La Ruta del Dinero K: el juez de Nevada suma sospechas sobre Lázaro Báez y Cristóbal López
Por Silvia Pisani.
«Podrían tener activos» pertenecientes a la Argentina, sostuvo el magistrado Cam Ferenbach en un documento en el que apura la difusión de más pruebas.
WASHINGTON – La pesquisa por la llamada «ruta del dinero K» cobra velocidad inusitada y amenaza en convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno de Cristina Kirchner.
En un documento de inusitada dureza, el juez Cam Ferenbach dio ayer los primeros indicios de compartir en parte la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de que empresas atribuidas a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en los Estados Unidos «podrían tener activos» pertenecientes a la Argentina.
«Un ladrón no adquiere derechos de propiedad sobre lo que roba», recuerda al juez, al señalar que, de comprobarse esa tesis, los bienes serían de la Argentina y no de esos empresarios allegados a la Presidenta.
El fondo NML, de Paul Singer, aportó «sospecha razonable para creer» que tanto López como Báez poseen bienes de la Argentina», indica el magistrado en un largo documento.
Expresada en 27 páginas, la declaración del juez no es definitiva. De hecho, en ella pide más prueba y urge a la liberación de más documentos.
Pero claramente empieza a inclinarse por la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de que el entramado de empresas que se atribuyen a Báez y López podrían haber actuado como canalizadores de bienes obtenidos de forma ilegal.
En el mismo documento, el magistrado toma una decisión no menos importante para la pesquisa. Determina allí que las empresas MF Corporate, con sede en Nevada, y el estudio Mossack Fonseca, con sede en Panamá, son una misma cosa.
«MF Corporate es el alter ego de Mossack Fonseca», dice el juez. El dato implica que, a través de la primera, con sede en Nevada, se podría demandar información al estudio panameño, donde los buitres sospechan que está el epicentro informativo del esquema de empresas que atribuyen a Báez.
Para determinar ese vínculo el juez se apoyó en buena medida en el testimonio de la llamada «testigo clave» Patricia Amunategui, cuyo relato sirvió para corroborar el modo de accionar que los buitres sospechaban en cuanto al registro de empresas «fantasma».
En su larga declaración, el juez norteamericano hace también un reconocimiento al fiscal José María Campagnoli, de quien recuerda que fue el primero que tuvo esta pista y que se intentó apartarlo del cargo apenas se supo que trabajaba en la llamada «ruta del dinero k».
Además de mostrarse proclive a la tesis de los fondos de que podría haber dinero de corrupción escondido a través de Nevada, el juez dispone una nueva fecha tope para la difusión de documentos que ahora están protegidos por un paraguas de confidencialidad.
La fecha tope que dispuso es el próximo 20 de abril. Entre los documentos por liberarse figuran archivos bancarios del banco suizo BHS. La entidad los produjo, según su propia declaración, como «respuesta» a una demanda de los fondos buitre «sobre Lázaro Baéz y entidades afines».
Abierto hace menos de un año, en junio pasado, el expediente de Nevada es una herramienta con la que el fondo NML, de Paul Singer, intenta localizar activos ocultos de la Argentina para, una vez identificados, procurar embargarlos y, con eso, cobrarse la deuda que el Gobierno se resiste a pagar.
Al margen de eso, es también una herramienta de presión para llevar a las autoridades a negociar el pago del fallo que les reconoció la Justicia de este país.
Abogados que vienen siguiendo el caso llamaron la atención sobre la celeridad que está tomando. De hecho, esta resolución de Carenbach se produce apenas una semana después de la audiencia de partes que tuvo lugar el lunes 9. Esa celeridad fue una sorpresa para todos.
El documento del juez se conoció avanzada la noche en la Costa Este, en razón de la diferencia horaria con Las Vegas, situada sobre la costa Oeste.
Negocio hotelero: más pruebas del vínculo entre Cristina y Cristóbal López
Por Nicolás Wiñazki.
Sospechas de corrupción. A través de una gerenciadora en común, los alojamientos de la Presidente y el empresario directamente se promocionan juntos. La Justicia ya investiga posibles delitos en la relación.
La promoción para turistas estuvo vigente hasta hace poco: era única en su tipo. La oferta no lo decía de modo explícito, pero en los hechos impulsó la fusión de negocios de la presidenta Cristina Kirchner y Cristóbal López, uno de los más importantes contratistas del Estado K. La propuesta era así: quienes viajaban por la Patagonia y combinaban hospedaje en los hoteles “Alto Calafate” y “La Aldea”, de Santa Cruz, con una estadía en “El Retorno”, de Bariloche, eran beneficiados con una rebaja en la tarifa. Los dueños de esos hoteles que retroalimentan sus ganancias son, en orden de aparición, Kirchner y López.
La Justicia ya investigaba si los lazos financieros del “Alto Calafate” con “El Retorno” forman parte de un sistema utilizado para vehiculizar dinero de la corrupción. Ahora se suman nuevas evidencias de la simbiosis comercial entre esas empresas.
En enero, Clarín reveló que los huéspedes que pagaban sus habitaciones en “El Retorno” con tarjeta de crédito recibían después documentación bancaria que les indicaba que su plata se transfería en realidad a una cuenta del “Alto Calafate”.
Según fuentes judiciales, el juez del caso Hotesur, Claudio Bonadio, avanza en una pesquisa sobre esas contabilidades cruzadas.
Ayer, el diario La Nación difundió que Cristóbal le pagó al menos $ 2,8 millones a los Kirchner por el alquiler de inmuebles que la familia presidencial tiene en Puerto Madero (ver página 4). En el mercado turístico también unieron sus intereses comerciales. Los hoteles de la Presidenta y el del empresario López, por ejemplos, están gerenciados por la misma firma, llamada Idea S.A. Fue esa compañía la que difundió la “promo combinada” para generar ganancias conjuntas para compañías de un concesionario del Estado y negocios privados de la familia presidencial.
La oferta incluía también a otro hotel de los Kirchner, “La Aldea”, de El Chaltén.
La publicidad de este grupo hotelero del poder detalla que “la bonificación” es “aplicable desde el 1/2/2014 al 31/03/2015”. Por un tiempo fue un beneficio que podía utilizarse, pero hoy es de cumplimiento imposible. Ocurre que el hotel “El Retorno”, de López, está ahora cerrado por reformas.
Los vínculos entre los negocios de la Presidenta y de Cristóbal están entrelazados por distintas variables que no son producto del azar, el rubro en el que el empresario generó su fortuna gracias a la explotación de casinos y bingos.
El titular de Idea S.A, la gerenciadora de su hotel y el del “Alto Calafate”, de Cristina, es Osvaldo Sanfelice. Este ex funcionario en Santa Cruz es también socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria, y al mismo tiempo se desempeña como empleado de López en una firma que se llama Alcalis de la Patagonia (ver página 4).
La firma Idea S.A registró su domicilio en la calle Néstor Carlos Kirchner 496, en Río Gallegos, Santa Cruz. Es el lugar donde funciona la inmobiliaria de Máximo Kirchner, y también la dirección fiscal inscripta por el “Alto Calafate”.
Cristóbal explicó en su momento que compró el “El Retorno” a través de una de sus sociedades más importantes, llamada M&S. En esa compañía trabaja Romina Mercado, sobrina de la Presidenta, hija de la ministra Alicia Kirchner.
