Vaca Muerta: La joya y su vulnerabilidad

Por José Luis Pibernus. Comandante General (R) de Gendarmería Nacional.

La República Argentina cuenta con una de las  reservas más grande del mundo de combustible no convencional, el yacimiento de Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, que  posiciona al país  como la tercera potencia en shale, detrás de China y de EE UU.

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Además, según  la Administración de Información Energética – EIA,  nuestro país ocupa el cuarto lugar en recursos de petróleo no convencional detrás de Rusia, Estados Unidos y China. Esta agencia destaca el enorme potencial de Vaca Muerta en términos de obtención de gas (308 TCF) y petróleo (16,2 miles de millones de barriles), proyección que multiplica por diez las actuales reservas de nuestro país.

Esta potencialidad, con su planificación en inversiones y  explotación, constituye  la llave para asegurar el autoabastecimiento energético de nuestro país y ser actor en el escenario exportador de combustible, entonces, no debiera ser una discusión por parte de los argentinos, respecto a la necesidad de brindar al complejo, las medidas de seguridad estatal que garanticen la producción y el alcance de los futuros proyectos.

Porque simple y llanamente Vaca Muerta es un objetivo estratégico. Y como tal es la operacionalización de uno de los intereses nacionales concebidos como vitales para la supervivencia y el desarrollo de la Nación. Y por lo tanto, debe ser una prioridad para la gestión de gobierno y también del sistema de seguridad nacional.

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Al ser un objetivo que garantizará el desarrollo futuro, también debe ser un punto de interacción de todos los argentinos en cuanto a considerar la necesidad de su debida protección. Sin embargo, numerosas voces estallaron en contra y neutralizaron  la Resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación  768/2019 que extendía la jurisdicción de Gendarmería Nacional dentro de los límites de la formación geológica de referencia para disponer un sistema de seguridad bajo responsabilidad de la fuerza federal. Y desde aquel entonces, el complejo viene creciendo con la seguridad que dentro de las posibilidades disponen las empresas privadas y ajustados a los planes propios como usuarios/inversores,  y sin intervención o participación alguna del Estado y sus instrumentos de seguridad.

Nadie cuestiona que Atucha sea un objetivo estratégico; y al respecto en el año 1976 el entonces gobierno mediante el decreto 1074/76, extendió la jurisdicción de Gendarmería Nacional al ámbito perimetral  abarcando las instalaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica ( instalaciones principales y de apoyo) en todo el territorio nacional. Es decir el complejo nuclear que genera energía eléctrica, tiene un  encuadre jurídico para la seguridad  y  Vaca Muerta ninguno.

Aquellas voces críticas e ideologizadas de 2019, no consideraron la amenaza terrorista, que no necesita exponerse mediante hipótesis, indicios o señales y que motiven las medidas de seguridad necesarias sobre objetivos de valor. Casualmente, este flagelo mundial aprovecha las vulnerabilidades, la incertidumbre, la ignorancia y la falsa confianza. ¿ O nos olvidamos de la AMIA,  de la Embajada de Israel, las actividades terroristas en la región  y la amenaza reciente sobre Argentina?

Los ataques terroristas sobre este tipo de instalaciones están vigentes.  El 3 de setiembre de 2024, Colombia sufrió el décimo quinto ataque con explosivos sobre oleoductos en las últimas semanas, en el trayecto Caño Limón-Coveñas, obligando a activar el plan de emergencia y contingencia para controlar el derrame de crudo y la contaminación ambiental. Estos ataques contra los oleoductos comenzaron a afectar las operaciones y podrían reducir la producción de petróleo y gas.

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Proteger los principales recursos es facultad y obligación del gobierno, estableciendo un plan o Programa Antiterrorista, utilizando los instrumentos profesionales disponibles o en capacidad de ser afectados. En definitiva, una decisión del ejercicio de autoridad.

La reciente creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva (Res 893/2024) establece una organización de organismos del mismo Ministerio de Seguridad y de sus fuerzas federales, con el objetivo específico de ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del “orden” en los enclaves productivos del País. Medida que se orienta a los conflictos internos de tipo gremiales y por lo tanto, no tendrían capacidad para disuadir la amenaza terrorista.

Se plantea aquí, la necesidad de considerar un dispositivo complejo de seguridad sobre todo el área de producción, con un plan y con intervención del Sistema de Inteligencia Nacional (Contrainteligencia) y coordinaciones a nivel local de otros recursos de seguridad y de atención a emergencias.

La seguridad de éstos tipos de instalaciones, en la mayoría de los Estados modernos tienen su sistema de seguridad antiterrorista protegiendo como objetivos estratégicos, aún sin amenazas. Es decir un conjunto de medidas preventivas, disuasivas y de protección que garantizan el funcionamiento, reduzcan los impactos de cualquier sabotaje, hasta con previsiones de resiliencia ante un ataque mayor.

Estas medidas son inherentes y pertinentes a toda infraestructura crítica u objetivo estratégico. La elaboración de un plan o programa, con la asignación de responsabilidades dentro del mismo Estado es una condición necesaria para garantizar la continuidad y el incremento de las inversiones, el logro de los objetivos y sus metas como así disuadir a cualquier potencial atacante. Y este plan y su consiguiente dispositivo, deberá ser continuamente modificado buscando efectividad mediante las evaluaciones de amenazas que deben proporcionar los sistemas de inteligencia del Estado y de las agencias extranjeras aliadas.

Esta propuesta frente a la evidente vulnerabilidad de Vaca Muerta, surge de las experiencias concretas y recomendaciones de la Unión Europea, de Naciones Unidas y de la misma doctrina española que siempre fue considerada fuente de nuestra legislación en materia de seguridad. La protección de infraestructuras críticas tiene tres niveles, el técnico directamente sobre los dispositivos de producción, el segundo  del usuario explotador, y el tercero y necesario del Estado.  

Queda entonces, planteada nuestra visión de la necesidad de dar a la “joya energética argentina” un marco legal de objetivo crítico (estratégico) y el nivel de protección que como tal corresponde para permitir, libre de amenazas, el alcance de los proyectos de explotación que generen la independencia energética del país.

─José Luis Pibernus es Coordinador Académico de la Especialización en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado, FCE. UBA.

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