Lavado de Dinero: la ruta del dinero K
julio 27, 2014
Un estudio uruguayo tuvo un rol clave en la ruta del dinero K.
Por Daniel Santoro.
El Reporte de Operaciones financieras Sospechosas de las islas Seychelles, al que accedió Clarín en exclusiva, también revela que el pedido de creación de parte de las 148 empresas fantasma de Las Vegas, EE.UU., que administra Aldyne, partió del estudio uruguayo JP Damiani & Asociados.
En el “suspiciuous activity report form” (el nombre en inglés del reporte) la representante del estudio panameño Mossack Fonseca, Helen Ernesta, en Seychelles informa que su cliente es ese estudio uruguayo, propiedad del presidente del club Peñarol de Uruguay, Juan Pedro Damiani.
Luego afirma que los beneficiarios finales de Aldyne son el corredor de Bolsa argentino Jorge Antonio Galitis y un abogado que Clarín no puede nombrar por una medida cautelar de la Justicia (Ver aparte), tal como reveló este diario el miércoles.
El estudio Damiani pidió a Mossack la creación de Huston, Eyden, Ivy Lane Group LLC, Abble Holding LLC, Nat Enterprises Ltd, Trenton Properties Ltd, Neymar Investments LLC, Fintech Holdings LLC, Essex Holdings Group LLC, Coreley Properties Inc LLC y Balmont Holdings Ltd., entre otras. Todas estas firmas de pantalla fueron creadas a pedido de la empresa suiza Helvetic Services Group que dirige el italoargentino Marcelo Néstor Ramos. Helvetic es la actual dueña de la financiera “SGI” conocida como “La Rosadita” que según la primera versión de su ex dueño, Federico Elaskar, se usó para sacar del país 50 millones de euros que habrían pertenecido al empresario K Lázaro Báez. El fiscal José María Campagnoli, el primero que investigó a Báez, incluyó a la totalidad de esas 148 empresas en la ruta del dinero K.
Galitis negó ser el beneficiario final o dueño de Aldyne y fuentes allegadas al operador de Bolsa admitieron que sí es “dueño de Huston Management LTD”.
Las fuentes afirmaron que “ es un error o una maniobra que Galitis haya sido nombrado como dueño de Aldyne en ese reporte de Seychelles”.
El corredor de Bolsa “compró Huston para adquirir un departamento en Puerto Madero ”. Las acciones de Huston estaban embargadas por la jueza del fuero penal ordinario Gabriela Lanz a pedido de Campagnoli, pero luego esta causa se sumó a la que investiga el juez federal Sebastián Casanello. Eyden, también compró departamentos en el barrio más nuevo de Buenos Aires. Casanello deberá determinar si estas firmas se usaron en la ruta del dinero K o en maniobras de evasión impositiva.
Fuentes del estudio Damiani consultadas por Clarín afirmaron también que “es un error que Galitis” y el abogado que no se puede nombrar sean los dueños de Aldyne, pese a que todos sus datos personales estén en el reporte. Para estas fuentes Aldyne “es propiedad de la panameña Mossack Fonseca” para administrar las 148 firmas armadas en Las Vegas.
En el reporte de Seychells se nombra a 8 panameños, entre ellos Leticia Montoya, pero como directores y asistentes no como “beneficial owners”, cargo que atribuye a Galitis y el abogado. Entre los miembros de Aldyne se incluye a Apsley Foundation, otro misterio, de esta telaraña de empresas que tienen a Helvetic, como punto en común.
Fuente: Clarín, 27/07/14.
Latinoamérica: Lucha regional contra el Lavado de Dinero
julio 21, 2014
Gafisud pasa a llamarse Gafilat y se propone más efectividad en lucha regional contra LD/FT.
Por Fernando Martínez.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo técnico que bajo la actual presidencia pro-tempore de Colombia se ha alineado en busca de la efectividad del sistema regional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, celebró su XXIX plenaria del 10 al 11 de julio en Cartagena de Indias, Colombia.
Como resultado del encuentro, se aprobó el cambio de nombre de Gafisud (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica) a Gafilat, en reconocimiento a la integración de países de Centro América y el Caribe en el grupo. El Pleno aprobó la salida del proceso de seguimiento intensificado de cinco de sus países miembros (Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua), al reconocer un avance significativo en la implementación adecuada de estándares que han fortalecido sus sistemas nacionales ALA/CFT.
Colombia asumió la presidencia en enero de 2014 en cabeza del Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, cuya gestión se ha centrado en fortalecer la capacidad técnica y operativa del grupo para “proteger a los ciudadanos y a las instituciones públicas y privadas del lavado de activos y la financiación del terrorismo en beneficio del bienestar económico y social de la región”.
