Detrás de la batalla por el petróleo argentino

Detrás de la batalla por el petróleo argentino

Por Taos Turner y Matt Moffett

 

BUENOS AIRES — Con sus riñas internas y la participación de un monarca, la batalla entre la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner e YPF SA, la mayor energética del país, se ha vuelto lo suficientemente jugosa como para competir con cualquier telenovela latinoamericana.

Indignada por la caída de la producción de petróleo de YPF en Argentina, Kirchner envió recientemente a sus subordinados para que participaran en una reunión de la junta directiva de la empresa. Los funcionarios, sin embargo, afirman que YPF les impidió, de manera brusca, el acceso.

En medio de fulminantes ataques del gobierno contra YPF, en la que la española Repsol YPF SA tiene una participación mayoritaria, el rey Juan Carlos llamó personalmente a Kirchner para pedirle que no fuera tan dura con la compañía, según una fuente cercana. El conflicto ha repercutido en la acción de Repsol, que el 2 de abril se desplomó 15% luego de que un gobernador provincial dijera que revocaría los derechos de uno de los mayores yacimientos petrolíferos de la empresa.

Nadie sabe cómo terminará el guión. Kirchner ha dicho que utilizará «todas las armas que da la Constitución» para conseguir una mayor producción de YPF, a la que culpa de la creciente dependencia del país de la energía importada. Sin embargo, los debates al interior del gobierno sobre una serie de opciones de reestructuración son acalorados y van desde la completa nacionalización de YPF hasta una alianza con una firma del sector privado para lanzar una oferta hostil de adquisición, según una fuente cercana.

Muchos de los posibles caminos están repletos de riesgos jurídicos y económicos para Kirchner. Aunque la campaña contra YPF le está proporcionando a Kirchner un impulso político con su base de izquierda, al mismo tiempo plantea dudas a largo plazo sobre el clima de inversión y la política energética argentina.

«El impacto sobre el clima de inversión es extremadamente negativo», dice Warren Levy, fundador y presidente de Estrella, una de las empresas de servicios petroleros de mayor crecimiento en Sudamérica. «Las empresas petroleras se sienten mucho más cómodas con riesgos técnicos que políticos o fiscales», añade.

Algunos ejecutivos de la industria creen que el gobierno de Kirchner ha alentado a los líderes provinciales para despojar a YPF de sus concesiones petroleras como una estrategia para bajar el precio de las acciones de la compañía. La reducción de la capitalización de mercado de YPF disminuiría la indemnización que el gobierno tendría que pagar a Repsol YPF en caso de una nacionalización. El valor de mercado de YPF ha caído a la mitad, a cerca de US$9.000 millones, desde los US$17.500 millones de hace un año, sobre la base de sus ADR que cotizan en Nueva York. [Nota de GIP: Esta maniobra es claramente ILEGAL]

Tanto voceros de YPF como del gobierno argentino declinaron comentar para esta nota. Pero en respuesta a las quejas del gobierno sobre sus inversiones, YPF ha resaltado que invirtió US$3.000 millones el año pasado, casi 55% más que en 2010, y tiene la intención de aumentar tal monto en 2012.

El eje central de la disputa es que, después de una década de crecimiento económico acelerado en Argentina, la lánguida producción energética no ha logrado satisfacer la rápida expansión de la demanda. Aunque el consumo de petróleo y gas aumentó 38% y 25%, respectivamente, entre 2003 y 2010, la producción de crudo descendió 12% y la de gas 2,3% en el mismo período, según un informe de Barclays Capital. Argentina ha tenido que depender cada vez más de costosas importaciones. La balanza comercial de energía pasó de un superávit de unos US$2.000 millones en 2010 a un déficit de unos US$3.000 millones en 2011.

El gobierno ha culpado directamente a YPF por la caída de la producción, a la que acusa de no haber invertido lo suficiente.

«En estos tres años no han perforado ni un solo pozo nuevo», dice Martín Buzzi, gobernador kirchnerista de la provincia de Chubut, sobre la revocación de varias concesiones de YPF el mes pasado.

YPF y otras empresas privadas de energía sostienen que, para encontrar el culpable, el gobierno sólo tiene que mirarse al espejo.

Las compañías de energía señalan que las políticas oficiales —como los altos impuestos, los precios máximos sobre las tarifas de energía para los hogares y los cambios imprevistos de las reglas de juego, como la suspensión de las exenciones tributarias sobre el gasto en producción— desalientan la inversión.

«Es una calamidad», dice la senadora María Eugenia Estenssoro, una crítica de la política del gobierno que forma parte de la comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado. «Perdimos nuestra independencia energética», observa.
Fuente: The Wall Street Journal, 10/04/12.

Argentina ajusta listado de PEPs a nuevas Recomendaciones del GAFI

Argentina ajusta listado de PEPs a nuevas Recomendaciones del GAFI

 

La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina amplió el listado de funcionarios que deben ser considerados Personas Expuestas Políticamente (PEPs), convirtiéndose así en uno de los primeros entes reguladores que ajustan su normativa en respuesta a las exigencias establecidas en las nuevas 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que fueron emitidas el 16 de febrero pasado.

