Hay un rasgo constitutivo del kirchnerismo: su relación con el tiempo. Como toda variante populista, sacraliza el presente e ignora lo que está por venir. La predilección por el consumo en detrimento del ahorro, o el menosprecio por la inversión en favor del gasto, son sólo algunas manifestaciones de esa escala de valores. Hay un campo, sin embargo, en el que esta regla no se verifica: la política judicial. La prevención frente a lo que pueda ocurrir en los tribunales inspira en Cristina Kirchner una inesperada obsesión frente al mañana. Es una inquietud que desborda la función pública y se infiltra en el terreno familiar. Ella teme que Máximo, su hijo, atraviese alguna desagradable peripecia por las investigaciones sobre la desprolija economía familiar. Es imposible entender la conducta del Gobierno si se deja de lado esta preocupación: su hiperactividad institucional es un intento desesperado por modelar el futuro.
En esta batalla por la seguridad jurídica del propio clan, la Presidenta sufrió anteayer una derrota. En cinco líneas, los ministros de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, rechazaron el recurso extraordinario que había planteado el ex juez Juan José Galeano para que no se reabriera una causa en la que había sido sobreseído por el ex juez Gabriel Cavallo. A Galeano se lo había acusado de pagar 400.000 dólares a Carlos Telleldín, para que modifique una declaración sobre el destino de la camioneta que se habría utilizado para la voladura de la AMIA. Galeano será juzgado de nuevo.
Con su pronunciamiento, la Corte tomó posición en un debate con consecuencias inquietantes. Convalidó la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta o írrita. Esa teoría sostiene que los procesos penales que se declararon concluidos pueden reabrirse si se demuestra que el juez no tuvo voluntad o fue impedido de investigar. En el contexto actual, la discusión abre interrogantes muy concretos. Por ejemplo, ¿la señora de Kirchner podría ser enjuiciada de nuevo por enriquecimiento ilícito? Ella, igual que su esposo, fue absuelta por Norberto Oyarbide de ese delito. Ambos habían sido acusados porque, entre 2003 y 2009, multiplicaron su patrimonio en un 572 por ciento. Sin embargo, Oyarbide cerró la causa con extraordinaria rapidez, considerando la opinión del cuerpo contable de la Corte y de un perito ofrecido por los Kirchner: su propio contador.
El juez Julián Ercolini también había sobreseído a los Kirchner por la misma falta. El fiscal, Eduardo Taiano, no apeló el pronunciamiento porque, según trascendió, habrían secuestrado a su hijo para que no lo hiciera. Hay más ejemplos: Claudio Bonadio sobreseyó a los secretarios privados de la Presidenta, que se enriquecieron más de 60 veces en sólo cinco años. Y el fiscal Guillermo Marijuan no pidió que se revise la sentencia.
Es comprensible que alguien tan acostumbrado a la clemencia como Cristina Kirchner, ante la primera pregunta incómoda, denuncie la formación de un partido judicial. Ayer, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah confirmaron el procesamiento de los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, acusados de proteger a Lázaro Báez, presunto testaferro de la familia presidencial a quien se investiga por la sospecha de lavado de dinero. Gonella y Orsi pertenecen a Justicia Legítima, la agrupación de miembros del Poder Judicial adictos al Poder Ejecutivo.
El cambio de vida de los funcionarios ha sido tan asombroso que modificó su noción de precios y valores. Sin ir más lejos, la señora de Kirchner se vanaglorió anteayer de que la tarjeta Argenta, con la que su gobierno subsidia el consumo popular, incluya a una de las peleterías más lujosas de Buenos Aires, Charles Calfún, de la que ella misma es desde hace años apreciadísima clienta. Estos desatinos estimulan a quienes pretenden que se revisen las fuentes de tanta prosperidad individual. Pero esa aspiración opaca causas más relevantes: ¿podría revertirse en el futuro la decisión del juez Daniel Rafecas, convalidada por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, de no investigar la denuncia por encubrimiento de los criminales de la AMIA, que formuló contra Cristina Kirchner el fiscal Alberto Nisman? Es una incógnita prematura. Hay que esperar a que se pronuncie el fiscal de Casación Javier de Luca, a quien llegará la apelación de su colega Germán Moldes. Según Moldes, la Cámara demoró el envío para que el caso le tocara a De Luca, otro militante de Justicia Legítima. Moldes, y tal vez los camaristas, presumen que De Luca es otro Gonella.
La doctrina de la cosa juzgada írrita ha sido muy debatida en los últimos meses. Una de las razones fue la publicación del libro del penalista Federico Morgenstern, Cosa juzgada fraudulenta. Morgenstern defiende la posibilidad de que se vuelva a tratar un expediente cuando se demuestra que fue cerrado al cabo de un «juicio farsesco».
La sanción del nuevo Código de Procedimientos agitó más la discusión. El kirchnerismo logró que se establezca, en el artículo 5, que sólo se puede revisar una sentencia definitiva si es a favor del condenado. Durante el tratamiento parlamentario de la reforma, Juan Martín Mena, entonces subsecretario de Política Criminal y ahora de la ex SIDE, defendió la cláusula porque «es muy peligroso que los procesos terminados puedan reabrirse». En cambio, el camarista de Casación Mariano Borinsky apuntó que la advertencia es redundante, porque el Código actual ya la garantiza. Según Borinsky, el artículo induce a una mala interpretación: que no pueda juzgarse por segunda vez un caso que fue saldado mediante un fraude. El senador Ernesto Sanz y las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso se alinearon con esta posición.
Los juristas cercanos al Gobierno creen que sólo debería aceptarse el criterio de la cosa juzgada fraudulenta en causas de derechos humanos. Morgenstern los objeta recordando que la Corte Interamericana ordenó que se vuelva a investigar el asesinato del policía Jorge Gutiérrez, que perseguía a los delincuentes de la «aduana paralela». El CELS, una organización kirchnerista, abogó por reabrir la causa, basándose, entre otras razones, en un peritaje de Alejandro Rua, entusiasta defensor de funcionarios.
De cinco a nueve
El riesgo que supone la tesis habilitada por la Corte agrega urgencia a la principal gestión que Carlos Zannini lleva a cabo en estos días: la ampliación del número de miembros de la Corte, de cinco a nueve. Aníbal Fernández dijo que no se estaba considerando esa posibilidad. Hizo bien. La divulgación prematura frustraría la iniciativa.
Zannini pretende abrir la discusión después de octubre, cuando se sepa quién será el próximo presidente. Presume que el nuevo mandatario estará interesado en contar con juristas de confianza en el máximo tribunal. Por lo tanto, convalidaría una ley para cambiar la composición. El segundo paso sería pactar la designación de los nuevos magistrados. Zannini calcula que, presionando más a Carlos Fayt, se podrían poner sobre la mesa seis butacas.
El modo de repartirlas es todavía brumoso. El kirchnerismo pretende dos lugares. El peronismo federal, otros dos. Es un actor clave: Zannini negocia que ese bloque habilite los dos tercios necesarios para las designaciones. Cree que una forma de sumarlo es garantizar a Adolfo Rodríguez Saá una sentencia favorable a San Luis en la querella por la coparticipación. Las otras dos posiciones serían ofrecidas a quien gane las elecciones.
El kirchnerismo no consiguió ayer el número para designar a Roberto Carlés en la Corte. Pero tampoco retiró el pliego. Tal vez pretenda relanzarlo en octubre. Carlés sigue siendo promovido como «el juez del Papa». La caracterización se debe a un malentendido. Este abogado se acercó a Jorge Bergoglio de la mano de una amiga común, la fallecida Alicia Oliveira. Francisco vio con buenos ojos a Carlés. Pero todo cambió cuando advirtió que, como buen discípulo de Raúl Zaffaroni, el abogado estaba a favor de la despenalización del aborto. Pícaros, los kirchneristas insisten: «A Carlés lo mandaron desde Roma».
El verdadero candidato de la Casa Rosada para ocupar la Corte es otro: el propio Zannini. Originalidad cero. En Santa Cruz, este cordobés empezó siendo ministro de Kirchner y, en 1999, fue transferido al Superior Tribunal, donde ejerció la presidencia.
El Gobierno espera que la jugada de Zannini, hoy observada como un asalto a la Justicia para garantizar la impunidad de la Presidenta y su familia, sea vista en octubre como un pacto de gobernabilidad con el luminoso líder que emerja de las urnas.
Siempre habrá otro modo de analizar los hechos. Por ejemplo, el 22 de noviembre de 2006, la entonces senadora Cristina Kirchner se quejó de que el Poder Judicial se hubiera administrado siempre «con un toma y daca». Estaba defendiendo en el recinto de la Cámara alta su proyecto de reducción del número de miembros de la Corte, de 9 a 5. Esa noche prometió: «Se cierra un ciclo para este gobierno y para los que vengan, de cómo se deben manejar las instituciones». En esa época todavía no pensaba en el futuro.
Detectan anomalías y desvíos de fondos en Fútbol para Todos
La Auditoría General de la Nación remitirá a la Justicia un informe que revela graves errores y gastos sin respaldo por $ 179 millones entre 2009 y 2012
Por Alejandro Casar González.
El logo de Fútbol Para Todos. Foto: Captura de Pantalla
Por lo menos once anomalías fueron detectadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el programa Fútbol para Todos (FPT) desde sus comienzos, en agosto de 2009, hasta el 31 de diciembre de 2012. Eso es lo que revela un contundente informe del organismo, que permaneció cajoneado durante 177 días y sería aprobado hoy, antes de ser enviado a la Justicia.
El documento cuestiona varias decisiones tomadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) en nombre del contrato de asistencia financiera a los clubes afiliados a la AFA . Entre las primeras anormalidades constatadas figura una diferencia contable entre los $ 2967 millones devengados por el programa y las órdenes de pago libradas por 2788 millones. Los casi 179 millones restantes corresponden a gastos sin respaldo.
