Como este inquilino, el resto de los vecinos han ocupadode igual manera, pagando entre 500 y 1.000 euros, según los metros cuadrados, a ese hombre del que nadie se atreve a revelar su identidad.

El citado individuo es uno de los muchos mafiosos que en los últimos dos años se han aprovechado del grave problema de la falta de vivienda para sacar su tajada. Se trata de gente cada vez más organizada que busca en internet o los registros oficiales pisos vacíos propiedad de los bancos. Son sus preferidos. ¿Por qué? Pues porque la entidad tardará en reaccionar y cuando quiera sacar al ocupa, en muchas ocasiones por la presión del resto de los vecinos, acabará pagando una buena compensación económica para que se vayan. Los que compran las llaves de estos pisos ocupados reciben la garantía de que sólo podrán ser desalojados con dinero o también a cambio de otro piso. Pero que nunca saldrán perdiendo.

Nadie tiene estadísticas oficiales sobre este grave problema al que, por el momento, sólo algunos ayuntamientos como los de Terrassa o Mataró han empezado a tomarse muy en serio.

Los Mossos d’Esquadra hasta la fecha no han realizado ninguna investigación acerca de estas mafias. Es complicado. No hay denuncia. Ni siquiera estafa. El que ocupa sabe perfectamente que paga por un inmueble ilegal.

“Es necesario desenmascarar cuanto antes a este tipo de mafias”, asegura la concejal socialista en el Ayuntamiento de Terrassa Lluïsa Melgares, responsable de Políticas Sociales y Vivienda. Su consistorio fue el primero en elaborar un censo de viviendas vacías. ¿Con qué fin? “Penalizar con altas multas a los bancos y grandes propietarios que se desentienden de sus pisos vacíos”.

Melgares se refiere a dos modalidades de mafiosos. Por un lado, los que abren pisos de una patada y revenden luego las llaves a personas que realmente lo necesitan.Y, por otra parte, las entidades bancarias que, a través de mediadores, pagan a los inquilinos importantes cantidades de dinero para que se vayan. “Este nuevo fenómeno está produciendo un efecto llamada muy preocupantes y consolidando una situación de descontrol absoluto”, insiste la concejal de Terrassa.

En ese municipio, por ejemplo, en el bloque ocupado recientemente de la carretera de Montcada todos los nuevos inquilinos habían recibido la visita de un mediador. ¿Qué piden ustedes? “Pues depende, dinero si la suma que nos ofrecen es interesante, o un alquiler social si nos podemos quedar aquí, porque realmente la casa nos encanta y será difícil encontrar un piso nuevo mejor que éste”, añade uno de los inquilinos. Su situación no es de vulnerabilidad. Trabaja en un restaurante y hasta que compró la llave vivía con sus padres.

Para la concejal de Terrassa esta situación es intolerable porque esas viviendas, que el Consistorio podría gestionar para familias que realmente lo necesitan, caen en manos de gente que están fuera de cualquier control. “Las personas que llevan tres años viviendo en Terrassa, que por renta precisan un alquiler social y cumplen unas normas cívicas de convivencia con el resto de vecinos les ayudamos. Al resto no podemos apoyarlos, porque estamos descubriendo personas que se están aprovechando”, insiste.

Otro dato permite ayudar a entender mejor este problema cada vez más asentada en algunos municipios. En los últimos tres años, la empresa STM Seguridad Integrada ha pasado de ser una importante cerrajería a instalar medio centenar de puertas antiocupas al día, y sólo en Catalunya.

Hay una realidad sobre la ocupación que queda oculta tras las grandes entradas en bloques de bancos o administraciones, que son aquellas viviendas de particulares que las han conseguido por herencia o que están desocupadas por enfermedad de lo dueños ya mayores. De la noche a la mañana alguien entra de una patada. Esos pisos tampoco son hoy en día nada fáciles de recuperar. Y esas ocupaciones han empezado a ser tan habituales en algunos barrios de Barcelona que incluso hay propietarios que alquilan o compran estas puertas antiocupas para proteger sus viviendas. “Hay gente que blinda la casa durante el tiempo que su madre está en el hospital”, asegura un responsable de la empresa.

Hace nada que ha empezado a dormir un poco más tranquila y que puede cerrar, por fin, los dos ojos sobre la almohada. En el último año y medio. Sandra Rodríguez Loreto, la presidenta de una comunidad de vecinos de un barrio obrero de Terrassa, lidera una batalla con tintes épicos contra los ocupas de su edificio. De los siete inquilinos que llegaron a vivir ilegalmente, sólo queda uno, pero no baja la guardia. Junto al resto de vecinos intenta que siempre haya uno de guardia en el edificio por si se produce un nuevo intento de ocupación. Parece cosa de locos, pero ­incluso comparten un grupo de WhatsApp en el que se alertan de cualquier ruido desconocido. A los extraños que se asoman por esta escalera se les somete a todo tipo de preguntas. No se fían de nadie.

