirchner había sido objeto de una investigación en 2009. El juez federal Norberto Oyarbide, quien ha sobrevivido reiterados intentos de destituirlo de su cargo, sobreseyó al matrimonio. Afirmó que los investigadores concluyeron que no había problemas y que el caso quedaba cerrado.
Garrido, el fiscal anticorrupción que renunció en 2009, y Alfredo Popritkin, un contador forense y ex perito de la Corte Suprema, señalaron en entrevistas que los Kirchner nunca explicaron de forma fehaciente cómo incrementaron su riqueza de US$5,4 millones en 2007 a US$12,8 millones en 2008.
En sus declaraciones, los Kirchner indicaron que obtuvieron la mayor parte de su patrimonio mediante numerosas transacciones inmobiliarias en Santa Cruz y de depósitos de efectivo.
Garrido dijo que no se hizo una valuación apropiada de los activos inmobiliarios. Popritkin aseveró que el matrimonio nunca presentó documentos que demostraran cómo lograron obtener tasas de interés mayores a las del mercado.
Los vínculos empresariales entre Báez y los Kirchner son extensos, según documentos a los que tuvo acceso The Wall Street Journal. Incluyen préstamos, transacciones de inmuebles, copropiedad de terreno y desarrollos inmobiliarios conjuntos.
También involucran pagos relacionados con Alto Calafate, un hotel boutique que pertenece a los Kirchner en un destino turístico en la Patagonia cerca del glaciar Perito Moreno.
En 2010, por ejemplo, la empresa de Báez alquiló 90 noches de habitaciones por mes en el hotel, uno de varios que poseen los Kirchner en El Calafate, según una copia del contrato visto por The Wall Street Journal. Una habitación en el hotel cuesta entre US$140 y US$238 la noche, indica el documento. Al precio inferior, eso generaría cerca de US$4.500.000 en ingresos hoteleros en un año.
El vocero de Báez reconoció los acuerdos. El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, dijo que las transacciones hoteleras son «acuerdos privados entre personas y que fueron declarados tanto por el ex presidente como por la actual presidenta».
En la última década, Báez se ha convertido en uno de los mayores terratenientes de Argentina, al comprar decenas de miles de hectáreas en Santa Cruz, de acuerdo con registros públicos.
En 2006, Jorge Molfino, un residente de Santa Cruz, vendió un rancho de 10.000 hectáreas a Austral Construcciones. Molfino dijo que pidió US$1,5 millones, pero que un representante de Báez ofreció pagarles US$1,6 millones en ocho cuotas, bajo la condición de que la última de US$200.000 fuera destinada a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Aceptó la propuesta.
Voceros de Báez y el gobierno no respondieron a pedidos de comentarios.
Tras la muerte de Néstor Kirchner, Báez erigió un mausoleo de tres pisos en su honor en Río Gallegos, inspirado en el Dôme des Invalides en París, donde se encuentra la tumba de Napoleón.
Una placa conmemorativa, colocada por Báez, adorna una pared adyacente a la entrada: «Aquí descansa Néstor Carlos Kirchner, el santacruceño que cambió la Argentina y, sobre todo, un amigo».
Fuente: The Wall Street Journal, 29/07/14.
Un estudio uruguayo tuvo un rol clave en la ruta del dinero K.
Por Daniel Santoro.
El Reporte de Operaciones financieras Sospechosas de las islas Seychelles, al que accedió Clarín en exclusiva, también revela que el pedido de creación de parte de las 148 empresas fantasma de Las Vegas, EE.UU., que administra Aldyne, partió del estudio uruguayo JP Damiani & Asociados.
En el “suspiciuous activity report form” (el nombre en inglés del reporte) la representante del estudio panameño Mossack Fonseca, Helen Ernesta, en Seychelles informa que su cliente es ese estudio uruguayo, propiedad del presidente del club Peñarol de Uruguay, Juan Pedro Damiani.
Luego afirma que los beneficiarios finales de Aldyne son el corredor de Bolsa argentino Jorge Antonio Galitis y un abogado que Clarín no puede nombrar por una medida cautelar de la Justicia (Ver aparte), tal como reveló este diario el miércoles.
