YPF le vendió a GE el 24,99% de su unidad eléctrica por USD 276 millones
La petrolera informó a la Bolsa de Comercio el cierre del acuerdo con el conglomerado estadounidense, que además hará un pago contingente de USD 35 millones.
YPF incursionó en el negocio de la generación eléctrica a partir de 2013.
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La petrolera argentina YPF informó este miércoles que cerró un acuerdo para vender el 24,99% de su subsidiaria Energía Eléctrica al conglomerado estadounidense General Electric (GE) por 276 millones de dólares.
GE hará también un pago contingente de 35 millones de dólares, con fecha de cierre el 28 de febrero, según un comunicado enviado por YPF a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
YPF dijo que se encuentra en negociaciones avanzadas con un potencial tercer socioa efectos de otorgarle una opción para que suscriba un 24,5% adicional de las acciones de su subsidiaria Energía Eléctrica en términos similares a los acordados con GE.
YPF Energía Eléctrica, que cuenta con una capacidad de generación de 1.687 Mw, tiene proyectos en construcción por 485 Mw adicionales y se encuentra evaluando distintos proyectos con una inversión total de unos USD 1.300 millones, informó Reuters.
La «golfista más sexy del mundo» asegura que sufre bullying y posó para Sports Illustrated
Paige Spiranac, de 24 años, rompió en llanto al confesar que sufrió mucho por las críticas y ataques que recibe en las redes sociales.
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En una sensual producción de fotos, la golfista estadounidense Paige Spiranac no pudo evitar el llanto al recordar su sufrimiento por el bullying recibido en las redes sociales. La deportista de 24 años, actualmente considerada «la golfista más sexy del mundo», confesó su calvario al participar del primer Sports Illustrated Swimsuit Edition del 2018.
«Esta sesión de fotos se sintió como si fuera para mí, tenía que ser. Era el momento adecuado, el lugar correcto, el momento correcto en mi vida con todo lo que he pasado. Finalmente recuperé lo que es mío. Recuperé mi cuerpo, mi sensualidad y fue como, ‘¿ustedes me quieren ver sexy? voy a mostrarles lo sexy que soy y voy a hacerlo a mi manera’«, dijo Paige tras protagonizar la primera edición del año.
Luego utilizó su cuenta de Instagram para escribir una emotiva reseña sobre lo que significó para ella participar de una producción tan osada.
«¡Fue un secreto tan difícil de guardar! ¡Pero estoy tan honrada de ser incluida en el #SISwim 2018! Esta producción es sobre el amor propio, el empoderamiento de las mujeres, la positividad corporal y el estímulo a todos para que sean amables. Las mujeres enfrentan tanta presión cada día. Mirar, actuar y hablar de cierta manera, y es tan difícil tratar de descubrir qué es lo que «puede» y «debería» ser», apuntó Spiranac.
Paige Spiranac hizo una producción sensual para Sports Illustrated.
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Paige Spiranac es muy criticada en las redes sociales por su belleza.
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Paige Spiranac, de 24 años, es jugadora profesional de golf y tiene muchos seguidores.
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«¡Me ha tomado mucho tiempo, pero estoy orgullosa de mi cuerpo! ¡Estoy orgullosa de quién soy! ¡Estoy orgullosa de poder ser fuerte, inteligente y sexy! No dejen que nadie les diga que no son perfectas tal como son», agregó la famosa golfista.
Paige Spiranac se mostró muy sensual en su para Sports Illustrated.
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El futuro es hoy: el mundo turístico se asoma a la inteligencia artificial
Habitaciones inteligentes, apps que conocen de antemano lo que el cliente quiere, recorridos virtuales de los sitios que se quieren visitar… las nuevas tecnologías están tomando el sector turístico, que espera aprovechar la mina de oro de los datos personales.
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Una habitación de hotel personalizada de forma automática según los gustos del cliente, apps que permiten elegir de antemano la temperatura y la luz de los cuartos, así como a Picasso o Van Gogh en las pantallas digitales de las paredes, un espejo de reconocimiento facial en lugar de un recepcionista, anteojos de realidad virtual en reemplazo de folletos, valijas-robot… las nuevas tecnologías están tomando el sector turístico, que espera aprovechar la mina de oro de los datos personales.
“Incluso la cerradura es inteligente. Se abre y se cierre con la aplicación Whatsapp del teléfono del cliente”, explicaba Carlos Méndez, responsable de innovación en la consultora tecnológica francesa Altran, que presentó su prototipo esta semana en el salón internacional de turismo “Fitur”, que se celebra en Madrid.
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Si bien algunos hoteles proponen versiones más básicas, dicha habitación, destinada a los hoteles de lujo, integra los últimos avances en materia de reconocimiento de voz. De esta forma, el cliente puede pedir una pizza en 40 idiomas. El colchón, equipado de captores, registra todos los movimientos del huésped, lo que permite al dueño del establecimiento ofrecerle café si ve que no ha dormido bien.
Más allá del aspecto tecnológico, la inteligencia artificial promete un conocimiento extremadamente íntimo del cliente. “La tecnología nos va a permitir conocer las necesidades del cliente antes de que el cliente sepa que tiene esas necesidades“, augura Álvaro Carrillo de Albornoz, director del Instituto Tecnológico Hotelero. Un conocimiento forjado gracias a los datos personales facilitados en el momento de reservar en internet, pero también una vez el cliente en el hotel. Y todo ello por obra y gracia de la tecnología “beacon” -más o menos autorizada según los países-, un dispositivo que permite detectar el emplazamiento de los teléfonos inteligentes en el hotel o en la ciudad.
