Alberto Nisman no le dieron ni siquiera la oportunidad de una investigación. Era previsible. La Cámara Federal que le tocó a su denuncia resolvió contra el Gobierno, en los últimos años, sólo en ocasiones muy escasas. La Cámara Federal se divide en dos salas. La Sala 1, que resolvió ayer, más identificada históricamente con los intereses del Gobierno, y la Sala 2, con fama de independiente. La decisión de la Cámara que confirmó la resolución del juez Daniel Rafecas, quien desestimó de plano la denuncia de Nisman, podría explicar hasta la reciente y feroz campaña del oficialismo para difamar al fiscal muerto.
Dicho con palabras más directas: esos jueces que firmaron la sentencia de ayer, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, no hubieran hecho lo mismo pocos días después de la masiva movilización del 18-F. Tuvieron margen para hacerlo, en cambio, después de que el Gobierno lo denunciara a Nisman como un mujeriego compulsivo, un gastador incansable de fondos estatales y un loco desquiciado en el manejo de los asuntos judiciales. Un «sinvergüenza» y un «turro», en fin, según la descripción del infaltable Aníbal Fernández. Ahora se explica por qué se necesitó matar al muerto.
Ayer sucedió de manera más consistente la segunda muerte de Nisman. El caso provocó la división del tribunal, aunque sólo uno de sus tres jueces, Eduardo Farah, promovió revocar la decisión de Rafecas e investigar la denuncia de Nisman. Quedó en minoría. La mayoría se dedicó, más bien, a destruir los testimonios de dos personas muertas, el propio Nisman y el periodista Pepe Eliaschev. A Nisman le reprochan haber denunciado un delito respaldado en meras conjeturas. Dijeron de Eliaschev que cambió en la declaración testimonial lo que había afirmado en una nota en el diario Perfil. Eliaschev fue el primer periodista que informó que existía una negociación secreta entre el gobierno de Cristina Kirchner y el régimen de los ayatollahs iraníes. Ninguno de los dos está, desde ya, en condiciones de replicarle al tribunal. Así, con semejantes tretas, no se necesita ser juez para archivar una denuncia.
Los jueces Ballestero y Freiler, que desestimaron la presentación de Nisman, dieron fundamentalmente dos argumentos. Uno consistió en describir una decisión política, susceptible de críticas y de impugnaciones, pero que en ningún caso configura un delito. El otro argumento señala que, aun si hubiera habido la intención de cometer un delito, no hubo principio de ejecución, requisito necesario para ser condenado por la Justicia. Ambos merecen su refutación.
Si fue una decisión política o un delito es la conclusión a la que debe llegar la Justicia después de un largo proceso. Nadie dijo nunca que el escrito de Nisman sirviera para condenar a alguien o a algunos. Fue la presentación de un fiscal que había trabajado diez años en el caso AMIA y que murió extrañamente cuatro días después de denunciar a la Presidenta y al canciller, entre otros. Una denuncia necesita ser corroborada con pruebas y testimonios. El propio Nisman pidió muchísimas medidas de prueba para sostener su denuncia. El problema es que ningún juez, ni Rafecas ni Ballestero ni Freiler, le dieron la oportunidad de comprobar que sus conclusiones eran ciertas.
Una denuncia sólo necesita ser «verosímil», como lo señaló el juez de la minoría, Farah, y la de Nisman lo es. Merecía, por lo tanto, la oportunidad de ser investigada, que es, en última instancia, lo que pidieron los fiscales Gerardo Pollicita y Germán Moldes. Las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre Luis D’Elía, Jorge «Yussuff» Khalil y Fernando Esteche se prestan para cualquier interpretación. Les sirvieron a Freiler y a Ballestero para darle la razón al juez Rafecas, y le sirvieron a Farah para asegurar que Rafecas se equivocó. Son diálogos propios de barrabravas, con más sobreentendidos que claridad. Lo más notable de esas conversaciones es el grado de información con que cuentan esos personajes. Por eso, la denuncia de Nisman es, por ahora, más política que judicial. Desnudó el entramado que se teje en los sótanos oscuros del poder cristinista.
En rigor, la primera responsabilidad por la caída súbita de la denuncia de Nisman le corresponde a Rafecas. Fue ese juez quien abrió el camino para el archivo rápido de la denuncia y quien les dio argumentos a los jueces cercanos al oficialismo. Si Rafecas hubiera abierto una mínima investigación, esa Cámara Federal debería resolver ahora sobre pruebas concretas y no sobre una presunción. O sobre la opinión personal de Rafecas, tal como él lo subrayó varias veces en su resolución. La decisión de Rafecas cavó, incluso, una profunda grieta entre los dirigentes de la comunidad judía, con cuya simpatía el juez cuenta (¿o contaba?).
No es cierto tampoco que no hubo principio de ejecución del supuesto delito, si la intención hubiera existido. El gobierno de Cristina Kirchner agotó todos los recursos que tenía a su alcance para culminar con los requisitos del tratado con Irán. «La aprobación en trámite exprés del acuerdo por parte del Congreso fue el principio de ejecución», dijo ayer un juez federal que nada tiene que ver con este caso. Fue el gobierno de Irán el que demoró la aprobación del pacto por parte de su Parlamento.
Si el acuerdo se hubiera formalizado definitivamente en los dos países, tampoco Interpol habría necesitado de un juez argentino para levantar las circulares rojas para la captura internacional de cinco jerarcas iraníes. Una de las razones de ser de Interpol es la de buscar a las personas cuyo paradero se desconoce. ¿El paradero de quién desconocería la justicia argentina si los acusados hubieran estado en Teherán parloteando con jueces y funcionarios argentinos? El propio tratado dispone, en su artículo 7, que el acuerdo sería notificado a Interpol sin necesidad de que fuera aprobado por los parlamentos de ambos países. ¿Para qué tanta premura si las circulares rojas no eran la prioridad, según la defensa del gobierno argentino?
Los jueces que decidieron ayer no tuvieron en cuenta, ni siquiera, dos hechos destacables que sucedieron después de la denuncia de Nisman. El primero de ellos es la muerte del fiscal, cada vez más alejada del suicidio para su familia y para la mayoría de la opinión pública. Nisman murió por esa denuncia, sea cual haya sido el procedimiento que puso fin a su vida. El segundo hecho fue la denuncia de ex funcionarios venezolanos, según la cual, en el fondo, se negociaba la venta de uranio argentino a Irán. Nisman mencionó en su denuncia «otros acuerdos», pero no precisó mucho más. ¿Se refería, acaso, a supuestos regateos por el uranio? Imposible saberlo si se cierran todas las puertas de una investigación.
