Elpidio González el Vice de Alvear que se ganaba la vida vendiendo ballenitas y anilinas colibrí en la Plaza de Mayo
Fue Ministro de Guerra (1919) y luego Jefe de la Policía de Capital Federal (1921) durante la presidencia de Hipólito Irigoyen, en el segundo mandato del “Peludo” fue Ministro del Interior (1928). Llegó a ser Vicepresidente de la Nación junto con Marcelo T. de Alvear (1922-1928).
Cuando llegó al poder, su patrimonio era 350.000 pesos fuertes; en 1930 con la revolución de Uriburu se encontró con deudas por 65.000 pesos, motivo por el cual, le remataron su casa en calle Gorostiaga.
Así fue como el secretario de la Presidencia lo vio vendiendo anilinas en Plaza de Mayo, al comunicárselo al Presidente J.P Justo, éste le entrega un sobre con dinero para Elpidio, ante aquel buen gesto respondió: “No voy a permitir que me ofenda el Presidente ni nadie, por mas buena voluntad que haya en el medio”.
Debido a esta circunstancia, el Diputado conservador Adrián Escobar presenta un proyecto de ley que establece la pensión vitalicia para los ex presidentes y vicepresidentes. En el debate parlamentario, se hace alusión al caso de González.
Cuando un amigo le comenta eufórico a Elpidio que de ahora en mas cobrará 2.000 pesos de jubilación por sus funciones, la respuesta fue tajante: “No, yo no puedo aceptar eso. Hay que servir a la Nación con desinterés personal, y después de disfrutar e honor de haber sido presidente o vice, no se le puede exigir al Estado que nos mantenga con altos sueldos vitalicios”
Pero para no dejar dudas, con la ley ya sancionada y promulgada, envía una carta al Presidente de la República:
“…cúmpleme dejar constancia ante el señor Presidente, mi decisión irrevocable de no acogerme a los beneficios de dicha ley. Al adoptar esta actitud cumplo con íntimas convicciones de espíritu. Jamás me puse a meditar acera de las contingencias adversas que los acontecimientos me pudieran deparar. Confió en poder sobrellevar la vida con mi trabajo, sin acogerme a la ayuda de la República, por cuya grandeza he luchado, y si alguna vez he recogido amarguras y sinsabores me siento reconfortado con creces por la fortuna de haberlo dado todo por la felicidad de mi patria”
Murió en 1951 en el Hospital Italiano, sin casa ni familia que lo cuide, con pocos amigos rodeándolo.
Una persona que trabajó y luchó por el bien común, con errores y aciertos, pero con la dignidad intacta de haberlo intentado todo aún en perjuicio de sus intereses personales.
Es la verdadera excepción a la regla de que todo político se enriquece en la función pública, desde aquí este pequeño homenaje a alguien que no es tan recordado, pero bien podría servir de ejemplo a tantos que nos representan.
El dinero insignificante, innecesario, terminará condenando la corrupción. Los hoteles de Cristina Kirchner en El Calafate compraban una docena de medialunas por día cuando declaraban tener todas las habitaciones ocupadas. ¿Qué clase de hoteles eran esos que se ufanaban de tener cuatro estrellas y sus tarifas en dólares? Amado Boudou falsificó recibos de hoteles en París para quedarse con una parte de los viáticos. «El ministro de Economía de un país no puede dedicarse a falsificar facturas por unos miserables miles de euros», declaró a LA NACION, estupefacto, el empleado del hotel parisiense Bel Ami luego de comprobar que los recibos de Boudou eran falsos. Hoteles y facturas mentirosos parecen ser una debilidad de las dos personas que estuvieron hasta hace cinco meses en la cima de la República, la entonces presidenta y su vicepresidente.
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Ricardo Echegaray era en su gobierno el poderoso jefe de la agencia impositiva. Ayer tuvo su primera cita ante el juez Sebastián Casanello, en una declaración indagatoria (por lo general, previa al procesamiento) por la investigación de la ruta del dinero K. Casanello investiga si Echegaray benefició a Lázaro Báez durante su gestión al frente de la AFIP. En otra investigación, Echegaray es investigado por haber autorizado que el empresario Cristóbal López demorara el pago de 8000 millones de pesos en impuestos a las naftas, que es una retención en nombre del Estado. También Echegaray está siendo investigado por los beneficios impositivos que le otorgó a la empresa Ciccone cuando ésta ya estaba en manos de los amigos de Boudou. Boudou no era entonces, cuando sucedieron las tropelías de los hoteles y las de Ciccone (la empresa argentina con más capacidad para fabricar billetes), lo que es ahora, un exiliado del peronismo y hasta del kirchnerismo. Era el funcionario consentido de la persona más poderosa, Cristina Kirchner.
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La ex presidenta tiene problemas políticos, en el peronismo sobre todo, porque nadie ignora que sus cuestiones con la Justicia se agravarán irremediablemente. Su situación está, por ahora, en manos de dos jueces, Claudio Bonadio y Julián Ercolini. La investigación de Casanello no ha llegado todavía a ella y se limita al supuesto lavado de dinero por parte de Báez. Podría llegar a Cristina, pero eso sucedería en una etapa posterior, si se comprobara que el dinero de Báez no se puede justificar sin la complicidad de los pagos del Estado.
Bonadio la persigue judicialmente por dos causas: la venta de dólar futuro cuando su gobierno ya no tenía futuro y el presunto lavado de dinero en la empresa Los Sauces. Por el primer caso ya la procesó. Los Sauces es una empresa dueña de ocho edificios en la Capital, El Calafate, Río Gallegos y El Chaltén, que eran alquilados exclusivamente a Lázaro Báez y Cristóbal López. ¿Los alquilaban realmente o hacían como que los alquilaban? La pregunta surge de una comprobación: esa empresa pasó de no tener actividades a que sus socios retiraran adelantos de dividendos por 20 millones de pesos en apenas dos años. En el momento de esas increíbles ganancias los socios eran Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia, aunque ésta se sumó al paquete accionario sólo como heredera de las acciones de su padre. Máximo, en cambio, tenía el 10 por ciento de las acciones cuando sus padres eran los dueños del 90 por ciento restante. Por eso, el fiscal Carlos Rívolo imputó ante Bonadio a Cristina y Máximo Kirchner por cohecho (coimas) y no a Florencia.
Ercolini tiene la causa Hotesur, que es otro caso de lavado de dinero, pero esta vez en hoteles de la familia Kirchner. La investigación de Hotesur llevó al primer juez que tuvo el caso, Bonadio, a espectaculares allanamientos en El Calafate cuando Cristina era todavía presidenta. Bonadio se hizo acompañar por la Policía Metropolitana, autorizada especialmente por el entonces opositor Mauricio Macri. Cristina no se enteró de los allanamientos hasta que Bonadio aterrizó en El Calafate. La entonces presidenta, que no sabía hacia dónde iba Bonadio, ordenó que la Gendarmería impidiera a sangre y fuego el acceso a su residencia del juez y la policía. Bonadio no iba a su casa, sino a sus hoteles. La sala de la Cámara Federal cuestionada por kirchnerista (la que integran los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler) apartó luego a Bonadio de la causa Hotesur.