Un mundo de algoritmos
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Alimentados por estos datos, los algoritmos de la inteligencia artificial perfilan las costumbres y preferencias del cliente, para fidelizarlo ofreciéndole un recibimiento a medida, o bien venderle productos adicionales. Si el algoritmo “sabe que cuando vienes con tu mujer al hotel no sueles cenar en el restaurante porque pides room-service (servicio a la habitación), te dicen que en ese momento hay menú especial en la habitación con botella de champán. En cambio, si vienes con niños, te intentarán dar una oferta con menú para niños en el restaurante del hotel“, explica Carrillo de Albornoz.
Aparte, estas herramientas tecnológicas pueden ayudar a mejorar el rendimiento del hotel. “Se puede automatizar perfectamente todas las compras. Por ejemplo, cuando (el hotel) tiene una llegada masiva de ingleses, va a tener que comprar más bacon (tocino)”, explica Rodrigo Martínez, director de la asesoría Hotel Servicers.
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Los fabricantes del artilugio más de moda, las gafas de realidad virtual (RV), también buscan entrar en el sector turístico. De momento “estamos en una fase totalmente pionera. Mostramos la realidad virtual, la gente dice ‘oh qué maravilla’, pero a la hora de contratar, no compra. No está en las prioridades de su presupuesto de marketing”, expone Marcial Correal, presidente de la Sociedad española de agencias de viaje con realidad virtual, que promociona esta herramienta.
La cadena hotelera Palladium, con sede en las islas Baleares, se lanzó en la aventura. Sus agentes comerciales ya no van con folletos para presentar sus establecimientos a las agencias de viaje, sino que trabajan con lentes de realidad virtual. Para cada hotel hay videos disponibles, en los que se pueden “visitar” las habitaciones, las piscinas y los restaurantes. “Es mucho mas difÍcil engañar con anteojos de realidad virtual”, dice César Urbina, de la agencia de realidad virtual “Iralta”. Los anteojos están disponibles a precios accesibles, entre 50 y 600 euros, aunque los videos producidos a medida pueden costar de 2.000 a 150.000 euros.
Según el Banco Mundial, la relación exportaciones/PBI en Argentina hoy es parecida a la de 1985 (12%, entre bienes y servicios), mientras que en Latinoamérica el ratio creció desde 16% a 21%, y en el mundo de 18% a 28%). Las exportaciones argentinas de 2017 equivalen a las de 2005 a precios de aquella época. La debilidad de las exportaciones puede atribuirse a 4 factores.
El primero es el entorno macroeconómico. La actual administración puso en marcha esfuerzos por normalizarlo, pero hasta que el proceso madure hay que trabajar con la actual tasa de inflación, la puja entre dólares financieros y tipo de cambio real, la tasa de interés y el entorno regulatorio (aún congestionado).
El segundo es mesoeconómico: hay aún disfunciones en infraestructura, en procesos de formación de recursos humanos y en vínculos con factores de poder.
El tercero es internacional. Por un lado Brasil, nuestro principal cliente, apenas despega de su crisis. Por el otro, la Argentina paga aún altos costos de ingreso en numerosos mercados por no contar con un buen número de acuerdos para reducciones arancelarias, armonización no arancelaria y fluidización de flujos comerciales. El Gobierno tiene en marcha varias negociaciones, pero aún no han finalizado. Pero además existe una dificultad general para “elegir clientes”, ya que no se logra ingresar exitosamente a numerosos mercados altamente importadores (entre los principales destinos de las exportaciones argentinas hay solo 6 de los 25 mayores importadores mundiales).
Por dar un ejemplo: además de las grandes economías del mundo, en el lote de 20 mayores importadores mundiales están Corea del Sur, Hong Kong, México, Singapur, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, y esos mercados no son bien aprovechados.
El cuarto motivo es estructural. Una buena cantidad de empresas argentinas no ha logrado aún desarrollar atributos competitivos adecuados para actuar en mercados del siglo XXI. El comercio mundial ya no es un escenario de relaciones esporádicas (spot) de compra y venta, sino que se ha convertido en un conjunto de relaciones sistémicas entre empresas que actúan como socias desde diversos países, especializándose cada una en una parte de algún proceso productivo e integrándose en relaciones regulares en las que se comportan como aliados más que como clientes/proveedores (por eso hoy los productos son multinacionales).
Las empresas exitosas logran 5 atributos críticos. El primero es lo que John Kay llama “arquitectura” (relaciones sistémicas que permiten actuar en vínculos de trato sucesivo en los que invierten, investigan, planifican y comercian en conjunto a través de las fronteras). El segundo es el desarrollo de conocimiento e innovación en los procesos de producción o comercialización (P. Sullivan lo define como “capital intelectual”). El tercero es el desarrollo de instrumentos que crean reputación. El cuarto es la habilidad de administrar ambientes diferentes (culturas, regulaciones, mercados). Y el quinto es tener una estrategia adecuada (como enseña R. Kaufman, haber planificado y elegir con inteligencia mercados, socios, instrumentos, metas).
La actividad productiva internacional se basa hoy más en empresas que en países: se publicó en un blog del BM que de las 100 principales economías del mundo, 69 son empresas y 31 son Estados nacionales. El “capital organizacional” (empresas con capacidad de inserción internacional) es un elemento crítico. México cuenta con 34.000 empresas exportadoras; Brasil, con 19.000 y la Argentina con unas 9.000. Son argentinas apenas 7 de las 100 principales “multilatinas” (31 son brasileñas, 26 mexicanas y 19 chilenas). Nuestro país acoge un stock de inversión extranjera directa de unos US$90.000 millones, que es el menor con relación al PBI de la región. Y a la vez ha emitido inversión externa por menos de 40.000 millones, un tercio de lo que invirtió Chile y un quinto de Brasil.