Además de los funcionarios extranjeros, domésticos y representantes de organizaciones internacionales, la Resolución No. 52, la UIF señala que “resulta conveniente considerar como “Persona Expuesta Políticamente” a las autoridades y representantes legales de organizaciones empresariales: cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa, exceptuando a aquéllas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria”.

La lista de PEPs también incluye a empleados con categoría de director general o nacional de la Administración Pública, bancos y entidades financieras del sistema oficial, empresas y sociedades del Estado; y a funcionarios públicos provinciales, municipales y autoridades universitarias, entre otros.

En particular, la resolución de la UIF determina «llevar adelante un monitoreo continuo de la relación comercial» y prestar especial atención a las transacciones realizadas, que no guarden relación con la actividad declarada y con su perfil como cliente, requirente, donante o aportante.

Según el Artículo 3, “Al iniciar la relación comercial o contractual los sujetos obligados deberán requerir a todos sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, según sea el caso, la suscripción de la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”.

De igual forma, la Resolución exige que los sujetos obligados realicen “un seguimiento más exhaustivo de la relación, reforzar todas las medidas necesarias tendientes a determinar cuál es el origen de los fondos que involucren sus operaciones y efectuar un monitoreo continuo de la relación comercial” con PEPs.

Listado de PEPs

A continuación, presentamos el Artículo 1 de la resolución en el que se específica quienes deben ser considerados personas expuestas políticamente por los sujetos obligados argentinos:

“Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes:

a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos:

1. Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes;

2. Miembros del Parlamento/Poder Legislativo;

3. Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial;

4. Embajadores y cónsules.

5. Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate);

6. Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;

7. Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión;

b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1º, inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.

c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:

1. El Presidente y Vicepresidente de la Nación;

2. Los Senadores y Diputados de la Nación;

3. Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;

4. Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;

5. El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;

6. El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;

7. Los interventores federales;

8. El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;

9. Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;

10. Los Embajadores y Cónsules;

11. El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza;

12. Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;

13. Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público;

14. Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;

15. Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director general o nacional;

16. El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director;

17. El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario;

18. Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;

19. Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;

20. Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.

d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:

1. Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

2. Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

3. Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4. Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

5. Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;

6. Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

7. Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.

f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquéllas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

g) Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

i) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d), e), f), g), y h) durante los plazos que para ellas se indican”.
Fuente: Lavadodinero.com, 09/04/12.

 

La opinión de Guillermo Calvo sobre Argentina

Guillermo Calvo: «Se van a ir los ahorros»

Por Jorge Oviedo

 

NUEVA YORK – Es el economista argentino con más prestigio internacional. Profesor de Economía y Asuntos Públicos Internacionales y director del Programa de Administración de Política Económica de la Universidad de Columbia, su currículum es amplísimo. En la Argentina, trabajó en el Banco Central, luego se graduó en Yale y enseñó en grandes universidades norteamericanas, como la propia Columbia, Pennsylvania y Maryland. Fue asesor del FMI y de varios gobiernos de América latina y de economías en transición. También se desempeñó como economista jefe del BID, presidió la International Economic Association y ha recibido numerosos premios.

En su oficina de Columbia, recibió a LA NACIÓN y describió su visión de la economía actual, con un mundo con menor crecimiento y lento movimiento de las exportaciones, que generará un marco menos favorable para la Argentina y que también complica la recuperación norteamericana. En nuestro país, sostiene, no hay suficiente inversión para seguir creciendo a tasas altas, algunas políticas son «irracionales», y cree que la apropiación de las reservas del Banco Central generará más inflación y caída de depósitos. Y dice del gobierno nacional: «Están yendo para atrás».

«No tengo nada de confianza en que China pueda seguir creciendo».

 

-¿Cómo ve la economía internacional?

-Veo a Estados Unidos recuperándose, lentamente, pero no el empleo. Luego de las crisis financieras, el empleo se mueve mucho más lentamente que luego de otra clase de crisis. El producto ha vuelto a donde estaba, pero el desempleo todavía queda bien alto. En términos del crecimiento es medio complicado. Las exportaciones han quedado planchadas. Y en Europa también. Las familias y empresas pequeñas están altamente endeudadas y no tienen acceso al crédito. Pero mientras no venga un shock medio raro, aquí las condiciones son más o menos favorables. En Europa no me preocupa Grecia, que es 2% del producto europeo y Portugal tampoco.

 

-España es otra cosa…

-Claro, pero mirando toda la región, también se ve que no ha podido exportar. Las exportaciones están planchadas. El resto del mundo no ha sido una salida para Europa. La recesión ha creado una situación de mayor incertidumbre, sin proyectos de inversión y los bancos que se habían metido bastante con los activos tóxicos están muy débiles. No están prestando. La política monetaria no está siendo efectiva, porque el Banco Central Europeo les presta a los bancos, y los bancos ponen la plata en el BCE. El temor ahora es que, para mi gusto, esto crea una situación de doble recesión. Cuán profunda sea, es difícil saberlo.