El estudio Damiani pidió a Mossack la creación de Huston, Eyden, Ivy Lane Group LLC, Abble Holding LLC, Nat Enterprises Ltd, Trenton Properties Ltd, Neymar Investments LLC, Fintech Holdings LLC, Essex Holdings Group LLC, Coreley Properties Inc LLC y Balmont Holdings Ltd., entre otras. Todas estas firmas de pantalla fueron creadas a pedido de la empresa suiza Helvetic Services Group que dirige el italoargentino Marcelo Néstor Ramos. Helvetic es la actual dueña de la financiera “SGI” conocida como “La Rosadita” que según la primera versión de su ex dueño, Federico Elaskar, se usó para sacar del país 50 millones de euros que habrían pertenecido al empresario K Lázaro Báez. El fiscal José María Campagnoli, el primero que investigó a Báez, incluyó a la totalidad de esas 148 empresas en la ruta del dinero K.
Galitis negó ser el beneficiario final o dueño de Aldyne y fuentes allegadas al operador de Bolsa admitieron que sí es “dueño de Huston Management LTD”.
Las fuentes afirmaron que “ es un error o una maniobra que Galitis haya sido nombrado como dueño de Aldyne en ese reporte de Seychelles”.
El corredor de Bolsa “compró Huston para adquirir un departamento en Puerto Madero ”. Las acciones de Huston estaban embargadas por la jueza del fuero penal ordinario Gabriela Lanz a pedido de Campagnoli, pero luego esta causa se sumó a la que investiga el juez federal Sebastián Casanello. Eyden, también compró departamentos en el barrio más nuevo de Buenos Aires. Casanello deberá determinar si estas firmas se usaron en la ruta del dinero K o en maniobras de evasión impositiva.
Fuentes del estudio Damiani consultadas por Clarín afirmaron también que “es un error que Galitis” y el abogado que no se puede nombrar sean los dueños de Aldyne, pese a que todos sus datos personales estén en el reporte. Para estas fuentes Aldyne “es propiedad de la panameña Mossack Fonseca” para administrar las 148 firmas armadas en Las Vegas.
En el reporte de Seychells se nombra a 8 panameños, entre ellos Leticia Montoya, pero como directores y asistentes no como “beneficial owners”, cargo que atribuye a Galitis y el abogado. Entre los miembros de Aldyne se incluye a Apsley Foundation, otro misterio, de esta telaraña de empresas que tienen a Helvetic, como punto en común.
Fuente: Clarín, 27/07/14.
Cómplices silenciosas de la corrupción.
Por Laura Di Marco.
El avance de la investigación de Ariel Lijo sobre la ex Ciccone no hace más que darle la razón a Laura Muñoz, la mujer que denunció en soledad a Amado Boudou y a Alejandro Vandenbroele, su ex marido, y supuesto testaferro del vicepresidente. Desde dentro de la sociedad conyugal, esta instructora de equitación y maestra de chicos de primaria que no leía diarios ni entendía de política («antes de Ciccone, mi vida transcurría entre niños y caballos», revela) sí entendió, sin embargo, que lo que estaba haciendo su pareja era un delito.
«Podría haber seguido con él o podría haberme separado sin decir nada. O podría haber hecho un arreglo de dinero y hoy estaría tomando sol en Miami, a cambio de mi silencio, como tantas. Pero yo convivía con un hombre que se estaba robando la plata de todos y no podía cargar con esa responsabilidad», reconstruye la ex de Vandenbroele, cuyo testimonio fue clave en la causa judicial que hoy hace temblar al gobierno kirchnerista.
Laura Muñoz aparece, por caso, como la contracara de la infanta Cristina, la hermana del nuevo rey de España, quien por estos días también está en el candelero mediático por un fraude al Estado atribuido a su esposo, Iñaki Urdangarin. Luego de tres años de investigación, la justicia española utilizó una figura curiosa para incluir a la infanta entre los procesados. La acusó de «complicidad silenciosa». Una complicidad que, según sospecha el juez, le permitió «lucrar en beneficio propio y facilitar los medios para que lo hiciera su marido».
Es que las conductas opuestas de estas dos mujeres, que parecen tan distintas entre sí, iluminan un mismo dilema ético: los distintos niveles de responsabilidad en la trama corrupta. Por ejemplo, ¿se puede alegar inocencia cuando se disfruta de un bienestar económico que supera largamente los ingresos comprobables de una familia? O, dicho de otro modo: si la familia de un funcionario que gana 30.000 pesos lleva el nivel de vida de un megamillonario, ¿tiene derecho la mujer de ese hombre a desconocer el origen de tanta inexplicable prosperidad?
