
La agencia calificadora pagará US$687,5 millones al Departamento de Justicia estadounidense, y otro importe similar a 19 estados y al Distrito de Columbia. La agencia alcanzó un acuerdo separado por el que pagará US$125 millones al Fondo de Pensiones de los Funcionarios de California.
El gobierno acusó a S&P de deliberadamente engañar a los inversionistas al otorgar calificaciones triple A a activos hipotecarios. Estas valoraciones resultaron ser incorrectas con el desplome del mercado inmobiliario, y provocaron rebajas generalizadas de calificaciones y contribuyeron a provocar la crisis financiera.
S&P no ha reconocido que llevara a cabo malas prácticas como parte del acuerdo, y afirma que no hay pruebas de que violara ninguna ley.
Este acuerdo resuelve una demanda interpuesta por el Departamento de Justicia estadounidense y algunos estados en 2013, y supone la multa más alta jamás pagada por una agencia de ratings para resolver un caso de uso de calificaciones elevadas antes de la crisis.
Fuente: The Wall street Journal, 03/02/15.
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