México, al borde del abismo

Crimen organizado, narcotráfico y corrupción en un Estado que se desangra.

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

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En México, la violencia dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en el corazón de un sistema fallido. El país se ha transformado, en menos de tres décadas, en un laboratorio de criminalidad compleja, donde convergen el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y la corrupción política. Las cifras estremecen: más de 180 mil homicidios dolosos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), a razón de un asesinato cada 15 minutos, según el informe de la empresa TResearch con base en datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el INEGI.

Este nivel de violencia no es casual, ni coyuntural. Es el síntoma más evidente de una enfermedad crónica que carcome el tejido institucional del país y amenaza con desbordar sus fronteras. México no es aún un “Estado fallido” en términos formales -mantiene soberanía, elecciones y relaciones diplomáticas-, pero en vastas regiones del país el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza, dejando el control territorial, económico y social en manos del crimen organizado.

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El triángulo de la muerte: narco, política y corrupción

La relación entre el narcotráfico y la política en México no es nueva, pero se ha vuelto más sofisticada y letal. Hoy no se trata sólo de políticos cooptados por los carteles: hay estructuras institucionales enteras infiltradas, que operan en sincronía con los intereses criminales. Desde municipios controlados por bandas armadas, hasta policías locales que responden más al narco que al Estado, el sistema ha sido corroído desde dentro.

En este contexto, la corrupción no es una anomalía sino el lubricante que permite que la maquinaria criminal siga funcionando. Las redes de complicidad van desde alcaldías rurales hasta organismos federales, pasando por fuerzas de seguridad y órganos judiciales. El resultado es una impunidad estructural: el 94% de los delitos en México no se investigan ni se castigan, según cifras de la organización México Evalúa.

La consecuencia más visible de este entramado es la violencia, pero hay otras igual de devastadoras: Trata de personas, Tráfico de armas, Lavado de dinero, Migración forzada, y un auge del Terrorismo local -acciones armadas con fines de control territorial y dominación social-, muchas veces ejecutadas con tácticas propias de la insurgencia irregular.

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Un caldo de cultivo para la anomia

México padece una anomia estructural, un vacío de normas efectivas que regulen la vida social. En muchas comunidades, las leyes del narco reemplazaron a las del Estado. Esto ocurre no solo por la violencia explícita, sino también por la instalación de un “Estado paralelo” que proporciona empleos, seguridad, justicia (a su manera) y hasta asistencia social.

Las causas son múltiples y se retroalimentan: pobreza estructural, desempleo juvenil, desigualdad territorial, sistemas judiciales inoperantes, y una cultura de impunidad que desincentiva la denuncia. A esto se suma un discurso oficial, en el caso del gobierno de López Obrador, que optó por la estrategia de “abrazos, no balazos”, una política que en los hechos abandonó la lucha frontal contra los Carteles, cediendo espacios bajo una supuesta lógica de pacificación.

El resultado ha sido el contrario: más violencia, más control narco, más miedo. Estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Baja California son ejemplos de regiones donde la soberanía estatal ha colapsado en manos de grupos como el Cartel Jalisco Nueva Generación o el Cartel de Sinaloa. En Guanajuato, por ejemplo, se registraron casi 22 mil homicidios en el sexenio de AMLO, y fue el estado con más policías asesinados.

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El riesgo geopolítico regional

La crisis mexicana no es un problema local. Es un foco de inestabilidad regional que afecta directamente a América Latina y, en especial, al Cono Sur. Las rutas del narcotráfico, por ejemplo, ya cruzan desde Centroamérica hacia Argentina, utilizando puertos como Rosario y Zárate para exportar cocaína a Europa y Asia. El riesgo de “mexicanización” de la violencia no es retórico: los Carteles ya operan fuera de sus fronteras, expandiendo su modelo de negocio y su lógica de terror.

En este contexto, Argentina no puede mirar para otro lado. El crecimiento de economías ilícitas, el aumento de la violencia narco en provincias como Santa Fe, el debilitamiento del sistema judicial y las señales de corrupción política son indicadores tempranos de una pendiente peligrosa. Aprender de los errores mexicanos no es una opción: es una necesidad estratégica.