En Blue Jasmine, Woody Allen reflexiona sobre el umbral de tolerancia en el amor conyugal, entrelazándolo provocativamente con el delito económico. Jasmine (Cate Blanchett) lleva una vida glamorosa junto a su millonario esposo (Alec Baldwin). Él se muestra como un filántropo cuando, en realidad, es un estafador. Una verdad que Jasmine no ignora, pero con la que convive para evitar poner en riesgo la relación conyugal, mientras disfruta de la buena vida en común. Sin embargo, el cuento de hadas llega a su fin el día en que él la deja por otra mujer. Recién entonces ella decide denunciarlo ante el FBI.
«Pero al revés de estos casos y a pesar de haber corrido riesgos, Laura Muñoz decidió sostener su palabra, dando un ejemplo de ética pública que le hace bien al país», reflexiona Diana Maffía, actualmente a cargo del Observatorio de Género, en la justicia de la ciudad de Buenos Aires.
Porque según el relato de su ex esposa, cuando Vandenbroele le cuenta que va a cobrar una coima del gobierno formoseño -hoy se sabe que fue un depósito de 7,6 millones de pesos por un supuesto asesoramiento en la reestructuración de la deuda provincial-, ella lo confronta. Y allí comienza también el quiebre del matrimonio.
Sin embargo, es en esta confrontación y, más aún, en la posterior decisión de denunciar al marido, cuando Muñoz sale de la esfera privada para jugar un rol público. Un rol de ética ciudadana.
«Me decía que a él le iban a tocar 70.000 dólares. «Imaginate la que se llevan los de arriba», alardeaba? Decía, también, que luego habría más, unos 300.000, y que de esa manera podríamos tener la casa que yo quería, porque hasta ese momento alquilábamos.» Con el avance de la investigación judicial, hoy se sabe que el contrato con la provincia de Formosa fue un «trabajo» previo a Ciccone.
Las discusiones continuaron varios meses dentro del matrimonio, que se había mudado a Mendoza. «Él me proponía volver a la Capital porque, decía, tenía que hacer negocios con Boudou. Yo trataba de hacerle entender que lo que hacía estaba mal. La plata venía de un gobierno muy pobre, donde había chicos que pasaban necesidades y ellos la tiraban en coimas. «Vos tenés una hija -le decía- y querés que viva bien. ¿No pensás que hay hijos de otros que tienen el mismo derecho?».»
La decisión de no ser una cómplice silenciosa, sin embargo, la dejó aislada y hasta su propia madre se puso del lado de su ex. No fue la única en darle la espalda: también lo hicieron inicialmente sus vecinos, instilados por Vandenbroele, quien, antes de abandonar la casa familiar, se ocupó de tocarles el timbre para «advertirlos» sobre la «locura» de su ahora ex mujer. Más adelante, buscaría quitarle la tenencia de la hija en común. «Quería forzar mi suicidio», conjetura Muñoz.
Ocurre que las mujeres -aún hoy- estamos culturalmente entrenadas para ser dependientes: he ahí una ventaja y una desventaja en la trama de la corrupción. La mujer de un hombre que es el principal sostén de una familia -un esquema conyugal que, si bien está en franca mutación, sigue siendo el dominante- todavía hoy tiene cierto margen (y hasta perdón social) para no cuestionar la forma en que se producen esos ingresos: como si ella no fuera responsable. Una inmunidad que parece extenderse, en el caso de las mujeres que conviven con sospechosos de corrupción, al precio que la sociedad paga por aquellos beneficios que parecen llegar de la nada al proyecto familiar. Como si la corrupción no tuviera víctimas.
O como si pagar una coima no le hiciera daño a nadie, como parecía creer Vandenbroele.
«Pero Laura Muñoz tuvo en claro el precio humano de la corrupción y eso tiene que ver con la forma diferencial en que somos entrenados hombres y mujeres. Al haber sido socializadas para depender de relaciones vinculares, las mujeres solemos ver todo en un contexto humano y desarrollamos la empatía», acerca Maffía, estudiosa de estos temas.