Ercolini tiene también la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. El fiscal Germán Moldes, que fue el último fiscal que pidió que se investigara la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner, acaba de reclamar que se reabra la denuncia del fiscal muerto. «Si se supone que Nisman fue víctima de un crimen, y por eso el caso de su muerte pasó a la justicia federal, corresponde reabrir su denuncia para investigar incluso si en esa acusación hay huellas de los posibles asesinos», dijo. Moldes afirmó que él cree que Nisman fue asesinado. El caso Nisman podría estallar en los pies de Cristina Kirchner, si se reabriera la denuncia del fiscal muerto o si se comprobara que no se suicidó.
Como se ve, hay varios casos de lavado de dinero (Hotesur, Los Sauces, los bienes de Báez) y distintos jueces. Cristina Kirchner ha pedido que las causas de Hotesur y Los Sauces se concentren en las manos del juez Ercolini. Para ella, cualquier otro juez es mejor que Bonadio. Sin embargo, la mayoría de los jueces federales sostiene dos ideas. Una: todas las causas por lavado terminarán unificándose en una sola. La otra: es mejor que sea más tarde que más temprano. La posibilidad de crear una megacausa por lavado de dinero conlleva el riesgo de que el trabajo sea de un tamaño desmesurado para un solo juez. La idea que prevalece es que cada juez vaya avanzando con su investigación y la termine. Al final, con todas las investigaciones concluidas, todas las causas deberán unificarse.
Ese criterio quedó expuesto por la sala descalificada de la Cámara Federal cuando ordenó que la causa Hotesur saliera del juzgado de Daniel Rafecas y fuera al de Ercolini porque éste tiene una vieja causa por asociación ilícita contra Cristina Kirchner, presentada por Elisa Carrió. Los dos jueces cuestionados, Ballestero y Freiler, votaron para la unificación de causas. El voto disidente fue el de Eduardo Farah, juez titular de la sala prestigiosa de la Cámara Federal, que la integran también Martín Irurzún y Horacio Cattani. Farah es juez subrogante en la otra sala, la que no tiene prestigio ni respeto. Farah expresó con su voto la opinión mayoritaria de la Justicia, que promueve que cada juez haga su investigación por ahora, contra la opinión de los que le hicieron más favores al kirchnerismo, que proponen la unificación de las causas para que todo naufrague en un océano de papeles.
A pesar de lo que parece, la situación de Boudou podría estar más comprometida (o, tal vez, más concluida) que la de Cristina Kirchner. La acumulación de causas es un hecho evidente. Salvo en los casos de los recibos truchos de hoteles, en todas las otras causas (Ciccone, el contrato con el gobierno de Formosa, la adulteración de compra de autos) actuó la misma banda de amigos. La suerte parece estar echada para Boudou y su situación terminará de resolverla el juez Ariel Lijo, que lo procesó por el caso Ciccone cuando Cristina amenazaba con destruir al juez que se animara a procesar a su vice. Lijo cuenta ahora con la confianza de la sala prestigiosa de la Cámara Federal, ha sido un consejero oportuno de Casanello cuando éste decidió detener a Báez y allanar sus propiedades, y tiene el respaldo de la Corte Suprema.
Las grandes causas de Boudou se complementaron con las causas por pequeñeces, que, sin embargo, no son pequeñas por el enorme peso de su simbología. El abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia penal contra el ex vicepresidente por las facturas falsas del hotel de París. La denuncia cayó en el juzgado de Bonadio. Boudou no tiene suerte. Cristina está tratando también de soltarse de las manos de Bonadio. Ya no puede protegerlo. El destino de Boudou se encoge dramáticamente.
Presentó recibos apócrifos de gastos de hotel en París y coberturas de TV
Por Hugo Alconada Mon y Luisa Corradini.
PARÍS – La factura lleva el número 83.167 y es por 9395 euros. Unos 160.000 pesos al tipo de cambio actual. Corresponde a la estadía del entonces ministro de Economía Amado Boudou en el hotel Bel Ami de París, entre el 17 y el 21 de febrero de 2011, donde asistió a un encuentro de ministros y presidentes de bancos centrales del G-20.
El primer problema es que ese documento es falso. El segundo -y más grave- es que se trata apenas de una de las muchas facturas apócrifas de una de las más altas autoridades del país y responsable del dinero de los contribuyentes, según verificó LA NACION en esta capital y en Buenos Aires.
Los ejemplos se acumulan. Dos meses antes, Boudou también había pasado por esta ciudad y se hospedó en el mismo hotel, entre el 12 y el 16 de diciembre de 2010, para una reunión del Club de París. La factura que presentó en el Palacio de Hacienda ascendió a 19.937 euros.
Son casi 340.000 pesos al tipo de cambio vigente hoy. Y fue -según consta en el texto- pagada en efectivo, una práctica prohibida en Francia cuando se trata de sumas importantes. Esa factura N° 88.636, de diciembre de 2010, lleva curiosamente un número posterior a la de febrero de 2011. También es falsa.
El Bel Ami es un establecimiento cinco estrellas ubicado en el corazón del Barrio Latino, a escasos pasos del célebre Café de Flore, lugar donde solían reunirse las grandes figuras del existencialismo francés a mediados del siglo XX. Moderno, cómodo, discreto y acogedor, el hotel está lejos de responder al nivel de un «palace», donde el precio de las habitaciones supera fácilmente los 3000 euros. En el Bel Ami, la suite más cara cuesta 1130 euros por día. Y no era ésa la que solía ocupar el entonces ministro.
«Todo lo que figura en estas facturas es absolutamente inverosímil en un hotel de cinco estrellas como el nuestro: el pago en efectivo, la ausencia de cantidad de habitaciones ocupadas, la inexistencia de IVA (TVA, según sus siglas en francés) en una de ellas, la omisión del impuesto a la estadía (taxe de séjour) en otro de los casos, la inclusión de los vehículos con chofer que jamás figuran de ese modo y hasta la forma absurda de listar ese servicio, el cual denominan «auto» en vez de «location de voiture»», constató con asombro uno de los principales responsables del establecimiento en declaraciones a LA NACION.