Mercado, a su vez, es la presidenta de Hotesur, la firma con la que los Kirchner controlan el “Alto Calafate”.
Los negocios del empresario López crecieron y se ramificaron hacia diversos rubros gracias a resoluciones de las gestiones estatales de los Kirchner en Santa Cruz, y sobre todo en la Presidencia de la Nación.
El flujo de fondos entre la familia presidencial y Cristóbal ahora también circula entre ellos por cuestiones del ámbito privado.
En Recoleta, otro polémico alquiler de los Kirchner
Por Hugo Alconada Mon. El edificio donde está el departamento de los Kirchner, alquilado por la firma Indalo.
A los millones que los Kirchner recibieron del «zar del juego» Cristóbal López por los alquileres de Puerto Madero se suma otra fuente de ingresos: el Grupo Indalo también alquila el histórico departamento de la familia presidencial en el barrio porteño de Recoleta. Y la operación tiene una particularidad: se factura a través de la sucesión aún abierta del ex presidente Néstor Kirchner, según documentos, recibos y testimonios que obtuvo y verificó LA NACION.
Los Kirchner embolsaron más de $ 200.000 en ocho meses gracias a este nuevo alquiler -a razón de 26.000 pesos mensuales por un contrato con precios pactados en dólares-, aunque el vínculo comercial por esa propiedad lleva al menos dos años, según informaron voceros del Grupo Indalo. Se suma así a los otros $ 2,8 millones que cobró la familia presidencial, también en apenas ocho meses, por los inmuebles de Puerto Madero.
CFK y bolsa de dinero
Las rentas por el departamento de la esquina de las calles Uruguay y Juncal aportan además un nuevo vínculo comercial que une a los Kirchner con Cristóbal López, uno de los empresarios que más crecieron durante la última década, con ramificaciones en las industrias del juego, petrolera, inmobiliaria y de medios de comunicación, entre otras.
Según reveló LA NACION en su edición de ayer, los Kirchner recibieron al menos $ 2,8 millones desde mediados de 2014 por el alquiler de un departamento, una oficina y cinco cocheras en el complejo Madero Center. Para eso, emitieron facturas de la sociedad Los Sauces SA a nombre de dos empresas de López: Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia.
Sin embargo, los ingresos provenientes del alquiler hasta ahora desconocido por el departamento en Recoleta se facturaron a través de la «sucesión Kirchner, Néstor Carlos», según consta en las copias de esas facturas que obtuvo LA NACION.
Consultados ayer, voceros del Grupo Indalo confirmaron que el departamento de los Kirchner lo alquila un estrecho colaborador de López, el abogado Mauro Ismael Sánchez, pero le quitaron toda suspicacia a la operatoria. «No es secreto ni tiene nada raro. Lo alquila desde hace años y punto», señalaron.
Emitidas con el número de CUIT, de ingresos brutos y la fecha de inicio de actividades correspondientes al fallecido ex presidente, las facturas de la «sucesión Kirchner» son de clase «B» y detallan como domicilio comercial la calle Alcorta 76 de Río Gallegos (de lo que se informa por separado). Allí funciona el estudio del contador Víctor Manzanares, que la familia Kirchner fijó como base para todos sus negocios.
Esas facturas reflejan que los Kirchner recibieron $ 26.000 entre junio de 2014 y principios de este año por el departamento ubicado en el piso 5 de la calle Uruguay, lo que representa ingresos por un total de $ 208.000 durante ese período, de ocho meses. Todas las facturas se emitieron a nombre de Natalia Inés Lima, cuyo esposo es Sánchez, quien trabaja para López desde hace cinco años. Primero en Álcalis de la Patagonia y, desde 2012, para Inversora M&S, las dos empresas que figuran como inquilinas de los Kirchner en el Madero Center.
Abogado de 42 años, Sánchez registra dos empleos adicionales durante breves períodos de los últimos cinco años. En 2012 trabajó en el Servicio Penitenciario Bonaerense y, entre enero de ese año y agosto de 2013, para el Ministerio de Justicia provincial. Ambos, en la ciudad de La Plata.
Por su parte, Lima también registra dos empleos en relación de dependencia durante los últimos años. El primero, en la Dirección General de Escuelas bonaerense; el segundo, en la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado.
Como matrimonio o por separado, Sánchez y Lima acumulan cinco domicilios fiscales o alternativos. Pero todos son dentro del casco urbano de La Plata o, como máximo, en Gonnet, en las afueras de la capital provincial.
Eso explica, acaso, que Sánchez y Lima sean poco conocidos en el edificio donde alquilan el departamento de la familia presidencial. «No vienen seguido. Sólo aparecen cada tanto», comentaron desde la administración del consorcio del edificio a LA NACION.
Ese departamento acarrea mayor peso sentimental para la Presidenta que los adquiridos en el Madero Center. Allí vivió mientras fue senadora y diputada nacional, y allí es donde Kirchner se reunía con políticos, empresarios y periodistas cuando viajaba de Río Gallegos antes de ganar las elecciones presidenciales de 2003.
Sólo un depósito
Desde que los Kirchner se mudaron a la quinta de Olivos, sin embargo, el departamento quedó en desuso. Y se utilizó como una suerte de depósito hasta la muerte del ex presidente, en octubre de 2010. Casi dos años después, en junio de 2012, se informó sobre un supuesto intento de robo, al tiempo que los vecinos indicaron que allí vivía «un abogado oriundo de La Plata», sin que trascendiera su nombre.
Para entonces, Sánchez llevaba años compenetrado con «el zar del juego» y con el kirchnerismo. Desde febrero de 2007 figura como director titular en Registros Mineros Argentinos SA (Regasa), la empresa de López que obtuvo el contrato de Enarsa para montar una base de datos integral de los hidrocarburos en todo el país.
Ya en 2013 Sánchez también patrocinó como abogado a López cuando el «zar del juego» le compró al Grupo Clarín el 30% de Ideas del Sur, la productora de Marcelo Tinelli, en la que el propio Sánchez ingresó como director suplente. Pero no sólo eso: ese año también aportó $ 50.000 a la campaña de Martín Insaurralde, por entonces candidato del oficialismo.
Un año después, Sánchez asumió como director titular de la firma Indalo Entretenimientos. Allí figuró junto a López, presidente; su mano derecha, Carlos Fabián de Souza, como vice, y su hijo, Cristóbal Nazareno López, como director suplente, según se publicó en el Boletín Oficial del 28 de julio de 2014. Para entonces, la sucesión de Néstor Kirchner ya había emitido al menos dos facturas por $ 26.000, cada una a nombre de su mujer, por el alquiler en Recoleta
Cristóbal López paga millonarios alquileres a la Presidenta y sus hijos
Por Hugo Alconada Mon.
Lázaro Báez no está solo a la hora de pagar millones a la familia presidencial. El «zar del juego», Cristóbal López, también mantiene una fluida relación comercial desde hace años con la presidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, según consta en documentos que obtuvo LA NACION.
Como resultado de ese vínculo comercial, hasta ahora secreto, la Presidenta y sus hijos recibieron al menos $ 2,8 millones de López durante los últimos ocho meses, aunque la operatoria y los pagos a los Kirchner comenzaron mucho antes, hace por lo menos dos años.
La operatoria abarca un departamento, una oficina y cinco cocheras en la meca del kirchnerismo, el complejo de lujo Madero Center. Allí compraron los Kirchner, vive el vicepresidente Amado Boudou y funcionó «La Rosadita«, la financiera por la que se sospecha que Báez sacó decenas de millones de dólares de la Argentina.