Año por año, éstas fueron las irregularidades. En 2009 hubo dos órdenes de pago a la AFA por 90 millones , «cuya remisión fue regularizada por la JGM a requerimiento de la AGN». Y pagos por «fondo rotatorio», una especie de «caja chica», imputados al presupuesto de FPT por $ 290.998. En 2010, pagos del fondo rotatorio por $ 88.985. En 2011, «diferencias de cambio generadas por transferencias realizadas a Torneos y Competencias Internacional que ascendieron a $ 159.200». En 2012, «diferencias de cambio generadas por transferencias realizadas a Torneos y Competencias Internacional que ascendieron a $ 243.040». Y nueve órdenes de pago, por casi $ 88 millones a la Fundación del Automovilismo Deportivo de la República Argentina (Fadra), realizadas «en el marco del acuerdo de transmisión, que se habían omitido entregar en respuesta al pedido original».
Aunque el Gobierno postergó todo lo que pudo el debate sobre el relevamiento, en búsqueda de evitar la difusión de las conclusiones y las observaciones, los seis auditores y el presidente de la AGN, el radical Leandro Despouy , revisarán hoy el documento y lo aprobarían, sin descartar que sea por unanimidad.
Entre las primeras anormalidades constatadas figura una diferencia contable entre los $ 2967 millones devengados por el programa y las órdenes de pago libradas por 2788 millones. Los casi 179 millones restantes corresponden a gastos sin respaldo.
El mes pasado, la jueza María Servini de Cubría recibió una versión preliminar del trabajo. Fue tras insistir a Despouy que le enviara el informe «en el estado en que estuviera», en el marco de la investigación sobre la ruta del dinero del Fútbol para Todos iniciada en 2014 a raíz de una denuncia de Graciela Ocaña , legisladora porteña por Confianza Pública.
En la causa están imputados tres de los cinco jefes de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner , Aníbal Fernández , Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich . El documento adelantado a Servini de Cubría no incluyó el descargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros. De todas maneras, según pudo reconstruir LA NACION, ninguna de las respuestas del Ejecutivo implicó un cambio rotundo en las observaciones de la AGN. Mucho menos su omisión en las conclusiones finales.
En su apartado de «comentarios y observaciones», el informe es crítico de la génesis del Fútbol para Todos, registrada en agosto de 2009, en un contexto de enormes deudas de los clubes ($ 40 millones con los jugadores; alrededor de $ 700 millones de pasivo en términos globales) y un marco dominado por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La AGN asegura que «el contrato de agosto de 2009 mediante el cual la Jefatura de Gabinete adquirió los derechos de explotación de las imágenes y/o sonidos de los encuentros de los torneos de fútbol realizados por la AFA no fue tramitado conforme las prescripciones del Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado nacional».
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la JGM hizo su descargo sobre este punto ante la AGN: «(…) el contrato adquiere una naturaleza jurídica particular, en consideración a las partes involucradas, el carácter del vínculo y las obligaciones a las cuales se comprometen», se argumentó crípticamente desde la cartera que conduce Aníbal Fernández .
El estudio objeta la indexación anual del acuerdo, sobre la base del aumento del Valor Básico de Referencia (VBR) del abono de cable. Dice la AGN, en el punto 4.1.8 de su informe, que ese método de ajuste «constituye un procedimiento de actualización monetaria o indexatorio no permitido por la ley 23.928».
La JGM defendió la metodología y recordó que en diciembre de 2011, cuando se firmó la primera agenda al convenio original, no aplicó el aumento que correspondía por el incremento del VBR, sino un ajuste menor. Según la evolución del VBR, a la AFA le correspondían $ 949.800.000; percibió $ 825.000.000. De todas maneras, el índice sí es usado como referencia para negociar las actualizaciones del convenio. Que no se respete es otra cuestión.
El estudio refiere que «no obran en las actuaciones donde se tramitó la formalización del contrato, ni antes de la firma ni después, los documentos técnicos demostrativos de la invocada crisis de los clubes ni de la verosimilitud de las millonarias sumas adeudadas por éstos denunciadas por la AFA». Es decir, la Jefatura de Gabinete no aportó ni una sola prueba que revelara que el contexto económico del fútbol argentino en agosto de 2009 fuera tan grave como para ameritar su intervención.
Tampoco hay un solo papel ni estudio de mercado que justifique los $ 600 millones que comenzaron a pagarse como mínimo anual garantizado a la AFA.
La AGN cuestiona a la JGM por haber firmado un contrato con la AFA sin mecanismos de control que acrediten «en forma periódica» el cumplimiento de los compromisos asumidos por los clubes. Y abunda: «Esto no permite al Estado monitorear el resultado de las acciones de saneamiento financiero y reordenamiento administrativo de los clubes y determinar, en su caso, en qué momento esta finalidad se encuentra cumplida». La explicación de la JGM fue que la motivación principal del Gobierno era la transmisión de los partidos en forma gratuita para todos los argentinos. La crisis de los clubes, en todo caso, fue la razón por la que la AFA necesitaba aumentar sus ingresos.
El primer documento que acredita el agujero económico y financiero data del 11 de julio de 2012, cuando el Fútbol para Todos estaba a punto de cumplir tres años. Fue un comunicado oficial de la AFA en el que manifestaba «su profunda preocupación por las deudas, por el altísimo costo de los contratos de los jugadores, así como también por los enormes endeudamientos generados por algunos clubes». El comunicado agregaba: «Lamentamos observar que los cuantiosos fondos distribuidos entre los afiliados no sirvió en la mayoría de los casos para achicar pasivos ni para cancelar contratos suscriptos, sino todo lo contrario: se generó mayor endeudamiento y promesas contractuales en muchos casos impagables». Es decir: a pocos días de que el Fútbol para Todos cumpliera tres años, la AFA blanqueaba que uno de sus principales objetivos, recuperar la fortaleza económica de sus afiliados, no se había cumplido.
El primer documento que acredita el agujero económico y financiero data del 11 de julio de 2012, cuando el Fútbol para Todos estaba a punto de cumplir tres años. Fue un comunicado oficial de la AFA en el que manifestaba ‘su profunda preocupación por las deudas, por el altísimo costo de los contratos de los jugadores, así como también por los enormes endeudamientos generados por algunos clubes’
Al referirse a la retransmisión de los partidos del FPT, la auditoría advierte la ausencia de «una reglamentación que organice la operatoria de suscripción de los acuerdos emitidos por el programa y los canales interesados (…), ni surge cuáles son los requisitos que deben cumplir las empresas de televisión por aire o cable que retransmiten la señal del FPT, así como el proceso de convocatoria y selección de estas empresas».
Entre las características del FPT que llaman la atención hay una que sobresale: no tiene metas presupuestarias. Es decir, su única misión es que los argentinos accedan en forma gratuita a la transmisión de los partidos, sin importar el dinero que se gaste. Ocurre eso pese a que la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en su artículo 34, exige: «(…) todas las jurisdicciones y entidades deberán programar, para cada ejercicio, la ejecución física y financiera de los presupuestos». Según concluye la AGN, «ante la ausencia de definición de metas físicas, no resulta posible evaluar la eficiencia de la gestión del programa».
El informe detalla gastos por $188.913.638 que no tienen la orden de compra correspondiente, por lo que no se completaron los pasos para habilitar el pago. Se distribuyen de la siguiente manera:
2009: $ 6.361.000.
2010: $ 13.238.916.
2011: $ 47.263.076.
2012: $ 122.050.646
¿Quiénes fueron los beneficiarios? VTS SA (servicio de generación de imágenes), Farolito International Entertainment (servicios de producción general), Wayson Producciones (servicios de móviles y enlaces), Transvideo SA (servicios de móviles y enlaces), Santa Mónica Argentina SA (derechos de TV), Torneos y Competencias S.A. (realización integral de partidos de la B Nacional y derechos televisivos de la selección), Torneos y Competencias Internacional (derechos de TV por la Copa América 2015, por el Sudamericano Sub 20 de Mendoza 2013, por 32 partidos del Mundial Brasil 2014 y por el Mundial Sub 20 de Turquía, al cual no se clasificó la Argentina), la AFIP (retenciones por Ganancias) y el Banco Nación (compra de divisas para pagos de derechos de TV de partidos internacionales), entre otros.
En el documento, la AGN anticipa dos motivos que llevaron al FPT a afrontar estas cifras bajo la figura del «legítimo abono», término administrativo con el que se conoce el pago de gastos sin orden de compra: 1) La habitualidad en la prestación de servicios de las citadas empresas para desarrollar el cometido del FPT sin cumplir con los procedimientos de contratación pública. 2) «La ausencia de una adecuada planificación de contrataciones y su seguimiento».
Según el trabajo que hoy sería avalado por la AGN, el procedimiento es el siguiente: se inicia un expediente con la o las facturas presentadas por los proveedores en las que el FPT asienta la conformidad del servicio recibido, se giran para la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el dictado de una Resolución de la Jefatura de Gabinete reconociendo el crédito y ordenando su pago». Dice la AGN que «el organismo ha desvirtuado un procedimiento de excepcional aplicación en el ámbito de la administración pública instituyendo un procedimiento usual y alternativo de contratación y pago a prestadores vedado por las normas vigentes».
Ante la acusación, la JGM emitió su descargo sobre los pagos realizados bajo la modalidad de «legítimo abono»: «La urgencia al firmarse el contrato, las circunstancias de los servicios a brindar gratuitamente, y la posterior televisación de la B Nacional (con River) justifican el tipo de procedimiento del legítimo abono». El Poder Ejecutivo aseguró que antes del fin del período auditado (31 de diciembre de 2012) el sistema de compras y contrataciones del programa se había regularizado.