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Seguridad Multidimensional: una respuesta integral

El concepto de Seguridad Multidimensional, desarrollado en la Organización de Estados Americanos (OEA), plantea que la seguridad no se limita al ámbito militar o policial, sino que incluye dimensiones sociales, económicas, ambientales y políticas. Aplicado a la situación actual, implica reconocer que la lucha contra el narcotráfico no se gana solo con balas, pero tampoco se gana con brazos cruzados.

Argentina debe desarrollar una estrategia preventiva y ofensiva que articule inteligencia criminal, cooperación regional, fortalecimiento institucional, inversión social y reformas estructurales. Algunas líneas de acción imprescindibles son:

─Reforzar la Justicia Federal con recursos, capacitación y autonomía real.

─Blindar las fronteras y puertos estratégicos con tecnología y personal especializado.

─Erradicar la corrupción institucional mediante controles cruzados y sistemas de monitoreo ciudadano.

─Articular una política de drogas integral, que incluya prevención, reducción de daños y alternativas socioeconómicas en comunidades vulnerables.

─Impulsar la cooperación regional con países vecinos y organismos multilaterales para compartir inteligencia, coordinar operativos y frenar el flujo de armas y dinero ilícito.

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El tiempo se agota

México ofrece una advertencia clara: cuando el Crimen organizado penetra las estructuras del Estado, la recuperación se vuelve titánica. La anomia se instala, la ciudadanía se desmoviliza, y el miedo se convierte en norma. No se trata de alarmismo, sino de realismo: si Argentina no actúa ahora, corre el riesgo de transitar el mismo camino.

La historia mexicana muestra que no hay atajos ni soluciones mágicas. La única vía es la reconstrucción paciente del Estado, la justicia y el tejido social. Pero esa tarea no puede empezar mañana. Debe comenzar hoy.

Porque cada minuto que pasa, en algún lugar del continente, alguien está siendo asesinado, secuestrado o esclavizado por organizaciones que no conocen fronteras, ni respetan derechos. Y si no construimos un muro de legalidad, justicia y democracia, seremos todos parte del próximo informe de TResearch.

Antes de que sea tarde, Argentina debe aprender, prevenir y actuar.

Fuente: Ediciones EP, 15/05/25.

Información sobre Gustavo Ibáñez Padilla

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Más información:

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Seguridad Humana Multidimensional: Una clave para enfrentar los retos contemporáneos

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Justicia envenenada: ¿acto de heroísmo o síntoma de un Estado fallido?

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

En la primera semana de mayo de 2025, en la pequeña comuna de Kenscoff -al sur de Puerto Príncipe, la capital de Haití- una comerciante haitiana envenenó con aceite de oruga a 40 presuntos miembros de la banda Viv Ansanm, una coalición de pandillas catalogada como grupo terrorista por el gobierno de Estados Unidos. Las víctimas fallecieron tras consumir empanadas envenenadas. La mujer, temiendo represalias, huyó y posteriormente se entregó a las autoridades, afirmando haber actuado por su cuenta y sin participación de terceras personas.

Este acto ha polarizado a la opinión pública: ¿es una masacre o una forma desesperada de justicia ante la inacción estatal?

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El auge de la justicia por mano propia

La violencia de las pandillas en Haití ha alcanzado niveles alarmantes. En 2024, más de 5.600 personas murieron debido a la violencia de las pandillas. Ante la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad, los ciudadanos han recurrido a la justicia por mano propia. Desde abril de 2023, al menos 264 presuntos pandilleros han sido asesinados por grupos de justicieros.

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Movimientos como «Bwa Kale» han surgido como respuesta ciudadana a la violencia. Aunque han logrado frenar temporalmente a las pandillas, también han generado preocupaciones sobre abusos y ejecuciones sumarias.

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¿Héroe o criminal?

La acción de la comerciante plantea un dilema moral y legal. Por un lado, eliminó a miembros de una banda que aterrorizaba a la comunidad. Por otro, cometió un acto premeditado de homicidio masivo. Este caso refleja la desesperación de una población que siente que el Estado ha abdicado de su responsabilidad de protegerla.