Para facturar esos ingresos millonarios, la familia presidencial recurrió a la sociedad Los Sauces SA, mientras que López -uno de los empresarios que más se expandieron durante la última década- dividió los pagos entre dos de sus empresas, Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, en las que también aparecen su socio y lugarteniente, Fabián de Sousa. Consultados por LA NACION, los voceros del Grupo Indalo confirmaron los alquileres, pero le restaron relevancia. «Sí, en efecto, esos alquileres comenzaron hace al menos dos años, cuando Máximo y De Sousa firmaron el contrato», precisaron.
El propio De Sousa resultó un factor decisivo en la operatoria. Él vivió en uno de esos departamentos de los Kirchner, según indicaron vecinos y el servicio de seguridad del complejo, como también voceros del Grupo Indalo que controlan López y De Sousa, quien ya no vive allí.
«López usa las oficinas para sus cosas personales, como sus campos, y cuestiones de sus hijos, mientras que De Sousa vivió allí, pero hace rato que ya no», agregaron los voceros consultados del Grupo Indalo.
La relación comercial que une a los Kirchner con López abre interrogantes, sin embargo, sobre un eventual conflicto de intereses para la Presidenta, que suma así al controlante del Grupo Indalo a los negocios millonarios que su familia tejió durante años con Báez.
Según reveló LA NACION a fines de 2013 y principios de 2014, el ex empleado del Banco de Santa Cruz recurrió a ocho de sus empresas para pagar por cientos de habitaciones en los hoteles Alto Calafate y Las Dunas.
Y también les alquiló a los Kirchner inmuebles en Río Gallegos y acordó supuestos préstamos millonarios a tasa cero de interés durante años.
El pago de esas habitaciones por Báez, sin embargo, ocurrió entre 2010 y 2011, es decir, hasta sólo unos meses después del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.
Pero cuando LA NACION reveló esa operatoria, la familia presidencial desplazó a Valle Mitre SA, una firma de Báez, del gerenciamiento de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas.
En los nuevos documentos que obtuvo LA NACION, en cambio, consta que, tras la salida de Báez, los Kirchner optaron por avanzar con López, quien acentuó su expansión en los últimos años, no sólo en sus áreas tradicionales, el juego y el petróleo, sino fundamentalmente en los medios de comunicación.
A su participación en radios y canales de televisión, durante las últimas semanas sumó a su imperio el diario Ámbito Financiero y las productoras más emblemáticas de la década kirchnerista: Pensado para Televisión (PPT), con su programa 6,7,8, y La Corte Producción Audiovisual, que transmite los actos de la Presidenta y Fútbol para Todos.
Así, mientras Báez ya no alquila habitaciones en los hoteles presidenciales, la operatoria de los Kirchner con López continúa vigente hasta hoy y consta en las facturas. Para eso la familia presidencial utiliza a Los Sauces SA, en la que, hasta su muerte, Néstor Kirchner controlaba el 45% de las acciones; la Presidenta, otro 45%, y Máximo, el 10% restante.
Contrato en dólares
Esas facturas de Los Sauces SA exponen varios datos salientes. El primero, que los alquileres se fijaron en dólares, aunque cada mes se convirtió a pesos al tipo de cambio oficial vigente en el momento del cobro. Una práctica habitual para inmuebles en el barrio de Puerto Madero.
Así, por ejemplo, la factura «A» de Los Sauces número 09 del 1° de junio de 2014 se libró a nombre de una de las empresas de López, Inversora M&S SA, por el alquiler de la oficina ubicada en el 8° «D» del Madero Center, con entrada sobre la calle Juana Manso 535, «y 5 unidades complementarias de cocheras», de la 054 a la 058.
Por esa oficina en dúplex y las 5 cocheras, López acordó pagar US$ 27.500, al tipo de cambio que en junio de ese año se fijó en 8,11 pesos. Así, aplicado el IVA, Los Sauces facturó por 269.860 pesos. Pero ese valor subió a $ 285.166,75 en enero de este año, cuando el tipo de cambio trepó a $ 8,57, según la factura 040 de Los Sauces.
Así, sólo por el alquiler del 8° «D» y las 5 cocheras, y sólo entre junio de 2014 y enero de este año, los Kirchner embolsaron unos $ 2,2 millones de López por medio de Inversora M&S, que integra el Grupo Indalo, cuyo domicilio comercial es en el piso 7 de la avenida Córdoba 657 de la ciudad de Buenos Aires.
A este primer bloque de facturación, los Sauces sumó un segundo alquiler por otro dúplex, el 4° «L», en el complejo Madero Center, pero que se optó por cobrar a otra empresa de López: Alcalis de la Patagonia.
Esta segunda operatoria también se fijó en moneda extranjera, aunque por un monto más bajo. Fue por 7500 dólares, que en junio de 2014, por ejemplo, se pesificó a $ 8,11 y que sumado el IVA arrojó un total de $ 73.598 pesos.
Con el dólar oficial en paulatino ascenso, el alquiler de ese departamento de 400 metros cuadrados y con entradas sobre el Dique IV y la calle Macacha Güemes al 330 ascendió cada mes. Así llegó a $ 77.772,75 en la factura 0041 de enero de este año, por lo que en total generó ingresos a los Kirchner por otros casi $ 600.000 en apenas 8 meses.
Teléfonos que unen
Los vínculos que unen a la Presidenta con López exceden, sin embargo, las facturas. También los registros telefónicos de ambos departamentos del Madero Center aportan más indicios en la misma línea.
Así, para la oficina del 8° «D» figuran cuatro líneas que en los registros figuran a nombre de Inversora M&S SA. Pero al llamar se activa una respuesta automática de Administración Austral SA, otra sociedad en la que López figura junto con sus hijos Cristóbal Nazareno y Emiliano.
Para el departamento del 4° «L», en tanto, sólo consta una línea y figura a nombre de una mujer, Rafaela Karina Rubin. A su vez, ella figura en los registros de la Anses como empleada en relación de dependencia de Oil M&S, una petrolera que integra el conglomerado de López.
Por Silvia Mercado.La disputa con el Poder Judicial se volvió una obsesión en la Casa Rosada. «Nadie puede terminar preso», aseguran sus funcionarios. Inquietud en Comodoro Py por la seguridad de jueces, fiscales y asistentes
– «¿Se puede gobernar pensando todo el tiempo que vas a ir preso?», se pregunta un funcionario de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
– «No sé, dígamelo usted», propone Infobae.
– «No, no se puede.Nadie gobierna hoy en la Argentina. Solo hay decisiones para ganar tiempo. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que hacer pie y asegurarnos una salida por la puerta de adelante. Nadie puede terminar preso. Sobre todo la Jefa no puede terminar presa. Estamos obligados a defendernos. Estamos obligados a defenderla».
Frío, pragmático, descarnado, lo que este peronista de trayectoria en la gestión plantea es un asunto que obsesiona al poder y no de ahora, la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es terminar entre rejas. Según esta visión, la obsesión por manejar la Justicia, nombrar jueces, controlar sus vidas e intervenir en sus decisiones tienen ese trasfondo, garantizar que el ejercicio del Poder Ejecutivo no sea la escala inevitable a la cárcel.