Otro de los procedimientos cuestionados es la ausencia, sin razón aparente, de pauta privada en el programa desde el 27 de febrero de 2010
Otro de los procedimientos cuestionados es la ausencia, sin razón aparente, de pauta privada en el programa desde el 27 de febrero de 2010. Dice el documento: «No se obtuvo evidencia de acto administrativo, órdenes o instrucciones formales de autoridad competente que hayan dispuesto el cese de la comercialización de la publicidad de privados ni de las razones existentes para tal decisión».
El único documento que se refiere al cese de los avisos particulares está redactado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y recuerda que fue «el Comité de Coordinación de Gestión» el que «resolvió emitir en todos los encuentros televisados exclusivamente avisos referidos a la publicidad oficial».
El último aspecto que aborda la investigación es el contrato de publicidad con Iveco, el único sponsor del Fútbol para Todos desde 2010. «No es posible conocer las razones que llevaron a la Jefatura de Gabinete a contratar con Iveco en forma directa y no con otro auspiciante. No están explicitados los motivos por los cuales el organismo aceptó recibir pagos en especie, supuesto no previsto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, cuando el procedimiento normal es el pago en dinero», describe la AGN.
Además, «no está acreditada la necesidad previa de adquirir los vehículos comprometidos por Iveco, los sectores requirentes y el uso a dar a los mismos». A la hora de analizar el precio pagado por la fábrica de camiones, el organismo explica: «No fue posible establecer si guardó correspondencia con el valor de la publicidad para este tipo de contratos de sponsor». De todas formas, la AGN simuló cuánto hubiese tenido que pagar Iveco si hubiera abonado por los minutos en pantalla de acuerdo con el tarifario vigente en 2010. Ese valor hubiera sido de $28.880.000. Los $ 7 millones que abonó la empresa en camiones constituyen un 75,76% menos. Sobre este apartado se manifestó el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández: «Es una publicidad específica, y le sirve al Gobierno porque con una cantidad de dinero acordada consigue más especie que las cosas que podría haber comprado. Normalmente, esos camiones sirven para servicio mucho más que si los hubiesen comprado. Si se los compra, pagaría mucha más plata que la que significa desde el punto de vista de la publicidad», dijo el dirigente quilmeño en La Red.
El documento desliza una crítica para la AFA, a la que acusa de no entregarle comprobante alguno al Poder Ejecutivo por las millonarias transferencias mensuales que recibía. Fue una costumbre hasta abril de 2012. «Los pagos realizados a la AFA desde el inicio de la relación contractual hasta abril de 2012 se realizaron sin la correspondiente emisión de factura por parte de esta asociación. Recién con los pagos realizados a partir de mayo de 2012 la AFA procede a entregar facturas».
El acuerdo que no le iba a costar un peso al Gobierno
Foto: Mauro Alfieri
Con el pago anual garantizado de 600 millones de pesos por parte del Estado, en agosto de 2009 el entonces y hoy de vuelta jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el número 1 de la AFA, Julio Humberto Grondona, con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, suscribieron el convenio asociativo del Fútbol para Todos. El acuerdo no le iba a costar un peso al gobierno nacional y contemplaba el pago del 50% del monto de comercalización que excediera la cifra asegurada. Nunca se superó.
Números y decisiones sin explicación
189
Millones excepcionales
Se pagaron bajo la figura de «legítimo abono», es decir, sin la correspondiente orden de compra
7
Millones pagó Iveco
Esa es la cifra que desembolsó en 2010 el único sponsor del FPT. La AGN calculó que el valor de la publicidad de entonces en 28,88 millones
Sin control
La AFA nunca cumplió con las medidas de saneamiento económico de los clubes comprometidas ante el Gobierno, que nunca exigió su puesta en marcha
Sin motivos
La AGN no encontró evidencia de actos administrativos, órdenes o instrucciones de autoridad competente que hayan dispuesto el cese de la comercialización de la publicidad privada ni razones para tal decisión.
Crónica de la destrucción de las estadísticas públicas durante el kirchnerismo.
«Kirchner quiere tu cabeza»
gritó Clyde Trabuchi, entonces directora de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Miraba a una pasmada Graciela Bevacqua, directora de Precios al Consumidor -encargada de calcular inflación en el país- y su subordinada en ese momento. Era la mañana del lunes 29 de enero de 2007 y el final de una secuela cargada de presiones sobre esas mujeres.
Enfurecida por los altos precios de la lechuga, el turismo y las prepagas, el último fin de semana de enero de 2007, la mano derecha del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y flamante “interventora” en el Indec, Beatriz Paglieri, había acordado con varios directores nacionales no difundir el índice que Bevacqua venía calculando. Para la tercera semana de enero ya sumaba 2,1%, una suba intolerable para el inicio de un año de elecciones presidenciales, que ganaría Cristina Kirchner.
1,1%Es lo que subieron los precios en enero de 2007 según el Indec.
Una semana después, la intervención se formalizaba. El decreto 100, del 6 de febrero, desplazó a Bevacqua y nombró a Paglieri a cargo de la Dirección de Precios. Un día antes, luego de forzar a los encargados del Departamento de Informática a manipular un documento público, el Gobierno había difundido el primer dato de inflación falseado: en enero, según el Indec, los precios habían subido sólo 1,1 por ciento.
La intervención oficial del Indec se convirtió en un símbolo de la degradación institucional de la llamada “década ganada”. Pero no sólo significó una sistematización de la mentira del “relato oficial”, sino que avaló diversas prácticas de persecución estatal a empleados que simplemente pensaban diferente.
Francisco Jueguen
Periodista de la sección Economía & Negocios de La Nación
Este trabajo busca contar por qué un gobierno que se proclama “nacional y popular” decidió intervenir un organismo técnico e institucionalizó la mentira como verdad estatal, destruyendo valiosas estadísticas y amedrentando a quienes se oponían. En ese sentido, es además un testimonio de los que sufrieron amenazas o persecuciones y de quienes se animaron a resistir.
Capítulo1
Historia del desembarco
La decisión de intervenir el Indec no tuvo necesidades netamente económicas -como justificó el Gobierno- sino también una clara intencionalidad política. En octubre de 2007, se efectuaban las elecciones presidenciales y Néstor Kirchner buscaba entronizar a su mujer, Cristina Kirchner. Pero el país atravesaba un problema argentino: la inflación.
Lucas Llach
Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
Un año antes de que se interviniera el organismo, Moreno buscó acceso a los datos protegidos por el secreto estadístico. Conocida la lista de comercios relevados por el Indec, el secretario de Comercio Interior sabría sobre qué empresarios presionar para falsear el índice de precios oficial.
Graciela Bevacqua
Ex Directora del IPC
2007Es el año en el que nació el primer índice de inflación de la era Moreno.
Moreno no logró que los técnicos le abrieran el índice. Sin embargo, lejos estuvo de rendirse. Así llegó en 2007 el desembarco físico sobre las estadísticas oficiales. De la mano de Paglieri y la entonces directora de Recursos Humanos del Indec, Ana María Edwin, no sólo se violó el secreto estadístico sino que la falsificación se profundizó con otros mecanismos. Se encomendó a los especialistas informáticos la creación de un “parche” informático que limitara las subas de productos. Por otro lado, los precios de los acuerdos firmados durante 2006 comenzaron a tener más peso en las ponderaciones que los relevados en el mercado por los encuestadores. Bajo este influjo, el 5 de febrero de 2007 nació el primer índice de inflación de la era Moreno.
En un primer momento, el Gobierno justificó la intervención del Indec –nunca la aceptó como tal- como una herramienta para desinflar el peso de la deuda ajustada por el CER, un coeficiente ligado al índice de precios. Según la versión oficial -que nunca tuvo una denuncia en los tribunales- los trabajadores desplazados del organismo estadístico estaban complotados con los acreedores de deuda para hacer subir el dato de inflación y mejorar la rentabilidad de sus bonos. Incluso se llegó a afirmar, sin pruebas contundentes, que se vendía información al mercado.
Otra postura oficial radicó en las supuestas “desprolijidades” en algunos de los procesos de relevamiento de información y en las áreas de cobertura que tenía el viejo índice de precios. Tales cuestionamientos aparecen en los descargos de Moreno y Paglieri en la Justicia.
Ese argumento derivó en las proclamas oficialistas que reclamaban modificaciones metodológicas acordes para estadísticas que dejaran de ser puramente técnicas y sirvieran a la política de un “un gobierno nacional y popular”.
Capítulo2
La metodología de la intervención oficial
Las primeras discusiones dentro del Indec apenas desembarcó la gente de Moreno fueron sobre los elevados aumentos de algunos productos puntuales. En ese sentido, el primer índice se manipuló precariamente. Pero tras el desplazamiento de Bevacqua de la Dirección de Precios comenzó un proceso de falseamiento estadístico más sofisticado que -en un principio- tuvo tres ejes.
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Por último, Moreno logró acceder a los listados de informantes del Indec protegidos legalmente por el secreto estadístico. Varios de los testigos que declararon ante la Justicia dijeron haber visto a personal que respondía a Paglieri, mano derecha de Moreno, fotocopiar los listados secretos y llevarlos en cajas a la oficina del secretario de Comercio Interior. Entonces, los empresarios empezaron a hablar del “precio Moreno”: era el que cambiaban los hombres de negocios en sus comercios cada vez que un encuestador del Indec pasaba. Luego, volvían a poner los originales. Esto, como se explicó al comienzo, manipulaba “externamente” el índice oficial.
