No hay democracia sin dinero para pagar sus costos: campañas electorales, funcionamiento de los partidos políticos, actividades de estudio, análisis y preparación de políticas públicas, etc. Pero cuando el dinero es el que determina e impone candidatos, partidos y políticas públicas, la democracia deja paso a la ¨plutocracia¨, el gobierno de los que manejan el dinero. Venga de donde venga: cuando se trata del dinero privado, es grave porque éste puede imponer sus intereses al interés general. Cuando se trata de dinero público es aún más grave, porque instala una oligarquía de funcionarios-políticos-gerentes que pueden disponer del tesoro público en nombre de las mayorías pero sustraídos al control de éstas.

Es un tema tan antiguo como la democracia misma; desde Aristóteles y Maquiavelo a Norberto Bobbio y Guillermo O Donnell, el pensamiento y la teoría democrática observaron el modo en que el dinero mueve la rueda de la política y marca sus ciclos de auge y decadencia.

No es un problema que afecta solamente a nuestro país, está al tope de la agenda de las democracias en el mundo. La semana pasada se realizó en México DF la Conferencia Global sobre Financiamiento Político, organizada por IDEA (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral) y los dos organismos públicos mexicanos (que no dependen del gobierno) encargados de las elecciones, el INE y el Tribunal Federal, con la participación de especialistas y funcionarios electorales de los cinco continentes. Se trataron allí los desafíos que trae la relación entre el dinero y la política, desde la experiencia comparada. Y se remarcaron cuatro cuestiones principales: 1) proteger de manera eficaz a la política y a las elecciones de la influencia indebida del dinero, incluida la penetración del “narco-dinero” y del crimen organizado, 2) garantizar condiciones justas y equitativas en la competencia electoral, 3) lograr niveles adecuados de transparencia y rendición de cuentas de los actores políticos hacia la ciudadanía, y 4) fortalecer los órganos de control y el régimen de sanciones, con el objetivo de garantizar el cumplimiento eficaz de las normas en materia de financiamiento político. Transparencia es la palabra clave. Monitoreo y fiscalización independientes de los Gobiernos y con representación de la ciudadanía.