Pero todos esos errores, en verdad, tienen relativa importancia. La realidad es que «esas facturas simplemente no existen», resumió la misma fuente, después de controlar los archivos informáticos del hotel. Con su autorización, uno de sus empleados mostró a LA NACION en la pantalla de la recepción que ambos números de factura corresponden a otros huéspedes. «Tiene que haber un error. El ministro de Economía de un país no puede dedicarse a falsificar facturas por unos miserables miles de euros», concluyó consternado. Durante la investigación, y para comparar en forma independiente el sistema de facturación del hotel con los documentos presentados por Boudou, LA NACION también se alojó una noche en el Bel Ami.
Las dos facturas que presentó el ex ministro comparten algo más. Fueron refrendadas con su firma por el entonces «jefe de Secretaría Privada» de Boudou, Eduardo Romano, con rango y sueldo de subsecretario de Estado. Conocido en Mar del Plata como «Cachi», es uno de los mejores amigos de «Aimé» y luego pasó a integrar la planta del Senado con la categoría 1, la más alta y mejor paga del escalafón.
Ambos, Boudou y Romano, acumulan antecedentes judiciales. El ex vicepresidente se encuentra procesado por su rol en el caso Ciccone, se encamina al juicio oral por la falsificación de los documentos de un auto y en diciembre pasado afrontó un pedido de indagatoria por la presunta adulteración de su DNI.
«Cachi» Romano, por su parte, también debió declarar ante la Justicia por el caso Ciccone, pero para explicar dos llamadas que recibió de un teléfono asignado a Alejandro Vandenbroele y porque su tarjeta de negocios fue encontrada en la planta de Ciccone Calcográfica durante un allanamiento. Antes, en junio de 2012, fue indagado en Mar del Plata por el presunto cobro de subsidios fiscales irregulares.
Una y otra vez, Romano fue el encargado de rendir las cuentas de los viajes de Boudou como ministro de Economía y, después, como vicepresidente de la Nación. Y las irregularidades se acumularon, según reconstruyó LA NACION.
Otras facturas de otros viajes de Boudou también resultan llamativas. Es el caso de, por ejemplo, la que emitió la firma TVT (Televisión Turística de América SA) el 28 de septiembre de 2010 por la «cobertura fílmica de la participación del señor ministro de Economía de la Argentina en la Asamblea General de la ONU, en la ciudad de Nueva York».
CFK y Amado Boudou
Refrendada, como las anteriores, por «Cachi» Romano, la factura que emitió TVT por seguir a Boudou un par de días durante su viaje por Nueva York ascendió a 5000 dólares (unos 60.000 pesos al cambio actual). Pero lo hizo a pesar de que el ministro integraba la comitiva de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con cobertura a cargo de la productora La Corte.
No sólo eso. La firma TVT que facturó por cubrirlo en Nueva York es de Cancún, México. La factura 0524 se redactó a mano. Y aparecen dos números de teléfono que hoy no funcionan, como también una página de Internet que tampoco se encuentra activa. La productora es hoy, en sí, inhallable.
Las modificaciones de las normas convierten en una farsa las declaraciones juradas que presentan los funcionarios públicos
CFK
La difusión de las declaraciones juradas de bienes de altos funcionarios nacionales se ha convertido en motivo de escándalo creciente cada año, debido fundamentalmente a los fuertes incrementos patrimoniales que revelan, en casos que van desde la presidenta de la Nación hasta sus secretarios privados.
En su momento, las declaraciones dieron lugar a una bochornosa investigación judicial a Néstor y Cristina Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito que terminó abruptamente cuando el escandaloso juez federal Norberto Oyarbide los sobreseyó empleando los fundamentos del propio contador del matrimonio presidencial -que obviamente era parte, y muy interesada-, argumentos que volcó en una sentencia a todas luces írrita.
A simple vista, con la difusión anual de las declaraciones juradas queda en claro que la función pública para muchos es garantía de prosperidad y de enriquecimiento rápido y seguro. Pero con una visión un poco más profunda puede advertirse también un segundo motivo de escándalo. Desde que, hace dos años, se modificó la ley que rige estas declaraciones, se extendió sobre ellas una densa oscuridad que impide bucear en el verdadero valor de los bienes declarados y, más grave aún, también impide comparar con precisión los últimos valores con los anteriores y hacer así un seguimiento de la evolución patrimonial.
Esta oscuridad es producto deliberado de una ingeniería del ocultamiento que se remonta a la entrada en vigor, en 2013, de la Ley 26.857. Por ejemplo, la nueva normativa que rige las declaraciones sólo obliga a informar las ganancias y bienes del funcionario, no los de su cónyuge, que por estar declarados en un formulario reservado sólo pueden conocerse mediante una orden judicial. De esta manera, permanecen invisibles al escrutinio público. También se ha dificultado la evaluación de las propiedades, cuyo valor se determina ahora a partir de una complicada relación entre el valor de su adquisición y el valor fiscal. En consecuencia, resultará mucho más arduo determinar si se ha incurrido en enriquecimiento ilícito.
Esa es una de las imputaciones que afronta el hasta hace poco jefe del Ejército, general César Milani, debido a la compra de una casa en San Isidro. Por un delito similar está procesado desde el año pasado el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que también arrastra otros procesamientos que parecen no hacerle mella.
Quien fue su jefe en el Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido, titular de la cartera, siempre estuvo bajo sospecha, aunque en 12 años de gestión logró sortear las denuncias. Pero ahora, poco antes de abandonar el cargo, la Cámara de Casación revocó su sobreseimiento por enriquecimiento ilícito, junto con su esposa, Alessandra Minnicelli, por lo cual volverán a ser investigados por ese delito luego de reabrirse una causa de 2008. Sobreseer al ministro «es incompatible con el estado de duda que presenta esta investigación incompleta», sostuvieron los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. En el mismo ministerio de De Vido, otro de los investigados por la misma acusación es el secretario de Obras Públicas, José López.
Como señaló la nacion, las declaraciones juradas correspondientes al año pasado muestran inversiones en el exterior, ahorros en dólares y exitosos emprendimientos agropecuarios como parte del nutrido patrimonio de altos funcionarios kirchneristas, con la excepción del canciller, Héctor Timerman, quien en el pasado fue el ministro más rico, pero ahora, debido a un «error del sistema» que el ministro no pudo solucionar, exhibe una pérdida del 77% de su patrimonio.
Un reciente libro señala a Juan Luis Manzur como «el ministro más rico de la era kirchnerista». Manzur renunció como titular de la cartera de Salud para asumir como vicegobernador de Tucumán en febrero del corriente año, y en ese momento declaró poseer bienes y depósitos por 23.061.852 pesos, diez millones más que en su declaración del año anterior, en tanto llaman la atención sus declaraciones rectificatorias.
