Mientras el Gobierno evalúa cómo aclarar y llevar tranquilidad a inversores por el proyectado impuesto a la renta financiera sobre personas físicas, que gravará depósitos a plazos fijos y títulos públicos, este nuevo tributo sigue despertando múltiples dudas y críticas entre no pocos economistas.

Uno de los analistas económicos que con más dureza cuestionó el proyecto fue Agustín Monteverde, quien expresó a LA NACION que, para el Gobierno, «es como apuntarse un tiro al pie con la esperanza de que no le dé en la cabeza». Más aún, señaló: «Es tan desopilante como si un deudor serial saliera a pasar la gorra y cuando alguien le va a dar un billete pretendiera, además, cobrarle un impuesto».

La iniciativa oficial apunta a gravar con un 5% los rendimientos derivados de inversiones en pesos y con un 15% la renta de instrumentos nominados en moneda extranjera. Los ahorristas tributarían por sus ganancias a partir de un monto no imponible de 52.000 pesos anuales.

Tras el debate que se lleve a cabo en el Congreso, se sabrá con certeza si esos tributos se aplicarán sobre la renta nominal o sobre la renta real, descontada la tasa de inflación. También deberá determinarse si estarán gravados los bonos ya emitidos o sólo aquéllos que sean emitidos con posterioridad a la sanción de la ley. En cambio, ya está decidido por el Gobierno que los bonos sujetos a legislación extranjera no serán objeto de este impuesto.

Esta última distinción provocó críticas del economista Carlos Rodríguez, rector de la Universidad del CEMA. «Los Macri boys decían que los contratos debían cumplirse y ahora los rompen con tenedores argentinos de bonos», se quejó. Hacía así referencia a que los títulos públicos ya emitidos tienen en sus contratos condiciones según las cuales no pueden sumar nuevos impuestos a los ya contemplados al momento de ser colocados.

En el mismo sentido, Monteverde sostuvo que gravar ahora instrumentos financieros que cuando salieron al mercado no estaban gravados constituye «una aviesa traición» a muchos de quienes ingresaron en el régimen de sinceramiento fiscal o blanqueo, «a quienes el Estado les decía que si invertían su dinero blanqueado en bonos se evitarían el costo del blanqueo». 

Otro interrogante que surge entre distintos economistas y operadores del mercado financiero radica en que, actualmente, muchos títulos públicos cotizan por encima de la par, por lo que quien los adquiera hoy tendrá una tasa interna de retorno (TIR) que será inferior a la tasa de interés anual que paga el Estado por ese bono. Por ejemplo, el Bonar 2024 paga un interés anual del 8,75%, pero su TIR es actualmente del 4,1%. La duda es si, una vez considerado el proyecto de ley en el Congreso, el impuesto a la renta se aplicará sobre la tasa de rentabilidad o sobre la tasa de interés. Si fuera este último caso, el castigo al ahorrista sería mayor.

Desde sectores políticos que siempre han apoyado el impuesto a la renta financiera se ha dicho que su recaudación recaería sobre los más ricos en beneficio del resto de la población. Pero lo cierto es que el sistema financiero juega un rol esencial en cualquier economía, ya que los ahorros de las personas y de las empresas que reciben los bancos y las entidades financieras pueden ser canalizados hacia la inversión productiva, por la vía de créditos. Sin esos ahorros, difícilmente el sistema financiero podría prestarles dinero a otros particulares para la adquisición de viviendas, automóviles o artefactos electrodomésticos, ni a empresas para que financien proyectos industriales o comerciales.

Suena lógico que si se incorpora un impuesto sobre los intereses que por un depósito bancario a plazo fijo recibe un particular, éste exija una tasa de interés más alta que la actual para compensar el nuevo tributo que se le impondrá. Y si suben las tasas de interés para esas colocaciones, las entidades bancarias trasladarían ese incremento a las tasas de los créditos que otorguen.

Lo mismo vale para las colocaciones de Letras del Tesoro (Letes) o de Letras del Banco Central (Lebac), con las que el Estado se financia. Es lógico pensar que para renovar esos instrumentos financieros, los ahorristas solicitarán tasas de interés más elevadas, por lo cual lo que el Estado recaude con el impuesto podría perderlo al tener que pagar tasas mayores. Por eso, el economista Monteverde considera que «pegarle un tiro a las Lebac, que son 1,3 veces la base monetaria, equivaldría a un disparo en la sien más que en un pie».

En síntesis, las dudas que plantea el proyecto de impuesto a la renta financiera podrían sintetizarse de este modo:

¿Puede gravarse la renta financiera sin un ajuste por inflación? ¿No sería esto hacer tributar a los ahorristas sobre ganancias ficticias, como ya se viene haciendo con las empresas, en tanto buena parte de los ingresos están compuestos por un porcentaje inflacionario?

¿Correspondería gravar depósitos a plazo fijo bancarios cuando éstos ni siquiera cubren totalmente al ahorrista de una inflación que actualmente es superior a la tasa de interés?

¿No terminaría el impuesto generando una suba de las tasas de interés de las colocaciones bancarias a plazo fijo, que se trasladaría a los créditos a particulares y al sector productivo?

¿Podría terminar el Estado perdiendo de un bolsillo lo que ingrese por otro bolsillo, al verse forzado a mantener elevadas las tasas de interés de Lebacs para hacer frente a las exigencias de ahorristas que verían reducido su beneficio con el impuesto?

Finalmente, ¿cuán significativa será la recaudación para el Estado por este impuesto a la renta financiera? ¿Estamos ante una cuestión técnica o sólo ante una discusión política, donde el gobierno de Mauricio Macri aspira a pagar con este tributo el precio para que se apruebe el resto de la reforma tributaria en el Congreso y, al mismo tiempo, dejar atrás el mito de que el Presidente sólo gobierna para los ricos?

Fuente: La Nación, 07/11/17.

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