Entre otros temas, durante la plenaria se discutieron los avances del plan de acción de la presidencia, la cual, con apoyo de la secretaría ejecutiva del grupo, ha logrado impulsar la creación de una nueva página web, que incluirá información estratégica, una bolsa de capacidades y una biblioteca virtual, donde se centralizarán estudios estratégicos con enfoque regional, guías y otros documentos, que sirvan para aumentar la cultura regional sobre estos delitos y sobre buenas prácticas de prevención y contención.
Amenazas y sus impactos
“Es a partir del conocimiento de la amenaza y sus impactos, que podremos medir si estamos siendo efectivos”, declaró durante la instalación del evento, el presidente de Gafilat y Director de la UIAF, quien hizo énfasis en que a partir de este tipo de conocimiento se pueden generar políticas públicas regionales más acertadas y articuladas.
Por otra parte, se recalcó el fortalecimiento institucional que está en curso y el rumbo que está adquiriendo el organismo – 14 años después de su creación, también en Cartagena – dentro de un nuevo contexto de diversidad e integración y búsqueda de efectividad.
La presidencia de Colombia, también presentó el documento, La Dimensión Económica del Lavado de Activos, publicado por la UIAF, como aporte al conocimiento estratégico del grupo. “La sociedad debe saber que el lavado de activos no está aislado, sino directamente ligado, a los problemas socio-económicos de la región”, señaló Suárez.
Más sanciones
En la clausura del evento, a través de un emisario, el Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Alfonso Gómez Méndez, afirmó que “los lavadores de activos merecen una sanción social que puede llegar a ser incluso más efectiva que la penal”.
Durante la plenaria participaron delegaciones de los 16 países miembro, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay. También asistieron representantes de países observadores, Francia, España, Estados Unidos y Portugal, y de organismos internacionales, Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Grupo de Acción Financiera Internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y, como nuevo miembro observador, el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Fuente: LavadoDinero.com, 21/07/14.
Reportaron operaciones de Boudou por sospechas de Lavado de Dinero
junio 8, 2014
Reportaron operaciones de Boudou por sospechas de lavado de dinero.
Por Hugo Alconada Mon y Santiago Dapelo.
Varios bancos y la AFIP alertaron sobre movimientos millonarios del vicepresidente y de su amigo y socio Núñez Carmona; el monto de las siete operaciones investigadas supera los $ 38 millones.
El vicepresidente Amado Boudou figura en los registros de la Unidad de Información Financiera (UIF) , que debe investigar si una de las sociedades comerciales que controla junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona lavó unos 7 millones de pesos.
Las sospechas se concentran en una de las dos únicas sociedades que Boudou reconoce como propias ante la Oficina Anticorrupción (OA), Inversiones Inmobiliarias Aspen. Pero en las actas de asamblea de esa sociedad consta que su grupo empresario es más amplio e incluye otras cinco firmas: dos agencias de publicidad (Action Media y WSM), una firma organizadora de eventos (Rock Argentina), otra dueña de un yate (Embarcaciones Argentinas) y, por último, Beaver Cheek.
El HSBC emitió el reporte de operación sospechosa (ROS) a fines de 2012, meses después de que estallara el caso Ciccone. En el informe que remitió a la UIF, detalló que Boudou y Núñez Carmona jamás aportaron la documentación que los oficiales de cumplimiento antilavado del banco les solicitaron para verificar la legalidad de los movimientos por unos $ 7 millones en sus cuentas.
En su reporte a la UIF, el HSBC completó los pasos de rigor. Detalló todos los movimientos bancarios de Aspen, así como remitió el análisis preliminar que desarrollaron sus oficiales sobre el vicepresidente, su socio y un amigo de ambos, Juan Carlos López, «el Sordo».
Sin embargo, el reporte del HSBC que incluyó a Boudou no es el único que apuntó a su entorno inmediato, y tampoco sobre la operatoria del caso Ciccone. Al menos otros seis ROS alertaron sobre posibles operaciones de lavado vinculadas a esta trama durante los últimos años por un monto global que supera los $ 38 millones. Y a eso se sumó un requerimiento de colaboración desde las autoridades antilavado de España.
Estos reportes llegaron a la UIF, que conduce José Sbattella, provenientes de los bancos Macro, Santander, Hipotecario y de la AFIP, según reconstruyó sobre la base de documentos oficiales, cuya copia obtuvo LA NACION, que los verificó con fuentes oficiales y de sectores antilavado, bancarios y financieros.