El Indec es, en rigor, un gran sistema estadístico. Cada cálculo funciona como un insumo para otro. Manipulado el índice de inflación oficial, comenzaron a expandirse los problemas, primero a los datos de pobreza e indigencia -que se congelaron- y luego también al cálculo del crecimiento -que fue sobrestimado-. Desde diferentes sectores ideológicos afirman que el Indec esconde millones de pobres. Por otro lado, la oposición denuncia que la sobrevaloración del PBI tuvo como consecuencia que el país debiera pagar más deuda por los bonos atados al crecimiento económico.
Manipulado el índice de inflación oficial, comenzaron a expandirse los problemas
El escándalo público que produjo la intervención del Gobierno en el organismo estadístico derivó en que varios senadores de la oposición denunciaran el caso ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que encabezaba Manuel Garrido. Luego de dos meses de relevamiento y de entrevistas con decenas de testigos, el fiscal dictaminó que en el Indec había habido “graves irregularidades”.
A continuación, una guía interactiva para entender las claves de su resolución con la voz del propio fiscal y hoy diputado para explicar cada punto.
Su dictamen fue retomado por el fiscal Carlos Stornelli, quien pidió medidas al juez Rodolfo Canicoba Corral. Hasta hoy, la causa principal por falseamiento está dormida.
Acceso al dictamen de Stornelli
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Manuel Garrido
Fiscal del caso Indec y Diputado Nacional
Para entender la historia del Indec, es clave visualizar lo que ocurrió en todo 2007, o sea, durante el primer año de la intervención oficial. Durante esa época, se desplazó a los directores más importantes, se reclutó a la llamada “patota” de Moreno en el instituto y se afinó el complejo proceso para falsear todo el sistema estadístico.
La intervención del Indec, camino a la elección de CFK
A pesar de los reclamos de funcionarios de Economía y de las promesas electorales de mayor institucionalidad, a fines de 2007, la recién electa presidenta Cristina Kirchner decidió que nada cambiaría en el Indec: el camino que habían inaugurado su esposo y Moreno seguiría avanzando.
Graciela Bevacqua
Ex Directora del IPC
Capítulo3
La lucha de los trabajadores contra la mentira
La violencia -algo desconocido en el Indec desde su creación en 1968- comenzó a ser moneda corriente desde 2007. La minoritaria Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se opuso a la manipulación de los datos oficiales y a los desplazamientos de trabajadores. Debido a eso chocó contra la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio peronista y mayoritario, que fue el músculo que Moreno usó para su desembarco. La llave para seducirlos fue la entonces directora de RR.HH. del organismo: Ana María Edwin. Su lealtad a Moreno la llevaría a la conducción del Indec.
Las formas de violencia variaron. Muchos fueron desplazados o despedidos, a otros los empujaron a jubilarse y no faltó a quienes despojaran de tareas, su lugar de trabajo o les quitaran montos variables de su salario. A contramano, muchos de los que apoyaron a Moreno fueron beneficiados con mejores cargos.
Marcela Almeida
Ex coordinadora del IPC Nacional
Fueron muchas las oportunidades en que los trabajadores de ATE-Indec se vieron sometidos con violencia frente a la llamada “patota de Moreno”. Fueron golpeados en asambleas en el edificio central del organismo o en el mismo Ministerio de Economía y varias veces sufrieron destrozos en el local que la junta interna tiene en el décimo piso del Indec.
Las protestas por la intervención del Indec se multiplicaron durante el kirchnerismo
La situación de Marcela Almeida fue representativa. La intervención en el Indec la desplazó porque era la coordinadora del IPC Nacional, índice que se usaba para desenmascarar la manipulación del IPC-GBA. Almeida fue primero dejada sin tareas en su trabajo, pero -como su vínculo laboral con el Indec era precario- terminó quedándose un año completo sin cobrar su salario hasta que la Justicia le dio la razón y obligó al Indec a que la repusiera en su cargo con el mismo sueldo. Pero el Indec no cumplió del todo con el fallo judicial.
Marcela Almeida
Ex coordinadora del IPC Nacional
La falsificación de las estadísticas oficiales y la persecución a los trabajadores del Indec que se opusieron a la intervención derivó en el nacimiento de los tradicionales “abrazos” al instituto que organiza todos los meses ATE. La consigna es “¡Fuera la patota del Indec!”. Quienes adhieren a esa consigna creen que el desmantelamiento del organismo -gracias a los desplazamientos y precaria situación laboral- fue lo que logró afianzar la posibilidad de que el Gobierno falsificara las estadísticas.
La consigna de ATE es “¡Fuera la patota del Indec!”
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La historia de lucha de los trabajadores en el Indec se extiende hasta la actualidad. Se trata de una batalla que se extendió ya ocho años con diferentes intensidades y a pesar de que dentro de ATE existen diversas corrientes ideológicas. Sin embargo, a pesar de los embates ejercidos contra ellos, la resistencia aún se mantiene.
Capítulo4
La Argentina sin radar
La economía argentina se quedó sin su faro. Actores económicos, medios de comunicación, sindicatos y académicos, entre otros, comenzaron a buscar nuevas fuentes de información. Y comenzaron a surgir alternativas. Primero, algunos institutos estadísticos provinciales (Mendoza y San Luis, luego la Ciudad de Buenos Aires), después, las consultoras privadas. A pesar de las críticas del Gobierno a los economistas que producían sus propias estadísticas, fue Moreno quien les abrió el negocio de producción de insumos básicos. En tercer lugar, se sumaron algunos centros de estudio como Buenos Aires City (con Graciela Bevacqua a la cabeza) o Cenda, donde Axel Kicillof impulsaba un índice alternativo al oficial.
Los tentáculos de Moreno buscaron también acallar a las consultoras
Las consultoras privadas se habían habituado a utilizar los insumos básicos que relevaba el Indec para construir escenarios que luego vendían a sus clientes. La falta de confianza sobre esos insumos provocó que muchos economistas se decidieran a armar nuevos equipos de expertos para salir a tomar sus propios datos.
Para frenar esa tendencia, los tentáculos de Moreno buscaron también acallar a las consultoras. El funcionario intentó multarlas pero perdió su batalla en la Justicia.
Jorge Todesca
Economista y director de la consultora Finsoport
La oposición en el Congreso decidió tomar los índices privados -en un promedio- y difundirlos
La consultora Finsoport de Jorge Todesca fue una de las presionadas para que no difundiera sus datos. Todesca, viceministro de Economía en la gestión de Eduardo Duhalde, apeló la multa a la Justicia Contencioso Administrativa. La cámara falló a su favor y revocó la decisión de la Secretaría de Comercio Interior. La multa quedó sin efecto. La situación llevó a varios economistas a impulsar una denuncia por abuso de autoridad contra Moreno que todavía se tramita.
La frágil situación de las consultoras privadas que calculaban un índice alternativo al del Indec tuvo repercusiones políticas. Tras el intento de Moreno de silenciarlas, la oposición en el Congreso decidió tomar los índices privados -en un promedio- y difundirlos con la protección que otorga el Parlamento. Así nació el índice Congreso.
Patricia Bullrich
Diputada nacional
Todos los privados coinciden -incluso también los trabajadores nucleados en ATE- en que el organismo más capacitado para calcular la inflación, el PBI, la pobreza o el desempleo es el Indec. Y, por ende, reconocen las limitaciones de sus mediciones propias. No obstante, reivindican que -en tiempos de falta de información confiable- hayan nacido mediciones alternativas que buscaran ser más realistas que las del Indec.
Jorge Todesca
Economista y director de la consultora Finsoport
La gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina
La inflación no fue el único retoque. Desde mediados de 2007, cuando la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) fue intervenida por el Gobierno, el dato de pobreza e indigencia oficial comenzó también a ser cuestionado. Justamente uno de los insumos más importantes para calcular esos índices era el mismo dato de precios, ya falseado. Los últimos datos de pobreza e indigencia publicados por el Gobierno son de fines de 2013. Fue en ese año cuando, “por problemas de empalme”, la gestión de Kicillof decidió no informar más cuántos pobres e indigentes hay en la Argentina de Cristina Kirchner.
Cynthia Pok
Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec
Recién en 2008, las universidades tomaron un rol más activo frente a la situación que vivía el Indec. Fue gracias a un decreto del entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, que se reunieron varias en el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES). Las casas de estudio presentaron un preciso informe en 2010 en el que decían que el IPC oficial “no era confiable” y en el que reclamaron un “cambio urgente” en el organismo. El entonces ministro de Economía, Amado Boudou, nunca lo recibió.
Sin embargo, gracias a algunos profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre ellos Nicolás Salvatore, nació en marzo de 2009 Buenos Aires City, un centro de estudios que buscaba recrear el IPC-GBA gracias a la experiencia de Bevacqua, primera desplazada del Indec.
Nicolás Salvatore
Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Capítulo5
Las consecuencias de la intervención
Tras el escándalo público que suscitó la intervención del Indec, la desconfianza se expandió a todos los números oficiales. Moreno había tomado un organismo estadístico modelo en América latina y lo había desmantelado parte por parte.
La falsificación de los datos oficiales tuvo múltiples consecuencias. En primer lugar, la Argentina se quedó sin estadísticas confiables para planificar políticas públicas y la sociedad dejó de tener acceso información clave para poder interpretar su propia realidad. La manipulación del Indec, por ejemplo, derivó en el ocultamiento y desaparición de millones de pobres.
Sin datos objetivos, todos los contratos quedaron supeditados al capricho de los actores. Cada gremio maneja hoy sus datos de inflación para calcular las demandas salariales en paritarias, para los inquilinos es difícil establecer si es justo o no la suba de un alquiler, de la misma manera que es imposible determinar una fórmula de actualización para el pago por manutención de una madre divorciada y sus hijos, entre otros ejemplos.