No todas las puertas están cerradas. El fiscal general Moldes no necesita anunciar si apelará a la Cámara de Casación. Ya en su presentación ante la Cámara Federal, en la que promovió investigar la denuncia de Nisman, anticipó que se reservaba el derecho de apelar ante la instancia superior. Apelará, sin dudas. Vendrá un sorteo que determinará a qué Sala de esa Cámara le tocará decidir y, de acuerdo con su resultado, se podrá saber si habrá un fallo independiente o no. Algo extraño sucede en la Justicia cuando sus sentencias pueden anticiparse según la simpatía de los jueces. Ésa es otra herencia perversa que dejará la era kirchnerista, que termina.
Los argumentos del juez Farah, que votó para que se investigue la denuncia de Nisman
El magistrado integra el tribunal que desestimó la presentación del fiscal contra la Presidenta; fue el único que se manifestó para que se abra una causa
Eduardo Farah es el camarista federal que votó a favor de que se investigue la denuncia del fiscal federal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchnerque fue desestimada esta tarde por el tribunal de la Sala I de la Cámara, que también integran los magistrados Jorge Ballestero y Eduardo Freiler (quienes votaron para confirmar el rechazo a la presentación judicial).
Los argumentos de Farah para que se abriera una investigación a partir de la denuncia de Nisman por supuesto encubrimiento de responsabilidades en la causa AMIA están desarrollados en el fallo que publicó el Centro de Información Judicial. Allí, el juez rechaza la desestimación del juez Daniel Rafecas. «Verosímil es aquello que tiene apariencia de verdadero, porque es al mismo tiempo posible y congruente, porque respeta una serie de reglas lógicas y de la experiencia y porque tiene un nivel aceptable de coherencia entre los diferentes elementos que lo constituyen. Esto no implica que se trate de una situación real o verdadera, lo verosímil tiene siempre un carácter meramente indiciario, nunca definitivo, a la hora de explicar una cosa», sostiene.
Y continúa: «La hipótesis de la fiscalía, analizada en forma global y no fragmentada, cumple con el requisito mínimo de verosimilitud y es susceptible de ser investigada. Y la omisión de hacerlo no es inocua, ni para un análisis de índole teórico ni para confrontar y evaluar los indicios colectados con carácter previo a la denuncia. [.] Es iniciando la instrucción y dando curso a las medidas de prueba que devienen pertinentes que podrán esclarecerse todos los interrogantes en pie. Negar su apertura no sólo es incorrecto, contraría lo estipulado por la ley (arts. 123, 180 y 193 del CPPN)», clama.
Finalmente, insiste al referirse a las implicancias del caso: «Frente a hechos de significativa gravedad institucional como los de esta causa, es preciso recabar las evidencias del modo más rápido posible, para que sean presentadas y argumentadas en un acto público, como es una sentencia judicial, pronunciada en tiempo y forma procesalmente oportunas. Ya se perdió demasiado tiempo para instruir la causa como correspondía; lamentablemente no parece ilógico suponer que la demora haya incidido negativamente en la eficacia del procedimiento de procura y colección de determinadas pruebas pedidas por la Fiscalía (ej. allanamientos). Es obligatorio e impostergable activarlo decididamente en aras de evitar que ese perjuicio devenga insalvable», declara.
Quién es Farah. Farah actúa en la Sala I del tribunal, como suplente, y es titular en la Sala II. Llegó de la mano del auditor Javier Fernández. Sus últimos fallos, en consonancia con la ruptura de Fernández con el Gobierno, fueron contra el vicepresidente Amado Boudou y el memorándum firmado con Irán.
Fuente: lanacion.com, 26/03/15.
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El camarista Jorge Ballestero minimizó el rol de los imputados: tildó a D’Elía de «inverosímil» y a Khalil de «desorientado»
El juez se burló del poder de negociación que tenían los presuntos operadores con Irán; sobre la denuncia de Nisman, manifiesta que se trató de «un pase de ilusionista»
El camarista Jorge Ballestero se burló del poder del piquetero Luis D’Elía y del rol de agente secreto del lobbista proiraní Jorge «Yussef» Khalil a la hora de fundar su voto en favor del Gobierno al rechazar la denuncia de Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner.
Al emitir su voto, Ballestero manifiesta sobre la denuncia de Nisman : «Al aproximarse al estudio de la presentación que dio génesis a esta causa, con sus casi trescientas páginas y sus decenas de comunicaciones telefónicas prolijamente encadenadas a un relato que, sin escatimar en adjetivos, exhibe una pulcra redacción, es atendible verse seducido por lo que se enuncia. Pero cuando uno se detiene y avanza en sus detalles, los contornos de lo que se dice ya no son tan nítidos. Como si se tratara de un pase de ilusionista, en casos como este es preciso analizar las cosas más de cerca para poder develar su real entidad».
El rol de los actores
Para el camarista, Nisman no especifica «cuál fue en definitiva la hipótesis ficticia ni cuál el aporte concreto que a su armado hicieron las personas citadas en ella». «Qué valor pueden tener comunicaciones telefónicas en las que los interlocutores, como bien señala el a quo, describen formar parte de un ámbito de acceso de restringido, no proyectando más que el eco de noticias periodísticas o bien una fabulada idea de ser operadores sin poder de convicción», se pregunta el camarista.
Ballestero no menciona en su fallo a la presidenta Cristina Kirchner , al canciller Héctor Timerman y el diputado Andrés «El Cuervo» Larroque , pero manifestó: «Nada resta por señalar respecto de los otros tres imputados cuando ninguna de las escuchas telefónicas los tiene como actores, y cuando ninguna de las probanzas e imputaciones logra demostrar la menor vinculación con los hechos denunciados que, como se dijo, no provenga de los actos oficiales relativos a la negociación, suscripción y aprobación del Memorándum de Entendimiento inconstitucional, mas no criminal».
D’Elía «inverosímil» y Khalil «desorientado»
Ballestero cuestionó que «se aluda como válido operador de este plan de encubrimiento a alguien que, como D’Elía, el mismo denunciante [Nisman] tildó de inverosímil en ocasión de recibirle declaración testimonial».
