La decadencia de Acapulco
noviembre 23, 2014
Acapulco, el paraíso turístico al que la mafia de los narcos convirtió en infierno
Cae fuerte la ocupación hotelera y los agentes turísticos reclaman. Para peor, EE.UU. llamó a sus ciudadanos a no viajar a esa ciudad, donde hay protestas por la desaparición de 43 estudiantes en la vecina Iguala.
Protesta. Trabajadores del turismo en Acapulco reclaman el fin de la violencia. EFE
Ciudad de México. AP y EFE — La violencia y las protestas sociales que se desataron tras la desaparición de 43 estudiantes en septiembre en el sur de México derivó en un duro golpe para el balneario de Acapulco, que supo ser muy codiciado entre los ricos y famosos de Hollywood décadas atrás. La embajada de Estados Unidos emitió un mensaje de seguridad en el que advierte a sus ciudadanos que eviten viajar a esa ciudad de la costa del Pacífico, debido a las manifestaciones que suelen terminar en enfrentamientos violentos.
Acapulco, muy popular entre los actores y el jet set de Hollywood en las décadas de 1950 y 1960, se convirtió en las últimas semanas en el centro de las protestas por la desaparición de los 43 jóvenes en la ciudad de Iguala, también en el estado de Guerrero, en un caso que golpea al gobierno de Enrique Peña Nieto y conmueve a todo el país.
La embajada de EE.UU. en México indicó que su personal “ha recibido instrucciones de aplazar cualquier viaje no esencial a Acapulco por aire o tierra” y agregó que “advierte a los ciudadanos estadounidenses que sigan las mismas directrices”, debido a las “protestas e incidentes violentos”.
En las últimas semanas grupos de manifestantes han bloqueado las rutas que llevan a Acapulco, han secuestrado autobuses para reclamar que el gobierno encuentre a los estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, también en Guerrero. Los jóvenes habían ido a manifestarse contra una actividad de la alcaldía de Iguala, cuando fueron atacados a tiros por la policía en un confuso incidente que dejó seis muertos. Después fueron arrestados. La fiscalía sostiene que la policía local, cómplice de un cartel de la droga, pudo entregarlos a sus miembros, que los habrían matado y quemado sus cuerpos.
A la espera de una confirmación que podría demorarse meses, los jóvenes siguen oficialmente desaparecidos y sus familiares, junto con organizaciones sociales, continúan la búsqueda y las protestas.
A principios de noviembre, los manifestantes bloquearon el aeropuerto de Acapulco durante horas portando palos, machetes y bombas de gasolina, lo que hizo que las reservas de hotel para un fin de semana largo cayeran alrededor de un 35%, señaló Javier Saldivar, presidente de la cámara de empresarios de la ciudad. La ocupación hotelera que debería haber estado cerca del 95% fue solo del 60%.
Las playas, otrora repletas, hoy lucen semidesiertas. “Las cancelaciones no llegan por la inseguridad ni por las desapariciones de los estudiantes sino por las marchas de protesta”, explicó Joaquín Badillo, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Estado de Guerrero.
El empleo temporal en el sector turístico está sufriendo. “Hablamos de los trabajadores en limpieza, seguridad, los bartenders, los vendedores, o el rubro del transporte”, indicó Badillo, y agregó que un grupo empresarial que controla una decena de hoteles allí ha tenido que dejar de contratar a unas 200 personas estas últimas semanas.
Una docena de agrupaciones empresariales del estado, lideradas por la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, emitieron un comunicado semanas atrás en el que reconocen que son justos los reclamos de los familiares. Pero critican que se vivan “condiciones de desorden civil, pánico, daños en propiedad privada, vandalismo, saqueos, bloqueos de las vías de comunicación derivados de la total ausencia de orden público”.
Aunque los turistas estadounidenses suponen el 55% de los extranjeros que recibe México, relativamente pocos van ya a Acapulco, que ha perdido parte de su esplendor. La violencia relacionada con el narcotráfico ha jugado también un papel en esta situación. En los últimos años ha habido varios tiroteos en el famoso paseo marítimo de la ciudad. De 180 cruceros que llegaban a Acapulco antes de 2011, en 2014 han llegado cinco, según cifras de los empresarios locales.
En las décadas de 1970 y 80, la infraestructura del lugar se vino abajo y asentamientos pobres y atestados se extendieron hacia el interior de la bahía, provocando el aumento de los problemas de desempleo, criminalidad y contaminación. La desaparición de los jóvenes castiga aún más a la ciudad.