Por ello, más empresas insertas en procesos sistémicos internacionales es un requisito. Rita Gunter McGrath (Universidad de Columbia), en su obra “El fin de la ventaja competitiva”, asevera que más que lograr una oferta basada en “valor agregado” en los productos, las empresas deben lograr la capacidad de ir saltando virtuosamente de modo permanente de producto en producto, de etapa en etapa, de ola de innovación en ola de innovación.
Un producto ya no hace la diferencia, sino que la hace la capacidad de la empresa de entender la nueva etapa tecnológica. Ahora no se exportan productos: se internacionalizan empresas. Integrarse en redes de valor transfronterizas es una virtud de la hora. Trabajar para tener más empresas adaptadas a las nuevas fases de la competitividad global es una labor pendiente.
La tendencia a la concentración en la economía es inexorable
Por Jorge Castro.
Las corporaciones globales —que son las 88.000 que constituyen el sistema integrado transnacional de producción— triplicaron sus ganancias en términos reales entre 1980 y 2013 (de 7,6% a 10% del PBI mundial), y sus ingresos netos se multiplicaron por 5 en ese periodo.
A su vez, las compañías transnacionales de los países avanzados —el 44% es estadounidense— se han apoderado de más de 2/3 del total de las ganancias globales.
Este periodo ha coincidido con la emergencia del proceso de globalización, que es la extensión al mundo emergente de la acumulación capitalista avanzada, cruzada con la revolución tecnológica del procesamiento de la información, que ha posibilitado el surgimiento del sistema integrado transnacional de producción, constituido por las empresas transnacionales.
El resultado ha sido el vuelco del centro de gravedad del sistema desde la industria pesada a los sectores intensivos en conocimiento, en que las patentes, el software, la investigación y el desarrollo (R&D), todo lo referido a las ideas y los descubrimientos, son lo decisivo.
A partir de 2001, los sectores idea-intensivos se han transformado en las plataformas globales de hipercomputación, que son la infraestructura de lo más avanzado del sistema y que canalizan la nueva revolución industrial, cuyo epicentro es la “nube” o cloud computing.
Amazon/AWS, eje de la “nube”, abarca más de 44% de la plataforma global de hipercomputación, y crece 15%/30% por año, con costos marginales que tienden a cero.
A impulso de la vanguardia, que es AWS, se generaliza la tendencia a la concentración de la economía mundial en todos los planos; y la dimensión gigantismo/concentración se transforma en una función del auge extraordinario de la competencia mundial.
La característica de esta nueva etapa es que los ingresos globales se multiplican cada vez más —serían US$185 billones en 2025—, pero las ganancias netas disminuyen aceleradamente (alcanzarían US$8,6 billones), con una tasa de retorno de 1% por año, o menos.
Esto exacerba la competencia en el sistema mundial, y eleva por lo tanto el nivel de concentración, mientras impulsa cada vez más el cambio tecnológico, todo en una sola ecuación cada vez más integrada.
La tendencia es nítida. La punta de lanza de la economía mundial son ahora cinco plataformas norteamericanas (Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook) y dos chinas (Alibaba y Tencent), que crecen 15%/30%/40% por año, y están solo en la fase inicial de su expansión.
La concentración se manifiesta ahora en forma de red, no solo vertical. Alibaba y Tencent realizaron 32 y 40 fusiones y adquisiciones, respectivamente, en 2017; Monsanto compró más de 30 compañías en la década pasada; Oracle más de 80; y Google una cifra superior a 120.
La tendencia a la concentración no significa en modo alguno una disminución del número de actores en la economía mundial. Todo lo contrario. Las 7 plataformas de supercomputación se han transformado en generadoras intensivas de nuevas compañías de alta tecnología, que crecen más de 30% por año.
Estas nuevas empresas son el principal instrumento de “destrucción creadora” del capitalismo del siglo XXI, y canalizan la nueva revolución industrial. Hoy hay el doble de empresas transnacionales que en 1991, y más del 80% de ese crecimiento ocurrió después de 2001.
Las fusiones y adquisiciones (M&A) son el principal instrumento de la concentración. Hubo 11.500 en 1990, y treparon a más 30.000 en 2008, y luego, entre 2008 y 2014, crecieron 47% por año. Las transnacionales emergentes (60% chinas) realizaron el 10% de las M&A en 2008 y superaron el 35% en 2016.
El movimiento de fondo en la economía mundial en los próximos 10/15 años es la dupla concentración/proliferación de nuevas empresas. La concentración no es sinónimo de monopolio sino de gigantismo, en un mundo los protagonistas se multiplican: las nuevas compañías aumentaron dos millones por año a partir de 2010.
El incremento de la productividad en el capitalismo avanzado es una función de la integración del sistema, sumada a la multiplicación del número de actores.
Esto permite pensar que el nivel de incremento de la productividad de los próximos 10/15 años será cualitativamente superior a cualquier otra fase del desarrollo capitalista hasta ahora alcanzada.
Es un mundo nuevo, fundado en una lógica de acumulación distinta, que se expande mediante súbitos y enormes saltos cualitativos.
Lo que se aproxima carece de vuelo utópico. Descree del “deber ser” y apuesta a un “ser” más rico y densamente productivo, que ya está a la vista. El mundo se encuentra en las vísperas de un extraordinario surplus de productividad.
En la Argentina actual, las metas de inflación no existen
Por Aldo Abram.