La necesidad de una respuesta integral

La situación en Haití requiere una respuesta urgente y multifacética. Es esencial fortalecer las instituciones estatales, garantizar el estado de derecho y abordar las causas subyacentes de la violencia. Además, la comunidad internacional debe apoyar esfuerzos sostenibles para restaurar la seguridad y la gobernabilidad en el país. Hasta ahora las iniciativas de ayuda internacional de la ONU y la OEA –en las cuales tuvo un rol importante la Argentina– han resultado de escasa efectividad. El caos, la miseria y la criminalidad siguen creciendo, sin esperanzas de mejora.

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Responsabilidad compartida frente al abismo

El caso de la comerciante haitiana es un síntoma de un Estado fallido y una sociedad al borde del colapso. Si bien su acción puede ser vista como un acto de valentía, también destaca la urgencia de reconstruir las instituciones y restaurar la confianza en el sistema de justicia. Es hora de que los ciudadanos responsables, junto con la comunidad internacional, trabajen juntos para erradicar el flagelo del Crimen Organizado y las Pandillas, a fin de restaurar la paz en Haití.

Fuente: Ediciones EP, 08/05/25.

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Haití se enfrenta a una profunda crisis que ha llevado a algunos a considerar al país como un Estado fallido. La falta de control del gobierno sobre el territorio, el auge de las bandas criminales y la inestabilidad política son factores clave que han contribuido a esta situación. 

Aspectos clave que apuntan a un Estado fallido:

• Falta de control del Estado:El gobierno ha perdido la capacidad de ejercer autoridad en gran parte del territorio, lo que ha permitido a las bandas criminales tomar el control de zonas y actividades económicas. 
• Auge de las bandas criminales:La proliferación de bandas armadas ha generado una ola de violencia e inseguridad, afectando la vida cotidiana de la población y debilitando aún más al gobierno. 
• Inestabilidad política:La falta de liderazgo efectivo y los conflictos políticos recurrentes han contribuido a la crisis, dificultando la implementación de reformas y el desarrollo del país. 
• Crisis económica y social:Haití es uno de los países más pobres del mundo, con altos niveles de pobreza, desigualdad y desempleo, lo que agrava la situación de fragilidad del Estado. 
• Desastres naturales:Haití ha sido históricamente afectado por terremotos y huracanes, que han generado graves daños y exacerbado la crisis social y económica. 

Consecuencias:

• Inseguridad y violencia: La población haitiana vive en constante miedo, con altos niveles de violencia y criminalidad, lo que dificulta la vida cotidiana y el desarrollo del país. 
• Dificultad para el desarrollo: La inestabilidad y la falta de control del Estado dificultan la implementación de políticas de desarrollo y la atracción de inversiones. 
• Necesidad de ayuda internacional: Haití depende en gran medida de la ayuda humanitaria y el apoyo internacional para enfrentar la crisis, lo que refleja la incapacidad del Estado para atender las necesidades de su población. 

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Honduras es un narcoestado

Un pato llamado Honduras

Es uno de los países más pobres de América y un lugar estratégico para el narcotráfico, que ha secuestrado la institucionalidad y pervertido la economía y los equilibrios del poder

Por Carlos Dada.

Si validamos el cuento del pato (si camina como pato, si vuela como pato, si tiene pico de pato…), Honduras es un narcoestado.

Jaime Rosenthal, patriarca de la familia más rica del país, murió hace pocos meses en San Pedro Sula bajo arresto domiciliar, acusado de evasión fiscal. El juicio en su contra abierto por la fiscalía hondureña le permitió vivir cómodamente en su mansión sampedrana y evitar la extradición a Estados Unidos, donde la Corte Sur distrital de Nueva York lo requería por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

El principal empresario hondureño fue enterrado con honores como un benefactor nacional. Exvicepresidente y exdiputado, dueño de bancos, inmobiliarias, medios de comunicación, cementeras y hasta una cocodrilera, pasó los últimos días de su vida en compañía de su familia. Es decir, con los miembros de su familia que aún están libres, porque su hijo Yani y su sobrino Yankel, los herederos, se entregaron voluntariamente a las autoridades en Miami y se han declarado culpables de lavar dinero para el cartel de Los Cachiros.