La Presidenta declaró bienes por 64 millones de pesos y su patrimonio creció en un 16% al ganar 9.325.097 pesos por la valoración de sus propiedades y por los intereses generados por sus plazos fijos. Cuando Néstor Kirchner arribó a la Casa Rosada, el matrimonio había declarado bienes por siete millones de pesos. El año pasado, ella declaró 26 propiedades que incluyen departamentos, casas y terrenos.
Cabe recordar que los ingresos de sus hoteles están bajo la lupa judicial debido a los sospechosos alquileres de habitaciones que efectuaban allí empresas del pseudoempresario Lázaro Báez y que nunca se ocupaban. Como hemos señalado reiteradamente, el código de ética pública prohíbe a un funcionario formalizar contratos con quienes son proveedores del Estado, algo que también alcanza a los beneficios que la propia familia presidencial recibe de compañías del «zar» del juego Cristóbal López, que alquilan propiedades de quien ocupa el Poder Ejecutivo Nacional.
Los secretarios privados de la Presidenta constituyen un capítulo aparte dentro de los enriquecimientos, y además llaman la atención por sus renuncias, dado que ya han dimitido siete secretarios.
El último, hace pocas semanas, fue Pablo Barreiro, quien reemplazó en 2010 al anterior secretario, Fabián Gutiérrez, acusado en una causa de enriquecimiento ilícito. Barreiro tampoco escapó a la varita mágica y en 2014 incrementó sus bienes en un 43%, y en los dos años anteriores en un 115%. Un año atrás renunció Martín Aguirres, quien partió con un incremento patrimonial del 260%. Otro secretario, Mariano Cabral, mejoró su patrimonio en un 111% el año pasado.
En el enorme batallón de funcionarios investigados por saltos patrimoniales figura también Carlos Liuzzi, subsecretario legal y técnico y mano derecha del secretario, Carlos Zannini, candidato oficialista a la vicepresidencia. Liuzzi ingresó en el Gobierno con 189.339 pesos en 2003 y en 2013 poseía 9.039.240. Además, su pareja fue intimada a rendir cuentas de su evolución patrimonial.
Últimamente, a la nómina de funcionarios investigados por incrementos del patrimonio se agregaron el ministro de Economía, Axel Kicillof, y la presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Daura, quien presuntamente no había presentado su declaración jurada y lo hizo solamente cuando se supo que el juez federal Ariel Lijo investigaba su compra de una casa en Pilar por unos 300.000 dólares. Daura no podría justificar ni remotamente su tren de vida.
Si la difusión de las declaraciones juradas constituyó en su momento un avance en materia de transparencia, las notas periodísticas y las denuncias judiciales obligaron al Gobierno a instrumentar una suerte de oscurecimiento. A las dificultades técnicas al consultar el portal de la Oficina Anticorrupción se suma el retroceso en la cantidad de información disponible para el control ciudadano en las reglamentaciones de la ley de 2013 y el hecho de que, de las 23 provincias, seis restringen el acceso público a los patrimonios de sus funcionarios y 12 no permiten ninguna consulta, según informó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Las informaciones patrimoniales de los funcionarios públicos no pueden ser objeto de retaceo u ocultamiento, y sus cifras deben ser de fácil comprensión. Tras haber logrado un pequeño avance en la materia, el retroceso ha sido enorme y no es casualidad que éste se haya producido durante la gestión de un gobierno caracterizado por múltiples casos de corrupción y enriquecimiento indebido. Se trata de un Gobierno que, además, ha hecho un culto del secreto y la mentira en materia de datos oficiales, por lo cual no debería extrañar que haga lo mismo con los datos patrimoniales.
La información sobre los bienes de los funcionarios debe ser pública y su presentación, transparente. Las modificaciones que han enturbiado esa información contribuyen aún más a alimentar las sospechas de que hay riquezas que no resisten el examen público.
La AFIP detectó que una empresa de Boudou tiene una sede falsa
Es la inmobiliaria Aspen. Su amigo íntimo y socio en esa compañía, José María Nuñez Carmona, también fue sancionado.
Por Nicolás Wiñazki.
El Vicepresidente. Amado Boudou, el miércoles pasado, en la sesión del Senado.
Una de las dos empresas declaradas como propias por el vicepresidente de la República, el licenciado en Economía Amado Boudou, está inscripta en un domicilio que la AFIP idenficó como “erróneo”.
La firma se llama Inversiones Inmobiliarias Aspen y está funcionando entonces de modo irregular. Su dirección fiscal es Corrientes 222, PB, Capital Federal.
En lenguaje popular, y no en el burocrático que utiliza la AFIP, el lugar donde debería funcionar Inversiones Inmobiliarias Aspen es “trucho”. Nadie contestó distintas notificaciones que envió allí la AFIP, y por ende lo mismo podría ocurrir si la compañía debiera ser informada de otros incumplimientos más graves.
La sociedad tiene la posibilidad de arreglar su situación, pero pasaron los primeros plazos para que lo haga y nada cambió.
Los dueños de Inversiones Inmobiliarias Aspen son Boudou y su socio y mejor amigo desde los siete años, el millonario repentino José María Núñez Carmona.
Según los registros de la AFIP, Núñez Carmona –propietario y directivo de varias otras sociedades–, también está inscripto ante el organismo recaudador con un domicilio fiscal considerado “erróneo”.
Es la calle Roca 214, en Mar del Plata, donde está ubicada una casa de dos plantas que alguna vez funcionó como centro operativo comercial del “holding” de Boudou.
A simple vista, hoy esa vivienda parece abandonada.
Los vecinos contaron a este diario que desde que la Justicia empezó a investigar al vice el lugar empezó a ser visitado, de noche y de manera veloz, por personas que llegaban manejando camionetas cuatro por cuatro y partían apuradas con cajas de cartón repletas de papeles.
La AFIP dictaminó que Roca 214 es un domicilio “erróneo” porque también se enviaron notificaciones oficiales que nunca fueron respondidas.
Boudou, actual titular del Senado, una de las cámaras del Congreso donde se dictan las leyes, ya tuvo problemas con sus domicilios “truchos” que registró ante el Estado.
En uno de sus DNI, por ejemplo, se detectó que había puesto como dirección de uno de sus supuestos hogares a un lugar en San Bernardo en el que en realidad solo hay playa y mar.
A pesar de ser la máxima autoridad de la Cámara alta, y por ende el segundo en la línea de sucesión presidencial, Boudou jamás explicó por qué anotó en uno de sus DNI que vivía en un médano.
El vice también irá a otro juicio oral más por una cuestión que tiene una variante similar a ese modus operandi.
Su ex esposa, Daniela Andriuolo, lo acusó de haberle querido “robar” un auto que ella consideraba como un bien ganancial de su matrimonio.
El vice había registrado ese vehículo como llegado a la Argentina en un año posterior al que en realidad viajó desde Japón y además, y sobre todo, lo había anotado en una dirección de una calle de Barracas en la que no hay nada: solo una pared, una esquina perdida, ninguna casa.