El sistema ideal para un país que vivió largo tiempo con fuertes subas de precios y que, incluso, no tuvo un indicador confiable de su variación es el de metas de inflación, ya que permite que la gente pueda negociar acuerdos y contratos sobre la base de una brújula común. Recordemos lo conflictivas que fueron las negociaciones de paritarias de 2017. Volverán a serlo este año, ya que nadie cree en el nuevo objetivo de 15%. ¡Cuán distinto hubiera sido si en 2017 se hubiese cumplido con el alza de precios pautada como techo, de 17%!
Para que las metas de inflación existan, su cumplimiento debe ser la prioridad para el Banco Central (BCRA). Pero, hasta hoy, su principal preocupación fue licuar los problemas que genera un exorbitante gasto público y luego ver de bajar la inflación al mínimo posible. Por eso, no se puede decir que haya objetivos de inflación en la Argentina.
El principal instrumento con el que cuenta el BCRA para controlar el alza de los precios es la emisión de pesos. Si se emite más, el peso perderá más valor y, por ende, todos los bienes y servicios medirán más contra ese metro que se achica. Si se produce menos moneda, su depreciación será menor y, por lo tanto, todo subirá menos contra ella. Sin embargo, como en 2017 el Estado necesitaba financiamiento, se emitieron $150.000 millones para cubrirlo. Además, dado que el enorme déficit fiscal de los tres niveles de la administración pública (Nación, provincias y municipios) absorbía gran parte del crédito local secando la plaza para el sector privado y subiendo la tasa de interés, el BCRA emitió para aumentar el financiamiento y disminuir su costo, particularmente antes de las elecciones.
Con toda esta producción de pesos -que, por ejemplo, en el primer semestre se elevó en más de un 30% interanual- era imposible que la inflación bajara a menos de 17% y alcanzara el 24,8%. Además, cuando el BCRA decidió no defender el valor del peso ante la minicorrida contra nuestra moneda de mayo-agosto 2017, advertimos que el achicamiento de nuestro «metro» ($) se reflejaba primero en el tipo de cambio (por lo líquido de ese mercado), pero que luego lo veríamos en los bienes y, con algo más de paciencia, en los servicios, porque sus precios se fijan en esa misma unidad de medida que se redujo. Es lo que sucedió: si comparamos la suba de precios anualizada del segundo semestre de 2016 (18,5%) con la del mismo período de 2017 (más de 24%) la inflación subió, lo cual no debería extrañarnos. Es importante recalcar esto, porque hoy estamos viendo otra minicorrida contra el peso y un BCRA que no solo no lo defiende, sino que incentiva la depreciación de la moneda. Seguramente, luego se «sorprenderá» cuando la inflación anualizada del primer semestre de 2018 supere el 20%.
Para colmo, como aun así a los tres niveles de Estado no les alcanzaba para pagar sus excesos de erogaciones, colocaron una gran cantidad de deuda afuera, inundando el mercado local de divisas y haciendo que su cotización baje. El BCRA salió a paliar el impacto que esto tenía en los productores de bienes, cuyos precios dependen del tipo de cambio, sosteniéndolo con compras de reservas. Si hubiera emitido pesos también para adquirir todas esas divisas, la inflación hubiera superado la de 2016, por lo que mayormente lo hicieron con endeudamiento carísimo. Esto no solo ralentiza la recuperación de la solvencia del BCRA; además implicó sacar financiamiento del mercado local y, por ende, un menor incremento de la demanda interna, lo que seguramente generó una peor evolución de la economía. Algo notable para un BCRA que justifica que no cumple las metas para no afectar la actividad.
Así ingresamos a otro mito: que el BCRA puede incentivar el crecimiento con mayor expansión monetaria. Es cierto: en estos años emitió proveyéndoles mayor poder adquisitivo a quienes obtuvieron créditos más baratos; al sector público, al que le transfirió recursos, y a los productores de bienes, que tuvieron mejores precios porque evitó que baje más aún el tipo de cambio. Sin embargo, ese poder de compra se lo quitó con el impuesto inflacionario a los tenedores de pesos, particularmente a los más pobres, que son los que proporcionalmente atesoran una mayor proporción de sus ahorros. Así que además incentivó una redistribución muy injusta. Si a eso le sumamos que más inflación genera mayor percepción de riesgo y por ende menos consumo e inversión, la realidad es que no hay forma de que el accionar del BCRA haya incentivado el crecimiento; al contrario, lo redujo.
Conclusión: es necesario que el BCRA cambie la estrategia que llevó hasta ahora y priorice la defensa del valor del peso cumpliendo con las metas de inflación para que estas realmente existan. Así, la menor incertidumbre nos permitirá un mayor crecimiento económico y recuperar la solvencia del BCRA.
—El autor es economista y director de la Fundación Libertad y Progreso.
Las cinco razones por las que la inflación no cede
Dólar, tarifas, emisión, falta de inversiones y expectativas en alza forman el cóctel inflacionario argentino.
Por Annabella Quiroga.
La evolución de la inflación, según el IPC Congreso de diciembre 2017. .
El ministro Hacienda, Nicolás Dujovne, acaba de reconocer que la inflación no baja al ritmo que el Gobierno quiere. Tras la «recalibración» de las metas para este año que la plana mayor del equipo económico anunció el 28 de diciembre pasado -cuando llevó el techo de 2018 al 15% anual-, los precios retomaron la escalada y para algunos economistas existe riesgo de que la inflación de este año iguale o incluso supere la de 2017.