El camarista sostuvo también que D’Elía es una persona a la que los mismos protagonistas de las escuchas «denigran y desmienten».
«Tenemos a un (Fernando) Esteche [otro de los acusados por Nisman] comentándole a Khalil, nuevamente en referencia a D’Elía … «que no haga el canchero, que no haga el que entra a Casa Rosada…el que menos puede entrar a Casa Rosada es él»», indicó.
Sobre Khalil, el camarista consideró que él mismo se mostró «desorientado» el día que se firmaba el memorándum con Irán.
«En referencia a sí mismo, Khalil recuerda ante un tercero una charla con D’Elía porque este «…quería saber qué pasaba con el memorándum (risas), éste se piensa que yo soy Steven Spielberg, no sé 007…y yo qué sé qué pasa con el memorándum flaco, sé tanto como vos del memorándum le digo»», escribió Ballestero. Y añadió: «A confesión de parte…».
El camarista afirmó que «del mismo modo cuadra que el secreto agente de inteligencia se comunicara vía electrónica con una casilla abierta en el sitio Yahoo con su nombre y apellido, así como que pueda ser hallado en la exclusiva red social ‘Sónico’ y que sus contactos en la Dirección Nacional de Aduanas le hayan valido hoy una denuncia de la Secretaría de Inteligencia, por haber invocado falsamente su pertenencia a ese organismo».
Lavado de dinero: otra sociedad fantasma ahonda las sospechas sobre Báez
Por Hugo Alconada Mon.
Curazao, la pequeña isla del Caribe, es un mar de tesoros para los negocios de Lázaro Báez. Pero también de dolores de cabeza.
La operatoria que le permitió al empresario patagónico engordar el patrimonio de Austral Construcciones con $ 254 millones, cash, durante uno de los peores momentos financieros de la constructora fue aún más oscura de lo que ya se sabe. Incluyó dos sociedades inactivas en esa isla de las Antillas Holandesas, y la participación off shore de dos argentinos y un uruguayo que ya no pueden contar lo que saben: los tres murieron meses antes de que los últimos billetes entraran a las cuentas de la constructora, según reconstruyó LA NACIÓN sobre la base de testimonios y documentos confidenciales.
Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner.
Los primeros datos sobre la polémica operatoria ya las reveló este diario en mayo de 2013 y en enero pasado: Austral Construcciones detalló en su balance de 2011 que recibió $ 254 millones como indemnización por un supuesto proyecto inmobiliario que se frustró en Belice, del que se iba a encargar una sociedad de Curazao, J+J Holding, a través de un fideicomiso creado en Uruguay. Sin embargo, la firma de Curazao se encuentra inactiva desde 1989 y el fideicomiso jamás se registró ante las autoridades uruguayas, como impone la ley local.
¿Cuál fue el sentido de esa operación? Eso es lo que ahora investiga la Justicia, que intenta determinar si el proyecto realmente existió (y Báez invirtió millones en el Caribe) o si se trata de un dibujo con el que el empresario inventó una justificación para el reingreso, ya blanco, de $ 254 millones en la Argentina.
Nuevos documentos y testimonios que obtuvo LA NACIÓN exponen, por lo pronto, más puntos oscuros de ese ingreso de fondos. En teoría, Báez se interesó en un proyecto inmobiliario para construir condominios de lujo en Caye Chapel Island, una pequeña isla frente a las costas de Belice, en el mar Caribe.
Ese proyecto -con una inversión global estimada en US$ 1000 millones- quedó en manos de dos firmas constituidas en Curazao, J+J Holding NV y Nederlandsche Fisheries NV. Pero para el Registro Público de Comercio de la isla, ambas sociedades se encuentran inactivas, según confirmaron sus autoridades a LA NACIÓN.
Aun así, un contador uruguayo se movió durante años como «apoderado» de J+J Holding, sobre la base de un instrumento librado en 1984. Se llamaba José Luis Balbi Dall ‘Orto y murió a fines de 2011.
En tanto, el rostro visible para la segunda firma inactiva de Curazao, Nederlandsche Fisheries, fue el de Norberto Floreal Rivera, un argentino con domicilio en Villa Dominico, partido de Avellaneda, que también murió hace unos años, a poco de superar las seis décadas, según confirmó su hermana.
Poco antes de morir, Dall’ Orto y Rivera constituyeron en Montevideo el Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 (FITA I 2009). Pero no lo registraron ante el Banco Central (BCU) de ese país y redactaron varias cláusulas llamativas. Entre otras, que «todas las registraciones contables» del fideicomiso se llevarían «en un libro contable separado» y que «el mismo podrá estar o no registrado ante la autoridad de aplicación». Esto es, una carta blanca a la eventual manipulación de todos sus números.
En ese mismo instrumento de creación del FITA, fechado en junio de 2009, Dall’ Orto y Rivera dieron otro paso: designaron «representante legal» del fideicomiso a Gastón Lemoine, otro argentino de 41 años que ese mes se había recibido de abogado.
Dos meses después, en agosto de 2009, Dall’ Orto dio otro paso. Sumó al fideicomiso a otra sociedad off shore. Esta vez, una panameña, Benasque Invest Inc., que a su vez sería la que aportaría el «predio» para el proyecto inmobiliario: «una isla denominada Caye Chapel Island».
Al igual que en las firmas J+J Holding y Nederlandsche Fisheries, los nombres de los verdaderos dueños de Benasque Invest jamás aparecen. Sólo se movió su apoderado, José Alberto Capparelli, otro argentino con domicilio en Avellaneda. Fue socio de Rivera en un par de firmas locales y, al igual que éste y Dall’ Orto, también murió ya.
Para entonces, y al menos en los papeles, J+J Holding lideraría el fideicomiso, Nederlandsche Fisheries aportaría US$ 100 millones «en Bonos Euronotas Serie III, emitidos por la Cámara Internacional de Comercio del Mercosur», una ignota entidad a la que aluden como Cidecomer, y Benasque Invest sumaría «la isla».
Para noviembre de 2009, Austral Construcciones se sumó al proyecto. Firmó dos documentos con el nuevo representante de J+J Holding, Lemoine; se comprometió a invertir US$ 100 millones, y entregó en el acto un pagaré por la décima parte de ese monto: US$ 10 millones, según firmó el apoderado de la constructora de Báez, Andrés Soria, y consta en las copias que obtuvo LA NACIÓN.