Aquí encaja la paradójica ventaja de la dependencia: estar culturalmente educadas para vernos dentro de un entramado y no en forma independiente -como sucede con los varones- nos pone en situación de ver el cuadro completo, incluidas las consecuencias humanas de la trama corrupta.
Criados para ser autónomos, los hombres, en cambio, suelen separarse más fácilmente de las emociones, asumiendo una distancia que a menudo les permite captar sólo la foto (el momento de la coima, en este caso), en lugar de la película completa.
El caso de la ex de Vandenbroele, excepcional en la frondosa historia de la corrupción argentina, constituye una interpelación indirecta, que instala una pregunta incómoda: ¿qué pasaría si todas fueran Laura Muñoz?.
Fuente: La Nación, 26/07/14.
Caso Ciccone: el juez Lijo procesó al vice Amado Boudou
Lo acusó de «cohecho pasivo y negociaciones incompatibles». El juez también imputó a Vandenbroele, Nuñez Carmona y Nicolás Ciccone, entre otros. El vice se encuentra en Cuba. Más temprano, había pedido una ampliación de indagatoria.
Caso Ciccone, mucho más que una mordida.
Por Alvaro Abos.
El caso Boudou no es un hecho aislado, sino la culminación de un comportamiento que atravesó todos los años del kirchnerismo.
Cuando Néstor Kirchner asumió como presidente, su ministro de Planificación, Julio De Vido, nombró síndica adjunta en la Sindicatura General de la Nación a su propia esposa, Alessandra Minicelli. El hombre que manejaba un abultado presupuesto estatal sería controlado por su propia consorte. Temprano mostró el gobierno kirchnerista su desprecio por la ética pública. Tras tan lucida designación, los Kirchner vaciaron los organismos anticorrupción, colocando en ellos a funcionarios adictos, un destino del que sólo se salvó la Auditoria General de la Nación ,dirigida por Leandro Despouy, porque la ley establece que la presida un representante de la oposición. En los últimos diez años se han abierto 700 causas por corrupción, pero sólo ha habido tres condenas. En cambio, un fiscal, Campagnoli, que se animó a investigar a Lázaro Báez, empresario amigo y beneficiario del poder, debe estos días comparecer ante un jury. El perseguido es el que investiga.
La corrupción es estructural al kircherismo porque los Kirchner han basado su carrera pública en el axioma según el cual para hacer política hay que tener plata. Para ellos, la caja es el valor central, y su historia, desde que se establecieron en el Sur, lo demuestra. Todo esto ha sido dicho muchas veces, y quien esto firma lo ha repetido en tantos artículos que hasta da un poco de vergüenza la reiteración. Sin embargo, las denuncias de corrupción no alcanzaron a influir en las decisiones políticas tomadas por la sociedad. Es que en la Argentina impera la blandura ética, heredera de un legendario lema brasileño, inventado por el político Ademar do Barros, cuyos partidarios, en las campañas para comicios por la alcaldía y luego gobernación de San Pablo (que ganó), lo presentaban así: «Rouba mais faz» (roba pero hace). Ese relativismo ha calado tanto en la sociedad que un escritor, por cierto muy crítico con el Gobierno, hace poco calificaba a las protestas contra la corrupción como «honestismo». Un término evidentemente despectivo. En 1983, Raul Alfonsín exageraba así: «Con la democracia se come, se cura y se educa». Era cierto, aunque no bastaba. Protestando contra la corrupción, alegan algunos hoy, no se avanza en la historia.
No alcanza sólo con denunciar la corrupción, pero sin confrontar con la corrupción ningún otro avance será posible, porque la corrupción pervierte cualquier sistema político y puede colapsarlo.
Resta por ver cuándo la sociedad se cansará de mirar con paciencia vicios como el robo de los dineros públicos ahora que ése y otros desafueros acompañan no ya el crecimiento sino las penurias materiales de amplias mayorías.
Boudou, políticamente, es una rémora del cristinismo rampante. El dedazo lo consagró en las viejas épocas de gloria: en aquel 2011 en el cual, cabalgando sobre el huracán necrofílico -Néstor, que acababa de morir, era elevado al altar de Padre de la Patria- resplandecía la idea de la Cristina Eterna. Después, todo cambió. Murió Chávez, Bergoglio fue Papa, la economía empezó a fallar. En 2011, un vicepresidente lindo, rockero, y sobre todo piola, les pareció una brillante idea a los estrategas de pacotilla. Ahora, la careta cayó y Boudou se transformó en un anacrónico malandra. Eso pasa cuando se hace política con miras cortas.