En enero, los analistas estiman que el índice llegó a 2,4% y para febrero prevén una suba de 2%. Así, el primer trimestre acumularía un alza de al menos 6%, lo que consumiría el 40% de la nueva meta inflacionaria prevista para todo el año. Detrás de la escalada anidan las expectativas de los agentes económicos, los aumentos de los servicios regulados, la suba del dólar, la emisión monetaria a gusto del fisco y la falta de inversión para ampliar la matriz productiva.
Expectativas: el viernes pasado, el Banco Central difundió el primer Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del año, con una inflación anual de 19,4%, casi cinco puntos arriba de la meta oficial y dos puntos por encima de lo que se estimaba hace 40 días atrás. El incumplimiento de la meta del año pasado -era de 17% y la inflación fue del 24,8%- y la recalibración, golpearon la credibilidad del Banco Central y empujaron hacia arriba las previsiones futuras. Para la consultora Economía & Regiones, «el Banco Central tiene menos credibilidad y reputación que a comienzos de 2017, con lo cual su capacidad para influenciar (a la baja) sobre las expectativas de inflación es menor. Si la política monetaria no cambia, lo más probable es que la inflación de este año sea similar a la del año pasado; o incluso puede subir un poco».
Servicios regulados: el Gobierno decidió arrancar el año con una escalada tarifaria, que no por anunciada tuvo menos impacto en los bolsillos y en las expectativas. Las subas de transporte, luz, gas y prepagas generaron malhumor y quejas y a la vez, le fijaron un piso alto a la inflación del primer trimestre. Según la consultora LCG, a partir de estos aumentos el piso de enero quedó en 1,5%, el de febrero en 1,8%, el de marzo en 1,7% y el de abril en 1,9%.
Repunte del dólar: la divisa estadounidense subió 15% entre diciembre y enero. Sólo en el primer mes del año aumentó 5%. Si bien venía de varias meses planchada y en 2017 perdió por varios cuerpos contra la inflación, el repunte de enero hizo que muchas empresas remarcaran los precios, con el argumento de que dependen de insumos o de los precios internacionales de loscommodities. C&T Consultores detectó una suba del 3,1% en los alimentos en el primer mes del año, con una inflación general de 2,4%. Así, el pass throught meterá la cuchara en la inflación 2018. Pero para todo el año, el REM prevé que la devaluación será del 17%, por lo que la divisa volvería a perder la carrera contra la inflación.
Emisión monetaria: con un déficit fiscal del 4%, la emisión de pesos está condicionada por las necesidades del fisco. Un informe del economista Ramiro Castiñeira puntualiza que en 2016 y 2017 el Banco Central «emitió para financiar al fisco $300.000 millones, y para duplicar las reservas -de US$25.000 a 55.000 millones- emitió otros $475.000 millones». Para «esterilizar» estos pesos, en dos años emitió Lebac por $400.000 millones y expandió la base monetaria por $377.000 millones. Así, la mayor cantidad de pesos en la calle presiona sobre los precios. «Desde 1944 ,salvo contados períodos, tenemos inflación de dos dígitos. Todos los programas antiinflacionarios fracasaron porque ninguno reconoce el origen del problema: el déficit fiscal,» dice Castiñeira. [Nota de EconomiaPersonal: Esta es la verdadera causa de la inflación, la emisión sin respaldo para pagar el déficit fiscal]
Falta de inversión: “Afuera nos dicen que cuanto más rápido baje la inflación, más van a invertir”, dijo el presidente Mauricio Macri durante su última gira por Europa. Mientras para unos la inflación es un freno sobre las inversiones, para otros es una causa directa: la falta de inversiones impide aumentar la matriz productiva y esto limita la oferta. Cuando el consuma repunta y la demanda aumenta, la oferta escasa juega a favor de la suba de precios.
El bitcoin continúa su desplome: cayó por debajo de los USD 8.000 ante la prohibición de un gigante bancario
El grupo británico Lloyds indicó que sus clientes no podrán comprar la criptomoneda con tarjetas de crédito por temor a que la cotización siga en caída y la deuda no pueda ser asumida.
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El grupo bancario británico Lloyds Banking Group informó este lunes que ha prohibido a sus clientes comprar bitcoins con sus tarjetas de crédito ante el temor de que queden endeudados por la caída del valor de esta criptomoneda digital.
Esta prohibición, ya en vigor, se aplica a los clientes del Lloyds y de las entidades del grupo, Bank of Scotland, Halifax y MBNA, aunque la medida no se aplica a las tarjetas de débito.
Según los medios locales, muchos británicos han comprado esta criptomoneda cuando cotizó a finales del año pasado a casi 20.000 dólares, aunque su valor ha caído a menos de la mitad en apenas dos meses. Este lunes, su valor rondaba los USD 7.800, manteniendo la tendencia negativa.
Lloyds teme que, si el bitcoin continúa en picada, se vea obligado a hacer frente a las deudas en las que los clientes puedan incurrir por la pérdida de valor de la criptomoneda.
El bitcoin es una moneda virtual no regulada por ningún Estado ni banco central, ya que no valía más que unos pocos centavos cuando fue creada en febrero de 2009 por varios informáticos que se escondían bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto.
En las últimas semanas, ha perdido valor ante cada anuncio de los gobiernos que adelantaban medidas que restringían su comercio. En los últimos días, la prohibición de Facebook para lanzar publicidades de criptomonedas en su plataforma también hizo que el mercado digital de divisas tenga una jornada negra.
Tras la quita de aranceles, la venta de notebooks creció 55% y bajaron los precios
Por Pablo Fernández Blanco.