Las nuevas irregularidades sobre el domicilio “fantasma” de Inversiones Inmobiliarias Aspen llaman la atención por varias razones. No solo porque son una desprolijidad evidente que podría afectar a quien está siendo investigado por la Justicia por las finanzas de esas mismas firmas. Ocurre además que Inversiones Inmobiliarias Aspen, por ejemplo, renovó sus papeles oficiales ante el Estado el 7 de mayo pasado. Renovó sus autoridades, por caso: asumió como presidente Núñez Carmona y como su Directora Suplente Leticia Núñez, que prefiere obviar el segundo apellido que su hermano decidió hacer resaltar.
El socio de Boudou puso como dirección a Roca 214, pero insistió en establece como domicilio “especial” a Corrientes 222 PB, Capital.
Allí está ubicado el edificio Comega, donde funcionan oficinas de alquiler, en realidad ambientes “pantalla”.
Tanto Inversiones Inmobiliarias Aspen, como otras empresas vinculadas a Boudou y a su socio, están siendo investigadas en la causa por enriquecimiento ilícito contra el vice y Núñez Carmona, entre otros imputados, como la ex novia de Boudou, Agustina Kämpfer, sospechada de ser su testaferro. El expediente lo instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello.
En diciembre de 2013, Clarín comprobó que Boudou le ocultó a la Oficina Anticorrupción que recibía beneficios económicos de cinco empresas que nunca declaró como propias, WSM, Rock Argentina, Embarcaciones Argentinas, Beaver Cheek y Action Media.
Todas estaban vinculadas, con matices, con Roca 214, el domicilio “erróneo” de Núñez Carmona, según la AFIP.
Este diario conoció estas nuevas irregularidades en las finanzas de una empresa del ex ministro de Economía y ex titular de la ANSES que administró cientos de miles de millones de pesos estatales, gracias a documentos de acceso público.
Además de ser investigados por enriquecimiento ilícito, Boudou, su socio -y otros imputados- están a punto de ir a juicio oral en la causa Ciccone, donde se los acusa de haberse adueñado de modo ilegal de la única imprenta privada capaz de imprimir dinero, acciones y cheques, llamada Ciccone Calcográfica. En ese expediente, el vice está procesado por dos delitos de corrupción.
En su última declaración jurada, Boudou declaró como único inmueble al departamento 2 del piso 25 de la torre River View, un lugar que utilizaba para dormir un hombre al que el vice aún jura no conocer, pero que le pagaba los servicios de su casa, hablaba a diario con su mejor amigo, e incluso al que benefició con decisiones económicas que financiaron la imprenta de imprenta de billetes que él por azar siendo a la vez, justo, su inquilino. Alejandro Vandenbroele. Para la Justicia, su testaferro.
La adquisición de un departamento complica a la ex novia de Boudou
Por Nicolás Wiñazki.
Las derivaciones del Caso Ciccone. Agustina Kämpfer está imputada en la causa judicial que investiga el posible enriquecimiento ilícito del vicepresidente.
Bailando por un sueño. Agustina Kämpfer, en uno de los ensayos para el programa de Marcelo Tinelli.
La ex novia de Amado Boudou, Agustina Kämpfer, debutará esta semana en «Bailando por un Sueño», el show de entretenimientos más visto de la televisión. En varias entrevistas hizo declaraciones respecto a cómo podría enfrentar al jurado que evalúa a los participantes de esa competencia de danza. Pero es en otro tribunal en el que tiene problemas cada vez más serios. Kämpfer está imputada en la causa judicial que investiga el posible enriquecimiento ilícito del vicepresidente: se sospecha que pudo haber sido «testaferro» de su ex pareja. Ese expediente acumuló nuevas pruebas que podrían complicar la situación procesal de la flamante bailarina del programa que conduce Marcelo Tinelli.
Según pudo saber Clarín en base a fuentes del caso, la Justicia detectó irregularidades impositivas en un préstamo de 90 mil dólares que Kämpfer dice haber recibido de parte de un hermano de Boudou para poder comprar un departamento. Ella habría puesto 30 mil dólares más que tenía ahorrados para completar la operación inmobiliaria. Pero todo está bajo análisis judicial.
Los investigadores pudieron saber de forma oficial que al menos 50 mil dólares de los 90 mil que Sebastián Boudou le habría prestado a Kämpfer nunca estuvieron declarados ante la AFIP. El juez que instruye la causa por del posible enriquecimiento de Boudou es Ariel Lijo.
Además de Kämpfer, en ese expediente, entre otros, están imputados los padres del vice, Amado Rubén Boudou y Azul Sapin Costa Álvarez; su socio y mejor amigo, el millonario repentino José María Núñez Carmona; sus hermanos Juan Bautista y Sebastián; y el ex titular de la imprenta Ciccone Calcográfica, Alejandro Vandenbroele.
La Justicia quiere saber si el vicepresidente usó a su familia, su novia y a algunos de sus amigos para intentar esconder fondos que no habría declarado ante el Estado en calidad de funcionario.
En el caso de Kämpfer, sus bienes bajo análisis son los que Boudou detalló en un escrito que ella tenía cuando era su «cónyugue». Además del departamento de la polémica, el vice dijo ante Lijo que en 2011 su novia era dueña de una moto Harley Davidson; que tenía 109 mil pesos y que era accionista de la revista «Minga!». ¿Cómo hizo una periodista como Kämpfer, según ella, un «bicho de redacción», para ser propietaria de parte de una publicación como «Minga!», de distribución gratuita? Eso se preguntan en la Justicia.
Los investigadores del caso ya detectaron incongruencias en la operación financiera con la que los Boudou ayudaron a Kämpfer a comprar su departamento en Palermo. Clarín supo por fuentes judiciales que quienes estudian esa maniobra ahora buscan determinar el verdadero origen de esos fondos ¿Eran realmente ahorros de Sebastián Boudou que nunca declaró al fisco? ¿O se podría tratar de dinero obtenido de forma ilegal por el vicepresidente? ¿Pudo Boudou justificar cómo fue que Kämpfer obtuvo la plata que le faltaba para comprarse una casa de 120 mil dólares si tenía ahorrados solo 30 mil utilizando a su hermano menor?
Según supo Clarín, Sebastián Boudou vive hoy en Italia. Los registros públicos muestran que la AFIP lo dio de baja debido a distintos incumplimientos. El propio vice le dio a entender a la Justicia que fue él quien le consiguió trabajo en los últimos años en la Argentina: lo empleó en la ANSES. Amado Boudou dijo que Sebastián consiguió los 90 mil dólares que le prestó a Kämpfer porque vendió un departamento que tenía en el norte del conurbano.