Apenas cinco meses y medio después, sin embargo, el proyecto quedó trunco, según notificó Lemoine en nombre de J+J Holding. Liquidarían el fideicomiso porque la panameña Benasque Invest había «incumplido con la obligación». Es decir, no entregó la isla.
Más dudas y fondos frescos
A partir de allí, Lemoine y un lugarteniente de Báez en Austral Construcciones, Claudio Bustos, se cruzaron varias intimaciones. Pero todas carecen de un acuse de recibido, o sellos o timbrados que den una fecha cierta, según surge de las copias que obtuvo LA NACIÓN.
Esas notas muestran algo más. En teoría el intercambio se dirigió al domicilio legal de J+J Holding (Pietermaai 16, Willemstad, Curazao), pero la sociedad lleva años fuera de allí, según verificó LA NACIÓN. En verdad, nada se firmó fuera del microcentro de Buenos Aires o, como máximo, Colonia y Montevideo, según los testimonios que recibió este diario.
Aun así, la firma inactiva de Curazao y Austral Construcciones terminaron con un arbitraje en el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (Ianca), como lo estipulaba el contrato del fideicomiso ante una controversia. Y con la firma de su presidente, Miguel Ángel Martín, se le dio la razón a la constructora de Báez.
Sin chistar, J+J Holding comenzó entonces a inyectar fondos cada mes en la cuenta de Austral Construcciones en el Banco Nación, hasta llegar a los $ 254 millones, aunque la empresa de Báez pidió casi sobre el final, en junio de 2012, que US$ 1,5 millones se girara a otro lado: una cuenta de Kitwe Park International Corporation de Panamá.
Para entonces, la muerte ya había golpeado sobre el grupo de sociedades off shore. Pero Báez alcanzó la meta: inyectar fondos frescos desde el exterior en Austral Construcciones.
Paso a paso de una operación dudosa
En 2009, Lázaro Báez se sumó a un proyecto inmobiliario en una isla frente a Belice, en el Caribe, que preveía una inversión de US$ 1000 millones. Pero sostuvo que el proyecto fracasó y que fue indemnizado con $ 254 millones
1. Participan dos firmas constituidas en Curazao, J+J Holding NV y Nederlandsche Fisheries NV; sin embargo, ambas sociedades se encuentran inactivas y sus apoderados ya murieron
2. Ambas sociedades constituyeron en Uruguay el Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 (FITA I 2009), con el argentino Gastón Lemoine como «representante legal»
3. Al proyecto se suma otra sociedad off shore en Panamá, Benasque Invest Inc., cuyos verdaderos dueños jamás aparecen; sólo se conoció a un apoderado, también fallecido
4. En noviembre de 2009, Austral Construcciones se suma al proyecto para construir condominios de lujo en Caye Chapel Island, frente a Belice
5. A mediados de 2010, el proyecto quedó trunco y se dispone la liquidación del fideicomiso
6. J+J Holding y Austral Construcciones inician un proceso de arbitraje en el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (Ianca)
7. Entre 2011 y 2012, J+J Holding indemniza a Austral Construcciones con $ 254 millones que transfiere a una cuenta en el Banco Nación, de la Argentina
8. En junio de 2012, Austral Construcciones pide que la última cuota, por US$ 1,5 millones, se gire a una cuenta de Kitwe Park International Corporation de Panamá.
Foto de archivo de abril de 2009 en la que aparece el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez (izq.), y su homólogo iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Según un nuevo informe, Venezuela sirvió de mediador de Irán en Argentina. European Pressphoto Agency
¿Actuó Hugo Chávez como valijero de Irán en su esfuerzo por conseguir tecnología nuclear de Argentina? Esa es la afirmación hecha por tres ex integrantes del círculo íntimo de la dictadura venezolana citados anónimamente en un reportaje de la edición del 14 de marzo de la revista brasileña Veja.
La publicación dice que no reveló el nombre de los desertores, entrevistados en Washington, para proteger a sus familiares en Venezuela. La revista informó, sin embargo, que fueron entrevistados por separado y que cada uno dijo que en enero de 2007 hubo un acuerdo en Caracas entre Chávez y el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Venezuela entregaría dinero iraní a funcionarios argentinos a cambio de dos favores para Teherán.
El primer favor que describieron, según Veja, era que Argentina encubriera el papel de Irán en el atentado terrorista de 1994 contra un centro comunitario judío (conocido por sus siglas en español como AMIA) en Buenos Aires. El segundo favor era que Argentina compartiera “su larga experiencia en reactores nucleares de agua pesada, un sistema anticuado, caro y complicado, pero que permite la obtención de plutonio a partir de uranio natural”.
Fuentes anónimas plantean dudas en cualquier historia noticiosa. Veja, no obstante, es uno de los medios más importantes y de mejor reputación de Brasil, y una tercera persona en quien tengo razones para confiar me ha confirmado que las entrevistas se llevaron a cabo.
Una razón mayor para el escepticismo es que, según Veja, los desertores están hablando con las autoridades estadounidenses acerca de la participación de Venezuela “en el tráfico internacional de estupefacientes y su apoyo al terrorismo”. Esto sugiere que pueden estar buscando protección a cambio de lo que dicen sobre el funcionamiento interno de la dictadura. En otras palabras, tienen la motivación para contar relatos que impresionan.
Sin embargo, nada de lo que informó Veja contradice lo que ya se sabe sobre la relación de Venezuela con Irán, y gran parte de ello se ajusta a lo que el fiscal federal argentino Alberto Nisman informó al acusar formalmente en 2006 a siete clérigos, funcionarios gubernamentales y oficiales militares iraníes de alto rango por el atentado a la AMIA. En enero, Nisman fue encontrado muerto en su apartamento, el día antes de que se presentara a dar testimonio acerca de lo que dijo era un encubrimiento urdido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Teherán para sacar del apuro a los iraníes acusados.
Joseph Humire, un analista de seguridad regional con sede en Washington, considera creíble la historia de Veja y la citó el miércoles en un testimonio ante un subcomité conjunto de la Cámara de Representantes sobre el Hemisferio Occidental y Medio Oriente.