Los hermanos Rivera Maradiaga, líderes del cartel y antiguos socios de los Rosenthal, comparten hoy prisión en Nueva York con el Chapo Guzmán. El mayor de los hermanos Rivera, Devis Leonel, confesó en la Corte de Nueva York haber asesinado a 78 personas y sobornado a jueces, policías, oficiales del Ejército, congresistas y alcaldes. De no ser por el hecho de que el narcotráfico es ahora la prioridad estadounidense en la región, seguirían operando tranquilamente en su país. Los Rivera Maradiaga mantenían en su nómina a autoridades de todos los niveles. El narcotráfico ha penetrado ya a dos familias presidenciales.

A Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), la DEA le montó una trampa en la que cayó como un niño ante un mago de feria: un agente se hizo pasar por emisario del Chapo Guzmán para supervisar los detalles del envío de un importante cargamento de cocaína. Lobo acudió a la reunión con seis jefes policiales que explicaron al agente encubierto cómo protegerían la mercancía a partir de su aterrizaje en una pista hondureña que Lobo también controlaba. Ahora, el hijo del expresidente está preso también en Estados Unidos.

El último en caer ha sido el ex diputado Antonio Hernández, Tony, capturado en Miami hace menos de un año. La fiscalía de Nueva York lo acusa de conspirar con cárteles colombianos y mexicanos para introducir cocaína a Estados Unidos; de conspirar con otros congresistas y con oficiales policiales y del ejército de Honduras para garantizar el traslado de los cargamentos. Su audiencia, que tiene temblando a los hombres más poderosos de Honduras, está programada para finales de septiembre en Manhattan. Tony es hermano del actual presidente, Juan Orlando Hernández.

Por Honduras pasa, desde hace una década, la mayor parte de la cocaína que ingresa a Estados Unidos. Si Colombia y Venezuela son los puertos de salida, Honduras es el puente. Y el tío Sam el cliente flaco de nariz gigantesca con la que inhala todo ese polvo blanco.

Honduras es uno de los países más pobres del continente. Su lugar geoestratégico para el tráfico de tanta droga ha secuestrado la institucionalidad y pervertido las dinámicas económicas y los equilibrios del poder. Pero no solo el narcotráfico. El Estado mismo, infestado por la corrupción, ha desmantelado en los últimos años los sistemas de protección de garantías individuales, de derechos humanos y de los recursos naturales.

Desde la llegada al poder de Juan Orlando Hernández, en 2015, Honduras se ha convertido en el país más peligroso del mundo para activistas y defensores ambientales; líderes indígenas y campesinos son continuamente amenazados, detenidos o asesinados por oponerse a la concesión de sus tierras a compañías mineras, a hidroeléctricas o a corporaciones dedicadas a la siembra de palma africana.

Ni siquiera el asesinato de Berta Cáceres, uno de los pocos eventos sucedidos en Honduras que tuvo repercusión internacional, fue capaz de modificar estas dinámicas. En Honduras, el ejército y la policía han sido puestos al servicio de las elites que controlan el sistema: terratenientes, narcotraficantes, políticos corruptos.

Al presidente Hernández le han servido en los últimos dos años, también, para acallar las protestas en su contra mediante la represión. No se trata siquiera, como en otros tiempos, de la utilización de la fuerza como imposición de una ideología, de una versión de la historia, de una razón. Ni siquiera estas aspiraciones conserva ya el gobierno de Hernández. Es simplemente la represión como último recurso para mantenerse –él y todos los que se han aprovechado del sistema- en el poder.

He visitado frecuentemente Honduras desde 2009, cuando un golpe de Estado orquestado por las élites y el ejército derrocaron al presidente Manuel Zelaya, en el último golpe de Estado en América Latina. Las paredes de las calles capitalinas están manchadas con pintas con la frase “Fuera JOH”, que es coreada en cada protesta por la mayor parte de los hondureños desde que, en 2017, el presidente Juan Orlando Hernández cooptara a la Corte Suprema de Justicia para decretar inconstitucional la Constitución que prohíbe la reelección; y aún así requirió de un fraude electoral para obtener su segundo mandato.