Núñez Carmona protagoniza tres de esos reportes; el misterioso fondo controlante de la nueva Ciccone, The Old Fund, otros dos; y los restantes dos se concentraron en London Supply, la firma que depositó $ 1,8 millones ante la Justicia para levantar la quiebra de la imprenta, pero casi de inmediato retiró esos fondos por fuera del expediente.
El socio de Boudou quedó bajo la lupa antilavado cuando comenzó a mostrar un súbito crecimiento patrimonial en simultáneo con el arribo de Boudou a la función pública. Incluyó compra y venta de inmuebles y automóviles, dólares y títulos públicos, al tiempo que recurrió al primer blanqueo que lanzó el Gobierno en 2009 para blanquear 7.267.850 pesos, según verificó LA NACION sobre la base de documentos de la AFIP.
Con el blanqueo de esos $ 7,2 millones, Núñez Carmona se convirtió en el contribuyente que más dinero exteriorizó en la zona de Mar del Plata, lo que provocó además presiones cruzadas dentro del organismo.
A partir de allí, la AFIP inició su investigación sobre Núñez Carmona y su entorno, al tiempo que el Banco Hipotecario remitió a la UIF su ROS sobre el socio de Boudou. Alertó sobre que el 26 de agosto de 2009 depositó US$ 500.000, en efectivo, para luego completar varias operaciones de cambio y de títulos públicos.
En su informe a la UIF -del 5 de julio de 2010-, el Hipotecario también aportó la declaración jurada que firmó Núñez Carmona, en la que sostuvo que no era una «persona políticamente expuesta». Por entonces, su socio era ya ministro de Economía y cinco días antes había anunciado el lanzamiento de un canje de los bonos atados a la inflación.
Casi dos años después, los bancos Macro y Santander enviaron sus ROS, que resultan casi gemelos. Ambos apuntan contra el misterioso fondo controlante de la nueva Ciccone, The Old Fund; se remitieron seis semanas después de que estalló el escándalo. El primero se envió el 21 de marzo de 2012; el restante, el 22.
Ambos reportes, además, se enfocan en su único rostro visible, Alejandro Vandenbroele, y en sus movimientos millonarios. Según el Santander, el monto global bajo sospecha ascendió a los $ 9,3 millones de «origen desconocido»; en el Macro, un poco menos: $ 7,3 millones.
El amigo y socio de Vandenbroele que en teoría alquiló el departamento de Boudou, Fabián Carosso Donatiello, también protagonizó su alerta. Pero en su caso, proveniente de Madrid, donde reside desde hace años. La unidad antilavado española envió una «solicitud de información», conocida más por sus siglas: SIR.
El requerimiento español se registró con el número 700.135 y se centró en la firma en la que ambos, Vandenbroele y Carosso Donatiello, figuraban como miembros del directorio: Agroibérica de Inversiones SA.
Desde el HSBC también apuntaron al caso Ciccone desde otro ángulo. Reportaron a la empresa London Supply cuando salió a la luz que esa firma había depositado $ 1,8 millones en un expediente judicial para ayudar al fondo The Old Fund levantar la quiebra de la ex Ciccone.
El informe se concentró en London Supply y algunos de sus accionistas y ejecutivos, como Eduardo Taratuty y Víctor Hugo Bonnet. Pero excluyó a otro de sus dueños, Miguel Castellano, amigo de Mar del Plata de Boudou y Núñez Carmona. Al declarar ante la Justicia, afirmó que aportó esos fondos -que recuperó por fuera del expediente en cuestión de días- porque se lo pidió Vandenbroele, un amigo del «surf».
La serie de movimientos que alertaron sobre Boudou y sus allegados en los últimos años:
– A fines de 2012, el HSBC reportó al vice y a Inversiones Aspen por unos 7 millones de pesos. El 22/3/2012, el Santander liberó un ROS contra The Old Fund por $ 9,3 millones.
– El 21/3/2012, el Macro informó al misterioso fondo que controla Ciccone por $ 7,3 millones.
El 26/8/2009, el banco Hipotecario alertó que Núñez Carmona depositó US$ 500.000, en efectivo.
– El febrero de 2012, el HSBC hizo dos reportes sobre London Supply, que depositó $ 1,8 millón para ayudar a The Old Fund.
– En 2009, la AFIP inició su propia investigación sobre Núñez Carmona.
Fuente: La Nación, 08/06/14.
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La gravedad institucional del caso Boudou
La altísima investidura del principal imputado y los actos tendientesa protegerlo han agravado el escandaloso episodio de corrupción.
Desde hace diez días, Amado Boudou ostenta el vergonzoso galardón de ser el primer vicepresidente argentino en ejercicio acusado de corrupción . A raíz del affaire de la ex imprenta Ciccone, será indagado mañana por el juez federal Ariel Lijo.