“Nos ha costado muchísimo que se vayan y ahora no vamos a consentir que vuelvan a convertirse en nuestros vecinos gente que ni sabe convivir, ni quiere, ni están en situación precaria para ocupar un piso por la cara”, asegura la presidenta. Su bloque ilustra la situación de muchos otros inmuebles en Catalunya. Obra de una constructora, cuando la empresa quebró el BBVA se quedó con el edificio. Sandra compró su piso en el 2011, pero no se trasladó hasta octubre del 2014. En ese momento, sólo habían cuatro vecinos, tres de alquiler y la propietaria del bajo.

Todo fue muy rápido. “Alguien debió de saber que la finca estaba vacía y era propiedad de un banco porque en pocos días, cuando nos quisimos dar cuenta, todos los pisos por vender fueron ocupados”, recuerda. La mujer que se hizo con el primero primera pagó 600 euros por la llave del piso y la de la portería. En el precio estaba incluido el enganche ilegal a la luz. Una cantidad parecida abonó el inquilino que ocupó el primero cuarta, aunque en ese piso ya son cinco personas a las que se han revendido las llaves. “El último contaba todo serio que la casa era suya, que la había comprado por 95 euros”, recuerda Sandra con humor, aunque en ese momento le hervía la sangre de impotencia. “Nuestro problema no era que vivieran por la cara, sino que nunca se comportaron como vecinos. No sentían empatía por la finca y entre unos y otros destrozaron los espacios comunes. Por no hablar de los ruidos, los gritos, la moto estacionada en el rellano… Una pesadilla”.

Durante los últimos meses y ante la incansable insistencia de Sandra, el banco designó un mediador para que negociara con los ocupas. “Les han ido pagando para que se fueran” ¿Cuánto dinero? “Ni idea, pero ninguno se fue llorando, al contrario. Seguro que ya están en otro de los pisos que se pueden ocupar comprando una llave. Hasta que les vuelvan a pagar para irse de allí”, relata la presidenta, que insiste en que los ocupas que vivieron en su comunidad no eran personas sin recursos sino “jetas consumados que han encontrado en la ocupación social una forma de vivir del cuento y conseguir un dinero fácil cada vez que les echan”.

En cuanto el banco ha logrado vaciar un inmueble, sus responsables han mandado instalar una puerta de seguridad antiocupas. Pero tienen que actuar con rapidez. En la vivienda del 2º 2ª, casi no llegan a tiempo. El ocupa dejó la casa nada más cobrar y los operarios que colocaban la puerta se retrasaron. “Llamé varias veces al banco asustada porque sabía que intentarían ocupar de nuevo el piso”. Y casi lo consiguen.

Ese día, un vecino regresó por un imprevisto a su casa al mediodía y se encontró a un joven esperando junto a la puerta del piso recién desalojado. “El chaval contó que estaba esperando a que le dieran una llave que había comprado”. El vecino logró disuadirle y el joven se marchó, pero apenas dos horas después tres hombres lograron entrar y encerrarse dentro del piso.

Los vecinos no tiraron la toalla. Coordinados con los mediadores del banco y dos vigilantes contratados por la entidad, aprovecharon un descuido de los tres hombres que abandonaron la casa para empezar la mudanza para reconquistar de nuevo el inmueble. Los dos vigilantes se parapetaron en la puerta hasta que esa misma noche una empresa de puertas blindadas colocó una de acero que, hasta ahora, nadie ha logrado manipular.

Pero la batalla de Sandra y sus vecinos no ha terminado. Ahora intenta que el banco asuma los gastos de los desperfectos que ha sufrido la comunidad en el último año y medio, por el vandalismo de algunos de los ocupas que han pasado por allí. Con su determinación, no parará hasta conseguirlo.

El problema de las mafias que se están aprovechando de la vulnerabilidad de las familias sin recursos para pagar una vivienda llegará hoy al Congreso. La diputada del PDECat Lourdes Ciuró defenderá en el pleno una modificación legal que permita a las administraciones recuperar los pisos que tenían asignados como vivienda social y que en los últimos tiempos han sido ocupados de manera descontrolada. Sólo la Generalitat tiene 320 viviendas sociales ocupadas sin control. La medida permitiría a la administración o al pequeño propietario acudir al juez a denunciar la ocupación. El ocupa tendría diez días para acreditar que está legalmente. En caso contrario, el juez comunicaría a la administración local competente que se producirá un desalojo exprés. “Si la familia carece de recursos, el Consistorio tendrá la obligación de reubicarles. Pero hay que empezar a poner coto a estas mafias”, insiste la diputada Ciuró.

Fuente: lavanguardia.com, 14/03/17.

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