Buenos Aires y Teherán tuvieron una relación floreciente en la década de 1980 gracias en parte a la disposición de Argentina de compartir tecnología nuclear con Irán. Cuando Carlos Menem asumió la presidencia en 1989, la política exterior argentina cambió 180 grados a favor de Estados Unidos y sus aliados.
Irán quedó adolorido por ello, según la acusación de Nisman de 2006 contra los iraníes. “Hemos considerado suficientemente probado”, dijo Nisman en aquella acusación, “que ello (el atentado contra la AMIA) obedeció principalmente a la decisión unilateral del gobierno argentino de rescindir los contratos de provisión de material y tecnología nuclear que, años antes, habían sido suscriptos con la República Islámica de Irán”. El mismo informe agrega que en ese período el gobierno iraní consideraba que era crucial desarrollar sus capacidades nucleares.
Los desertores anónimos afirman que entre otros medios para manipular a Argentina a favor de Irán, Venezuela organizó transferencias directas de fondos. En agosto de 2007, cuando los funcionarios de aduanas argentinos descubrieron una maleta con US$ 800.000 no declarados en un avión procedente de Venezuela, la mayoría de los observadores lo atribuyó a los esfuerzos de Chávez por extender su influencia en la región. Sin embargo, uno de los desertores dijo a Veja que el botín fue un regalo de Irán para la campaña presidencial de Cristina Kirchner.
La afirmación en la nota de Veja de que el efectivo se originó en Irán y que un vuelo que unía dos veces al mes a Caracas-Damasco-Teherán entre 2007 y 2010 facilitó su traslado a Venezuela es interesante. La revista señala que el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, actual gobernador de Aragua y un pez gordo en el Partido Socialista Unido de Venezuela, jugó un papel clave en la operación de esos vuelos.
Veja informó que ninguno de los tres desertores podía determinar si la tecnología nuclear fue transferida. No obstante, uno de ellos dijo que sabía que Argentina “recibió mucho a través de medios legales” como la compra de bonos argentinos, así como por “medios ilegales —como maletas llenas de efectivo— a cambio de algo que era muy valioso para los iraníes”.
Humire señaló en su testimonio del 18 de marzo ante el Congreso estadounidense que “si esto es cierto, entonces creo que todos hemos subestimado la importancia de América Latina para la República Islámica. Y, por extensión, ya no podemos permitirnos el lujo de divorciar las actividades de Irán en la región de las negociaciones nucleares del P5 + 1”.
Puede que los desertores estén contando un cuento. Sin embargo, tomando en cuenta la práctica previa de Argentina de compartir tecnología nuclear con Irán y los esfuerzos de Teherán para penetrar en América Latina, sería absurdo no tomar sus acusaciones en serio.
Un socio de Máximo, enlace clave entre Cristina y Cristóbal López
Por Hugo Alconada Mon.
El dueño de todos los secretos inmobiliarios de la familia presidencial Kirchner, Osvaldo Sanfelice, fue el enlace clave para concretar los millonarios contratos de alquiler que unen a la familia Kirchner con el empresario patagónico Cristóbal López, confirmaron a LA NACION fuentes del Grupo Indalo al tanto de la operatoria.
Conocido como «Bochi», Sanfelice es un agente de bienes raíces de 65 años, de Río Gallegos, donde conoció y se convirtió en íntimo amigo del ex presidente Néstor Kirchner. Ya con él en la Casa Rosada, en 2005, se convirtió en socio de Máximo Kirchner en la firma Negocios Inmobiliarios, y en 2008 apareció como socio de López en la firma Talares de Posadas.
López siempre negó ser socio de Sanfelice, aun cuando los documentos así lo consignan. Sostiene que nunca prosperó el proyecto hotelero que evaluaron juntos. Pero el vínculo -Sanfelice también aparece como empleado suyo en la empresa Alcalis de la Patagonia SA- terminó por fructificar en los alquileres de un departamento, una oficina y cinco cocheras que los Kirchner poseen en el complejo Madero Center, de la ciudad de Buenos Aires.
Sólo entre junio de 2014 y enero de este año, López pagó $ 2,8 millones por esos alquileres en Puerto Madero a través de dos de sus empresas, Inversora M&S SA y, otra vez, Alcalis de la Patagonia SA, según reveló LA NACION el domingo pasado. Molesto, el empresario salió al ruedo con una solicitada en la que destacó que la operatoria es legal, y que la nacion y Clarín intentan una «extorsión pública».
Junto al llamado «zar del juego» indicaron a LA NACION, además, que la operatoria comenzó hace dos años «por lo menos». Y que esos contratos con valores pactados en dólares los firmó Máximo Kirchner, por lo que la familia presidencial embolsó varios millones de pesos más por esa operatoria comercial.
Colaboradores de López también confirmaron que Sanfelice -un hombre bajo, de pelo canoso y corto, férreos bigotes más oscuros y andar presuroso- se encargó de ajustar los detalles de esos contratos, así como también de concretar otro alquiler, en Zárate, para la familia del número dos de López en el Grupo Indalo, Fabián de Souza.
Al igual que los Kirchner y López, Sanfelice mostró un notable crecimiento patrimonial durante la última década. Se convirtió, incluso, en el dueño del hotel Waldorf de la calle Paraguay al 400, a sólo nueve cuadras de la Casa Rosada, según consta en registros societarios cuyas copias obtuvo LA NACION.
Antes, y durante casi seis años, figuró como miembro del directorio de Hotesur SA, la sociedad con que los Kirchner controlan el Alto Calafate, hasta su salida, en marzo del año pasado, tras la apertura de dos investigaciones penales sobre esa firma.
Los nombres de quienes lo reemplazaron en Hotesur dan cuenta de su peso junto a los Kirchner. Lo sustituyeron los dos hijos, la hermana y una sobrina de la Presidenta -Máximo y Florencia Kirchner, Gisele Fernández y Romina Mercado- y Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz.
«Bochi», sin embargo, no se alejó demasiado. Sigue como socio de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios y se le adjudica un rol ejecutivo en la gerenciadora de los hoteles de los Kirchner, Idea SA, aunque no figura en los registros disponibles.