La gravedad institucional que entraña este caso radica no sólo en el alto rango del principal imputado, sino en los distintos actos con que se buscó encubrirlo. Basta recordar la forma en que, tras infundadas denuncias lanzadas por el vicepresidente, se forzó la renuncia del entonces procurador general de la Nación Esteban Righi, al tiempo que se removió al fiscal Carlos Rívolo, quien investigó el caso, y al primer juez que tuvo la causa, Daniel Rafecas. No menos graves resultan las sospechas sobre un reciente intento para apartar del expediente al actual juez interviniente.
El colmo llegó con las últimas declaraciones de Boudou, quien, en una muestra de cinismo y desfachatez que deshonra su investidura y da cuenta de su sensación de impunidad, provocó al magistrado y acusó a los diarios Clarín y lLA NACION de estar detrás de las acciones del juez.
Lijo acusó al vicepresidente de la República de haber adquirido de modo irregular la ex Ciccone Calcográfica, por entonces quebrada, junto con su socio José María Núñez Carmona, utilizando con ese fin a la sociedad The Old Fund, presidida por Alejandro Vandenbroele. El objetivo, según el juez, consistía en obtener contratos del Estado para que la imprenta hiciera negocios como la impresión de papel moneda, de documentación oficial y de boletas electorales del Frente para la Victoria, que llevó al poder a Boudou, compañero de fórmula de Cristina Kirchner en 2011.
Para el magistrado, el afán de llevar adelante negocios ilegales en su beneficio y a costa del Estado perjudicó directamente los intereses nacionales. Funcionario de una ambición y una frivolidad desmedidas y sin escrúpulos, Boudou llegó al altísimo cargo que ocupa gracias al dedo presidencial.
Para fundar la afectación de los intereses nacionales por parte de Boudou, el juez Lijo sostuvo: «Con la finalidad de que Ciccone Calcográfica sea contratada por el Estado nacional, Boudou habría interrumpido una licitación que tramitaba en Casa de Moneda, que permitía el autoabastecimiento de la producción de la totalidad de las demandas de billetes del Banco Central».
Entre otras muchas disposiciones, la intervención de Boudou en el caso Ciccone ha violado por lo menos dos artículos del Código de Ética de la Función Pública, que data de 1999. Son los que prohíben al funcionario público «involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones», y que también le prohíben obtener o procurar con su cargo beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros.
Lo emblemático de este nuevo y gravísimo hecho de corrupción de la era kirchnerista surge también debido a que sus pormenores ponen de relieve una nueva modalidad. En una escalada sin límites, el típico pedido de coimas habría sido superado por la temeridad desvergonzada y la codicia de atreverse a la apropiación de negocios privados por medio de empresarios amigos o simples allegados capaces de actuar como testaferros utilizando el poder del Estado.
Tampoco parece casual la intervención del gobierno formoseño contratando a una empresa sin trayectoria alguna, como The Old Fund, abonándosele la friolera de 7,6 millones de pesos por un servicio de negociación de deuda que en el resto de las provincias se resuelve naturalmente mediante el diálogo entre funcionarios.
Otro punto de los muchos que la Justicia deberá esclarecer es un interrogante que este diario planteó varias veces: ¿quién aportó los más de 50 millones de pesos que le permitieron a Vandenbroele reflotar Ciccone?
Dos marcas de fábrica han identificado al kirchnerismo desde que accedió al poder en 2003: la mentira constante, disfrazada de relato, y la corrupción sistémica. Un caso como el que nos ocupa no pudo consumarse por la sola voluntad de Boudou y un puñado de aventurados amigos y allegados como su socio Núñez Carmona y Vandenbroele, conocido de ambos, según el juez Lijo. Si bien, por el cargo que ocupa, Boudou se perfila en las acusaciones como la figura estelar de ese escándalo, nadie que haya seguido con atención las actuaciones piensa que pueda haber actuado en soledad. Sin la connivencia de una extendida, influyente y compleja red de complicidades que se tendió desde los máximos niveles del Gobierno, poco podría haber logrado el vicepresidente.
Más de diez áreas y funcionarios de peso habrían brindado su activa colaboración al vicepresidente. Por ejemplo, Defensa de la Competencia dictaminó en contra de la empresa Boldt, que en determinado momento quiso comprar Ciccone. En el apartamiento de Boldt, también intervino el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Y la Inspección General de Justicia no registró las irregularidades de The Old Fund.