Esto que a los simples mortales les suena parecido al incumplimiento de sus deberes para garantizarse la impunidad, para el funcionario se trata de «un problema estructural del ejercicio del poder en nuestro país», a saber: «Si los presidentes creen que pueden ir presos cuando abandonen el poder, a) no querrán abandonarlo jamás, b) querrán tener un poder judicial propio, c) cuando su ciclo esté terminado van a tener como prioridad cubrirse las espaldas, no gobernar».
Dicho así, parece razonable la pesadumbre que se vive en Comodoro Py, donde «ya no se discuten expedientes, sino qué esquema de seguridad organizaste con tu familia y con qué armas estás preparado para cuando vengan a atacarte», según lo relata una experta en esos pasillos. En efecto, en los tribunales más calientes, donde se ventilan causas contra los ministros Héctor Timerman, Julio De Vido, Julio Alak, el jefe de las Fuerzas Armadas, César Milani, los dirigentes camporistas Mariano Recalde y Andrés Larroque, más la Presidente, sus dos hijos y el Vicepresidente, entre decenas de investigados, el ánimo está por el piso. Las presiones sobre los jueces, secretarios de juzgado, incluso secretarios de despacho se incrementaron en los últimos días.Después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, amenazas por debajo de la puerta, mensajes a través de conocidos, sospechosos robos en hogares de asistentes en causas que generan preocupación en el Gobierno.
Inquietan en Comodoro Py las últimas amenazas y los sospechosos robos a las casas de algunos asistentes
La pregunta, entonces, es si la muerte del fiscal que estaba convencido de que Cristina Fernández de Kirchner era responsable de encubrir a los prófugos iraníes acusados del atentado contra la mutual de la AMIA, además de tener como objetivo poner término a su investigación, tiene como beneficio de inventario su utilización como un instrumento de domesticación del Poder Judicial, luego de que los viejos encargados (Stiuso, Fernández y compañía) fracasaran. «Hay una nueva ofensiva, no lo dudamos, las presiones recrudecieron y en sus declaraciones públicas, desde la Presidente para abajo, nos tiran de todos lados. Nosotros no tenemos mucho para defendernos, ni siquiera hay seguridad para el ingreso a este edificio, donde entra cualquiera», dice la fuente, notoriamente preocupada.
En ese contexto, no sorprendió en Tribunales que el juez Claudio Bonadio no haya convocado todavía a Máximo Kirchner a testimoniar en la causa sobre supuesto lavado de dinero de la empresa Hotesur S.A., propietaria y administradora del hotel Alto Calafate, de la que es dueño por ser parte heredera de la sucesión Néstor Kirchner y también, aparentemente, por ser el poseedor de un 2 por ciento de las acciones originales. Una fuente del gobierno nacional asegura, además, que el hijo de la Presidente está en la mira por haber firmado 1.800 cheques y varios balances como responsable de la compañía.
Alto Calafate fue una compra realizada en el 2008 por Osvaldo Sanfelice que actuó a cuenta y orden de terceros. El propio Néstor Kirchner resultó ser «el tercero» en cuestión, ya que llegó a aceptar que los dos millones de dólares que adquirió en octubre de 2008 en medio del estallido de la crisis financiera internacional fueron a parar a la operación de ese hotel 5 estrellas. Aunque los expertos aseguran que tiene que haber salido bastante más que eso, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández se vio obligado a confirmar la adquisición que había denunciado Martín Redrado en el marco de su disputa con el Gobierno por su salida forzada al frente del Banco Central.
Cerca de Bonadio aseguran que «nunca habló de citarlo a Máximo» y que si bien parece que hay operaciones de Lavado de Dinero de la corrupción, un delito habitual en los Estados Unidos de la década del 60, cuando la mafia usaba hoteles, casinos y lavaderos de auto para hacer ingresar al circuito legal de transacciones financieras grandes volúmenes de dinero nacido del contrabando, las extorsiones y el narcotráfico, «aún no está probado». La fuente explicó que «no sólo hay que probar que empresas de Lázaro Báez hayan contratado habitaciones que nunca usaron para ocultar corrupción, sino también el delito preexistente, lo que obligaría a ese lavado, algo que no parece demasiado sencillo».
Existe en el poder la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es terminar entre rejas
Para quienes lo conocen, Bonadio está ganando tiempo y sumando masa crítica. De hecho, ya tiene en su poder las declaraciones juradas de toda la familia Kirchner y también el expediente de la sucesión Néstor Kirchner. Puede analizar esa documentación sin correr y compararla con la información que ya obtuvo de los allanamientos de Hotesur, la IGJ y Alto Calafate, o repentinamente convocar al hijo de la Presidente. A juzgar por algunos comentarios que hizo trascender («no sé por qué dicen que la citación a Máximo es inminente»), quiere ir despacio. Por las dudas, La Cámpora tiene organizado una acto de desagravio a su jefe, en caso de que sea citado a la Justicia.
Como sea, el dilema de un Ejecutivo «sometido» al desgaste del ejercicio del poder es un asunto que desvela a muchos sectores del partido gobernante, que por estos días insisten en fundamentarlo, para explicarse. Es una teoría que parte del supuesto de que en la guerra interna que caracteriza a la historia argentina, gobernar es también garantizarse una justicia adicta, para evitar que los Tribunales se transformen en una carrera de obstáculos del que gobierna.
Otros kirchneristas van todavía más allá. Cuestionan la existencia misma de que el Estado esté dividido en tres poderes independientes entre sí, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que funcionan como un sistema de controles y contrapesos para proteger al individuo frente al despotismo, tal como lo definió en el siglo XVIII el Barón de Montesquieu. Lo que existe es el líder carismático, las movilizaciones y los actos masivos para aclamarlo, los medios de comunicación deben reproducir ese estado de éxtasis entre el líder y la masa y los poderes Legislativo y Judicial interpretar fielmente a la cabeza del Poder Ejecutivo. De eso se trata un gobierno popular.
Por supuesto que nunca lo dicen abiertamente, jamás se animan a criticar en cámara el «pluralismo» en las ideas o el «sistema republicano», base de nuestra democracia. No se cuestionan los intentos por imponer un partido único para realizar los deseos de un pueblo al que no dejan hablar, porque suponen que ese líder lo representa cabalmente. Ni critican la moral de sus jefes multimillonarios. Que algunos ex presidentes jamás hubieran sido acosados por la Justicia, como Arturo Illia o Raúl Alfonsín tampoco los interpela. Lo verdaderamente bueno para ellos es controlarlo todo. Como si las sociedades no fueran cada vez más diversas, más abiertas. Como si no fuera posible que más controles, más persecución, generan, naturalmente, más y más rebeldías.
ALD Básico: Personas de la tercera edad son vulnerables para el crimen organizado
Una adorable señora que supera los 70 años, canas y un bastón, podrían significar signos inequívocos de debilidad que aleje a la anciana de inmediato de un perfil riesgoso y más aún criminal. Pero nada más alejado de la realidad.
Los oficiales de cumplimiento deben siempre tener en su guía de controles un paradigma en el cual hay que insistir: detrás de personas de la tercera edad, existe la vulnerabilidad y el riesgo de una operación de LD/FT o fraude financiero.
Sobran ejemplos en donde personas que incluso superan los 70 años de edad, han sido captados (en algunos casos de manera consciente o simplemente engañados) por bandas criminales que aprovechan estas víctimas que podrían- por definición- no levantar sospechas a los sujetos obligados.