En un plazo aun indeterminado, Kämpfer deberá declarar como imputada ante Lijo. No será lo mismo que enfrentar al jurado de «Bailando por un Sueño».
Miguelito, argentino, de mediana edad, en su primera visita a Amsterdam, visita la zona roja y entra en un gran burdel.
La matrona lo invita a tomar asiento y le envía una muchacha joven para que lo entretenga. Se sientan, juguetean un ratito, se ríen un poquito; beben otro poquito, y ella se sienta en el regazo del turista.
Él le dice algo al oído y.. ella se sorprende, niega con la cabeza y sale corriendo!
Viendo esto, la matrona le envía a una chica más experimentada para entretenerlo. Se sientan, juguetean un ratito, se ríen un poquito; beben otro poquito, y finalmente ella se sienta en el regazo del turista.
Él le dice algo al oído y ella dice «¡NO!» y sale caminando rápidamente.
La matrona está sorprendida:
– ¿Cómo es posible que este hombre del montón haya pedido algo tan extraño?, ¿cómo es posible que dos de sus chicas no quieran saber nada con él?
Decide que sólo logrará algo la más experimentada: Lola. Lola nunca ha dicho que no, y no hay nada -pero nada!- que la sorprenda.
Entonces la envía con el caballero de marras. Se sientan, juguetean un ratito, se ríen un poquito; beben otro poquito, y ella se sienta en el regazo del turista.
El le dice algo al oído y ella grita:
– «¡DE NINGUNA MANERA!«, le pega un sonoro bofetazo, da media vuelta y se va.
La matrona está ahora absolutamente intrigada: jamás ha visto algo similar en todos sus años administrando burdeles.
Si bien hace mucho que no hace el trabajo está segura de que ha dicho «sí» a todas las cosas que un hombre puede pedir.
Debe averiguar qué ha pedido este hombre que ha hecho enojar a las chicas.
Se acerca y le dice al hombre que ella es lo mejor de la casa y está disponible. Se sienta y conversan. Juguetean, ríen, beben y después ella se sienta en el regazo de él.
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Él, entonces, se inclina sobre ella y le susurra al oído: – «…¿Puedo pagar con pesos argentinos?«
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Humor negro
Rayuela hacia el más allá, en una azotea de Barcelona, España.
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El humor negro es un tipo de humor que se ejerce a propósito de cosas que suscitarían, contempladas desde otra perspectiva, piedad, terror, lástima o emociones parecidas. Cuestiona situaciones sociales que generalmente son serias mediante la sátira. El asunto más recurrente en el humor negro es la muerte y todo lo que está relacionado con ella. Atañe los temas más oscuros y dolorosos para el ser humano y que, por norma general, suelen resultar controvertidos y polémicos para la sociedad porque están relacionados con la moral. Algunos ejemplos pueden ser: las grandes tragedias, las normas sociales, la sexualidad, los asesinatos, el suicidio, las enfermedades, la pobreza, la locura, el terrorismo, el racismo, la drogadicción, la violación, las discapacidades, la guerra, la religión, la política, la discriminación, etc., pero representados en forma cómica. Este tipo de humor puede ser infantil (en algunas peliculas o la mayoría en las caricaturas), juvenil y adulto.
En la vida real
El humor negro aplicado a uno mismo en una situación desesperada es como «Humor de patíbulo» (traducción del inglés Gallows humor).
Un ejemplo famoso es el de Pedro Muñoz Seca ante el pelotón de fusilamiento en la Guerra Civil Española: «Podéis quitarme la hacienda, mis tierras, mi riqueza, incluso podéis quitarme a mi mujer, como vais a hacer, la vida, pero hay una cosa que no me podéis quitar… y es el miedo que tengo».
Por Silvia Mercado.La disputa con el Poder Judicial se volvió una obsesión en la Casa Rosada. «Nadie puede terminar preso», aseguran sus funcionarios. Inquietud en Comodoro Py por la seguridad de jueces, fiscales y asistentes
– «¿Se puede gobernar pensando todo el tiempo que vas a ir preso?», se pregunta un funcionario de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
– «No sé, dígamelo usted», propone Infobae.
– «No, no se puede.Nadie gobierna hoy en la Argentina. Solo hay decisiones para ganar tiempo. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que hacer pie y asegurarnos una salida por la puerta de adelante. Nadie puede terminar preso. Sobre todo la Jefa no puede terminar presa. Estamos obligados a defendernos. Estamos obligados a defenderla».
Frío, pragmático, descarnado, lo que este peronista de trayectoria en la gestión plantea es un asunto que obsesiona al poder y no de ahora, la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es terminar entre rejas. Según esta visión, la obsesión por manejar la Justicia, nombrar jueces, controlar sus vidas e intervenir en sus decisiones tienen ese trasfondo, garantizar que el ejercicio del Poder Ejecutivo no sea la escala inevitable a la cárcel.
Esto que a los simples mortales les suena parecido al incumplimiento de sus deberes para garantizarse la impunidad, para el funcionario se trata de «un problema estructural del ejercicio del poder en nuestro país», a saber: «Si los presidentes creen que pueden ir presos cuando abandonen el poder, a) no querrán abandonarlo jamás, b) querrán tener un poder judicial propio, c) cuando su ciclo esté terminado van a tener como prioridad cubrirse las espaldas, no gobernar».
Dicho así, parece razonable la pesadumbre que se vive en Comodoro Py, donde «ya no se discuten expedientes, sino qué esquema de seguridad organizaste con tu familia y con qué armas estás preparado para cuando vengan a atacarte», según lo relata una experta en esos pasillos. En efecto, en los tribunales más calientes, donde se ventilan causas contra los ministros Héctor Timerman, Julio De Vido, Julio Alak, el jefe de las Fuerzas Armadas, César Milani, los dirigentes camporistas Mariano Recalde y Andrés Larroque, más la Presidente, sus dos hijos y el Vicepresidente, entre decenas de investigados, el ánimo está por el piso. Las presiones sobre los jueces, secretarios de juzgado, incluso secretarios de despacho se incrementaron en los últimos días.Después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, amenazas por debajo de la puerta, mensajes a través de conocidos, sospechosos robos en hogares de asistentes en causas que generan preocupación en el Gobierno.
Inquietan en Comodoro Py las últimas amenazas y los sospechosos robos a las casas de algunos asistentes
La pregunta, entonces, es si la muerte del fiscal que estaba convencido de que Cristina Fernández de Kirchner era responsable de encubrir a los prófugos iraníes acusados del atentado contra la mutual de la AMIA, además de tener como objetivo poner término a su investigación, tiene como beneficio de inventario su utilización como un instrumento de domesticación del Poder Judicial, luego de que los viejos encargados (Stiuso, Fernández y compañía) fracasaran. «Hay una nueva ofensiva, no lo dudamos, las presiones recrudecieron y en sus declaraciones públicas, desde la Presidente para abajo, nos tiran de todos lados. Nosotros no tenemos mucho para defendernos, ni siquiera hay seguridad para el ingreso a este edificio, donde entra cualquiera», dice la fuente, notoriamente preocupada.