Los periodistas locales se han vuelto especialistas catadores de gases lacrimógenos y son excelentes guías para saber cuánta protección es necesaria en cada protesta. Porque las crisis social y política se han profundizado desde aquel fraude, consumado solo gracias a su legitimación por parte de la embajada de Estados Unidos (que no sepa tu Departamento de Estado lo que hace tu oficina antinarcóticos).

Hoy, Juan Orlando Hernández vive sus momentos de mayor debilidad; con maestros y médicos en las calles que se oponen a un proyecto legislativo de privatización de la salud; con estudiantes desde grados inferiores en rebeldía contra el gobierno y con campesinos y organizaciones sociales protestando contra la entrega de sus tierras, sus bosques y sus ríos a corporaciones extractivistas. Un grito en común los une: «fuera JOH». El gobierno es hoy incapaz de satisfacer la enorme demanda social y política, aunada a la presión estadounidense de evitar la emigración del país que inventó las caravanas para huir.

“La gran lección del golpe de 2009 debió haber sido consolidar la institucionalidad”, me dijo hace una semana Luis Zelaya, líder del opositor Partido Liberal. “Lejos de eso, la corrupción y el narcotráfico han penetrado a todas las instituciones a niveles que no tienen precedentes”. Eso, en Honduras, no se dice así como así.

Hace dos semanas, el senador estadounidense Bernie Sanders dijo en uno de los debates de los precandidatos del Partido Demócrata que “Honduras es un estado fallido, con masiva corrupción”. No se equivocaba. Ha visto las consecuencias en su frontera sur. El senador también ha escuchado el parpeo del pato: Hace cua cua. Como un narcoestado.

Fuente: elpais.com, 13/07/19.

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Narcoestado

El término narcoestado o narcoeconomía (de narco-: «droga»;¹​ y más específicamente: «asociado con el tráfico ilegal de drogas»²​) es un neologismoeconómico y político que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogasnarcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales.

Uso

El uso del término comenzó a implantarse en los años 1980 con la aparición de poderosas organizaciones mafiosas en Colombia (los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle), particularmente personalizados en Pablo Escobar, quien había logrado convertirse en representante de Medellín ante el Congreso en 1982; y al Cartel de Cali, que se estima que logró influir en la campaña presidencial de Ernesto Samper.³​ En la actualidad, Colombia ha mejorado en el tema del narcotráfico, disminuyendo ampliamente la producción en los últimos años. Son habitualmente considerados tres ejemplos de narcoestado:⁴​ Afganistán en Asia, Kosovo⁵​ en Europa y Guinea-Bissau⁶​ en África.

Para el Dr. Paul Rexton Kan (2016), los narcoestados se pueden dividir en cinco categorías según su nivel de dependencia en el comercio de narcóticos y la amenaza que el narcotráfico en dicho país representa para la estabilidad nacional e internacional. Estas cinco categorías son: incipiente, en desarrollo, serio, crítico y avanzado. Kan ofreció ejemplos para cada categoría y también clasificó a los países según su papel en el narcotráfico, en fuentes, de transporte e híbridos:⁷​

Incipiente Bahamas Transporte Irán Tr. Panamá Tr. Papúa Nueva Guinea Fuente En desarrollo Ecuador Tr. Líbano Tr. Senegal Tr. Tailandia Tr. Vietnam Tr.

Serio Belice Camboya Híbrido El Salvador Haití Tr. Jamaica Híbrido Laos Híbrido Malí Híbrido México Serio Nigeria Tr. Pakistán Tr. Uzbekistán Tr.