Lo opuesto ocurre en Talares de Posadas, en la que Sanfelice aparece como socio de López, quien no disimula su fastidio cuando la prensa lo recuerda. «Con «Bochi» armamos una sociedad porque me vino con una propuesta inmobiliaria para Posadas, así que armamos la sociedad porque los números cerraban, pero al otro día estábamos escrachados en algún medio diciendo que yo era socio de Sanfelice, que a su vez era socio del hijo de Kirchner», explicó López en la entrevista que concedió a LA NACION en marzo de 2011. «Toda una fábula, una gran mentira. Así que lo llamé y le dije que no íbamos a hacer nada, que el negocio no ameritaba semejante castigo», añadió.
López también considera injusta la repercusión social por la revelación de LA NACION de que le alquila los inmuebles en Madero Center a la familia Kirchner, más un piso en la esquina de las calles Juncal y Uruguay, en Recoleta.
Mediante una solicitada que publicó en su nuevo medio de comunicación, el diario Ámbito Financiero, López expresó: «El Grupo Indalo para realizar sus actividades alquila éstas y muchas otras propiedades tanto en la ciudad de Buenos Aires como en varias provincias del interior del país. Dichos alquileres son necesarios para el desarrollo habitual de su actividad económica, son realizados en condiciones y valores de mercado, y se encuentran debidamente registrados en sus estados contables».
En la solicitada, sin embargo, López jamás identificó a la familia Kirchner o a la Presidenta como los dueños de algunas de las propiedades que alquila en la ciudad de Buenos Aires, ni precisó las fechas ni el total del dinero que hasta ahora desembolsó en rentas. Tampoco aludió a la relación comercial que su hostería El Retorno, en las afueras de Bariloche, mantiene con el Alto Calafate.
EE.UU.: Un juez pide investigar las 123 empresas de Báez
Por Ana Baron.
El magistrado de Nevada que lleva la causa de los fondos buitre cree que se armaron en un estudio panameño.
Al darles luz verde para que puedan citar a declarar en Estados Unidos a los ejecutivos del estudio jurídico panameño Mossak y Fonseca, el juez de Nevada Cam Ferenbach les dio a los fondos buitres una gran oportunidad para descubrir las empresas que utilizó Lázaro Báez para armar la ruta del dinero K. Estas firmas fueron armadas por el estudio de abogados panameño.
NML, el fondo buitre que esta llevando adelante el litigio contra las 123 empresas adjudicadas a los empresario Lázaro Báez y a Cristóbal López en Las Vegas, está convencido que el esquema de lavado de dinero de la corrupción K en la Argentina fue ideado y concebido en las oficinas de Mossak y Fonseca. Y la prueba mas objetiva que tiene es que la encargada de registras a las 123 empresas en Nevada, Patricia Amunategui, declaró que ella recibió instrucciones de Mossak y Fonseca. Dijo que es por eso que ella no tiene ninguna información sobre sus propietarios ni sobre los fondos que habrían circulado por ellas.
Mossak y Fonseca es famoso en el mundo entero por especializarse en crear compañías fantasmas ya sea para facilitar la evasión de regulaciones y el pago de impuestos o para lavar dinero. Creado en 1977 por Jurgen Mossak y Ramon Fonseca este estudio tuvo entre sus clientes a dictadores como Robert Mugabe, Muammar el Kadhafi y Bashar al Assad. Ahora los fondos buitres creen que los Kirchner también son clientes de Mossak y Fonseca, a través de los empresarios K, Lázaro Báez y Cristóbal López.
NML ya le envió a Mossak y Fonseca una citación para que se presente a declarar. Fue sin éxito. Pero ahora el juez Ferenbach lo ha autorizado a que envíen la citación a través de Patricia Amunategui ya que determinó que su empresa MF Nevada es el alter ego de Mossak y Fonseca. Es decir, que ambas empresas son “uno y lo mismo”. Y por lo tanto los ejecutivos pueden ser citados a declarar en Estados Unidos. Si Mossak y Fonseca no responde a la citación será declarada en desacato en Estados Unidos.
En la citación para declarar que enviaron sin éxito, los fondos buitres le pedían a Mossak y Fonseca todos los documentos, correos electrónicos, cuentas bancarias, fondos transferidos relacionados con 253 empresas (incluyendo las 123 registradas en Nevada), con 23 ciudadanos argentinos incluyendo Lázaro Báez, Cristina Fernández y Néstor Kirchner, Federico Elaskar y Leonardo Fariña y con 27 empresas y bancos extranjeros como Aldyne de las Islas Seychelles y Helvetic Service Group en Suiza.
Esto significa que los fondos buitre quieren investigar a fondo todo lo que Mossak y Fonseca tendrían en Panamá sobre la ruta del dinero K que todavía no han logrado encontrar en Estados Unidos.
Los negocios entre Cristóbal López y Cristina Kirchner
Editorial del diario La Nación, 20/03/15.
La Presidenta no debería alquilar propiedades propias a un concesionario del Estado por ser ello incompatible con sus deberes de funcionaria.
Las millonarias sumas que empresas de Cristóbal López vienen abonando a la familia de la presidenta de la Nación por el alquiler de dos departamentos, una oficina y cinco cocheras constituyen un nuevo capítulo de una matriz de enriquecimiento de la primera mandataria que debería ser seriamente investigado por la Justicia, en tanto estaríamos ante negocios prohibidos por el Código de Ética de la Función Pública, que podrían resultar violatorios incluso del Código Penal.
De acuerdo con lo informado por LA NACION el último fin de semana, Cristóbal López, empresario patagónico conocido como «el zar del juego» y cabeza del Grupo Indalo, que incluye un creciente conglomerado de compañías vinculadas con los casinos y tragamonedas, el negocio petrolero, la construcción de obras viales e industriales, el sector financiero y los medios de comunicación, mantiene una fluida relación comercial desde hace años con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.
Según la documentación a la que accedió este diario, durante los últimos ocho meses, la jefa del Estado y su familia recibieron, a través de su sociedad Los Sauces SA, al menos 2,8 millones de pesos de las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo, entre junio de 2014 y enero último, por el alquiler de un dúplex de 435 metros cuadrados, de una oficina de 608 metros cuadrados y de cinco cocheras, que se encuentran en el edificio Madero Center, en el barrio de Puerto Madero.
CFK y bolsa de dinero mal habido
Además, un tradicional departamento que se encuentra a nombre de la sucesión de Néstor Kirchner, ubicado en el barrio de la Recoleta, también es alquilado a un alto directivo del grupo empresario liderado por López. Por la renta de esa unidad, la familia Kirchner recibió algo más de 200.000 pesos en los últimos ocho meses, a razón de 26.000 pesos de alquiler por mes.