Fuente: Clarín, 23/11/14.
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Narcotráfico Inconsistencias crónicas que agravan el problema
febrero 25, 2014
Inconsistencias crónicas que agravan el problema
Por José Ricardo Spadaro
La presencia criminal con perfiles transnacionales en la Argentina se ubica a fines de los 80 y se amplía después de 1993, con la diáspora de recursos de los carteles de Medellín y migraciones criminales de países disgregados tras la caída del muro de Berlín. Consiste en el más peligroso problema que agobia al presente argentino y cierne la perspectiva de un futuro trágico, ensangrentado y violento. Solamente un irresponsable o ignorante puede disimular esta evidencia que asoma como un iceberg.
Durante décadas, en la Argentina se discutió el absurdo de si era un país de tránsito o de consumo de drogas, sin entender que el tránsito nunca es inocente, al implicar automáticamente consumo y, de inmediato, una expansión de la cadena de comercialización, incluyendo la fabricación y reexpedición a los centros de consumo (Estados Unidos, Europa).
La discusión sobre país productor o no es pueril. No plantamos coca ni marihuana (aunque esto último ya no es tan seguro), pero para producir con pasta base tenemos la más alta capacidad de precursores químicos en toda América. Esta circunstancia determina que lo peor aún no ha ocurrido: transformar a la Argentina en el mayor laboratorio mundial de drogas sintéticas o de diseño. Su característica esencial es la facilidad de encubrimiento tanto de la producción como del tráfico.
En este contexto, concurren a agravar el problema inconsistencias crónicas. Entre ellas: no se ha modificado la matriz de policía de Estado por la de protección social. La primera cuida los poderes públicos y es una herramienta de poder del gobernante. No hace prognosis del delito; ignora gravemente sobre inteligencia criminal; exhibe precaria formación y descuidadas incorporaciones; carece de autoestima por haber sido destruida durante décadas de mil formas; mal paga y peor vista por la sociedad, actúa como un ente periférico con gestión de mando en cuclillas e incapacidad manifiesta para atreverse a señalar a la gestión política errores o advertirle sobre malos caminos.
Sin embargo, nada se resolverá sin su auxilio. Su reformulación sin ideologismos basada en valores republicanos es hoy la primera demanda en la agenda pública. El país tiene expertos policiales y civiles de sobra para encarar una transición al nuevo modelo (que no se encuentra en malas copias del exterior).
Inmersos en banderas que ningún país serio sigue, hemos descontrolado los ingresos en el país y permitido que junto a la migración de dinero ilegal se establecieran fugitivos de la presión ocurrida en otros Estados.
Hemos sido, por décadas, un país carente de previsibilidad y enlaces internos que permitan una mirada y respuesta colectiva ante una amenaza criminal.
No hay corrupción policial sin connivencia política. Eso debe quedar claro en el ciudadano. Es el capítulo más delicado para ensayar un esquema que reaccione con éxito ante lo que ocurre en distintas provincias con el narcotráfico.
La Justicia directamente no está en capacidad de evaluar casos de criminalidad organizada, tanto por desconocimiento como por ausencia de infraestructura.
Además, la respuesta militar como instrumento de lucha frontal no resuelve el problema.
Como probables soluciones puede detallarse: acuerdo de la dirigencia para respaldar un programa, con independencia de quien gobierne; centralizar la acción contra el crimen organizado, entendiendo su lógica de empresa criminal que alterna módulos de negocios (drogas, trata de personas, armas, piratería, lavado, sicariato, protección mafiosa, cibercrimen, etc.); reformular una central de evaluación con analistas graduados en diversas disciplinas y de fuerzas de seguridad. Un ensayo lo hicimos en la Sedronar en 2009, que no continuó tras mi renuncia, al no poder gestionar la coordinación policial en la aplicación del plan de lucha.
Se necesita control del espacio aéreo y marítimo; reentrenar a las policías mientras comienza su rediseño doctrinario y orgánico, y fijar el centro de gravedad en desarticular las finanzas y recursos de origen criminal. Ése es el talón de Aquiles.
Este esquema, además, debe tener un control mediante comisiones bicamerales del Congreso.
Fuente: La Nación, 25/02/14.
—El autor es comandante general (R) de Gendarmería y fue subsecretario de la Sedronar en 2009.
José Ricardo Spadaro