Los grupos delictivos buscan ancianos de escasos recursos, casi en estado de desesperación en muchos casos y que, ante la promesa de una mejora en su situación prestan su nombre y firma para aparecer como dueños de autos, departamentos y hasta para figurar como presidentes de sociedades.
La vulnerabilidad queda demostrada cuando las autoridades desmantelan organizaciones criminales cuyos bienes se encuentran a nombre de personas mayores utilizadas como testaferros que, en muchas ocasiones, no hacen o han hecho aportes tributarios de ningún tipo en el transcurso de su vida.
Usualmente son personas que no tributan, lo cual los vuelve menos vulnerables a los controles de los distintos organismos, permitiéndoles a los delincuentes no levantar sospechas por los movimientos de dinero.
Se apunta lamentablemente a sujetos de la tercera edad muy pobres, que están invisibles para el sistema, lo que resuelve muchos problemas que tienen las organizaciones criminales cuando tienen que introducir el dinero en el sistema legal
Solo en Estados Unidos cada año se generan US$ 2.600 millones mediante estafas a ancianos. El estudio incluyó los casos de negligencia y de abuso sicológico, pero el mayor número de casos estuvo relacionado con lo que se describe como una explotación financiera seria: estafa, robo de identidad, robo, suplantación y falsificación.
Vías para evitar esta metodología de lavado
Con una adecuada política de “conozca a su cliente” por parte de las instituciones financieras e intermediarios de las operaciones inmobiliarias, por ejemplo, podría seguramente evitarse que personas desconocidas o con escasos antecedentes en operaciones similares, sean utilizadas por las bandas delictivas.
Una serie de procedimientos extraños deberían hacer sonar las alarmas del departamento de cumplimiento de las diferentes entidades en relación a clientes de la tercera edad:
– Si se nota que el anciano no está del todo enterado de los detalles de la operación.
– Un cliente conocido, con un comportamiento rutinario conocido por la entidad, que de pronto hace un cambio significativo en sus transacciones o efectúa operaciones erráticas e incongruentes. Por ejemplo un anciano con cuenta en determinado banco que solicita una tarjeta de crédito habiéndose mostrado reacio a ella anteriormente.
– Un anciano que nunca había tenido cuenta en la entidad bancaria aparece acompañado o incluso solo, solicitando abrir una cuenta con un monto de dinero importante.
– Una persona mayor que no figura ni ha figurado jamás como contribuyente al fisco, o sin actividad laboral pasada o actual comprobable, se presenta ante una oficina inmobiliaria con la intención de comprar una propiedad; o el mismo caso que se presente en una agencia de autos para adquirir un vehículo.
– Si en el pasado se pagaban adecuadamente las facturas por servicios y de un momento a otro dejan de ser pagadas.
– Si una tarjeta de cajero automático nunca fue solicitada y se hace el requerimiento repentino de una.
– Si la actividad que la tarjeta electrónica fue rutinariamente de US$ 50 por semana y aumentan los movimientos a US$ 3.000 semanales, entonces debe revisarse la situación del cliente, especialmente si tiene un nuevo apoderado.
Como es imposible saber quién participa en ella, afloran todo tipo de comportamientos
Las conversaciones cifradas permiten la comunicación de organizaciones terroristas
Categorías del material presente en la red oscura.
MADRID – Los vicios y las actividades más censurables del ser humano siempre han encontrado una limitación; bien en la legislación de cada país, bien en los valores culturales de cada sociedad. Pero existe un lugar, un territorio intangible, donde todo tiene cabida y nada tiene límites. La libertad en su estado más primigenio y salvaje.
Se estima que el 96% de internet forma parte de lo que se conoce como deepweb, es decir, cualquier porción de la red que no se encuentra en los cauces comunes de tráfico de los usuarios. Pueden ser archivos temporales, formularios, o simplemente páginas específicas creadas para un usuario. Pero hay una parte, conocida como darknet, mucho más organizada y oculta.
La red oscura conforma una comunidad a nivel mundial en la que prima la protección de la identidad de los usuarios. «Para moverse por la darknet existen muchos tipos de redes, como CJDNS o Tor, que nacieron por la necesidad que ciertas personas tenían de que su contenido no fuera público ni fácilmente accesible», cuenta Chema Alonso, experto en seguridad informática y responsable de Eleven Paths.
Una de las formas más populares de acceder a esta red oscura es por medio del navegador Tor que, aunque al principio tenía restringido su acceso por invitación, poco a poco se ha ido abriendo a cualquier persona que quiera entrar. «Es una red que se creó con el objetivo de dotar de anonimato y privacidad a esas personas que eran perseguidas en sus países, como periodistas o activistas políticos», explica Alonso.
Pero, al lado de las luces que proyectan ideas tan nobles como la de la libertad de expresión en regímenes opresores, surgen las sombras de la delincuencia y el crimen.
Tor, The Onion Router, «utiliza un enrutamiento entre servidores para ocultar la dirección IP de origen, cifrando en cada conexión todo el tráfico, y por tanto haciendo imposible ir hacia atrás para saber quién está detrás de la conexión. A esto se le llama enrutamiento de la cebolla, porque va por capas, y de ahí el logo del servidor», aclara el experto en seguridad informática. De esta forma, se hace imposible conocer quién está detrás de cada conexión a la web oscura, por lo que se convierte en el espacio perfecto para las actividades de pedófilo, estafadores o vendedores de droga y armas. Únicamente se sabe de ti lo que tú quieras que se sepa.
«El problema que tenemos con la darknet es que la jurisdicción, que está basada en el territorio donde tiene competencia, no puede actuar en ella. Como no sabemos dónde se cometen los delitos ni quién los comete, nos es imposible actuar contra ellos. Es muy difícil determinar cuál es nuestro ámbito de actuación hasta que encontramos los servidores físicos que sustentan esas webs», explica César Lorenzana, capitán del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.
Un lugar de comercio libre
Localizar estos servidores es una tarea de la que se ocupan, además de los cuerpos de seguridad de cada país (como el FBI), organismos internacionales como Europol. «El comercio ilegal está migrando cada vez más hacia la red oscura por el anonimato que ofrece», advierte Lorenzana.
En la darknet, existen páginas específicas para vender casi cualquier cosa, pero también algunas que agrupan numerosas categorías al más puro estilo Amazon o Ebay. En ellas encontramos artículos y servicios tan diversos que pueden ir desde la descarga de un libro prohibido hasta material explosivo o armas.
Aunque se desmantelaron los primeros grandes mercados que aquí se encontraban, las llamadas Rutas de la Seda, pronto aparecieron en el servidor Tor otras nuevas. Actualmente, los dos que mejor funcionan y más actividad tienen son Evolutiony Ágora. En el primero de ellos, por ejemplo, encontramos 18.382 ofertas de venta de droga. Aproximadamente, un kilo de heroína costaría 116.000 euros en este mercado.
Para realizar las transacciones dentro de la red oscura, y garantizar por tanto que no se pueda rastrear el movimiento, todo se hace por medio de las criptomonedas. La más utilizada es bitcoin, una divisa virtual creada en 2009 que es comprada y vendida en internet con dinero real. Un bitcoin cuesta hoy 209,78 euros.