Nada habría de malo en estos negocios si no fuera porque el Código de Ética de la Función Pública prohíbe que un funcionario preste servicios, remunerados o no, a quienes gestionen o exploten concesiones del Estado o sean sus proveedores.
Así, el artículo 23 de este código determina que el funcionario público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones, al tiempo que debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de sus funciones.
El artículo 26 establece que el funcionario no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad o influencia.
A su vez, el artículo 41 señala que, a fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario tampoco puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. No puede, del mismo modo, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios, o que sean proveedores del Estado.
El Código Penal prevé, en su artículo 265, una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para aquel funcionario público que, directamente o por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. También reprime, en su artículo 266, con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años al funcionario que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva.
Los mencionados negocios inmobiliarios entre empresas de Cristóbal López y la familia Kirchner se emparientan con la misma matriz de enriquecimiento a través de la controvertida empresa Hotesur SA, asociada a las misteriosas y millonarias contrataciones de habitaciones de hoteles de Santa Cruz que no terminaban ocupándose, por parte de empresas de Lázaro Báez, entre 2010 y 2011. La familia presidencial está siendo investigada en una causa judicial a cargo del juez Claudio Bonadio por ese hecho.
Hay motivos para presumir en los negocios descriptos un intercambio de favores entre contratistas de obra pública y la familia presidencial bajo la pantalla de servicios de hotelería, en un caso, y de alquileres de propiedades, en el otro.
Esta modalidad tiene otros antecedentes, como cuando, hacia los años 2008 y 2009, el matrimonio Kirchner recibía pagos mensuales de 105.000 a 210.000 dólares por el alquiler de su hotel boutique Los Sauces, en El Calafate. Lo nuevamente curioso es que la sociedad de la que los Kirchner recibían ese dinero era encabezada por Juan Carlos Relats, empresario ya fallecido, que por entonces, además de propietario del Hotel Panamericano, era concesionario de numerosas obras viales y de infraestructura. Ese contrato le permitió a Néstor Kirchner justificar un incremento patrimonial del 158 por ciento en 2008.
Recientemente, Cristóbal López ha acusado desde algunos de sus medios a este diario de «mentir sistemáticamente para extorsionar y desprestigiar». Pese a eso, confirmó que empresas del Grupo Indalo alquilan propiedades a una sociedad integrada por la presidenta de la Nación. Queda claro con qué propósito busca López concentrar medios de comunicación en sus manos. Al igual que en su momento Alfredo Yabrán, cree que el poder es impunidad. Sólo que en la equivocada concepción del zar de las tragamonedas, ésta se puede lograr mediante el control de los medios.
Como poco puede esperarse frente a estas situaciones de organismos de control de la transparencia pública que han sido cooptados por el kirchnerismo, cabe aguardar que tanto la Justicia como el Poder Legislativo investiguen debidamente estas irregularidades que comprometen la ética en la función pública en lo más alto del poder político.
Cristóbal López paga millonarios alquileres a la Presidenta y sus hijos
Por Hugo Alconada Mon.
Lázaro Báez no está solo a la hora de pagar millones a la familia presidencial. El «zar del juego», Cristóbal López, también mantiene una fluida relación comercial desde hace años con la presidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, según consta en documentos que obtuvo LA NACION.
Como resultado de ese vínculo comercial, hasta ahora secreto, la Presidenta y sus hijos recibieron al menos $ 2,8 millones de López durante los últimos ocho meses, aunque la operatoria y los pagos a los Kirchner comenzaron mucho antes, hace por lo menos dos años.
La operatoria abarca un departamento, una oficina y cinco cocheras en la meca del kirchnerismo, el complejo de lujo Madero Center. Allí compraron los Kirchner, vive el vicepresidente Amado Boudou y funcionó «La Rosadita«, la financiera por la que se sospecha que Báez sacó decenas de millones de dólares de la Argentina.
Para facturar esos ingresos millonarios, la familia presidencial recurrió a la sociedad Los Sauces SA, mientras que López -uno de los empresarios que más se expandieron durante la última década- dividió los pagos entre dos de sus empresas, Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, en las que también aparecen su socio y lugarteniente, Fabián de Sousa. Consultados por LA NACION, los voceros del Grupo Indalo confirmaron los alquileres, pero le restaron relevancia. «Sí, en efecto, esos alquileres comenzaron hace al menos dos años, cuando Máximo y De Sousa firmaron el contrato», precisaron.
El propio De Sousa resultó un factor decisivo en la operatoria. Él vivió en uno de esos departamentos de los Kirchner, según indicaron vecinos y el servicio de seguridad del complejo, como también voceros del Grupo Indalo que controlan López y De Sousa, quien ya no vive allí.
«López usa las oficinas para sus cosas personales, como sus campos, y cuestiones de sus hijos, mientras que De Sousa vivió allí, pero hace rato que ya no», agregaron los voceros consultados del Grupo Indalo.
La relación comercial que une a los Kirchner con López abre interrogantes, sin embargo, sobre un eventual conflicto de intereses para la Presidenta, que suma así al controlante del Grupo Indalo a los negocios millonarios que su familia tejió durante años con Báez.
Según reveló LA NACION a fines de 2013 y principios de 2014, el ex empleado del Banco de Santa Cruz recurrió a ocho de sus empresas para pagar por cientos de habitaciones en los hoteles Alto Calafate y Las Dunas.
Y también les alquiló a los Kirchner inmuebles en Río Gallegos y acordó supuestos préstamos millonarios a tasa cero de interés durante años.
El pago de esas habitaciones por Báez, sin embargo, ocurrió entre 2010 y 2011, es decir, hasta sólo unos meses después del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.
Pero cuando LA NACION reveló esa operatoria, la familia presidencial desplazó a Valle Mitre SA, una firma de Báez, del gerenciamiento de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas.
En los nuevos documentos que obtuvo LA NACION, en cambio, consta que, tras la salida de Báez, los Kirchner optaron por avanzar con López, quien acentuó su expansión en los últimos años, no sólo en sus áreas tradicionales, el juego y el petróleo, sino fundamentalmente en los medios de comunicación.
