Ética pública: funcionarios y candidatos simultáneos
abril 10, 2025
Por Fishel Szlajen.
En los sistemas republicanos y las democracias representativas, la legitimidad de los funcionarios no sólo se sustenta en el mandato electoral o designación política dentro de los términos legales, sino también en el cumplimiento de estándares de ética pública que garanticen la equidad en la competencia política reglando su conducta conforme a los valores democráticos.
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Así, la simultaneidad entre la postulación a un cargo público y el ejercicio de otro, cuando este facilita medios estatales de alto valor para campañas políticas, despierta sospechas de uso indebido del poder y de los recursos del Estado con fines proselitistas, comprometiendo la integridad del proceso electoral y la confianza ciudadana por abuso de poder o posición de privilegio frente a otros candidatos.
La función pública se rige por principios de legalidad, transparencia, equidad e integridad en el uso de los recursos públicos. Según el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, la actuación gubernamental debe alejarse del reprobable abuso de los recursos públicos para fines de interés partidista o particular, debiendo el funcionario abstenerse de conductas que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos que tuviera encomendados. A su vez, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción recomienda establecer normas que aseguren la separación entre funciones públicas y actividades proselitistas manifestando que no toda conducta ética debe esperar a ser tipificada penalmente para ser corregida institucionalmente.
Desde la sociología, Max Weber advierte sobre el uso del Estado con fines partidarios, y más aún naturalizando el uso de recursos públicos como plataformas implícitas de campaña.
Desde la filosofía del derecho, Thomas Nagel indica que el conflicto de interés en un funcionario surge ante la posible interferencia con el cumplimiento imparcial de sus deberes. Así, ejercer un cargo mientras se realiza campaña para ocupar otro, puede derivar en decisiones públicas orientadas a obtener rédito electoral. Y aun cuando no quiebre la ley, socava la confianza pública y degrada el proceso democrático.
Desde la filosofía política, Michael Walzer plantea que poseyendo cada esfera de la justicia distributiva sus propias reglas, es injusto trasladar privilegios de una esfera a otra, por ejemplo, del cargo público usando el poder político al rédito electoral, denominándolo dominación cruzada.
Y desde la ciencia política, Robert Dahl demuestra que estas prácticas minan la equidad electoral porque la competencia democrática exige igualdad de condiciones para participar en la contienda política. Un funcionario, y más quien desempeña labores cuya visibilidad es inherente a su cargo, posee evidentes ventajas en campaña respecto de los recursos de candidatos ajenos al gobierno, viciando el principio de fair play democrático.
Todo ello alerta sobre el daño al sistema democrático y republicano desalentando la participación política y erosionando la credibilidad de las instituciones, porque como advierte Seymour Lipset, la legitimidad democrática depende de que las reglas sean vistas como justas.
Ahora bien, desde una ética de la responsabilidad pública, la opción de solicitar licencia temporal parece insuficiente si no va acompañada de un control estricto sobre el uso de recursos públicos. Por ello, algunos organismos recomiendan la renuncia como mecanismo de integridad institucional, así indicado por la OCDE en su Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service.
Sin embargo, hay posiciones que consideran suficiente la licencia, en la medida en que esta impida el acceso a recursos estatales, así sugerido por Jeremy Waldron cuando distingue entre conflicto de interés y uso ilegítimo del poder donde la ambición política debe separarse completamente del aparato estatal.
En Brasil, la Ley Complementaria 64/1990 establece la llamada “desincompatibilización” obligatoria por la cual los funcionarios deben cesar en sus funciones tres o seis meses antes presentarse a elecciones para evitar el uso de la maquinaria estatal como ventaja. En Chile, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades obliga a los alcaldes a renunciar con antelación si desean postularse a otros cargos. En México, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece requisitos de separación para candidatos provenientes de la función pública. Estados Unidos no posee una norma federal que obligue a renunciar, pero algunos estados y jurisdicciones locales tienen “resign-to-run laws” requieriendo que los funcionarios renuncien antes de postularse para otro cargo. En Alemania, Martin Schulz renunció como presidente del Parlamento Europeo antes de postularse a canciller por el SPD en 2017. Dicha renuncia fue interpretada como un acto de respeto institucional y de ética pública.
Argentina carece de una norma general obligatoria de licencia o renuncia, y sumada a una clase política tendiente al abuso de poder, ha manifestado recientemente el caso paradigmático contrario a todas las mencionadas especificaciones y recomendaciones. Fue la candidatura presidencial del entonces Ministro de Economía, Sergio Massa, la cual generó severas críticas por no haber renunciado y haber mantenido una intensa agenda pública coincidente con su campaña utilizando todos los recursos estatales más su posición de privilegio para construir su imagen electoral, lo que resultó en serios perjuicios económicos inflacionarios para todos los Argentinos.
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La jurisprudencia de la CSJN en Gutiérrez, Esteban c/Estado Nacional, ha afirmado que el deber de decoro y legalidad administrativa alcanza no sólo los actos públicos, sino también las condiciones éticas que deben rodear al desempeño del cargo. La misma CSJN, en Camaño c/Estado Nacional, sostuvo que la ética pública no se reduce al cumplimiento de la ley, sino que implica preservar la confianza pública en la neutralidad y transparencia del accionar estatal, más aún en los procesos electorales.