Cynthia Pok
Ex-directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec
La Argentina se quedó sin estadísticas confiables para planificar políticas públicas
La intervención al Indec generó un bache en los datos públicos que se extiende entre 2007 y la actualidad, y que dificulta el trabajo de académicos y universidades. Es un vacío que probablemente nunca se corrija por los juicios que podría provocar.
La intervención al Indec generó un bache en los datos públicos que se extiende entre 2007 y la actualidad, y que dificulta el trabajo de académicos y universidades. Es un vacío que probablemente nunca se corrija por los juicios que podría provocar.
Lucas Llach
Economista y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
2013El Fondo sancionó al país con una moción de censura
También el mundo comenzó a dudar de los datos que producía el Gobierno. El Fondo Monetario Internacional (FMI) empezó a destacar en sus anexos estadísticos las críticas locales que se vertían sobre el índice de precios oficial y el cálculo del PBI. La prestigiosa revista The Economist dejó afuera a la Argentina de su índice mundial sobre competitividad (en febrero 2012 decidió no publicar las estadísticas oficiales de la Argentina y todavía no las publica). Varios organismos de estadísticas a nivel global criticaron a la Argentina. El Gobierno, en busca de nueva deuda, pidió ayuda al FMI, para reformular su índice de inflación, algo que sólo habían hecho países africanos.
En un hecho inédito entre sus socios, el Fondo sancionó al país a comienzos de 2013 con una moción de censura debido a la mala calidad de estadísticas. El organismo advirtió entonces que, de no mejorarse los índices, el país podría ser expulsado. El caso argentino sigue en revisión y aún no tiene un punto final dentro del FMI.
Nicolás Salvatore
Profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
La reputación argentina se derrumbó. Una de las principales consecuencias de la falta de credibilidad de las estadísticas fue la retracción de las inversiones en el país, panorama que se agravó luego de la instalación del cepo cambiario y la imposibilidad de repatriar dividendos. Esta situación, sumada a la crisis energética, derivó en una importante escasez de divisas.
El Indec no perdió oportunidad. Según el análisis de varias consultoras privadas -en base a datos propios del Indec- el Gobierno comenzó en 2013 a inflar artificialmente las exportaciones locales en los informes oficiales que producía el mismo organismo estadístico para disimular el cada vez más flaco saldo comercial y la falta de divisas.
La falsificación estadística impulsada por el Gobierno fue “cómplice” además -durante el último año- de la licuación salarial de los trabajadores estatales (especialmente los maestros) y de las jubilaciones. En 2014 -año en el que el kirchnerismo impulsó un ajuste- el organismo estadístico ocultó la primera caída del salario real, incluso a pesar del nacimiento del nuevo índice de inflación elaborado sólo para complacer al FMI.
Capítulo6
El Indec, en la actualidad
En 2014, el Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas. Lanzó el llamado IPC-Nu, un índice de precios a nivel nacional. Si bien en un principio produjo cierta esperanza de cambio, la brecha entre el Indec respecto de las mediciones de los privados y los organismos provinciales volvió expandirse con el pasar del tiempo. Por otro lado, nunca se volvieron a publicar los precios promedio relevados ni la conformación de las nuevas canastas seleccionadas. Según expertos, en los últimos meses de 2014, el Gobierno modificó la metodología de relevamiento con el objetivo de darle más peso en la ponderación al programa oficial Precios Cuidados -acuerdos con las empresas- en la medición. Esto buscó congelar la suba del índice oficial.
2014El Gobierno intentó un nuevo maquillaje de las estadísticas
Víctor Becker
Economista de la Universidad de Belgrano y ex-director de Indec
Nadie sabe cuál es la inflación en la Argentina y, como se advirtió anteriormente, el dato de pobreza oficial desapareció completamente. El Gobierno no volvió a publicarlo. Los últimos datos cuestionados fueron, en tanto, los de desempleo. En un país en recesión se destruye empleo pero no sube el desempleo porque las personas -dicen las estadísticas del Indec- se retiran voluntariamente, algo que los expertos en el mercado laboral no avalan. En momentos de corridas cambiarias, baja de reservas y falta de dólares, las dudas se expandieron durante 2015 al informe oficial sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA).
Hay un consenso amplio sobre la necesidad de una transformación en el Indec. Incluso entre algunos sectores del oficialismo se pide en voz baja. Parece claro que, gane quien gane en las elecciones presidenciales de 2015, se avecina un fin de ciclo que simboliza el cierre de la etapa más oscura para las estadísticas públicas.
Línea de tiempo para resumir los principales hechos de la intervención
Créditos:
Producción general: Katherine Nagasawa (Senior at Northwestern University’s Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications) Producción periodistica: Francisco Jueguen Programación interactiva: Cristian Bertelegni, Juan Elosua (becario del programa Knight-Mozilla Opennews), Gastón de la Llana Producción de datos: Marthe Rubio, Gabriela Bouret, Romina Colman Desarrollo Multimedia: Florencia Coelho Cámara y edición de video: Katherine Nagasawa (Senior at Northwestern University’s Medill School of Journalism, Media, Integrated Marketing Communications) Asistente de cámara: Matias Aimar y Sebastián Rodeiro Gráficos interactivos y animaciones: Gastón de la Llana Locución: Tomás Rivas Jefe de realización: Juan López Subjefa de diseño interactivo: Mariana Trigo Viera Editora a cargo: Florencia Fernández Blanco Editor responsable: Gastón Roitberg
Cristina gastó casi la mitad de las reservas que heredó
La escasez de dólares. Asumió con US$ 46.176 millones y llegaron a US$ 52.000 millones. Para fin de año las estiman en US$ 24.000 millones.
Por Ezequiel Burgo.
Cristina Kirchner asumió en diciembre de 2007 con US$ 45.566 millones de reservas. Tres años después el Banco Central llegó a atesorar US$ 52.564 millones. El promedio de un sondeo realizado por Clarín entre 11 estudios dedicados a seguir la coyuntura económica, señala que a fin de año las reservas serán US$ 25.268 millones, 44% menos que en 2007.
Los especialistas advierten que US$ 25.268 millones de reservas es una cifra baja porque, al menos la mitad de ese monto, son dólares que importadores, multinacionales y bonistas reclamarán al gobierno que asuma en diciembre. Además, hay que tener en cuenta que el Banco Central dejará una deuda en títulos -en manos de los bancos- que el Estudio Bein estima en $440.000 millones para fin de año.
Jorge Carrera, actual subgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central, publicó un informe sobre el nivel óptimo de reservas donde cita algunos criterios a tener en cuenta para dilucidar qué herencia recibe el próximo gobierno. Uno de ellos consiste en la cantidad de dólares necesarios para afrontar el pago de importaciones. Según esta vara, las reservas a fin año alcanzarían para hacer frente a ocho meses de importaciones y cuatro si se tiene en cuenta las reservas netas.
Otro criterio, utilizado por el directorio del banco años atrás, es el conocido como ‘regla Guidotti’: los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de la deuda externa en los próximos 12 meses. Pablo Guidotti, profesor de UTDT y ex secretario de Hacienda, calcula que el país necesita entre US$ 20.000 y US$ 25.000 millones por año si pretende no financiar el déficil fiscal a través del Central. “Las reservas se encuentran por debajo del criterio financiero”, dice Guidotti.
El trabajo de Carrera sobre el nivel óptimo de reservas fue publicado en 2006. En aquel momento entraban dólares al país. Cuatro años después, cuando se aprobó el uso de reservas para pagar la deuda externa y mientras el ingreso de divisas mermaba (ver primer gráfico de la infografía), la situación era distinta. Mercedes Marcó del Pont, Juan Carlos Fábrega y Alejandro Vanoli arrojaron más nafta al fuego al acelerar el financiamiento monetario al aumento del gasto público en los años siguientes (ver segundo gráfico). ACM calcula que a diciembre la entidad habrá otorgado $320.000 millones al Tesoro, que equivale a 6,3% del PBI.
El Gobierno argumenta que utilizó las reservas para el desendeudamiento. Pero según cifras del Ministerio de Economía, la deuda pública bruta subió de 39,6% del PBI en 2009 a 42,8% en el segundo trimestre de 2014 (último dato).
En sus informes más recientes, Miguel Angel Broda y Miguel Bein coinciden en una cuenta: el Banco Central no tendrá reservas propias en diciembre si se descuentan los swaps firmados con bancos extranjeros, la deuda con importadores, los depósitos en dólares de los bancos comerciales y los intereses pagados a bonistas que fueron bloqueados por Griesa (ver tercer gráfico). Bein es asesor del candidato presidencial oficialista, Daniel Scioli.
Las consultoras que participaron del relevamiento de las reservas fueron: Gabriel Rubinstein y Asoc., ACM, Estudio Bein, Empiria Consultores, Elypsis, Estudio Broda, Fundación Capital, Analytica, LCG, Econviews y Dujovne & Asoc.
Un incendio en Economía destruyó archivos oficiales
SINIESTROS BAJO SOSPECHA. El domingo se quemó el centro de cómputos de la Secretaría de Hacienda. Allí se asienta el detalle de los gastos del Ministerio. Es el cuarto caso de este año en áreas públicas clave.
Por Marcela Pagano.
Balcarce 186. Una de las entradas del Ministerio de Economía. El fuego se focalizó en una oficina del cuarto piso y no dejó rastros visibles desde el exterior. Diego Waldmann.
Un misterioso incendió ocurrió el último fin de semana en el Ministerio de Economía. Con el edificio prácticamente vacío, un centro de cómputos ubicado en el cuarto piso del Palacio de Hacienda comenzó a arder el domingo por la tarde -el único día de la semana en el que no hay empleados trabajando. Se quemó el centro de cómputos de la Secretaría de Hacienda, que contiene las computadoras en las que se archiva el control de gastos del ministerio.