Numerosos indicios, todos graves y concordantes, señalan que en los orígenes de la maniobra urdida para quitarle la imprenta a la familia Ciccone habría participado el ex presidente Néstor Kirchner. La muerte de éste, en octubre de 2010, alteró los planes iniciales, pero no eliminó el sustento operativo por lo que se recrearon, tras su desaparición, las condiciones necesarias para concretar la corrupta estratagema.
Para algunos observadores, es ése el motivo por el cual la primera mandataria ha defendido y aún defiende a ultranza al funcionario, pese a las pruebas recolectadas por el juez. Por este motivo, la comprometida situación judicial de Boudou afecta a la Presidenta.
Así las cosas, el caso Boudou-Ciccone se proyecta como un fenómeno de patética e inusitada gravedad para la vida institucional del país que se opone también palmariamente con un relato oficial por el que se ha procurado edificar, para beneficio de los gobernantes, un régimen de supuesto progresismo. Si Néstor Kirchner no estuvo en los orígenes del caso Ciccone, no habría razones políticas que permitan entender por qué se prolonga todavía el manto de protección que el núcleo más duro del oficialismo ha echado sobre las espaldas del vicepresidente. Menos aún cuando al Gobierno le queda apenas un año y medio de gestión por delante y nadie sueña, con sano criterio, en acortarle el mandato.
Es de esperar que la investigación en marcha esclarezca lo ocurrido sin omitir las responsabilidades conexas de los numerosos funcionarios y allegados que se encuentran involucrados. Porque en esta delicada trama se juega la salud y la dignidad de la República.
Fuente: La Nación, 08/06/14. Editorial.
Lavado de Dinero y Corrupción política en Argentina
mayo 24, 2014
Acusado de «cajonear» expedientes, Sbatella complicó a Echegaray.
Por Paz Rodríguez Niell.
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, está acusado de «cajonear» reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero y en su estrategia de defensa apuntó contra otro funcionario del Gobierno: Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP.
Sbatella presentó un escrito judicial en el que dijo que la AFIP le hizo saber «recién en junio de 2012» de un blanqueo millonario que había hecho más de dos años antes Mauricio Álvarez Sarria, el hijo del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff (conocido como «Gran Hermano»), acusado de narcotráfico, detenido en la Argentina en 2011 y extraditado a los Estados Unidos. Como consecuencia de esta afirmación de Sbatella, el diputado Fernando Sánchez denunció esta semana a Echegaray y pidió que se lo impute a él también por los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «encubrimiento agravado«.
Esta denuncia fue derivada por el juez de la causa, Julián Ercolini, al fiscal a cargo de la investigación contra Sbatella, Eduardo Taiano, quien ayer trabajaba en una ampliación del requerimiento de instrucción original que sumaría a Echegaray a la lista de funcionarios por investigar.
LA NACION se comunicó ayer con la AFIP, pero en el organismo no hicieron comentarios sobre el caso.
La denuncia que dio origen a este expediente fue presentada contra el jefe de la UIF por los legisladores Sánchez, Ernesto Sanz y Martín Lousteau. Haber «cajoneado» el expediente de Álvarez Sarría fue sólo una de las acusaciones contra Sbatella. También le endilgaron irregularidades en la investigación de otros supuestos casos de «narcolavado» de dinero.
Según los denunciantes, Sbatella cometió el delito de incumplimientos de sus deberes en los casos de Henry de Jesús Londoño, alias «Mi Sangre», y de Luis Medina, investigado por tráfico de drogas en Rosario y acusado de haber tenido relación con el ataque a la casa del gobernador Antonio Bonfatti.
Además, lo acusaron de haber impedido una revisión integral de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de haber «obstaculizado» el acceso a la información.
Pidieron también investigar un supuesto «desmantelamiento» de los equipos de trabajo. Los legisladores dieron cuenta de un supuesto conflicto entre Sbatella y quien era el vicepresidente de la UIF, Gabriel Cuomo, experto en investigaciones, que renunció. Dijeron asimismo que el GAFI, que controla a la UIF, había advertido deficiencias en los cuadros técnicos del organismo.
Cuomo declaró en la causa anteayer. Dijo que antes de la UIF había trabajado con Sbatella en la Anses y en la Comisión de Defensa de la Competencia; que las discrepancias que tenía con su jefe eran «en las formas», pero que le tenía un «profundo respeto profesional», y que su alejamiento de la UIF se debió a «una decisión personal». El juzgado planea ahora seguir citando a gente ligada a la UIF para ver si es cierto que se desactivaron equipos de investigación.
Además, esta semana el juez le ordenó a Sbatella que le entregara una serie de reportes de operaciones sospechosos (ROS) y de expedientes para analizar su comportamiento.