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Las cadenas de electrodomésticos y tecnología corroboraron con sus ventas del año pasado una de las verdades más indiscutibles de la economía: cuando un producto baja de precio, su demanda aumenta. Así lo muestran las estadísticas oficiales, según las cuales una estampida de consumidores entusiastas se volcaron a la compra de computadoras portátiles (notebooks), y muchos de ellos para llevarse los productos más costosos, algo que hasta ese momento no hacían.
El movimiento entre los consumidores de tecnología se originó en una decisión política. En abril del año pasado, la Secretaría de Comercio, que dirige Miguel Braun, eliminó los aranceles de importación de las computadoras para reducir el precio de los equipos en el mercado local. La medida tuvo tres efectos concretos: bajaron los valores, se dispararon las ventas y se desmoronó la fabricación local de esos productos.
Según los números que maneja el Ministerio de Producción, entre enero y diciembre de 2017 se vendieron más de 557.000 unidades, 198.000 más que el año anterior. Eso representa un aumento del 55%.
«La quita del arancel benefició de manera transversal a toda la economía al bajar el costo de un insumo básico y favorecer la creación de un mercado de más y mejores computadoras, beneficiando a los consumidores. Todas las pymes y los emprendedores del país las necesitan para trabajar y son quienes generan el 70% del empleo en la Argentina. Las computadoras son un insumo básico para las tareas productivas y también para la educación, la investigación y las familias», explicó Braun ante la consulta de LA NACION.
Hacia el final del año, además, la tendencia se profundizó. Por ejemplo, en diciembre pasado el incremento en las ventas fue del 72% con respecto al mismo mes de 2016.
La mayor explicación para el aumento de las ventas es la caída en los precios, que en dólares bajaron 18% en comparación con 2016, con un promedio por equipo de US$581.
El año pasado, además, las ventas de notebooks con procesadores más potentes (iCore) representaron el 47% del total, mientras que en 2016 ese nivel de tecnología se había llevado el 38%. En diciembre, una vez más, esa tendencia se profundizó y alcanzó al 61% de las unidades vendidas. También allí hay una coincidencia con los precios: las computadoras más caras bajaron 23% en promedio, por encima del total del mercado.
La quita de aranceles fue una de las jugadas arriesgadas del Gobierno el año pasado, dado que el mismo movimiento que logró una baja de precios sepultó las aspiraciones de consolidar una industria nacional de computadoras, que había comenzado a asomar con la ayuda del kirchnerismo.
Los números también confirman la afirmación anterior. Según las cifras de Afarte, la asociación que reúne a los productores de Tierra del Fuego, en 2015 se fabricaron en la isla 374.254 notebooks, mientras que se importaron 241.230.
En 2016, en tanto, las cifras se equipararon, pero el año pasado, con la eliminación del arancel, la producción local bajó hasta 705 unidades (apenas un 0,18% del número del último año de Cristina Kirchner en la Casa Rosada), mientras que las importadas llegaron hasta 1,46 millones. En otros términos: crecieron más del 500 por ciento.
«No se producen más computadoras en Tierra del Fuego desde la quita de aranceles a la importación», explicaron en Afarte.
Los productores fueguinos temieron el año pasado que el Gobierno tomara una medida similar con los teléfonos celulares, algo que no ocurrió. Mientras tanto, se pusieron a hacer algunos cambios en el negocio para subsistir, como bajar los costos, mejorar la competitividad y bajar los precios.
Según un trabajo de Afarte, un teléfono Samsung Galaxy J7 liberado costaba en enero del año pasado $7859, pero terminó en septiembre a $ 7013,29, según los datos que recolectó la cámara a través de las ofertas que hacen distintas cadenas de retail en la Web. Eso arroja una caída de un 11% en pesos, pese a la devaluación de la moneda local y, por lo tanto, el encarecimiento de los componentes importados (medidos en moneda local).
Pese a los esfuerzos, los comercios domésticos siguen teniendo el precio más caro, pero la brecha con sus competidores, al menos en esos productos, parece haberse achicado. Un Galaxy S8 costaba el 1º de septiembre pasado 1133 dólares (con un tipo de cambio de $17,5), US$38 más que en Chile y US$166 más que en Brasil. El valor más bajo, por mucho, lo sigue teniendo Estados Unidos, donde ese modelo costaba 657 dólares.
Para bajar los precios, los productores fueguinos redujeron plantillas de trabajadores, prestaron más atención a los gastos y se olvidaron de sus planes para incorporar componentes nacionales a la fabricación de productos para abrirles paso a los importados.
La salud y sus costos: el debate por las cuotas y los servicios de las prepagas
Los amparos y las nuevas tecnologías y medicamentos, entre otros factores, llevan a costos crecientes en una actividad en la que se advierte que, con las subas recurrentes de precios que afectan a los afiliados, no habrá solución; las medidas en danza.
Por Silvia Stang.
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Las cuotas de la medicina prepaga llegan este mes con una suba de 4%. Si ese incremento se suma a los que se acumularon desde 2012 -es decir, desde que se puso en vigencia el mecanismo de autorizaciones dadas por el Gobierno dispuesto por ley-, resulta que los planes se encarecieron un 382%.
Aun con el esfuerzo que eso significa para los bolsillos de los afiliados, los directivos del sector insisten -en encuentros que mantienen desde el mes pasado con funcionarios del Gobierno- con advertencias que son ya de largo plazo, respecto del impacto en el gasto que provocan factores como las nuevas tecnologías y medicamentos de alto costo, los amparos que ordenan dar coberturas muchas veces sin previsión, y la incorporación de obligaciones por la vía de leyes que no consideraron el financiamiento.