A su participación en radios y canales de televisión, durante las últimas semanas sumó a su imperio el diario Ámbito Financiero y las productoras más emblemáticas de la década kirchnerista: Pensado para Televisión (PPT), con su programa 6,7,8, y La Corte Producción Audiovisual, que transmite los actos de la Presidenta y Fútbol para Todos.
Así, mientras Báez ya no alquila habitaciones en los hoteles presidenciales, la operatoria de los Kirchner con López continúa vigente hasta hoy y consta en las facturas. Para eso la familia presidencial utiliza a Los Sauces SA, en la que, hasta su muerte, Néstor Kirchner controlaba el 45% de las acciones; la Presidenta, otro 45%, y Máximo, el 10% restante.
Contrato en dólares
Esas facturas de Los Sauces SA exponen varios datos salientes. El primero, que los alquileres se fijaron en dólares, aunque cada mes se convirtió a pesos al tipo de cambio oficial vigente en el momento del cobro. Una práctica habitual para inmuebles en el barrio de Puerto Madero.
Así, por ejemplo, la factura «A» de Los Sauces número 09 del 1° de junio de 2014 se libró a nombre de una de las empresas de López, Inversora M&S SA, por el alquiler de la oficina ubicada en el 8° «D» del Madero Center, con entrada sobre la calle Juana Manso 535, «y 5 unidades complementarias de cocheras», de la 054 a la 058.
Por esa oficina en dúplex y las 5 cocheras, López acordó pagar US$ 27.500, al tipo de cambio que en junio de ese año se fijó en 8,11 pesos. Así, aplicado el IVA, Los Sauces facturó por 269.860 pesos. Pero ese valor subió a $ 285.166,75 en enero de este año, cuando el tipo de cambio trepó a $ 8,57, según la factura 040 de Los Sauces.
Así, sólo por el alquiler del 8° «D» y las 5 cocheras, y sólo entre junio de 2014 y enero de este año, los Kirchner embolsaron unos $ 2,2 millones de López por medio de Inversora M&S, que integra el Grupo Indalo, cuyo domicilio comercial es en el piso 7 de la avenida Córdoba 657 de la ciudad de Buenos Aires.
A este primer bloque de facturación, los Sauces sumó un segundo alquiler por otro dúplex, el 4° «L», en el complejo Madero Center, pero que se optó por cobrar a otra empresa de López: Alcalis de la Patagonia.
Esta segunda operatoria también se fijó en moneda extranjera, aunque por un monto más bajo. Fue por 7500 dólares, que en junio de 2014, por ejemplo, se pesificó a $ 8,11 y que sumado el IVA arrojó un total de $ 73.598 pesos.
Con el dólar oficial en paulatino ascenso, el alquiler de ese departamento de 400 metros cuadrados y con entradas sobre el Dique IV y la calle Macacha Güemes al 330 ascendió cada mes. Así llegó a $ 77.772,75 en la factura 0041 de enero de este año, por lo que en total generó ingresos a los Kirchner por otros casi $ 600.000 en apenas 8 meses.
Teléfonos que unen
Los vínculos que unen a la Presidenta con López exceden, sin embargo, las facturas. También los registros telefónicos de ambos departamentos del Madero Center aportan más indicios en la misma línea.
Así, para la oficina del 8° «D» figuran cuatro líneas que en los registros figuran a nombre de Inversora M&S SA. Pero al llamar se activa una respuesta automática de Administración Austral SA, otra sociedad en la que López figura junto con sus hijos Cristóbal Nazareno y Emiliano.
Para el departamento del 4° «L», en tanto, sólo consta una línea y figura a nombre de una mujer, Rafaela Karina Rubin. A su vez, ella figura en los registros de la Anses como empleada en relación de dependencia de Oil M&S, una petrolera que integra el conglomerado de López.
Once años de engaño y corrupción es el resultado que dejan los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Aquí van unos pocos ejemplos como ayuda-memoria:
Deuda en litigio: una salida posible.
Por Julio Piekarz.
La exposición que alcanzó la discusión con los holdouts litigantes ha pasado a ser la preocupación prioritaria del Gobierno, políticos, mercados, inversores, empresas y consumidores, generando incertidumbre y postergación de decisiones en una economía que tiene muchos frentes críticos que resolver.
En los pocos días que faltan es imperativo encontrar una solución no conflictiva. Si bien el juez Griesa acaba de rechazar la reposición del stay, ello no tiene porqué ser definitivo. Por otra parte, Argentina ha expresado, en el máximo nivel del Ejecutivo, su vocación de cumplir con todos los acreedores.
Existe una alternativa que debería convocar la aquiescencia de todas las partes. Y es que el juez Griesa reponga el stay hasta una fecha próxima contra su exigencia de un depósito de garantía por parte de Argentina -en efectivo o en bonos- por un monto que no supere lo que se ha entregado a los bonistas que aceptaron los canjes. Esa fecha próxima podría ser el 30 de septiembre –próximo vencimiento-, pero idealmente la fecha de extensión del stay sería el 31 de diciembre, de modo de que venza la cláusula RUFO, y quede libre de ambigüedades jurídicas cualquier desenlace posterior que logre alcanzar el mediador designado Pollack.
Para Argentina esta solución debería ser aceptable, ya que estaría cumpliendo una sentencia y no entregaría en garantía más que lo acordado con los bonistas reestructurados. Para el Juez Griesa, el mediador Pollack y los holdouts el acatamiento de la garantía exigida sería una manifestación material de la voluntad de pago y buena fe de Argentina.
Esta alternativa despejaría por algunos meses la incertidumbre e inmovilidad que por este tema está afectando a la economía. Y entretanto Argentina debe prepararse en ese período para resolver la situación con todos los holdouts, de modo de eliminar definitivamente ese peso muerto sobre las calificaciones de su deuda .
El avance en la resolución de las otras dificultades macroeconómicas –inflación, déficit fiscal, recesión, restricciones cambiarias, etc.- , cuando se encare, permitirá a Argentina avanzar hacia su riesgo país de equilibrio, que es muy inferior al actual.
Fuente: Fundación Atlas para una Sociedad Libre, 25/07/14.
Julio Piekarz es Economista (UBA y Cambridge). Fue gerente general del Banco Central. Profesor de Teoría Monetaria (Universidades de Buenos Aires, Di Tella, Católica Argentina y Argentina de la Empresa). Sus escritos fueron publicados en la obra “Soluciones de políticas públicas para un país en crisis” (2003) de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre.