Ahora bien, estas consideraciones no aplican para las reelecciones porque el funcionario que busca ser reelegido no está utilizando su cargo como un plataforma hacia una nueva esfera de poder, sino que reitera su aspiración al mismo mandato conferido por el electorado, en continuidad con la legitimidad previa. Giovanni Sartori lo justifica porque la reelección no es una conquista nueva del poder, sino la renovación del contrato político previo. Por lo tanto, no necesariamente viola los principios de equidad en tanto se respeten las reglas de la competencia y sin utilizar recursos públicos con fines partidarios. Más, el uso del cargo en campaña de reelección debería ser una rendición de cuentas presentando el candidato su gestión ante el electorado. En adición a ello, autores como Bernard Manin observaron que los cargos ejecutivos implican una exposición mediática permanente, haciendo prácticamente imposible separar las funciones de campaña de aquellas institucionales durante períodos electorales. Luego, de exigir licencia o renuncia a todo funcionario a reelegirse paralizaría la administración en cada elección. Por ello, la solución práctica es permitir la reelección sin licencia, pero reglar la publicidad oficial y el uso de recursos públicos, actualmente normalizado en leyes tales como la 26.571 y 26.215. No obstante, dicha falta de licencia en procesos electorales reelectivos se debería compensar con límites a la reelección evitando que la ventaja del cargo derive en una perpetuación ilegítima en el poder. Aquí el abuso no está en la candidatura, sino en la captura institucional del poder sin alternancia.
Conclusión, resulta razonable exigir a todo funcionario que aspira a otro cargo una separación formal, efectiva y verificable de sus actuales funciones, por licencia o renuncia acorde al nivel de poder e influencia institucional. Porque la tan mentada batalla cultural, demanda estándares éticos en la política preservando la equidad, la transparencia e integridad, exigiendo instituciones y procedimientos justos para todos.
Fuente: infobae.com, 10/04/25
Más información:
El Teorema de Imposibilidad de Arrow: La complejidad de la Democracia Representativa
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Conflict of Interest? Moi?
julio 25, 2014
Conflict of Interest? Moi?
By Jason Zweig
The Financial Industry Regulatory Authority is examining how major investment banks and brokerage firms define and manage conflicts of interest between themselves and their clients. Will the first systematic look at conflicts on Wall Street in years make a difference for investors?
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In the next few weeks, according to Susan Axelrod, an executive vice president at Finra, its regulators will start to examine 14 big firms, which she declined to name.
Finra—a self-regulatory organization funded by the securities industry—telegraphed its intentions in May, when its chief executive, Richard Ketchum, said in a speech that «we will look to have a focused conversation with you about the conflicts you have identified and the steps you have taken to eliminate, mitigate or disclose each of them.»
Mr. Ketchum added that he would like detailed reviews of conflicts of interest to «become a standard part of operating procedure» on Wall Street.
Finra’s call appears to be the first time in nearly a decade that regulators have explicitly targeted the question of how Wall Street handles conflicts of interest. In a speech in 2003, Stephen Cutler, then director of enforcement at the Securities and Exchange Commission (and now general counsel of J.P. Morgan Chase JPM +0.56% ), urged every financial firm to run a «top-to-bottom review» that would seek to correct «conflicts of interest of every kind.» He added, «No one is in a better position than you to identify» such conflicts.
Mr. Cutler’s speech, say other regulators, led to an outpouring of submissions to the SEC in which firms laid out the conflicts they had identified and the safeguards they had put in place to control them.
Investors should bear two things in mind in light of Finra’s examinations.
First, conflicts of interest aren’t a part of how Wall Street does business; conflicts are its stock-in-trade. Even as they were professing their purity to the SEC in response to Mr. Cutler’s call, many firms turned out to be enticing ignorant borrowers into taking out mortgages they couldn’t afford, unloading portfolios of toxic debt on unsuspecting clients and manipulating one of the world’s most widely used interest rates for their own benefit.
«We understand that conflicts exist,» says Ms. Axelrod of Finra. «What defines firms and their culture is how they deal with those conflicts.»
Even so, it might be too much to expect Wall Streeters to identify their own conflicts.
In a recently published study, researchers led by behavioral economist George Loewenstein of Carnegie Mellon University asked hundreds of physicians and financial planners to evaluate conflict-of-interest policies. Half of each group read a set of proposed rules to minimize conflicts for doctors; the other half saw almost-identically worded rules to reduce conflicts for financial planners.
The doctors were outraged that financial advisers might accept pens, coffee mugs, free meals or educational junkets from investment companies. Yet the physicians rejected the idea that accepting pens, coffee mugs, free meals or educational junkets from drug companies could ever compromise the integrity of doctors.
The financial planners wanted doctors to be barred from accepting gifts from pharmaceutical companies, lest their objectivity be compromised—but thought the same restrictions in their own profession would be unnecessary and onerous.
In short, our eagle eye for spotting other people’s biases is blind as a bat’s to our own.
«Each of us tends to think that we are much more fair and more impartial than other people are,» says Prof. Loewenstein. «So we believe there’s no need for us to worry that we might be influenced by conflicts of interest, even as we think everyone else is.»
«There’s plenty of people who sell bad stuff knowingly,» says Robert Seawright, chief investment officer at Madison Avenue Securities, a financial-advisory firm in San Diego, «but I think the far bigger problem is inappropriate sales that are well-intended. I’ve seen people who sell bad stuff to their moms, because they thought it was the right thing.»
Remember now, as always, that the individual investor is at the bottom of Wall Street’s food chain—a speck of plankton adrift in a sea of predators.
The challenge is to defend yourself without being offensive. Never forget to ask your financial adviser: What benefit is there for you in selling this investment to me? And with a kind voice and a smile, ask for the answer in writing.
Fuente: The Wall Street Journal, 2012.