Para evitar que puedan relacionar también esas monedas con una persona en concreto, dentro de la red oscura se ofrecen servicios de lavado de dinero. De forma simplificada, el sistema funciona de manera que se crea una cesta virtual donde todo el mundo deposita sus bitcoins, se mezclan, y ya es imposible seguirles el rastro. «Van de billetera en billetera; es un pago de dinero entre dos personas de forma anónima y por tanto es imposible saber quién es quién», explica José María Alonso.
Pero todo este anonimato no implica una seguridad absoluta a la hora de utilizar la darknet. En primer lugar, los usuarios que aquí ofrecen servicios suelen ser personas con unos amplios conocimientos informáticos. De esta forma, constantemente hay alguien intentando robarte tu dinero.
Si no consiguen quitártelo directamente, algunos de ellos intentarán timarte. En un mundo sin límites ni reglas, prolifera la estafa y es muy recomendable desconfiar constantemente.
Para combatir esta situación, los propios integrantes de la red oscura han ido creando sus propios métodos. Uno de ellos es el que se conoce como eskrowing, es decir, custodiar el dinero del comprador hasta que éste da el visto bueno al producto recibido. Esta labor la ofrecen algunas páginas webs a cambio de una pequeña comisión a modo de seguro. También se ha creado un sistema de valoración de vendedores en el que éstos van subiendo de nivel según va siendo mejor el feedback positivo con los compradores.
Las barreras del mundo real
Hasta este punto, adquirir una granada, heroína o incluso un taser, un arma de descargas eléctricas, camuflado en forma de iPhone es posible con un simple click desde casa. Pero el problema empieza en las formas de envíos de estos productos.
«Muchos de estos productos que se intentan enviar por correo ordinario son detectados en las aduanas, así que es una tontería que lo intenten», declara el capitán de la Guardia Civil. Sin embargo, según se asegura en varios foros de la darknet, muchas veces consiguen camuflar los artículos dentro de paquetes más grandes para evitar de esta forma ser detectados. En el caso de la droga, por ejemplo, venden unos productos específicos para camuflar el olor y evitar así que sean detectados.
«Para nosotros el verdadero problema es que detrás de estos vendedores se encuentran redes de distribución que meten sus productos de otras formas por las fronteras. Son organizaciones que funcionan a nivel internacional y que tiene representación en varios países en los que operan. De esta forma, si compras por ejemplo un rifle, lo más normal es que concierten contigo una cita en la que tú tengas que decir un código y así te entregan el paquete», explica César Lorenzana.
Por supuesto, en el caso de los envíos ordinarios, no se suele dar la dirección del comprador ni del vendedor porque serían muy fáciles de localizar. Para evitarlo, se contratan puntos de entrega anónimos que funcionen como intermediarios.
Con el crecimiento de la red oscura, los propios usuarios han ido conformando a su vez una serie de normas morales mínimas a pesar de que no haya nada prohibido. Por ejemplo, una de las cosas más preocupantes de este mundo cibernético, es la enorme cantidad de pornografía infantil, escatológica y snuff, la modalidad más dura y prohibida en la que se reproducen desde violaciones hasta asesinatos.
Conversaciones sin oídos indiscretos
Muchos de sus usuarios condenan la pedofilia y atacan, de forma virtual, las páginas que reproducen los contenidos de este tipo para intentar expulsarlos de la red.
Porque uno de los servicios más atractivos que proporciona la web oscura es el de la privacidad en las conversaciones. Por medio de un sistema conocido como PGP, uno puede comunicarse con otra persona únicamente recibiendo un código otorgado por éste.
Esto es utilizado por ejemplo por los sicarios que aquí ofertan sus servicios, siendo ésta la unica forma de establecer una conversación con ellos. La utilización del PGP actúa como un seguro virtual que protege a ambas partes. Pero también esto abre la puerta a la coordinación de organizaciones de forma confidencial a nivel mundial. «Tenemos constancia de que en la darknet están presentes organizaciones terroristas que la utilizan no sólo para comunicarse entre los propios miembros, sino también como medio para realizar tareas de propaganda y captación», declara el capitán de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.
Pero la red oscura sigue empeñándose en proyectar algunas luces. El proyecto Osiris, que en este momento aún está en fase de hibernación, ofrece un servidor imposible de bloquear o censurar perfecto para la creación de foros. La idea está especialmente pensada para la apertura de espacios de debate y denuncia social en países en los que sea imposible hacerlo de manera abierta.
La ruta del dinero K: revelan documentos con giros millonarios de Lázaro Báez
Por Ana Baron.
El fondo buitre NML entregó a la justicia de Nevada datos sobre transferencias entre cuentas de compañías del empresario K en Suiza, Liechtenstein y Argentina. También aseguró que tiene información de las Islas Seychelles y brindó datos de giros del financista Federico Elaskar.
En problemas. Lázaro Báez, el empresario ultrakirchnerista dueño de un grupo de constructoras acusado de maniobras de lavado. / Marcelo Carroll
Los fondos buitre presentaron ayer ante la corte de Nevada, Estados Unidos, una serie de documentos con los que esperan probar que empresas adjudicadas a Lázaro Báez, empresario de confianza de Cristina Kirchner, fueron utilizadas para lavar dinero con transferencias bancarias internacionales a través del financista Federico Elaskar.
Los documentos a los que Clarín tuvo acceso contienen información bancaria totalmente nueva. Hay pruebas de al menos 27 transferencias bancarias a favor de Elaskar y 99 de Helvetic Services Group en un esquema de triangulación que va desde Argentina y Uruguay a paraísos fiscales como Liechtenstein.
Los fondos buitre obtuvieron la información gracias a una orden de la Corte de Apelación del Segundo Circuito que les permitió demandar a una serie bancos estadounidenses datos “relacionados con transacciones que implican a Báez y personas y compañías relacionadas”.
De acuerdo al escrito presentado ayer por los fondos buitre, “de los 29 bancos” a los que les pidieron información, “15 ya respondieron” y “la información provista por esos bancos ha sido iluminadora en el trazado de los flujos de fondos que fueron hacia y desde las empresas de Báez y corroboran lo establecido por el fiscal (José María) Campagnoli”, dice el escrito, en referencia a la investigación que llevó adelante ese fiscal sobre la Ruta del Dinero K.
Uno de los documentos bancarios muestra que Federico Elaskar –el financista que confesó por TV haber lavado dinero de Báez– tenia una cuenta, la número 531820308 en el Ocean Bank de Miami, desde donde hizo transacciones al HSBC y otros de los bancos que estarían implicados en el esquema de lavado de dinero.
“Campagnoli descubrió que en 2010 y en 2011 Elaskar y su colega Leonardo Fariña –hoy detenido por una causa por evasión tributaria– realizaron una serie de transacciones mediante las cuales Fariña le traía a Elaskar ‘valijas y valijas’ llenas de euros para Báez, que esos fondos fueron sacados de Argentina por Elaskar utilizando terceras partes entidades y cuentas bancarias alrededor del mundo”, dice el escrito. “Entre todas las cuentas de Elaskar hay una en el Ocean Bank de Miami. El registro de las transferencias de fondos otorgados por Ocean Bank a NML confirman las acusaciones de Campagnoli y muestran que entre 2010 y 2011, Elaskar utilizó el Ocean Bank para conducir una serie de transacciones por un total de 3 millones de dólares”, postula el texto de NML.