La supuesta apropiación de la fábrica de papel moneda para convertirla en un negocio privado es más grave que el típico acto de corrupción en el cual un funcionario lucra aprovechando su situación en el Estado. El caso Ciccone no fue sólo una mordida. Fue el síntoma de un hambre insaciable. Fue un asalto en regla a la sociedad.
El Gobierno no puede soportar una justicia inquisitiva, típica de los finales de época. Cuando los jueces perciben el cuesta abajo, se ponen rigurosos. No es nuevo el fenómeno. Oscar Salvi procesó al devaluado Massera cuando aún había uniformados en la Casa Rosada, pero la salida del poder estaba cercana para el siniestro Proceso. Jorge Urso, con prudencia, esperó a que Menem bajara del trono para detenerlo.
La Argentina tiene a su vicepresidente imputado y a punto de ser procesado por delitos de corrupción: ¿puede haber un hecho más simbólico de la decadencia nacional? No es el único. La Universidad de Buenos Aires, el lugar que convocó, en su momento, a las grandes mentes de América, de Mariátegui a Vasconcelos, ha retrocedido siete puestos en el índice que elabora la consultora global QS para medir la calidad académica de las universidades del mundo. En la calle, se viven formas atroces de indignidad: por ejemplo, se lincha a supuestos ladrones. Mientras Brasil es capaz, con todas sus fallas y defectos, de organizar un Mundial de fútbol, o sea un evento de alcance universal, en la Argentina ni siquiera se ha podido jugar normalmente una final de ascenso (hubo que llevar el partido a cien kilómetros). Es que campan por sus fueros los delincuentes que la Presidenta idealiza como «héroes del paraavalancha».
La prensa oficial defiende a Boudou con un argumento ad hominem: la Justicia decidirá en su momento, dicen; mientras tanto, calificar a un acusado es lincharlo. En lógica, argumentar ad hominem quiere decir juzgar las personas, no los hechos. Los kirchneristas hicieron de esta práctica su biblia. A Ernestina de Noble, por ejemplo, la crucificaron no por sus ideas o prácticas del periodismo, sino como «apropiadora de niños robados»; finalmente, una fábula. A Boudou, dicen, se lo persigue porque él le arruinó el negocio a las cajas de jubilación privadas. Ocultan, interesadamente, que la Justicia en este país es pública. Los medios de comunicación ventilan la vida pública y por lo tanto las pruebas de los procesos son examinadas por la opinión pública. La Justicia es abierta al pueblo. Fue el reclamo de los kirchneristas cuando querían reformar el Poder Judicial, acusándolo de ser una cueva cerrada. La prensa adicta al poder no dice una palabra de las pruebas contra Boudou, evidencias tangibles que serán oportunamente evaluadas en sede judicial, pero que las investigaciones periodísticas exhiben día a día. Esa prensa oficialista, cual púdica doncella, clama: «¡Hay prejuzgamiento!»
Aun si Boudou le hubiera arruinado el negocio a poderosas empresas, nada borraría el delito que se le imputa.
Fuente: La Nación, 19/06/14.
Amado Boudou: causas y consecuencias.
Por Jorge Lanata.
Enfrascados en las idas y vueltas del affaire Ciccone, nadie le pregunta a Boudou por la causa que se le instruye en paralelo: la de enriquecimiento ilícito.
La fortuna del vicepresidente aumentó un 300% en poco más de tres años.