En paralelo, avanza en la fiscalía de Taiano otra causa que tiene un objeto es más amplio: está destinada a investigar la presunta arbitrariedad de Sbatella para avanzar en algunos casos de posible lavado y frenar otros; entre ellos, el de Lázaro Báez.
Fuente: La Nación, 24/05/14.
México tiene riesgo medio de Lavado de Dinero
mayo 24, 2014
Monterrey – México ocupa el lugar 86 en el Índice Antilavado de Dinero del Instituto de Basilea, el cual hace una clasificación por país de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La clasificación, hecha por esta organización independiente y que se basa en información del Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y el Grupo Financiero de Acción Internacional (GAFI), asigna una puntuación del 0 al 10 a cada país, donde 0 implica que hay poco riesgo y 10 que el riesgo es alto.
“Las altas puntuaciones indican que un país es más vulnerable al lavado de dinero con base en su marco legal en materia de lavado de dinero y acciones contra financiamiento terrorista, así como otras categorías como estado de derecho, corrupción y transparencia”, indica el Instituto de Basilea en su sitio.
La puntuación de México, de acuerdo con este ranking del 2013 y que toma en cuenta a 149 países, es de 5.7, lo que lo coloca en un riesgo medio a este tipo de delitos.
El rango de riesgo en el que se encuentra el País, que incluye a las naciones con puntuaciones entre 5.0 y 6.0, es el que aglutina a más países, incluyendo a un total de 49, entre ellos a Estados Unidos, España y Canadá.
Las naciones con mayor riesgo, que están dentro del top 3, son Afganistán, Irán y Camboya, con puntuaciones de 8.5, 8.4 y 8.3, respectivamente.
En cambio, los países que presentan menor riesgo son Estonia, Eslovenia y Noruega, en los lugares 147, 148 y 149, con puntuaciones de 3.31, 3.30 y 3.17, respectivamente.
En México entró en vigor una nueva Ley Antilavado en septiembre del año pasado, la cual establece medidas y procedimientos que permiten prevenir actos con operaciones de recursos ilícitos.
De acuerdo con el último reporte de seguimiento de México hecho por el GAFI, principal organismo contra el blanqueo de capitales, México ha tenido un progreso significativo en cuanto acciones encaminadas a enfrentar esta problemática, entre ellas la promulgación de esta nueva ley
Lo anterior, explica el GAFI, pone al País cerca de ser retirado de su estudio continuo, lo que implicaría que México ha respondido a esta problemática de manera acertada en materia de derecho.
El reporte fue publicado en febrero pasado y se trata del séptimo de este tipo que le hace GAFI a México desde el 2008.
Fuente: http://ntrzacatecas.com/2014/05/18/tiene-mexico-riesgo-medio-de-lavado-de-dinero/
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Más información: El-Lavado-de-Dinero-_-v-Internacional
Conferencia ALD y Delitos Financieros
mayo 13, 2014
Folleto PDF: Conferencia_LatAm2014_brochure
Argentina: Avanzada gubernamental contra el Lavado de dinero genera dudas y controversias
enero 29, 2011
Avanzada gubernamental contra el Lavado de dinero genera dudas y controversias en Argentina
Por Fernando Martínez
Desde los primeros días del 2011 el gobierno argentino, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), ha anunciado doce normativas para prevenir e impedir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Actividades como la venta de vehículos e inmuebles, uso tarjetas de crédito y cheques de viajero, apuestas en casinos y bingos, las pólizas de seguros, transferencias bancarias, transporte de caudales, ventas de obras de arte y antigüedades, entre otras actividades comerciales, financieras y profesionales, serán examinadas por el Estado, siempre que se enciendan las alarmas por los montos en juego en cada una de las operaciones.
Primeras reacciones
La Resolución 2511, publicada en Boletín Oficial (fecha), que obliga a ciertos profesionales de ciencias económicas a reportar ante la UIF eventuales maniobras de lavado de dinero que pudieran detectarse en la preparación de las declaraciones juradas, despertó las primeras reacciones.
Según reporta el portal infobae.com, voceros de la Federación de Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) manifiestan que la medida es de “difícil cumplimiento, en lo inmediato”.
Guillermo Fernández, secretario de dicha organización, argumentó que «con esta medida se incorpora a los profesionales independientes que presentan declaraciones juradas, pero siempre hay que tener en cuenta que cumplen una función de asesoramiento”.
Explicó que el problema está en que las declaraciones juradas se hacen en base a la información suministrada por los clientes.
La resolución incluye a las personas físicas que posean un activo superior a los 3 millones de pesos o hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un año, de acuerdo con la información proveniente de los estados contables auditados.