En ese contexto, no sorprendió en Tribunales que el juez Claudio Bonadio no haya convocado todavía a Máximo Kirchner a testimoniar en la causa sobre supuesto lavado de dinero de la empresa Hotesur S.A., propietaria y administradora del hotel Alto Calafate, de la que es dueño por ser parte heredera de la sucesión Néstor Kirchner y también, aparentemente, por ser el poseedor de un 2 por ciento de las acciones originales. Una fuente del gobierno nacional asegura, además, que el hijo de la Presidente está en la mira por haber firmado 1.800 cheques y varios balances como responsable de la compañía.
Alto Calafate fue una compra realizada en el 2008 por Osvaldo Sanfelice que actuó a cuenta y orden de terceros. El propio Néstor Kirchner resultó ser «el tercero» en cuestión, ya que llegó a aceptar que los dos millones de dólares que adquirió en octubre de 2008 en medio del estallido de la crisis financiera internacional fueron a parar a la operación de ese hotel 5 estrellas. Aunque los expertos aseguran que tiene que haber salido bastante más que eso, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández se vio obligado a confirmar la adquisición que había denunciado Martín Redrado en el marco de su disputa con el Gobierno por su salida forzada al frente del Banco Central.
Cerca de Bonadio aseguran que «nunca habló de citarlo a Máximo» y que si bien parece que hay operaciones de Lavado de Dinero de la corrupción, un delito habitual en los Estados Unidos de la década del 60, cuando la mafia usaba hoteles, casinos y lavaderos de auto para hacer ingresar al circuito legal de transacciones financieras grandes volúmenes de dinero nacido del contrabando, las extorsiones y el narcotráfico, «aún no está probado». La fuente explicó que «no sólo hay que probar que empresas de Lázaro Báez hayan contratado habitaciones que nunca usaron para ocultar corrupción, sino también el delito preexistente, lo que obligaría a ese lavado, algo que no parece demasiado sencillo».
Existe en el poder la convicción de que gobernar hoy en la Argentina es terminar entre rejas
Para quienes lo conocen, Bonadio está ganando tiempo y sumando masa crítica. De hecho, ya tiene en su poder las declaraciones juradas de toda la familia Kirchner y también el expediente de la sucesión Néstor Kirchner. Puede analizar esa documentación sin correr y compararla con la información que ya obtuvo de los allanamientos de Hotesur, la IGJ y Alto Calafate, o repentinamente convocar al hijo de la Presidente. A juzgar por algunos comentarios que hizo trascender («no sé por qué dicen que la citación a Máximo es inminente»), quiere ir despacio. Por las dudas, La Cámpora tiene organizado una acto de desagravio a su jefe, en caso de que sea citado a la Justicia.
Como sea, el dilema de un Ejecutivo «sometido» al desgaste del ejercicio del poder es un asunto que desvela a muchos sectores del partido gobernante, que por estos días insisten en fundamentarlo, para explicarse. Es una teoría que parte del supuesto de que en la guerra interna que caracteriza a la historia argentina, gobernar es también garantizarse una justicia adicta, para evitar que los Tribunales se transformen en una carrera de obstáculos del que gobierna.
Otros kirchneristas van todavía más allá. Cuestionan la existencia misma de que el Estado esté dividido en tres poderes independientes entre sí, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que funcionan como un sistema de controles y contrapesos para proteger al individuo frente al despotismo, tal como lo definió en el siglo XVIII el Barón de Montesquieu. Lo que existe es el líder carismático, las movilizaciones y los actos masivos para aclamarlo, los medios de comunicación deben reproducir ese estado de éxtasis entre el líder y la masa y los poderes Legislativo y Judicial interpretar fielmente a la cabeza del Poder Ejecutivo. De eso se trata un gobierno popular.
Por supuesto que nunca lo dicen abiertamente, jamás se animan a criticar en cámara el «pluralismo» en las ideas o el «sistema republicano», base de nuestra democracia. No se cuestionan los intentos por imponer un partido único para realizar los deseos de un pueblo al que no dejan hablar, porque suponen que ese líder lo representa cabalmente. Ni critican la moral de sus jefes multimillonarios. Que algunos ex presidentes jamás hubieran sido acosados por la Justicia, como Arturo Illia o Raúl Alfonsín tampoco los interpela. Lo verdaderamente bueno para ellos es controlarlo todo. Como si las sociedades no fueran cada vez más diversas, más abiertas. Como si no fuera posible que más controles, más persecución, generan, naturalmente, más y más rebeldías.
Tras protagonizar una serie de escándalos, el responsable de la lucha contra el lavado de dinero deberá rendir cuentas ante la Justicia.
Los más que sospechosos servicios que José Sbattella prestó al Gobierno como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano encargado de combatir el lavado de dinero, finalmente le han valido el primer llamado a prestar declaración indagatoria en una de las causas en las que se lo investiga.
Se trata de un sumario a cargo del juez federal Luis Rodríguez en el que se analiza si el titular de la UIF violó el secreto que impone la ley de creación del organismo al exponer en un comunicado y en entrevistas con diferentes medios de prensa detalles de las investigaciones que realiza la UIF. La denuncia la habían efectuado las empresas perjudicadas, entre las cuales se encuentran joyerías, entidades financieras y el Grupo Clarín.
Pero no es la única investigación a la que está sometido Sbattella, un hombre que puso a la UIF al servicio de las necesidades judiciales y políticas del kirchnerismo, desvirtuando su razón de ser: el combate del blanqueo de activos provenientes de actividades ilegales.
Sbattella también se encuentra comprometido en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio por haber retenido, desde 2008 hasta diciembre del año pasado, documentos que estaba obligado a enviar a la Justicia. En esa documentación figuran millonarias transferencias de características sospechosas efectuadas por compañías relacionadas con el pseudoempresario kirchnerista Lázaro Báez por un total de 180 millones de pesos.
Paralelamente, Báez es objeto de varias investigaciones y deberá prestar declaración indagatoria el mes próximo por presunto lavado de dinero.
En su momento, Sbattella llegó al extremo de salir públicamente defensa de Báez y sus operaciones sospechosas cuando afirmó, como si se tratara de su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».
Otra causa que tiene en la mira a Sbattella es la que investiga a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender por posibles negociados con fondos públicos destinados a viviendas sociales que construía o debía construir la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de Hebe de Bonafini.