Existe, en rigor, una tendencia global a una inflación mayor en los servicios de salud que en la economía en general. «Hay varias transiciones que determinan la inflación en la salud; la primera es el propio éxito del sistema en hacer que la gente viva más y deje de enfermarse por causas fácilmente evitables -afirma Federico Tobar, sanitarista argentino, asesor regional del Fondo de Población de Naciones Unidas-. La segunda transición es poblacional, porque por factores demográficos y migratorios se incrementan las demandas de salud; la tercera es la tecnológica y se da porque cada vez hay más respuestas a síntomas y enfermedades con innovaciones que son caras, y la cuarta transición es cultural: se vincula a una reducción del umbral del dolor tolerable y a la mercantilización de los cuidados y a entenderlos como un bien de consumo».
En la Argentina, a esos aspectos se suman la elevada inflación general y el impacto de las devaluaciones (por insumos con costos dolarizados).
Según la crítica de no pocos referentes del sector, algo que agrava la situación local es que el tema no fue considerado en los últimos años como estratégico para la política. Los efectos de una medicina que se encarece no solo impactan en el sector privado, sino también en las obras sociales y en el sistema público. De hecho, se advierte que la respuesta a cómo se lograrán y se administrarán los recursos en un entorno de costos siempre crecientes debe darse desde una estrategia integrada, que abarque a toda la población y que tenga al Estado asumiéndose a sí mismo como garante principal de la atención.
El registro de amparos que abrió la Superintendencia de Servicios de Salud, revela que solo las obras sociales tuvieron 3200 reclamos en 2017 (no hay datos de las prepagas). Y la mayoría, según las autoridades, fue por prestaciones de alto costo no cubiertas (en las que pacientes y familiares ponen esperanzas). Un reciente caso en Córdoba es mirado con interés por las empresas: un fallo dispuso que se cubra una medicación muy costosa ($19 millones), pero ordenó al Estado pagar el 90% y a la prepaga, el 10%.
El debate de fondo sobre cómo hacer frente de manera inclusiva y equitativa a los costos de la salud, parece siempre postergado. Hay algunas cuestiones ahora volcadas sobre la mesa, como la revisión del Plan Médico Obligatorio (PMO), la habilitación de planes de cobertura parcial y la implementación de coseguros (pagos de bolsillo por consulta).
A eso se suma la creación de una agencia evaluadora de tecnologías, que se exprese respecto de si corresponden o no ciertas coberturas (como voz no vinculante). El Gobierno ya propuso crear esta agencia, pero incluyó el punto en la reforma laboral, y ahora está a las espera de una nueva definición política.Y hay quienes recomiendan políticas como la de un seguro para cubrir de manera universal las enfermedades de alto costo, mirando experiencias como la de Uruguay.
Según fuentes de la superintendencia del área, hay un grupo de trabajo integrado por ese organismo, el Ministerio de Salud y las prepagas, que hoy revisa aspectos de la ley 26.682, aprobada en 2011 bajo el rechazo de las entidades. De los encuentros podrían surgir medidas que apunten a las reglamentaciones de esa normativa, o bien algún cambio más de fondo, con impacto sobre un sector que tiene unos 6 millones de afiliados (se estima que 1,5 millones están por contratos directos y el resto, por triangulación de los aportes a las obras sociales).
Cuestión de precios
En cuanto a las cuotas de los planes de salud, las normas regulatorias establecieron un mecanismo por el cual las entidades deben pedir autorización y justificar la necesidad de aumentos, a autorizar por el Gobierno. «Se está hablando ahora de simplificar el proceso administrativo y burocrático, porque el decreto reglamentario de la ley lo complejizó», señala Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), que nuclea a entidades sin fines de lucro.
En el Gobierno hay quienes barajan la idea de dar libertad para fijar precios, algo que no tendría mucha aceptación entre los actores del sistema y que, además, requeriría una reforma legal difícil de conseguir.
Por lo pronto, y en lo que se refiere a la suba de este mes, la resolución que la habilitó se refiere al alza de los costos generales. En el sector admiten que el pedido de autorización respondió a que, por la alta inflación de 2017, se activó la cláusula gatillo del convenio salarial firmado con el sindicato de la sanidad. Así, a partir de enero, el salario básico de una enfermera de piso, por ejemplo, pasa de $18.311 a $19.031 (el sector está entre los de remuneraciones bajas).
La situación de los costos despertó conflictos internos en la actividad, referidos a cómo se distribuye el dinero conseguido con las subas de cuotas: los prestadores (clínicas y centros de atención) que no son propiedad de las prepagas, se quejan porque las subas de aranceles que reciben de los financiadores (prepagas) son hoy inferiores a lo que dicen necesitar y al nivel de alza de cuotas de los planes de salud. Según Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), mientras que entre marzo de 2017 y el mes pasado los costos crecieron 26,4%, los ingresos subieron 17,8%. En Mendoza hubo en los últimos días una campaña de comunicación a los pacientes respecto de esta situación.
Las clínicas están desde hace más de una década y media al amparo de la emergencia sanitaria, prorrogada hasta 2019, que les permite no pagar impuestos sin generar reclamos de la AFIP. El problema, claro, vendrá una vez que termine esa protección y se calcule toda la deuda acumulada.
«Se ha compartido con los prestadores más de lo que se podía ofrecer; estamos todos navegando con poca agua», señala Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical, una de las firmas líderes del sector con doble rol: es financiadora y prestadora.
Lo más realista es esperar que se sigan pidiendo y autorizando alzas de cuotas que hagan que, este año, vuelvan a superar la inflación general, como en 2017. «Esto no se arregla con cuotas, porque hay un límite de mercado», admite Magonza.