De acuerdo con el portal web oficial de la FACPCE “el proyecto inicial de la UIF comprendía como sujetos obligados a todos los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales en Ciencias Económicas”.
Eso significaba que pasaban a ser sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas todos los profesionales en Ciencias Económicas matriculados -contadores, actuarios, licenciados en administración y en economía- por los trabajos profesionales que realizaran con cualquier tipo de cliente. Ahora esta exigencia se circunscribe sólo a los contadores que actúan como auditores externos y síndicos societarios.
La intervención realizada por el gremio logró limitar la propuesta inicial a través de la realización de varias reuniones en el seno de la UIF, y de la presentación de un proyecto.
“De esta forma, los demás profesionales en ciencias económicas, pese a estar incluidos en la ley 25.246, (la cual creó la UIF en el año 2000) no tendrán obligación de informar operaciones sospechosas y no están incluidos en la Resolución 25/11”, señala FACPCE en su página web.
Entre algunas de las circunstancias “sospechosas”, especificadas en los formatos que auditores externos y síndicos societarios están obligados a reportar, podemos señalar:
· Operaciones con empresas Off Shore, o con personas físicas o jurídicas radicadas en países o territorios no cooperativos (FATF/GAFI).
· Incrementos o decrementos significativos en los volúmenes operados o registrados en distintas cuentas u operatorias.
· Cancelaciones anticipadas de préstamos.
· Cancelaciones anticipadas de pólizas de seguros.
· Valuaciones correspondientes a acciones intangibles o revalúos técnicos que no parezcan acordes con los bienes de referencia.
Control al dinero plástico
Cuando todavía se debatía las repercusiones de la normativa 25/11, la UIF publicó en Gaceta Oficial una nueva medida que tiene como norte impedir el uso de tarjetas de crédito y cheques de viajero, para canalizar fondos de procedencia ilícita.
En resumen, la nueva resolución 27/11 tiene las siguientes implicaciones y las compañías emisoras tienen plazo hasta el 1 de abril de 2011, para adecuarse a los nuevos requerimientos:
Se considerará cliente tanto al usuario titular como a los adicionales o beneficiarios de extensiones, y a los proveedores de bienes o servicios o comercios adheridos.
Las operadoras deberán adoptar políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, elaborar un manual de procedimientos y designar a una persona como Oficial de Cumplimiento.
Las compañías emisoras estarán obligadas a exigir una declaración jurada a sus clientes cuando éstos soliciten una emisión de cheques de viajero superior a 5.000 pesos o tengan tarjetas con un límite de compra por encima a esa cantidad.
En el caso en que el cliente solicite la emisión de cheques de viajero por un monto superior a 20.000 pesos o en caso que la tarjeta de crédito o de compra tenga un límite de crédito superior a ese monto, se deberá requerir además de la declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos la correspondiente documentación respaldatoria que sustente el origen declarado de los fondos.
Las empresas deberán realizar perfiles transaccionales de sus clientes y hacer seguimiento a las operaciones que efectúen.
Las compañías emisoras deberán informar cualquier operación de sus clientes considerada «sospechosa».
El titular de la UIF, José Sbatella, aclaró que estas nuevas reglas se harán sentir sobre los nuevos usuarios. “Los que ya tengan un historial crediticio ni se van a enterar de esta normativa”, dijo a los medios.
Para quienes ya tienen una tarjeta de crédito, se activarán los alertas cuando registren un nivel de consumo por encima de su promedio mensual. En ese caso, la empresa emisora deberá requerirle información sobre esos gastos.
Sbatella indicó que tendrán como blanco especial el uso de las “tarjetas prepagas”, que pueden ser una vía para lavar dinero.
Existirá especial supervisión con las denominadas “Tarjetas Prepagadas”, las cuales “se cargan” con fondos y luego se usan libremente, lógicamente hasta que se agota el fondo.
Quedan exceptuadas las “Tarjetas Prepagas no Recargables” emitidas por entidades no financieras para ser usadas exclusivamente en un establecimiento comercial determinado, cuyo valor individual no supere los 2.000 pesos, siempre y cuando el total de tarjetas compradas por el cliente no supere los 10.000 pesos, dentro del mes calendario.
Sbatella explicó que “nada de lo que exige es nuevo, lo nuevo es que los bancos deben informarlo”, aseguró.
Confusiones
Sin embargo, algunos analistas económicos consultados por la prensa de Buenos Aires han argumentado que debido a la inflación, la mayoría de los bancos emisores actualizaron los montos, lo que hizo que el límite establecido por la UIF para los controles involucre a más del 70% de los 14,3 millones de titulares de tarjetas del sistema financiero.