Luego de que LA NACION revelara en 2012 que Sbattella había desplazado en la UIF a importantes y experimentados especialistas en lavado de dinero para reemplazarlos por familiares y allegados suyos y por militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación que también pesa sobre el funcionario. Le imputó no investigar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y nombramientos irregulares de personas que no estaban en condiciones de cubrir cargos en la UIF.
La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) afirmó que durante su nefasta gestión al mando de la UIF crecieron el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción, «ilícitos precedentes del lavado de dinero». Ocaña agregó que el titular de la UIF «está acusado de proteger a diversos funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno nacional».
Sbattella cuestionó a LA NACION por dos opiniones críticas sobre su gestión y por otros artículos periodísticos. «Estuvieron continuamente diciendo que éramos inexpertos, que lo que se hacía ahí estaba sesgado políticamente y que nos dedicábamos a perseguir a la oposición, y que, de alguna manera, esto invalidaba lo que se estaba haciendo», señaló el titular de la UIF. Los hechos confirman que esto era totalmente cierto.
El combate del lavado de dinero nunca fue una prioridad para las distintas administraciones del kirchnerismo. Es más: el Gobierno impulsó dos blanqueos, en 2008 y 2013, que constituyeron invitaciones abiertas al blanqueo y que atentan directamente contra su combate. Y fue bajo el comando de Sbattella que la UIF pasó a convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo para proteger a sus funcionarios y a personajes allegados reteniendo pruebas que los comprometían y no realizando o demorando las investigaciones que por ley está obligado a efectuar ese organismo.
Hace pocos días, la UIF presentó reportes de operaciones sospechosas contra el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Stiuso, separado de su cargo a fines del año último, tras haber sido un hombre íntimamente ligado al gobierno kirchnerista. Por lo visto, la conducción de la UIF y la fiscalía antilavado esperaron a que la relación de Stiuso con el Poder Ejecutivo pasara del amor al odio para aportar elementos por los que había sido denunciado bastante tiempo antes por el legislador porteño Gustavo Vera.
La persecución de figuras y empresas que han cuestionado al kirchnerismo ha sido otro de los nefastos aspectos que caracterizaron la triste labor de Sbattella.
En forma paralela, y mientras el narcotráfico crece sin freno en la Argentina, la UIF, tras perder especialistas en lavado de dinero, siguió desatendiendo su obligación, lográndose así bajo el kirchnerismo las dos condiciones ideales para el incremento del mortal negocio de la droga: extrema laxitud en el combate del narcotráfico y de la reinversión del dinero que produce ese delito.
Salta a la vista que la función del titular de la UIF ha sido impedir que ésta se constituyera en una eficaz herramienta contra el lavado, al tiempo que se ha ido transformando en un instrumento clave en el otorgamiento de impunidad para unos y de persecución para quienes no comulgan con las ideas de quienes gobiernan.
En unas pocas horas, la Justicia le confirmó al Gobierno las dos peores y más temidas noticias que podía esperar en el comienzo del año: ratificó el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone y decidió que el juez Claudio Bonadio, un hombre impermeable al kirchnerismo, seguirá al frente de la investigación de Hotesur, una sociedad de la Presidenta.
¿Qué significan ambas medidas? Al menos, tienen cinco implicancias bien concretas. La primera y más visible es que el Gobierno, Cristina Kirchner y su vice Amado Boudou están en serios problemas judiciales.
La Presidenta y su hijo Máximo están en el centro de la pesquisa de Hotesur, y su vice ya tiene un procesamiento confirmado por un tribunal de segunda instancia, lo que lo empuja mucho más cerca de un juicio oral. Y si los problemas aquejan a la cúpula del poder, nadie puede sentirse a salvo.
La segunda implicancia: en ambos casos, lo que investiga la Justicia no son asuntos privados de los funcionarios ni tampoco le cuestiona medidas de gobierno. Por el contrario, ambas causas ponen la lupa sobre irregularidades en los negocios de los dos más altos funcionarios del país.
En efecto, en el caso de Hotesur, Bonadio lleva adelante una pesquisa por presunto lavado de dinero que involucra a una sociedad que la mandataria reconoció como propia, y que operaba con Lázaro Báez. Alguna vez el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que ambos tenían «relaciones comerciales». Bonadio parece sospechar que había algo más.
Y en cuanto a Boudou, el tribunal confirmó que el vice manejó todos los hilos del negocio para quedarse con la máquina de hacer billetes y, luego, asegurarse negocios públicos con su nueva empresa.
Desde este punto de vista, la decisión que tomó la Cámara Federal en el caso Ciccone sobre Boudou es infinitamente más grave que el juicio oral al que estará sometido, ante el Tribunal Oral Federal N° 1, por haber falsificado documentos del auto Honda para engañar a su ex esposa.
La tercera lectura: ningún juez expondrá su cabeza por salvar a un gobierno que se deteriora.
En efecto, hasta mediados del año pasado, el Poder Ejecutivo siempre había logrado mover algunas piezas que le podían garantizar cierto respiro. Y, precisamente, en varias oportunidades, la Sala I de la Cámara Federal había sido uno de esos resortes para permear esas sugerencias.
Otros tribunales, como la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, ya habían comenzado a tomar distancia con anterioridad y el Gobierno nunca hizo pie en la Cámara Federal Civil y Comercial. Pero en la justicia penal, algunos jueces y fiscales todavía estaban dispuestos, por lo menos, a evaluar los argumentos oficiales.
Hubo algunos factores, sin embargo, que cambiaron ese escenario. En efecto, las duras críticas de la Presidenta sobre los jueces; los errores estratégicos que comete la procuradora general Alejandra Gils Carbó con el manoseo de los fiscales, y los cambios de operadores dentro de la SIDE le sacaron al Gobierno eficacia en la Justicia.
La cuarta consecuencia: la fuerza de ambas decisiones, que impactan en el corazón del poder, es la notificación fehaciente de que el Gobierno tendrá en la Justicia, en 2015, un año muy complicado.
Quinta lectura: la Cámara Federal venía estudiando ambas decisiones con detenimiento desde hacía muchas semanas. Y en el caso Ciccone, ya el año pasado el tribunal estaba dispuesto a confirmar el procesamiento de Boudou.
Pero la muerte del fiscal Alberto Nisman, la rebelión de los fiscales y la marcha del 18-F le sumaron a un escenario ya agrietado nuevos abismos que, ahora, parecen insalvables.
Claudio Bonadio. Juez Federal
La Cámara Federal respaldó la investigación del juez Claudio Bonadio sobre anomalías en Hotesur. Hace dos semanas había recibido una carta amenazante en su despacho.
Cuando llegó al poder, su patrimonio era 350.000 pesos fuertes; en 1930 con la revolución de Uriburu se encontró con deudas por 65.000 pesos, motivo por el cual, le remataron su casa en calle Gorostiaga.