El PMO y los amparos
Bajo la gestión de Luis Scervino al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (el antecesor de Sandro Taricco, actual funcionario), se llamó a una licitación, por la cual hoy dos empresas trabajan en una revisión de la canasta prestacional obligatoria de las obras sociales y las prepagas. «Tenemos un PMO desactualizado y la consigna para el nuevo es que sea financiable y que los jueces vean bien qué se cubre», apuntan desde el área de Salud del Gobierno. La propuesta estaría lista, agregan, hacia mediados de este año.
La preocupación por la judicialidad referida a la cobertura surge tanto entre funcionarios como entre actores del sistema. Para Jorge Piva, presidente de Medifé, la situación refleja el desentendimiento de larga data del Estado respecto de su rol de garantizar el cuidado de salud y de ocuparse, con alguna política concreta, de casos que pueden considerarse epidemias sociales.
Piva destaca la novedad que trajo días atrás un fallo en Córdoba, en la causa «Hermoza Vega, David y otro c/ Parque Salud» en la cual, por un costo de $19,8 millones, el juez federal Miguel Vaca Narvaja resolvió hacer cargo del pago del medicamento a la prepaga, pero solo en un 10%, mientras que el 90% del monto debe ser afrontado por el Estado nacional. «Es interesante que tanto en el fallo de primera como en el de segunda instancia se indique que el garante del sistema es el Estado», afirma el directivo, que señala como otro factor de preocupación a la suba de las tasas de uso de los servicios.
En el sector hay expectativas por los efectos que podría tener la proyectada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, que tendría por función (según la iniciativa oficial) analizar medicamentos y prácticas médicas para definir su incorporación o su exclusión del PMO, y determinar cuál sería el impacto económico y social (entre los temas sensibles del debate están la definición sobre lo que es costo efectivo, y la repercusión en lo colectivo de las decisiones sobre casos individuales). Frente a casos conflictivos «la agencia sería no vinculante; actuaría como un auxiliar de la Justicia», dice Piva.
Para Rubén Torres, exsuperintendente y actual rector de la Universidad Isalud, hay al menos tres condiciones para que una agencia de ese tipo sea útil: debe ser transparente, estar integrada por «5 Favaloros», que sean personas totalmente desprovistas de todo conflicto de interés, y que gane credibilidad con el tiempo.
Más allá de la discusión judicial sobre las coberturas, hay quienes recomiendan que se permita una oferta más amplia de contratos con los asociados. «Para moderar estructuralmente el gasto hay que ir a planes parciales», dice Jorge Colina, economista de Idesa especializado en temas de economía y salud. Hoy se exige la venta del PMO completo, «pero no todo el mundo lo necesita». La ley 26.682 autoriza contratos no integrales, pero de manera muy limitada.
Torres se muestra a favor de esa opción. Pero advierte que los planes parciales implicarían que, por las enfermedades no cubiertas en el contrato adquirido, habrá que ir al sistema público. Aquí se llega a un punto por el cual, se dice, debería comenzar una reformulación del sistema de salud: el de considerar una solución integral, en la que el Estado tome su rol y defina qué cobertura habrá para toda la población, más allá de la situación social y laboral de cada quien.
«Querer arreglar como algo aislado el tema de la medicina prepaga no sirve. El Estado tiene el rol de definir el plan nacional de salud y el modelo de atención; es el primer responsable, pero durante muchos años miró para otro lado», evalúa Magonza.
Las regulaciones
En la discusión por la ley de prepagas, uno de los puntos más controvertidos fue el del artículo 10, que obliga a no rechazar afiliados con enfermedades preexistentes, algo cuestionado por la imprevisibilidad que provoca en el gasto de un sistema alimentado solo con las cuotas de quienes se asocian. La normativa dispuso que el Gobierno debe aprobar, con cada pedido de afiliación, qué cuota pueden cobrar las prepagas.
Según Magonza, sobre ese punto hoy se analiza la posibilidad de establecer una tabla de valores según condiciones y edad del paciente, que haga que no sea necesario el pedido de autorización para cobrarle un extra a quien se afilia al momento de necesitar un tratamiento. Según el directivo, lo que ocurrió en los últimos años fue que, al tramitarse pedidos y al no haber respuesta de las autoridades, se ordenó afiliar con cuota plana hasta nuevo aviso. «El nuevo aviso nunca llega y los costos los pagan los demás afiliados», sostiene.
Otro factor regulatorio, agrega Belocopitt, es que debería determinarse cómo se pagan las nuevas prácticas, sobre todo luego de que se sumaron obligaciones con leyes que no previeron financiamiento. «Hay drogas que tienen valores exorbitantes, y así el sistema no es sostenible», señala.
Una medida aplicada en otros países para financiar tratamientos costosos es la constitución de fondos especiales que, a manera de seguros, se usan para enfermedades predeterminadas. Ocurre algo así en el sistema nacional de obras sociales, con un fondo al que se deriva una parte del aporte y la contribución del empleado y su empleador. En el segmento de las prepagas eso nunca se implementó. Pero pagar las nuevas tecnologías y medicamentos por la vía de cuotas, «se vuelve algo inalcanzable», sentencia Piva, que ve con buenos ojos el Fondo Nacional de Recursos que tiene Uruguay.
«Un seguro nacional de enfermedades catastróficas, que contemple la protección frente a las enfermedades más caras, debería definir cómo tratarlas, con protocolos únicos para todos», evalúa Tobar. Y agrega que debería ser función de este seguro contratar a los prestadores y comprar en forma centralizada los medicamentos y las tecnologías de alto costo.
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