El incendio motivó una denuncia policial y fue admitido a Clarín por voceros y empleados de Economía. Se trata del cuarto incendio de este año en áreas claves del Estado. En febrero, hubo incendios en la Casa Rosada y en el Senado y el mes pasado en el Edificio Libertador (ver más información en página 4).
El Palacio de Hacienda es una de las sedes de Gobierno más grandes y por lo tanto, más difíciles de controlar. Consta de tres edificios distribuidos en una manzana comprendida entre las calles Balcarce, Hipólito Yrigoyen, Paseo Colón y Alsina, donde funcionan también el Ministerio de Industria y el de Planificación.En el cuarto piso reside toda el área operativa de Juan Carlos Pezoa, el titular de la Secretaría de Hacienda. Fue en una pequeña oficina de este piso, aunque lejos del despacho del secretario, ubicada en la Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera hacia la entrada de Balcarce 186, donde ocurrió el siniestro.
Según la versión oficial, lo que motivó el incendio fue un cortocircuito en uno de los aires acondicionados que refrigeraba la sala.
Lo llamativo del caso es que la denuncia fue presentada en la comisaría segunda recién un día después de ocurrido el siniestro por la jefa del área, María Eva Sánchez. Los peritajes para conocer el alcance del daño se extendieron hasta el miércoles por la tarde. Sánchez acudió ayer nuevamente a la dependencia policial para ratificar la denuncia.
Según informaron a Clarín fuentes allegadas al área, se quemaron todas las computadoras que estaban en el salón donde se guardaba el control de gastos de la cartera dependiente de la secretaría que comanda Pezoa. La versión oficial en cambio habla de “un principio de incendio en la sala de testeo de desarrollos informáticos”. Ante la consulta sobre los daños y las pérdidas de información que podría haber acarreado el incendio, desde el Ministerio no pudieron dar precisiones.
Otra rareza del caso es que si bien hubo intervención de bomberos, el alcance de las llamas no se propagó por fuera de la oficina en cuestión. “El centro de cómputos es un cuarto donde no trabaja ningún empleado, son solo computadoras y para evitar que se recaliente la sala debe estar refrigerada permanentemente con aires acondicionados”, explicó a este diario un empleado del área que pidió que se preservara su identidad.
Los domingos el Ministerio de Economía permanece vacío y no hay actividad. Pero siempre quedan los empelados de seguridad a cargo del control de las puertas de acceso. Además, al tratarse de una estructura tan grande (son 13 pisos de altura y dos subsuelos) hay serenos que tienen la obligación de hacer rondas nocturnas para fiscalizar los distintos pisos y hay cámaras de seguridad distribuidas por todos los rincones del edificio.
Pero el mantenimiento del edificio es por lo menos cuestionable, según las quejas frecuentes de algunos empleados. De hecho hace pocos meses también un desperfecto técnico habría motivado otro incendio.
Entre los reclamos gremiales que se escuchan a diario, figura el retraso de un año y medio en las compras de elementos de tecnología necesarios para reacondicionar computadoras y circuitos eléctricos. La falta acondicionamiento en la infraestructura eléctrica motivaron que durante los días de mayor calor se diera contantes cortes de luz en el edificio. De hecho durante el verano los aires acondicionados prácticamente no funcionaron.
Las cañerías de algunos pisos están tan viejas que los baños huelen a cloaca, incluso cuando personal de limpieza los asea. El café del piso 13 tuvo que ser clausurado porque el techo tenía tanta humedad que empezó a caerse.
Sabía que tenía que prepararme, ya que la proximidad de las elecciones multiplicaría por mil las apariciones de Cristina en público. Sin embargo, que la Presi se mande tres cadenas nacionales en siete días –cuatro días hábiles– es como mucho. No sé, me había malacostumbrado al verano de alegrías del caso Nisman, en el que Cris sólo aparecía vía Facebook o pelotudeaba a los chinos por Twitter.
Por cuestión de suerte, casi termino dentro del Museo del Bicentenario. Parece que había free pass con 2×1 en camisetas de “Máximo 2015″. Pregunté si no era redundante afirmar que el kirchnerismo terminaba, máximo, en 2015 cuando no hay chances de re-re, y me quedé sin entrar. Dispuesto a no quedarme con las ganas de almorzar me metí en mi barsucho amigo de calle Bolívar. Allí, la cadena me pegó en los dientes mientras trataba de masticar un tostado.
Previo a la cadena, Cristina realizó algunos anuncios por videoconferencia, entre los que estuvo la inauguración de un centro de atención a las adicciones en Palpalá, Jujuy. Desde allí, su interlocutor, el cura Juan Carlos Molina, le pidió que “vuelva a ser Presidenta en 2019″. Cristina le tiró “ojalá que 2019 me agarre haciendo algo que me guste”, mientras la monada aplaudía sin entender que dijo, sin indirectas, que ser Presidente no está en su lista de cosas favoritas. Por un lado es cierto que hacer las cosas que le gustan se le facilitó bastante en los últimos años, con eso de que unos desconocidos le digan que la aman tras conseguir la planta permanente, poder pasear por el mundo, empilchar lindo y arbitrar los medios necesarios para que la Justicia no pregunte de dónde sacó la plata. Pero por el otro lado, tener que levantarse antes del mediodía cada tanto, bancarse planteos inhumanos –¿Qué es eso de quejarse por la corrupción, la inflación, la miseria, los impuestos y la inseguridad, manga de ingratos?– y ver que la Justicia ya empieza a molestar más que infante a las 23.30 de Nochebuena, pinta un panorama de que ya no es un negocio viable.
Contenta, exultante, radiante y ya en cadena, la Presi saludó y se excitó como quinceañera en vals al afirmar que mantuvo un conversación por “escai” con el CEO de “renol”, quien prometió una inversión de 600 millones de dólares para Argentina. No es que uno no esté acostumbrado a la forma de hablar de nuestra políglota mandataria, pero cuando la erudita empieza a expresarse en tilingo antiguo se nos complica la comprensión. Estuve unos instantes tratando de dilucidar si decía “Renol”, “Reinol” o che cazzo hasta que caí que no se refería al Rohypnol sino a Renault. Una vez dilucidada la cuestión entre benzodiacepina y fábricas automotrices francesas, pude entender que el motivo de tanto festejo se debía a que el gobierno logró atraer una inversión. Teniendo en cuenta que, entre habilitaciones, construcciones y giros, la inversión se concretará en dos años, el único mérito de Cristina por haber conseguido el desembolso es irse.
Remarcó que los capitales de renol en realidad eran de Nissan, “que nunca produjo nada en nuestro país”. En parte es cierto, pero resulta que, desde 2001, el Director Ejecutivo de Nissan es el mismo que el de Renault, que está en el país desde 1955. Me refiero al caballero honorario de la corona británica Carlos Ghosn. Pero lo que importa es que la Presi se sintió orgullosa.
Automáticamente, saltó del orgullo por el renol de Nissan hacia la jubilación 450 mil de la moratoria del año pasado. Celebró que, de los seis presentes, cinco fueran mujeres, porque “las más explotadas seguimos siendo las mujeres”. Nuevamente recordó que cuando llegó Néstor Kirchner los jubilados cobraban 142 mangos, pero al menos no fue tan bestia como en enero, cuando sostuvo que con el último aumento –del 18,3%– el haber “creció el 2550 por ciento, es decir, 25 veces”. Y tambien, nuevamente, mintió, dado que cuando asumió Néstor, la jubilación mínima estaba en 200 pesos, lo cual no era un fangote de guita, pero convengamos que achica un poquito la fiesta de los números. Esa cosa del kirchnerismo de agrandar la miseria por el mero peso de los ceros. Como no podía ser de otra manera, ya que hablaba de gobiernos pretéritos, se le cayó lo del descuento del 13% a los sueldos de los estatales en 2001. Si bien el país estaba por estallar, podríamos recordar que la inflación no existía. No es un detalle menor, dado que, sólo por dar un ejemplo, el año pasado la inflación fue del 39% y hoy ofrecen aumentos por el 26%. Es un descuento del 13%, pero nacional, popular, democrático y con satélite.
Por si fuera poco, la ídola del poltergeist numérico tiró como datazo para festejar que el Banco Mundial dice que el salario mínimo de Argentina es el más alto en dólares, equivaliendo a 442 gringos, superando al de Brasil, que a duras penas llega a los 300 verdes. Para corroborarlo, dijo que “no lo dice el Indec” sino el Banco Mundial, que elabora sus estadísticas con los datos que le proporciona el Indec. Curiosamente, si dividimos la jubilación mínima de 3.821 pesos por 442 dólares, nos da una cotización de 8,64. O sea, la oficial. Si la dividimos por la del dólar que se consigue, los hermanos brasileros nos empardan.
Luego de pegarle a La Nación por quejarse del despilfarro de la ANSES cuando tienen una deuda con el Tesoro, la Presi dijo que el verdadero “saqueo” se produjo con las Administradoras de Fondos de Jubiaciones y Pensiones, ésas por cuya implementación hizo lobbie Oscar Parrilli y a las que ni Néstor gobernador de Santa Cruz, ni Cristina diputada provincial, se opusieron ni un cachito. Pero con la tranquila impunidad que da criticar lo actuado hace más de dos décadas desde la comodidad de un país con el lóbulo frontal atrofiado, Cristina afirmó que lo de La Nación es un saqueo tributario legalizado. Como el de su marido, cuando se autoeximió de pagar el impuesto a las Ganancias por Decreto Ley.