En primer término esto fue entendido como un mecanismo que afectaría a millones de consumidores argentinos en la cotidianidad de sus operaciones comerciales; se creía que alcanzaría a todos los usuarios de tarjetas de crédito con límites superiores a 5.000 pesos, por lo cual tuvo que ser aclarado en medio de una avalancha de críticas. La máxima autoridad de la UIF aclaró que «la nueva reglamentación es una responsabilidad para el banco, no para sus clientes. Tiene que ver con el proceso de auditoría interna y con conocer a sus clientes».
Sbatella reiteró que «no hay una persecución al usuario de una tarjeta, sino medidas reforzadas para las administradoras de tarjetas o de cheques de viajero, que al momento de otorgamiento deberán asegurarse, de la mejor manera, de la capacidad del cliente, de su debida identificación«.
UFI se adapta
Diferentes actividades económicas y financieras en Argentina deberán ajustarse a todo un cuerpo de normas, las cuales establecen obligaciones de informar sobre operaciones que puedan entrar en la categoría de sospechosas.
Este esquema necesariamente apunta a la necesidad de una mayor diversificación, entrenamiento, pericia técnica y observación de datos objetivos, dada la sofisticación de los mecanismos de acción del crimen organizado.
Desde el próximo 1 de abril, el país sureño contará con un sistema electrónico para el Reporte de Operaciones Sospechosas, según el portal web de la UFI.
Además, realizarán anualmente informes sobre la calidad de los reportes sistemáticos y de transacciones susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de activos o relacionadas con actos terroristas, recibidos de los sujetos obligados. En los próximos días se espera el anuncio de nuevas medidas de control.
En octubre 2010, el GAFI formuló cuestionamientos contra la Argentina, porque no respetar 47 de las 49 normas que dictó ese organismo internacional para combatir el lavado de dinero.
Recuento de las Resoluciones
En el siguiente listado ofrecemos un inventario de las normativas publicadas en Gaceta durante el mes de enero de 2010:
• 14 de enero
Resolución 11/2011: Medidas referidas a la prevención y detección de operaciones sospechosas de las Personas Expuestas Políticamente (PEP’s), una categoría a la que ahora pertenecen funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, los funcionarios extranjeros que se desempeñan en Argentina, autoridades sindicales y miembros de cámaras empresariales.
Resolución 194/2010: Nueva normativa sobre el tratamiento de la información obtenida de otra Unidad al amparo de los mecanismos de intercambio existentes en materia de prevención y castigo al lavado de divisas y la financiación del terrorismo.
• 20 de enero
Resolución 18/2011: Establece procedimientos que deberán observar las personas físicas o jurídicas dedicadas a la explotación de juegos de azar. Las apuestas a través de Internet y otros medios electrónicos son objeto de los mecanismos de control antilavado, imponiendo a quienes los explotan las mismas obligaciones que rigen para los casinos, bingos, loterías e hipódromos.
Resolución 19/2011: Impone nuevas obligaciones a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), encargada de fiscalizar a las personas físicas o jurídicas.
Resolución 21/2011: Destinada a escribanos públicos. Una de las obligaciones que añade a los notarios es la de extremar las medidas precautorias para evitar la utilización de “empresas pantalla” o “empresas vehículo”
Resolución 22/2011: Establece que la Comisión Nacional de Valores es el organismo de control de una serie de sujetos obligados entre los que figuran las sociedades emisoras, fondos comunes de inversión, calificadoras de riesgo, fideicomisos financieros, bolsas de comercio con y sin mercado de valores adherido.
• 21 de enero
Resolución 23/2011: Sobre medidas que deben cumplir los sujetos obligados, incluidas las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realizan operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
Resolución 24/2011: Establece medidas y procedimientos mínimos que deberán observar las empresas dedicadas al transporte de caudales.
Resolución 25/2011: Profundiza las medidas que deben cumplir los contadores públicos, que están obligados a emitir reportes sistemáticos mensualmente, mediante un sistema “on line”. Los profesionales de este sector que brindan asesoramiento impositivo se encontraban hasta ahora exceptuados, pero en lo sucesivo estarán comprendidos en las normas globales antilavado.
Resolución 26/2011: Referida a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios y los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos prendarios.
• 24 de enero 2011
Resolución 27/11: Se establece un régimen de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, aplicable específicamente a las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
• 26 de enero 2011
Resolución 28/2011: Indica la obligatoriedad que tienen los vendedores de arte y antigüedades, los marchands, los que se dediquen la exportación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales preciosos a presentar informes sobre las actividades de sus clientes habituales u ocasionales, para evitar el lavado de dinero.
Fuente: LavadoDinero.com