Por el departamento que alquila desde el 2009 en el séptimo piso I de Madero Center, donde vive con su novia Agustina Kampfer, el vicepresidente acordó pagar 3.000 dólares mensuales con cotización al tipo de cambio de Montevideo, a lo que hay que sumarle unos 6.000 pesos de expensas comunes. Boudou alquila este departamento a la firma Searen S.A., casualmente socia de London Supply, la compañía que puso 1.800.000 pesos para levantar la quiebra de Ciccone. Boudou vive acorralado por las casualidades. Amado Rubén Boudou, su padre, salió de garante de su hijo con un departamento que compró en 2009 en Puerto Madero, en el edificio Madero Bayres, donde el metro cuadrado cotiza en unos 4.500 dólares. Don Amadeo Rubén está jubilado y cobra 1.700 pesos al mes. El y su mujer son investigados a requerimiento del fiscal Di Lello, ya que la figura de enriquecimiento ilícito habla también de “personas interpuestas”, esto es testaferros que puedan haber colaborado con el funcionario. Juan Bautista Boudou, su hermano, también quedó en la mira por los viajes al extranjero pagados por The Old Fund, controlante de Ciccone hasta su expropiación. Boudou justifica parte de sus ingresos en las ganancias de las dos empresas que declara, Aspen y Habitat Natural, ambas en sociedad con su mejor amigo, Nariga Núñez Carmona. Pero esas ganancias deberían reflejarse en la facturación y en los libros diarios de contabilidad de las empresas: eso es lo que analiza el juez Lijo.
Los legisladores Graciela Ocaña y Manuel Garrido denunciaron judicialmente a Boudou por falsear la información de su declaración jurada de bienes. “La diferencia de los activos declarados entre 2007 y 2011 asciende a la suma de 2.071.773 pesos, la diferencia de los pasivos es de 3.755.741 pesos, y la diferencia entre los patrimonios declarados asciende a un total de 1.316.031”. “Los activos del vicepresidente sufrieron un aumento del 714,93%, pasando de escasos 236.000 pesos a más de 1.680.000”, afirman Ocaña y Garrido. Otra cuestión que señalan es la “grosera inclusión” de viáticos oficiales en pesos y en dólares como parte del patrimonio, para intentar justificar su evolución patrimonial. En un escrito declara 180.900 pesos por este concepto, pero nunca los declaró ante la Oficina Anticorrupción.
Según el expediente que instruye el juez Lijo, en el acta correspondiente al 10 de enero de 2012 del directorio de la empresa Aspen S.A., el accionista Núñez Carmona toma la palabra y dice “Es de público y notorio conocimiento por parte de este directorio que las firmas Rock Argentina S.A.; WSM S.A.; Beaver Cheek S.A.; Embarcaciones Argentinas S.A. y Action Media S.A., que se encuentran comercialmente vinculadas a Aspen, han gestionado ante el Banco Macro el otorgamiento de asistencias crediticias… etc”. Lo suficientemente claro como para preguntarse si las empresas de Boudou y Núñez Carmona no son dos sino siete, y también para entender por qué, a la hora de sugerir el rumbo de la ruta del dinero, Boudou mencionó solamente a Moneta y no a Jorge Brito. El expediente por enriquecimiento ilícito tiene sobradas pruebas de los incrementos patrimoniales injustificados del vicepresidente desde el 2007, año en que duplicó su patrimonio respecto al 2006, lo mismo que en 2008 respecto al año anterior.
Coincidentemente, de las declaraciones juradas aportadas por la AFIP se desprende que el patrimonio de Núñez Carmona se incrementó en el mismo período un 836%. Esto permite inferir que durante 2010/2011, los años en que Boudou se desempeñó como ministro de Economía, también se observaron incrementos millonarios en el patrimonio de su socio, Núñez Carmona.
Otra de las empresas investigadas, WSM, en 2007 cambió su razón social a “servicios de publicidad”, y se mudó a Belgrano 2115 piso 12 depto B, antiguo domicilio personal de Boudou. Durante el segundo semestre de 2011 recibió en concepto de publicidad en vía pública 1.815.000 pesos, en el primer semestre de 2012 fueron 3.267.403 pesos, y en el segundo semestre de ese mismo año 453.750 pesos. WSM no tiene personal registrado y, al parecer, resulta una empresa vehículo para traspasar fondos al vicepresidente.
De ser así, la Justicia debería preguntarse por la eventual complicidad de quien entonces repartía la pauta oficial, el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.
¿Podrán responder a estas preguntas el vicepresidente o su socio, Nariga Núñez Carmona? Este último fue citado a declarar el jueves, pero aún hoy se desconoce su paradero y se presume que viajó al exterior la semana pasada. ¿Volverá al país?
Investigación: JL/María Eugenia Duffard/Amelia Cole
Fuente: Clarín, 14/06/14
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