Tras aclarar que “no está mal tener plata”, que viniendo de la Presi, es como que se acaricie solita y diga “no está mal tener 62 años”, explicó que “cuando los que tienen muchas cosas tienen demasiadas y hay cada vez más gente que tiene menos, esos que cada vez son más y tienen menos, por ahí, un día te quieren sacar las cosas que tenés vos”. Explicación del manual básico para la formación del progre, que en el primer párrafo del primer capítulo sostiene que “la delincuencia es producto de la falta de oportunidades laborales, ausencia de educación y la marginalización”. El drama es que, si tomamos por válida esa afirmación, las estadísticas de delincuencia nos dejan mareados: o el argumento de la delincuencia como producto de la marginalización no es real, o la marginalidad de los últimos 12 años no ha hecho más que crecer a costillas de un Gobierno que ha basado su gestión en la administración de la misiadura, con el reparto de planes asistenciales como curitas.
Para paliar la mala onda, Cris se puso en promotora de hipermercado y empezó a nombrar todos los descuentos que tendrán los jubilados que cuenten con la tarjeta Argenta, entre los que se encuentran viajes por Aerolíneas Argentinas en 48 cuotas sin interés en un país con una inflación interanual alrededor del 40%. Y después nos preguntamos de dónde viene el déficit.
Mientras le daba el primer sorbo al cortado en jarrito, Cristina volvió a la teoría progre de la delincuencia, pero abordada desde el temor, pidiendo que seamos conscientes de que si no los dejamos seguir revoleando la chequera ajena, después no deberíamos quejarnos de la delincuencia. Allí fue cuando afirmó: “No soy partidaria de justificar nada porque sean pobres, porque yo fui pobre y nunca justifiqué nada”. Me atraganté. Tosí. Volqué la taza. El café me salió por la nariz. Quemaba. Todo bien con el servicio del lenguaje de señas para sordomudos, pero podrían poner un cartelito, una señal de “guarda que se viene”. “Yo fui pobre”, tiró la hija de una empleada pública y el dueño de un puñado de colectivos. Sí, en la época en que las líneas de colectivos eran cooperativas, muchos choferes eran los dueños de sus propios vehículos. “Yo fui pobre”, dijo, y no tuvo la delicadeza de avisar. Porque yo zafé al estar sorbiendo un cortado, pero en pleno horario del almuerzo, esas cosas no se hacen. Mientras todos se reían –menos el mozo, que limpiaba con cara de bragueta– me puse a pensar en lo llamativo de que se defina como pobre una mina que pudo cursar su secundaria en el colegio Misericordia de La Plata y a quien, cuando quiso “juntarse” con el futuro estadista de mirada distinta, don Fernández le habilitó una casa que tenía de más en City Bell. Fue antes de que tuvieran que irse al “exilio interno”, donde, en escasos años, dejaría de ser menos pobre aún.
Cristina, sin quererlo, aportó su granito a la discusión por la pobreza. Unos días atrás, Axel Kicillof dijo que hablar de la cantidad de pobres que tiene el país es estigmatizarlos. En su momento dieron ganas de mandarle saludos a la familia, pero parece que el miniministro practica futurología y previó que Cristina los vincularía directamente a la delincuencia. Más tarde, el director del Indec contribuiría a las dudas sobre las teorías económicas al afirmar que “es muy complejo calcular qué es un pobre”. Y eso que en la puerta del edificio tiene siempre una o dos familias que pueden explicárselo. Sin embargo, tiene razón. Es complejo.
La definición básica que nos metieron en la escuela nos dice que la pobreza es la carencia de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Y convengamos que, viviendo hace más de una década bajo un gobierno en el que “todo es relativo”, no debe resultar fácil medir qué es carencia, qué son bienes, qué son servicios y qué es una necesidad básica. De un modo humilde, propongo que la definición se modifique por “carencia de los bienes, servicios y planes sociales necesarios para satisfacer las necesidades básicas”. Es una manito que les tiro, así no les resulta tan complejo medir si un tipo que vive en una de las millones de casillas de chapa y cartón que se acumulan en las mil villas existentes entre la Capital Federal y su conurbano, o en la periferia de todas y cada una de las grandes urbes de la Patria, es pobre o no. Y si quieren, se las simplifico un poco más: un jubilado necesita casi 7 lucas para sobrevivir un mes. Saquen cuentas de cuántos cobran la mínima de tres mil y pico, y ahí tienen otro numerito.
Luego de que el mozo me entregara otro cortado y añadiera un innecesario y casi traumático “tratá de no reventarlo”, me puse a pensar en el costado bueno de la afirmación de la Presi. Si hacemos el ejercicio de creerle que realmente era pobre cuando asistía a los bailes del Jockey Club de La Plata, es toda una esperanza. No cualquiera pasa de la pobreza a nadar en fardos de billetines extranjeros, con joyas y pulseras que ejercen de flotadores para no hundirse en la pileta de dinero que la ha convertido en una de las mujeres más ricas de la Argentina. Mucho más esperanzador es saber que se puede llegar a juntar esa guita habiéndo empezado a cobrar un salario en blanco recién a los 36 años, gracias a que la lista sábana de Menem le permitió sentarse en una banca de la legislatura provincial. Si ella pudo, todos podemos. La única contra que le encuentro al asunto de creerle es que salió de la pobreza sin planes sociales, sin Progresar ni Procrear, con lo que no tendrían sentido todas su políticas sociales.
El tema pasa por el otro paradigma que Cristina planteó en su discurso: que si unos tienen poco es porque otros tienen mucho. Ese ítem de la doctrina cristinista nos caga la ilusión, dado que para forrarnos en guita como ella, deberíamos hacer lo mismo que hizo ella y su marido.
Y ahí entraríamos en un problema, porque no podemos saquearnos entre todos.
Mercoledi. Mariotto le entregó un premio a la mamá de Cristina y otro a su hermana, por “haber formado a la Presidenta”. El día que habiliten el premio a haberla soportado, quebramos al país.
Szpolski y Garfunkel cierran las revistas Forbes y Lonely Planet
Por Alejandro Alfie.
El ultrakirchnerista Grupo Veintitrés se retira del segmento revistas y deja otros 30 empleados en la calle.
Otra época. Los Brito [otro ultra K], en una de las primeras tapas de la revista ahora cerrada.
Sergio Szpolski le anunció a sus periodistas el cierre de las versiones locales de Forbes y Lonely Planet, dos revistas sobre economía y viajes del Grupo Veintitrés. Y les ofreció «retiros voluntarios» a los 30 empleados de esas revistas.
Esto se suma al cierre de la imprenta de las revistas del grupo, Poligráfica del Plata, cuyos 60 empleados no cobran los sueldos desde mediados de diciembre y están en conflicto porque no aceptaron los «retiros voluntarios» que ofrecieron los empresarios kirchneristas Szpolski y Matías Garfunkel.
La versión local de la revista Forbes fue creada por Grupo Veintitrés en 2011. Tenía una parte de los contenidos que venían desde los Estados Unidos, donde se hacía la producción internacional; mientras que los contenidos locales se hacían en la Argentina. Uno de sus rankings más conocidos es el de las personas más ricas del mundo.
La otra revista que cerró es Lonely Planet, con temas de turismo para viajeros. Es muy conocida la versión española, de donde tomaban la mayoría de sus notas.
El cierre de Forbes y Lonely Planet se enmarca en el abandono del grupo de Szpolski y Garfunkel del segmento de revistas, donde estaba desde hace 11 años, cuando compró Veintitrés, para competir con la revista Noticias, de Editorial Perfil.
Grupo Veintitrés fue uno de los mayores multimedios kirchneristas y el que más publicidad oficial recibió durante esta década. [Traducción: Robo para la corona K]
Pero en los últimos meses cerró y vendió todas sus revistas, para quedarse sólo con los diarios Tiempo Argentino y El Argentino, junto con la cadena de noticias CN23 y las radios Rock & Pop, Vorterix, América y Splendid.
Szpolski y Garfunkel vendieron la revista Veintitrés al grupo Olmos, dueño de Crónica y ligado a la UOM de Antonio Caló; vendieron el dominical Miradas al Sur al Movimiento Evita; y le cedieron los portales web Diagonales y 24Con a un ex empleado jerárquico. La revista Siete Días, que venía los domingos dentro de Tiempo Argentino, dejaron de imprimirla y pasaron a editarla sólo en digital. A fines del año pasado cerraron también las versiones locales de las revistas Newsweek y Auto Bild.
El Gobierno impulsó a Szpolski y Garfunkel para que compren y creen numerosos medios, con plata de la publicidad oficial. [Traducción: Cientos de millones de dólares robados el Estado Argentino] Ahora, que hay una crisis en el sector de revistas y ya no son importantes para el Gobierno, el Grupo Veintitrés las vende o cierra, dejando a más de 100 personas en la calle. Es que no les está pagando los sueldos a los 60 empleados de la imprenta ni a los 15 de Diagonales. Y habrá que ver qué pasa con los 30 periodistas que trabajaban en Forbes y Lonely Planet, a quienes también les ofrecieron tomar retiros voluntarios.
Ruta del dinero K: el estudio de las empresas fantasma pide ser parte del juicio
Por Ana Baron.
Lázaro Baez y Cristóbal López, empresarios K
Nueva York – Por primera vez, Mossak y Fonsenca el estudio jurídico panameño acusado de ser el mentor de las mas de 123 empresas fantasmas adjudicadas a Cristóbal López y Lázaro Báez en Nevada, envió un escrito al Juez Ferenbach de Nevada en la que pide ser parte del juicio iniciado por los fondos buitres en el marco que de la investigación que están haciendo sobre la Ruta del dinero K y la corrupción en la Argentina.
El juez Ferenback dijo que hay «sospechas razonables» indicando que Mossak y Fonseca le dio instrucciones a Carmen Amunategui de NM Nevada para que registre las 123 empresas en Nevada y que tiene mas información que ella sobre lo que sería un gran esquema de lavado de dinero argentina que incluye no solo Estados Unidos, sino que también Uruguay, Paraguay, las Islas Seychelles, Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.