Mas aun, de acuerdo a los fondos buitre, el registro de la transferencia de fondos del Ocean Bank también confirma que “el Swiss Entity Helvetic Services Group estuvo implicado en una serie de transacciones desde 2010 hasta 2013, cuando Campagnoli descubrió que Helvetic estaba trabajando para Báez”.
Es importante tener en cuenta, sin embargo, que entre los 24 documentos presentados ayer, hay 7 que han sido declarados como confidenciales. Esta corresponsal pudo confirmar que en esos documentos hay muchas más cuentas bancarias que corroboran el esquema de lavado de dinero en el que, según los fondos buitre, podrían estar implicados Cristina y Máximo Kirchner. Como NML obtuvo la información bancaria contenida en esos 7 documentos a cambio de la confidencialidad, por el momento permanecerán sellados y el público no tendrá acceso a su contenido.
Según los fondos buitre, la información obtenida en los bancos va en contra de las declaraciones de Val de Loire (la empresa adjudicada a Cristóbal López) y MF Nevada (el estudio que estableció 123 empresas en Nevada) cuando dijeron que “las investigaciones criminales en curso en Argentina no tienen fundamento y son ataques políticamente motivados”.
El juez de la corte de Nevada Cam Ferenbach autorizó ayer a que toda la nueva información introducida por NML sea integrada oficialmente al legajo y les dio los abogados de las empresas adjudicadas a Lázaro Báez y a Cristóbal López hasta el 5 de marzo para responder. El 9 de marzo habrá una audiencia clave en que se analizara toda la información.
En el documento de ayer, los abogados de los fondos buitre afirman demás que han obtenido una orden del Corte Suprema de las Islas Seychelles que les ha permitido avanzar en la investigación en ese país. Los detalles de la orden y la información que han obtenido ha sido tachada del escrito, y permanece por el momento también sellada. Esto podría cambiar en la audiencia del 9 de marzo.
La causa real de la furia de Cristina contra la Justicia
Por Marcelo Bonelli.
El juez Bonadio, que investiga una trama de corrupción, habría hallado operaciones trianguladas entre Lázaro Báez, el zar del juego Cristóbal López y la familia Kirchner.
2003. Cristóbal López con Néstor y Cristina Kirchner en el casino de Río Gallegos.
El zar del juego, el empresario Cristóbal López, está involucrado en la investigación por lavado de dinero que lleva adelante la Justicia en la causa de los hoteles de la familia presidencial. Claudio Bonadio habría encontrado operaciones trianguladas, que utilizan cuentas de compañías de López para liquidar supuestos ingresos ficticios en Hotesur.
Se trataría de la primera conexión comprobada de operaciones que involucran negocios de Lázaro Báez y Cristóbal López con la familia Kirchner.
Báez y López tienen estrecha relación con la Presidenta y multiplicaron sus negocios en la década kirchnerista. Pero este hallazgo los uniría en una investigación por supuesta corrupción.
Es que la facturación –pendiente de otras pruebas– habría confirmado dos cosas: que Báez pagó a los Kirchner por contratos fantasmas de habitaciones que nunca usó y que, después, hubo transferencias de fondos utilizando cuentas del holding del zar del juego.
La información se mantiene en absoluto secreto y en período de mayores pruebas documentales. Bonadio se tomaría todo marzo para esa tarea clave, y recién en abril adoptaría determinaciones procesales.
La noticia cayó como un balde de agua helada en la Casa Rosada y fue el comentario central esta semana en varios encuentros de hombres de negocios. Hubo interconsultas entre miembros del Grupo de los 6.
En el G-6 dicen que el avance de esta investigación y el hallazgo de la triangulación es lo que preocupa realmente a Cristina y la enfurece con la Justicia.
Clarín anticipó que el Gobierno ordenó al titular de la DGI, Angel Rubén Toninelli, realizar operaciones para “emprolijar” y hacer presentables la documentación de Hotesur. Recibió la directiva política de Carlos Zannini y dispuso ubicar a su hijo Fernando para operar en el entorno de Báez. Se trataría de hechos incompatibles con la función de Toninelli en la AFIP. Pero con ese objetivo y el aval de Ricardo Echegaray, el titular de la DGI provocó hace unas semanas la salida del jefe de la Dirección Regional Metropolitana. Se trata de la estratégica repartición fiscal donde está radicado parte del expediente de Hotesur.
El Gobierno quiere tener un absoluto control de la Región Metropolitana porque desde ahí puede “ordenar” cambiar y frenar expedientes que va a requerir la Justicia.
El contador Exequiel Lebed era el titular de la Dirección Metropolitana y fue presionado por Toninelli para acompañar con su firma un informe sobre una investigación interna que por el uso de facturas apócrifas involucra a Hotesur. El documento es para favorecer la situación de la compañía presidencial. Lebed accedió a firmar el expediente exigido por la Casa Rosada, a pesar de que su repartición no participó en su elaboración. Después, Lebed solicitó vacaciones adelantadas y licencia médica y al final concretó su renuncia.
El escándalo en la AFIP se trató ayer en una reunión secreta. Había caciques de la UIA y de la Asociación Empresaria Argentina.
Fue luego de que se conocieran los cambios en el gabinete. Para los empresarios la movida de Cristina se explica por lo siguiente:
– El Gobierno sintió el impacto político del 18F y los desaciertos que cometió tras la muerte del fiscal Nisman.
– Cristina resolvió gobernar hasta final de mandato con el aparato de inteligencia de César Milani y en soledad con La Cámpora.
– La Casa Rosada va a radicalizar su estrategia de confrontación política.
Héctor Méndez, de la UIA, sostiene que Cristina también quiere dejarle al próximo presidente un campo minado en la economía.
El terma circuló el martes, en el encuentro de la comisión directiva ampliada de la UIA, donde se desbarató un intento del Gobierno de dividir la central fabril. Quedaron rechazadas las posiciones adictas a la Casa Rosada de Juan Lascurain y la UIA ratificó por unanimidad un documento muy crítico al acuerdo con China. Ignacio de Mendiguren expuso esas advertencias en el debate de la Cámara de Diputados. Con el apoyo del movimiento industrial dijo: “La Presidenta está entregando el futuro del desarrollo argentino.” Las concesiones de Cristina a China obedecen a urgencias de Axel Kicillof. El ministro no tiene todos los dólares para cerrar el año.
Otra vez le jugó una mala pasada la impericia internacional del equipo económico: ayer se cayó la colocación de Bonar por 2.000 millones de dólares.
El juez Thomas Griesa pidió información de la transacción al Deutsche Bank y al JP Morgan, y la cúpula de esos bancos decidió bajarse de la emisión.
El grave traspié obedece a serios errores del viceministro Emanuel Alvarez Agis y del secretario de Finanzas, Pablo López. Influyó el crónico y pésimo asesoramiento del estudio Clery & Gotlieb.
Carentes de profesionalismo, los funcionarios pasaron de un extremo a otro. En diciembre, Kicillof quiso hacer una colocación sin hablar con nadie en el mercado. Fue un fracaso. Ahora, por miedo a otra frustración, hablaron con todos y anticiparon tanto la jugada que alertaron al fondo buitre Elliot y obligaron a actuar al juez Griesa. El error le permitió a Paul Singer bloquear la operación. Elliot amenazó a fondos que tenían decidido participar de la emisión de Argentina.
Pero también los funcionarios mostraron falta de timing. Intentaron lanzar la emisión a días de una audiencia clave en los juzgados de New York.