Crítico Bolivia Fuente Colombia Fuente Guatemala Tr. Guinea Tr. Honduras Tr. Perú Fuente Tajikistan Tr. Avanzado Afganistán Fuente Burma Fuente Guinea-Bisáu Tr. Corea del Norte Fuente

Pierre-Arnaud Chouvy dice en su artículo El mito del narco-estado que el uso reciente del término «narcoestado» ha sido cuestionado por ser aplicado de manera demasiado amplia y sin un criterio claro, en particular luego de la atención mediática hacia Guinea-Bissau, catalogado como «el primer narcoestado del mundo» en 2008,⁸​ y más bien el término debería referirse solo a aquellos países en los que el comercio de narcóticos está patrocinado por el estado y constituye la mayoría del PIB general de un país.⁹​

Países catalogados como narcoestados

Guinea-Bissau

El primer país considerado un narcoestado en el mundo fue Guinea-Bissau en 2008, al cual la ONU llamó «el primer narco-estado de África» y la Casa Blanca catalogó como un refugio de narcotraficantes. A partir de 2005 se constató un aumento del tráfico de droga proveniente de Suramérica con rumbo a Europa, debido a la apertura de nuevas rutas de tráfico de drogas a través de la región de África Occidental. Según agentes estadounidenses, esto se debió al reforzamiento policial en las rutas tradicionales a través del Caribe y al incremento del poder de los carteles mexicanos en Centroamerica. Entre 2006 y 2008 la cantidad de cocaína decomisada fue 5 veces mayor que entre 1998-2003, aunque esta representó sólo un pequeño porcentaje de toda la droga exportada, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), que además afirmó que el valor del tráfico de droga supera los ingresos nacionales.⁸​ En 2007 la Ministra de Justicia Carmelita Pires constató en una conferencia internacional sobre narcotráfico la implicación de políticos, policías y militares involucrados en narco-actividades,⁶​ lo que le costó serias amenazas de muerte.¹⁰​

Para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Guinea-Bissau es un centro del transporte de droga en la región, con la complicidad de los más altos niveles políticos y militares. Como prueba de ello, en 2010 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a José Américo Bubo Na Tchuto y a Ibraima Papa Camara como cerebros del tráfico de la droga. Bubo Na Tchuto era jefe de personal de la Marina y en 2016 fue recibido por el primer ministro como “héroe de la revolución” tras pasar tiempo en una prisión de Estados Unidos; mientras que Papa Camara se mantuvo hasta 2017 en su cargo como jefe de personal de la Fuerza Aérea a pesar de la designación.¹¹​

Kosovo

Otro caso considerado habitualmente por los medios un paradigma de narcoestado es el de Kosovo.⁵​¹²​ La provincia serbia de Kosovo y Metohija proclamó unilateralmente su independencia en febrero de 2008, siendo reconocida por 105 países en 2013. Desde distintos medios se ha venido denunciando desde entonces la gran influencia de las mafias del narcotráfico en las instituciones kosovares, algunos de cuyos dirigentes vienen siendo habitualmente acusados de corrupción, incluido el Primer Ministro Hashim Thaçi, quien fue considerado en un informe del Bundesnachrichtendienst (servicio de inteligencia alemán) responsable de una de las principales redes delictivas del país.¹³​ Kosovo es considerado una plataforma para el narcotráfico, pero también del tráfico de armas y personas en toda Europa.¹⁴​

Venezuela

En 2005, el presidente Hugo Chávez cesó las actividades de la DEA en Venezuela, por considerarla una herramienta de espionaje en ese país, que además apoyaba el narcotráfico.¹⁵​ Esto, sumado a la suspensión del acuerdo de sobrevuelo para monitoreo de narcovuelos y la aprobación de una nueva ley contra el tráfico de drogas, fortalecieron el narcotráfico en el país, asegura InSight Crime.¹⁶​ En 2009, un informe del Congreso de Estados Unidos advirtió sobre la fuerte penetración del narcotráfico en Venezuela, con altos funcionarios y militares implicados, y con un aumento en el transporte anual de droga de 60 a 260 toneladas entre 2004 y 2007 —el 17% de toda la droga producida en el mundo en 2007. Según el informe, esto se incentivó por los altos niveles de corrupción en el gobierno, la Guardia Nacional y otras fuerzas del orden, sobre todo de las Fuerzas Armadas venezolanas y sus estrechos lazos con la guerrilla colombiana, muy involucrada en el narcotráfico.¹⁷​ En 2012, el ex-fiscal venezolano Eladio Aponte acusó por primera vez al gobernante venezolano de involucrarse en el negocio de la droga, encubriendo operaciones y a militares presuntamente ligados; y entregó documentos a la DEA que indicaban una red de narcotráfico encubierta por la justicia venezolana. Aponte acusó además a Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, al general Clíver Alcalá y a Néstor Reverol, entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas, de desempeñar importantes cargos en el narconegocio.¹⁸​