CFK y bolsa de dinero
Varias de las empresas en cuestión están a nombre Aldyne, una empresa basada en las Islas Seychelles. Aldyne tiene relación con la firma Helvetic Services Group, que se quedó con la financiera SGI, conocida como La Rosadita y que pertenecía a Federico Elaskar. En el escrito pidiendo su intervención en el juicio, Mossak y Fonseca afirma que la corte no tiene jurisdicción para actuar en Panamá y que el fallo que impartió autorizando a los fondos buitres a que lo investigue es contraria a ley internacional. El Juez Ferenback ya dictamino que NM Nevada, el estudio de nevada dirigido por Carmen Amunategui que registro las empresas en cuestión en el alter ego (es uno y lo mismo) de Mossak y Fonseca. Es decir, en su fallo Ferenbach ya habilitó a los fondos buitres a pedirle información a Mossak y Fonseca en Panamá a través de Amunategui. Ahora el juez Ferenbach deberá determinar si le da lugar o no a la petición de Mossak Fonseca.
Fuente: Clarín, 01/04/15.
Un estudio panameño daría datos en la causa de lavado en EE.UU
Por Silvia Pisani.
Mossack Fonseca informaría al juez de Nevada sobre las cuentas de Báez y López
WASHINGTON – El caso de la llamada «ruta del dinero K» podría tener un nuevo protagonista en los tribunales norteamericanos del estado de Nevada. Eso si prospera la encendida solicitud que, finalmente, hizo el estudio de abogados panameño al que se sitúa en medio de la trama para que lo «dejen ser parte» en el caso, con la intención de «defenderse» de los «errores» que, a su juicio, cometió el juez en perjuicio suyo y de sus clientes.
Es la primera vez que el estudio de abogados Mossack Fonseca se presenta formalmente ante el juzgado de Cam Farenbach. Lo hace con un escrito en el que señala un cúmulo de errores que, a su juicio, cometió el magistrado de Nevada en la investigación.
Por todo eso el estudio de abogados panameños le pidieron al juez ser «parte» en el proceso, con el «solo objetivo» de defender «su buen nombre y el de sus clientes.
Hace más de un año que el estudio panameño aparece citado en esta trama, en la que se le atribuye haber sido el responsable del registro de un entramado de empresas fantasma que, según la acusación de los fondos buitre, habrían usado los empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López para circular dinero oscuro proveniente de la Argentina.
Pero ahora lo que precipitó la reacción del estudio fue la decisión del magistrado de declarar que la firma MF Corporate, con sede en Nevada, es «la misma cosa» (álter ego) que el estudio. La figura abre la puerta para que los fondos buitre demanden judicialmente a la sede panameña con documentación para avanzar en su pesquisa de los activos argentinos. Algo a lo que se oponen de plano.
Pese a que cruza al juez con la afirmación de que «no es» el álter ego de la firma de Nevada, el estudio panameño coquetea ahora con la idea de «colaborar» con la investigación judicial, siempre y cuando se le preserven el secreto y la «confidencialidad» de sus clientes. De ellos afirma no su convicción, sino su «creencia» de que «no tienen nada que ver» con la Argentina.
Buscar activos
La causa de Nevada responde a una figura denominada «Discovery», por la cual se habilita a los acreedores de la Argentina a buscar activos supuestamente escondidos en plazas financieras ajenas a Buenos Aires.
El fondo NML, de Paul Singer, que está inmerso en el conglomerado de los fondos buitre y es uno de los más activos en esta pesquisa, está convencido de haber dado con dinero presuntamente de la corrupción circulado desde la Argentina por un conglomerado de empresas registradas en Nevada, a las que vincula a los citados empresarios allegados a la presidenta Cristina Kirchner desde hace muchos años.
En las últimas semanas el juez Farembach emitió opiniones en las que sumó sospechas sobre los fondos que manejan Cristóbal López y Lázaro Báez.
La historia que todos conocemos es fácil de resumir: nombrado por orden de Néstor Kirchner, el fiscal Nisman investigó durante años el mayor atentado sufrido por la Argentina. En paralelo, la Presidenta cambió el criterio de su predecesor, su marido, y, en trámite exprés, firmó e hizo aprobar con la obediencia (in)debida de sus legisladores, un tratado con Irán que fue declarado inconstitucional, donde sacrificaba nuestra soberanía judicial por primera vez en la historia.
En un momento dado, el fiscal Nisman denunció a la Presidenta, a su canciller y a un grupo de parafuncionarios, por encubrimiento a favor de acusados por la masacre de la AMIA, precisamente a través de ese tratado.
A los pocos días el fiscal Nisman apareció muerto de un tiro en la cabeza. Pocos días después, el fiscal Pollicita apoyó la denuncia de Nisman y pidió 46 medidas de prueba. Pero el juez Rafecas desestimó la denuncia sin más trámite, hasta teniendo en cuenta elementos ajenos a la causa inicial, que en definitiva sirvieron de prueba a los imputados: para ellos sí hubo posibilidad de pruebas. Para los fiscales, o sea para todos nosotros, no.
Apeló el fiscal Pollicita y el fiscal Moldes lo acompañó, pese a las presiones brutales que recibió. Incluido el absurdo retiro de su auto oficial.
Ahora la Cámara de Apelaciones, por su Sala I y por el voto de sus miembros Ballestero y Freiler, convalida la desestimación del juez Rafecas e impide que siga o, mejor dicho, que empiece la investigación de un delito que -si existió- involucra a las máximas figuras del Gobierno en un tema de lesa humanidad que costó la vida a 85 argentinos y, acaso, al fiscal Nisman.
Hasta aquí, parece el argumento inicial de una película clase «B», en la que los buenos al final triunfarán. Pero desgraciadamente es nuestra realidad y casi todos tenemos miedo de que el mal triunfe. Esta vez, el mal tendría éxito al impedirse la investigación por formalismos kafkianos sin sentido jurídico ni común.
Todos los fallos merecen respeto, pero eso no implica acatarlos: la decisión de la Cámara Federal es apelable ante la Cámara de Casación e incluso lo que decida esta Cámara puede llegar a la Corte Suprema, dada la monumental gravedad del caso, a través del per saltum.
El fiscal Moldes ya había anticipado que apelaría. Queda saber si el fiscal que tomará el caso lo seguirá y si Casación revocará las lamentables decisiones de 1a y 2a Instancia, que nos niegan a todos los argentinos saber si la denuncia de Nisman, Pollicita y Moldes contra la Presidenta y su grupo tenía fundamento o no.
La denuncia del fiscal Nisman fue ratificada por los fiscales Pollicita y Moldes. El denominador común entre estos tres fiscales ha sido el más básico de una república: no deben impedirse las investigaciones de posibles delitos, sin importar que puedan haber sido cometidos por gobernantes. Incluso si la Cámara de Casación confirmara el fallo de Rafecas y de la Cámara, debería solicitarse a la Corte Suprema que por el instituto del per saltum, intervenga y permita que la investigación se lleve a cabo,
Ojalá que el sistema funcione correctamente y que, de una vez por todas, empecemos a vencer la brutal impunidad que nos aplasta como personas y como país. Es inadmisible que semejante escándalo quede sepultado en un archivo, sin ser investigado. Eso se llama impunidad, y no podemos seguir conviviendo con ella.
—El autor es abogado y fue Consejero de la Magistratura entre 2010 y 2014.
El Gobierno volvió a usar las emisiones del programa Fútbol para Todos para intentar instalar su relato sobre la Ley de medios.
En tres spots, Martín Sabbatella trató de defender su polémica gestión al frente de la AFSCA. Y volvió a mostrar su total parcialidad atacando a Clarín.
Habló de 1300 nuevas licencias, de 100 mil nuevos puestos de trabajo, de planes de adecuación terminados.
Pero sus afirmaciones son falsas u omiten lo más importante.
Es que la verdad lleva a conclusiones opuestas a las de Sabbatella.
Por eso, en este video, se responden punto por punto las nuevas falacias del titular de la AFSCA.
Fuente: clarin.com, 28/03/15.
Contenta, exultante, radiante y ya en cadena, la Presi saludó y se excitó como quinceañera en vals al afirmar que mantuvo un conversación por “escai” con el CEO de “renol”, quien prometió una inversión de 600 millones de dólares para Argentina. No es que uno no esté acostumbrado a la forma de hablar de nuestra políglota mandataria, pero cuando la erudita empieza a expresarse en tilingo antiguo se nos complica la comprensión. Estuve unos instantes tratando de dilucidar si decía “Renol”, “Reinol” o che cazzo hasta que caí que no se refería al Rohypnol sino a Renault. Una vez dilucidada la cuestión entre benzodiacepina y fábricas automotrices francesas, pude entender que el motivo de tanto festejo se debía a que el gobierno logró atraer una inversión. Teniendo en cuenta que, entre habilitaciones, construcciones y giros, la inversión se concretará en dos años, el único mérito de Cristina por haber conseguido el desembolso es irse.
Por si fuera poco, la ídola del poltergeist numérico tiró como datazo para festejar que el Banco Mundial dice que el salario mínimo de Argentina es el más alto en dólares, equivaliendo a 442 gringos, superando al de Brasil, que a duras penas llega a los 300 verdes. Para corroborarlo, dijo que “no lo dice el Indec” sino el Banco Mundial, que elabora sus estadísticas con los datos que le proporciona el Indec. Curiosamente, si dividimos la jubilación mínima de 3.821 pesos por 442 dólares, nos da una cotización de 8,64. O sea, la oficial. Si la dividimos por la del dólar que se consigue, los hermanos brasileros nos empardan.