Será el próximo martes. Griesa espera a la Argentina y hay consenso entre los banqueros: si esa audiencia sale mal, se va a complicar al extremo el panorama financiero del país.
Tras protagonizar una serie de escándalos, el responsable de la lucha contra el lavado de dinero deberá rendir cuentas ante la Justicia.
Los más que sospechosos servicios que José Sbattella prestó al Gobierno como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano encargado de combatir el lavado de dinero, finalmente le han valido el primer llamado a prestar declaración indagatoria en una de las causas en las que se lo investiga.
Se trata de un sumario a cargo del juez federal Luis Rodríguez en el que se analiza si el titular de la UIF violó el secreto que impone la ley de creación del organismo al exponer en un comunicado y en entrevistas con diferentes medios de prensa detalles de las investigaciones que realiza la UIF. La denuncia la habían efectuado las empresas perjudicadas, entre las cuales se encuentran joyerías, entidades financieras y el Grupo Clarín.
Pero no es la única investigación a la que está sometido Sbattella, un hombre que puso a la UIF al servicio de las necesidades judiciales y políticas del kirchnerismo, desvirtuando su razón de ser: el combate del blanqueo de activos provenientes de actividades ilegales.
Sbattella también se encuentra comprometido en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio por haber retenido, desde 2008 hasta diciembre del año pasado, documentos que estaba obligado a enviar a la Justicia. En esa documentación figuran millonarias transferencias de características sospechosas efectuadas por compañías relacionadas con el pseudoempresario kirchnerista Lázaro Báez por un total de 180 millones de pesos.
Paralelamente, Báez es objeto de varias investigaciones y deberá prestar declaración indagatoria el mes próximo por presunto lavado de dinero.
En su momento, Sbattella llegó al extremo de salir públicamente defensa de Báez y sus operaciones sospechosas cuando afirmó, como si se tratara de su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».
Otra causa que tiene en la mira a Sbattella es la que investiga a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender por posibles negociados con fondos públicos destinados a viviendas sociales que construía o debía construir la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de Hebe de Bonafini.
Luego de que LA NACION revelara en 2012 que Sbattella había desplazado en la UIF a importantes y experimentados especialistas en lavado de dinero para reemplazarlos por familiares y allegados suyos y por militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación que también pesa sobre el funcionario. Le imputó no investigar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y nombramientos irregulares de personas que no estaban en condiciones de cubrir cargos en la UIF.
La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) afirmó que durante su nefasta gestión al mando de la UIF crecieron el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción, «ilícitos precedentes del lavado de dinero». Ocaña agregó que el titular de la UIF «está acusado de proteger a diversos funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno nacional».
Sbattella cuestionó a LA NACION por dos opiniones críticas sobre su gestión y por otros artículos periodísticos. «Estuvieron continuamente diciendo que éramos inexpertos, que lo que se hacía ahí estaba sesgado políticamente y que nos dedicábamos a perseguir a la oposición, y que, de alguna manera, esto invalidaba lo que se estaba haciendo», señaló el titular de la UIF. Los hechos confirman que esto era totalmente cierto.
El combate del lavado de dinero nunca fue una prioridad para las distintas administraciones del kirchnerismo. Es más: el Gobierno impulsó dos blanqueos, en 2008 y 2013, que constituyeron invitaciones abiertas al blanqueo y que atentan directamente contra su combate. Y fue bajo el comando de Sbattella que la UIF pasó a convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo para proteger a sus funcionarios y a personajes allegados reteniendo pruebas que los comprometían y no realizando o demorando las investigaciones que por ley está obligado a efectuar ese organismo.
Hace pocos días, la UIF presentó reportes de operaciones sospechosas contra el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Stiuso, separado de su cargo a fines del año último, tras haber sido un hombre íntimamente ligado al gobierno kirchnerista. Por lo visto, la conducción de la UIF y la fiscalía antilavado esperaron a que la relación de Stiuso con el Poder Ejecutivo pasara del amor al odio para aportar elementos por los que había sido denunciado bastante tiempo antes por el legislador porteño Gustavo Vera.
La persecución de figuras y empresas que han cuestionado al kirchnerismo ha sido otro de los nefastos aspectos que caracterizaron la triste labor de Sbattella.
En forma paralela, y mientras el narcotráfico crece sin freno en la Argentina, la UIF, tras perder especialistas en lavado de dinero, siguió desatendiendo su obligación, lográndose así bajo el kirchnerismo las dos condiciones ideales para el incremento del mortal negocio de la droga: extrema laxitud en el combate del narcotráfico y de la reinversión del dinero que produce ese delito.
Salta a la vista que la función del titular de la UIF ha sido impedir que ésta se constituyera en una eficaz herramienta contra el lavado, al tiempo que se ha ido transformando en un instrumento clave en el otorgamiento de impunidad para unos y de persecución para quienes no comulgan con las ideas de quienes gobiernan.
Frío, pragmático, descarnado, lo que este peronista de trayectoria en la gestión plantea es un asunto que obsesiona al poder y no de ahora, la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es terminar entre rejas. Según esta visión, la obsesión por manejar la Justicia, nombrar jueces, controlar sus vidas e intervenir en sus decisiones tienen ese trasfondo, garantizar que el ejercicio del Poder Ejecutivo no sea la escala inevitable a la cárcel.
Dicho así, parece razonable la pesadumbre que se vive en Comodoro Py, donde «ya no se discuten expedientes, sino qué esquema de seguridad organizaste con tu familia y con qué armas estás preparado para cuando vengan a atacarte», según lo relata una experta en esos pasillos. En efecto, en los tribunales más calientes, donde se ventilan causas contra los ministros Héctor Timerman, Julio De Vido, Julio Alak, el jefe de las Fuerzas Armadas, César Milani, los dirigentes camporistas Mariano Recalde y Andrés Larroque, más la Presidente, sus dos hijos y el Vicepresidente, entre decenas de investigados, el ánimo está por el piso. Las presiones sobre los jueces, secretarios de juzgado, incluso secretarios de despacho se incrementaron en los últimos días. Después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, amenazas por debajo de la puerta, mensajes a través de conocidos, sospechosos robos en hogares de asistentes en causas que generan preocupación en el Gobierno.
En ese contexto, no sorprendió en Tribunales que el juez Claudio Bonadio no haya convocado todavía a Máximo Kirchner a testimoniar en la causa sobre supuesto lavado de dinero de la empresa Hotesur S.A., propietaria y administradora del hotel Alto Calafate, de la que es dueño por ser parte heredera de la sucesión Néstor Kirchner y también, aparentemente, por ser el poseedor de un 2 por ciento de las acciones originales. Una fuente del gobierno nacional asegura, además, que el hijo de la Presidente está en la mira por haber firmado 1.800 cheques y varios balances como responsable de la compañía.
Otros kirchneristas van todavía más allá. Cuestionan la existencia misma de que el Estado esté dividido en tres poderes independientes entre sí, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que funcionan como un sistema de controles y contrapesos para proteger al individuo frente al despotismo, tal como lo definió en el siglo XVIII el Barón de Montesquieu. Lo que existe es el líder carismático, las movilizaciones y los actos masivos para aclamarlo, los medios de comunicación deben reproducir ese estado de éxtasis entre el líder y la masa y los poderes Legislativo y Judicial interpretar fielmente a la cabeza del Poder Ejecutivo. De eso se trata un gobierno popular.
