Un paraíso fiscal hoy ya no tiene nada que ver con una ubicación “offshore” sino con un conjunto de beneficios. Estos son la privacidad y el secreto de la información, la minimización de impuestos, y la administración de activos y su acceso, desde cualquier lugar del mundo. Estados Unidos provee estos beneficios a nivel federal y algunos estados llevan al extremo la posibilidad de secreto y anonimato. Esto no es una circunstancia actual: la historia empieza en 1921 e indica una política de estado que lleva casi un siglo en vigencia.

En 1921 con la “Revenue Act” aparece el primer beneficio fiscal: se exceptúa a los extranjeros del pago de impuestos sobre el interés generado por depósitos en bancos comerciales. El objetivo central fue en alentar a individuos y compañías no residentes a conducir sus negocios a través de instituciones ubicadas en los Estados Unidos. Desde entonces, a lo largo de todo el siglo XX, ha sido una política de estado beneficiar al capital extranjero que busque invertir en los Estados Unidos, con diferentes ventajas impositivas.

Desde los grandes déficits de balanza de pagos en los 60s y los 70s, los Estados Unidos saldaron la situación favoreciendo el ingreso de capital extranjero, atraído por el secreto bancario y las exenciones impositivas. Esto fue reafirmado por la Tax Reform Act de 1976 y la de 1986.

El nacimiento de FATCA

Dado que los Estados Unidos favorecían tanto a los extranjeros para realizar inversiones sin pagar impuestos en su territorio, muchos estadounidenses comenzaron a hacerse pasar por extranjeros. En consecuencia en el 2001 crearon el programa de Intermediarios Calificados (Qualified Intermidiaries) para que estos le informaran al ente recaudador de impuestos (IRS) quienes eran los ciudadanos que se hacían pasar por extranjeros. Esto fue hecho deliberadamente para que entidades gubernamentales no tuvieran que recolectar ellos mismos información acerca de extranjeros que luego tuvieran que compartir con el resto de los países. Simplemente tercerizaron esta tarea y pidieron que les enviaran sólo información acerca de estadounidenses.

El programa resultó ser un fracaso porque los bancos no le informaban a los EEUU acerca de las cuentas de los estadounidenses. El caso más resonante fue el de UBS. Fue entonces que en 2010 se crea el FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) para obligar unilateralmente a los bancos extranjeros a reportar efectivamente a los estadounidenses. Luego se resolvió firmar ciertos acuerdos bilaterales de reciprocidad (IGAs) que en la práctica son muy desiguales, ya que EEUU intercambia mucha menos información que la que exige (por lo pronto nunca informa el beneficiario final de una cuenta a nombre de una sociedad).

A raíz del surgimiento del FATCA, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) crea el CRS (Common Reporting Standards). Este es el tratado multilateral del que se habla hoy en día y que propicia el intercambio automático de información financiera entre los países que lo suscriben. Los Estados Unidos han decidido no sumarse al CRS ya que consideran que su vía de reciprocidad es a a través de los acuerdos IGA.

Para rematar esta situación, estados como Nevada, Delaware y Wyoming ofrecen a quienes constituyen sociedades, un nivel de secreto y anonimato prácticamente absoluto, como un agregado a los beneficios a nivel federal. De esta forma, se pueden nombrar directivos nominales para esconder la verdadera identidad de los dueños de las compañías, amparándose en el privilegio del secreto abogado-cliente.

Con todo, queda a la vista que los Estados Unidos llevan un largo recorrido que posibilita el secreto fiscal, el anonimato y la exención impositiva para quienes elijan hacer negocios en su territorio. Quien crea que esto puede cambiar en un futuro cercano, está simplemente mal informado.