En noviembre de 2017, la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas Nikki Haley llamó a Venezuela un «narcoestado de creciente violencia que amenaza la región, al hemisferio y al mundo».¹⁹​ Ese año dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores fueron condenados en Estados Unidos por conspirar para traficar droga,²⁰​ según la fiscalía, con la autorización del presidente Nicolás Maduro.²¹​ También fue acusado Néstor Reverol, actual ministro del Poder Popular, de haberse convertido en uno de los principales actores del narcotráfico en Venezuela desde que encabezaba la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), interviniendo para dejar a presuntos narcotraficantes en impunidad.²²​ Además ese año Tareck El Aissami, entonces vicepresidente, fue sancionado por Estados Unidos bajo señalamientos de tráfico de drogas, y luego acusado legalmente en marzo de 2019. Tareck es actualmente ministro y vicepresidente del área económica, y uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela.²⁰​ Desde 2008, empresas y una decena personas entre funcionario y militares fueron señalados como parte importante de la red de narcotráfico por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.²³​ El Departamento de Estado de ese país reporta que bajo el mandato de Maduro no se ha tomado ninguna acción contra los señalados,²⁴​ muchos de los cuales fueron ascendidos a altos cargos.¹⁶​²³​ También reporta que la ONA no ofrece datos desde 2015.

Venezuela también fue catalogado como un narcoestado «como no se ha visto en el continente» por el presidente de la Organizacion de Estados Americanos, Luis Almagro,²⁵​ y por el ministro de defensa de Colombia, Guillermo Botero.²⁶​ Actualmente, a la red de funcionarios y militares venezolanos que participan en narcoactividades se les conoce como el Cártel de los Soles.¹⁶​²³​

Afganistán

Tras la caída del régimen de Talibán con la invasión de una coalición internacional liderada por Estados Unidos (octubre de 2001), el país se convirtió rápidamente en el principal productor de opio del mundo.²⁷​ En 2004 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advertía sobre la posibilidad crítica de Afganistán de convertirse en un «narcoestao», país que entonces proveía el 90% de la heroína consumida en Europa.²⁸​ Hoy Afganistán es la fuente del 90% de la heroína consumida a nivel mundial, con alrededor de 354 000 personas trabajando a tiempo completo en el negocio de la droga y ganancias que representan el 7% del PIB de ese país.²⁹​ En 2019 el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR), un ente vigilante del Congreso de los Estados Unidos, alertó sobre el riesgo de que el país «se convierta en narcoestado»,³⁰​ aunque por su situación, Afganistán ya es mediáticamente considerado un narcoestado.⁴​³¹​³²​³³​³⁴​³⁵​

Otros casos

Instituciones, funcionarios, analistas y comentaristas nacionales o extranjeros han usado el término «narcoestado» para referirse a la situación de un país, o para alertar sobre la posibilidad de que el mismo se convierta en uno:

• Guatemala: ya desde 2010 y 2011 El Pentágono y fiscales guatemaltecos advertían del alto riesgo de que el país se convirtiera en un narcoestado.³⁶​³⁷​ En junio de 2019, analistas en seguridad, todos ex-funcionario de agencias de seguridad estadounidenses, advirtieron que Guatemala está a las puertas de convertirse en un narcoestado debido a la infiltración de estructuras criminales en instituciones de seguridad y de partidos políticos, donde candidatos con señalamientos por nexos con el crimen organizado resultaron electos en las elecciones generales de 2019.³⁸​ La misma opinión comparte Carlos Menocal, exministro de Gobernación de Guatemala. También el actual ministro de Defensa, Luis Miguel Ralda, dijo que Guatemala está próximo a ser un narcoestado y reconoció que el dinero del narconegocio invade las instituciones estatales y financia a candidatos.³⁹​ Tal es el caso del excandidato presidencial Mario Estrada, arrestado en Estados Unidos bajo cargos de solicitar financiación política al Cartel de Sinaloa y conspirar para asesinar rivales políticos.
• Honduras: en 2008, el comisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio y el embajador de Francia, Laurent Dominati, advirtieron del riesgo que Honduras se convirtiera en un narcoestado.⁴⁰​⁴¹​ Hoy lo considera un narcoestado la Organización Fraternal Negra Hondureña.⁴²​ Para el Departamento de Estado de Estados Unidos el gobierno de Honduras realiza esfuerzos para combatir el narcotráfico.²⁴​ En enero de 2015 se entregaron a la DEA los jefes del Cártel hondureño Los Cachiros—los hermanos Javier Eriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga—, cuyas declaraciones⁴³​ involucraron a Tony Hernández, hermano del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández y procesado por acusaciones de narcotráfico, al presidente anterior Porfirio Lobo (2012-2014), investigado por nexos con el narcotráfico,⁴⁴​ y a su hijo, Fabio Lobo, condenado en 2017 a 24 años de prisión por actividades ligadas al narcotráfico.⁴⁵​ También en 2017 fue condenado a 3 años de prisión el ex-secretario de la Presidencia (2004-2009) Yani Rosenthal, por lavado de dinero para ese Cartel.
• México: debido al poder que ejerce el narcotráfico, en años recientes comentaristas lo han llegado a llamar narcoestado,⁴⁶​⁴⁷​⁴⁸​⁴⁹​ o han alertado de la posibilidad de que se convierta en uno.⁵⁰​
• Estados Unidos: para un analistas del medio ruso Sputnik, Estados Unidos se está convirtiendo en narcoestado por su alto consumo de drogas;⁵¹​ mientras que el director del medio chavista Misión Verdad, argumenta que se trata del «narcoestado más poderoso del mundo», por la vital importancia de las ganancias del narconegocio en el sistema financiero estadounidense.⁵²​

Véase también

• Estado fallido
• Estado paria

Referencias

1. ↑ narco- en el Diccionario de la lengua española.
2. ↑ narco- en el Oxford English Dictionary.
3. ↑ Panorama Digital. «“Narcoestado y narcoterrorismo”». Consultado el 21 de septiembre de 2010.
4. ↑ Saltar a:^a b «Países señalados como narcoestados». La Nación. 30 de abril de 2018. Consultado el 15 de junio de 2019.
5. ↑ Saltar a:^a b Libertad Digital «Kosovo, Cataluña… y Zapatero» Consultado el 21 de septiembre de 2010
6. ↑ Saltar a:^a b Francesc Relea (28 de junio de 2009). «En el corazón del ‘narcoestado’». El País. Consultado el 17 de junio de 2019.
7. ↑ Kan, Paul Rexton (2016). Drug Trafficking and International Security [Tráfico de droga y Seguridad Internacional]. Rowman and Littlefield. ISBN 9781442247581.. Véase
8. ↑ Saltar a:^a b «How a tiny West African country became the world’s first narco state». The Guardian (en inglés). 9 de marzo de 2008. Consultado el 15 de junio de 2019.
9. ↑ Chouvy, Pierre-Arnaud (2016). «1». The myth of the narco-state[El mito del narco-estado] 20. Space & Polity. pp. 26-38. doi:10.1080/13562576.2015.1052348.
10. ↑ El País «El ‘narco’ se instala en Guinea-Bissau» Consultado el 21 de septiembre de 2010.
11. ↑ Buró de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Reforzamiento de la Ley (Marzo de 2018). «International Narcotics Control Strategy Report – Volume II – Money Laundering» (PDF). state.gov. Departamento de Estado de los Estados Unidos. Consultado el 3 de julio de 2019.
12. ↑ Scott, pp. 168
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Bibliografía

• Scott, Peter D.. The Road to 9/11: Wealth, Empire, and the Future of America. University of California Press, 2008. ISBN 0520258711

Enlaces externos

• Narcotráfico y estado: El discreto encanto de la corrupción
• ¿Es México un narcoestado?
• Audio: «El Narco-Estado soñado por Escobar está vigente en Colombia»
• El BND, la CIA y el Estado profundo de Kosovo
• Moisés Naím, Estados mafiosos, El País, 5 de mayo de 2012.

Fuente: Wikipedia, 2019.

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