 

-¿Y China?

–No tengo nada de confianza en que China pueda seguir creciendo. Las exportaciones son 30 por ciento del PBI, y la economía es muy abierta. Pero las exportaciones se están secando debido a que van básicamente a Europa y a Estados Unidos. Lo que sería bueno para ellos y para el mundo sería que aumenten el consumo. El problema es que tienen una red de comercialización pésima. Yo lo pienso como una manzana podrida que tiene una cáscara muy sana. Ahí en la cáscara es donde han estado produciendo. Adentro no tienen nada, es una economía totalmente primitiva. Si China no mantiene el sistema, en el Sur vamos a sufrir. No es seguro por el momento, pero está medio en la cuerda floja. Los chinos consideran que tasas de crecimiento de menos del 6 por ciento les traen problemas políticos internos serios.

 

-Como en la Argentina…

-Sí, yo no sé cómo van a mantener esas tasas (de crecimiento). Porque la inversión en la Argentina es muy baja. Se han favorecido mucho por los términos de intercambio. Pero eso llegó hasta donde llegó. Lo que hasta hoy vimos fue el empujón de la suba. Pero al final, estas cosas dependen de la tasa de inversión. Hasta donde yo puedo saberlo, por lo que uno habla con potenciales inversores, casi que inversión es mala palabra por la inseguridad regulatoria. No se sabe qué van a cambiar.

 

-Hubo muchos cambios en los últimos tiempos.

-Y ahora con las importaciones, esa forma arbitraria de manejar las cosas… crean más incertidumbre a los ojos del inversor.

 

-También se prohíbe remitir utilidades.

-Entonces los inversores, si tienen que elegir, van a Brasil. Es un mercado mucho más grande. Y parece ser un sistema más confiable. No están cambiando las reglas todos los días, no están mintiendo sobre los datos. Me parece una manera muy infantil de manejar las cosas (en la Argentina), medio que se hacen daño a ellos mismos, una cosa casi irracional. Creo que no se dieron cuenta todavía de la suerte que tuvieron. Pero ahora la situación fiscal es más complicada. Están haciendo ajustes con los subsidios. Eso va a pegar. Cuando la gente empiece a pagar tasas más altas de servicios públicos, eso reduce el ingreso disponible. Tal vez por eso están contando con el crecimiento. Pero se ve un poco difícil. El mundo no está creciendo. Y existe también el riesgo, que no hay que descontarlo del todo, de una crisis bancaria en Europa.

 

-Un escenario mucho menos favorable…

-Hay un crecimiento bajo en el mundo, que se va a transmitir a nuestras costas. Producimos materias primas. Con eso, lo único que podemos hacer es alimentar a un mundo que esté creciendo y produciendo manufacturas. Pero no podemos retroalimentarnos porque no tenemos una industria pujante.

 

– Van a cambiar la carta orgánica del BCRA para que participe más en la economía real.

-Y que baje las tasas de interés. Ahora vamos a tener inflación.

 

– ¿Se van a licuar los ahorros?

-Los ahorristas argentinos ya lo aprendieron. Se van a ir los ahorros. Están yendo para atrás. Pero la señal es que van a meter mano en lo que sea. Y en el momento que les vaya mal, yo creo que va a ser serio, porque si cometen errores cuando les va bien, cuando les vaya mal, no sé qué es lo que va a pasar. Da la sensación de que se están preparando para meterle mano a lo que hay: YPF en este caso, los fondos de pensión en su momento, las reservas del BCRA… No sé qué quieren hacer con el BCRA dando crédito, porque el BCRA lo único que puede hacer, pobre, es producir papel de colores. Y eso no va muy lejos. Es una manera de hacer política totalmente heterodoxa. Bueno, si les sale bien, vamos a aprender algo. Yo voy a tener algo más que decir acá [en Columbia].
Fuente: La Nación, 09/04/12.

Argentina: El Estado bobo

Bobos

Por Enrique Szewach

 

La investigación judicial, y su versión político/ periodística,  en torno al llamado «caso Ciccone«, han puesto al descubierto muchas facetas de lo que sucede hoy, y desde hace tiempo,  en la economía argentina.

En primer lugar, se investiga un caso de, al menos, tráfico de influencias.

Si se habla de tráfico de influencias, se habla de un sistema en dónde la relación con un funcionario público resulta más importante para el negocio, o la supervivencia de una empresa, que su capacidad tecnológica, competitiva, o eficiencia, etc.

Es decir, si alguien quiere hacer negocios con este Estado argentino, necesita un amigo.

Surge, asimismo, el hecho de que la AFIP mostró, para este caso, un comportamiento discrecional y permisivo, similar al exhibido con clubes de fútbol, y otros «amigos», y muy diferente al tratamiento para con la mayoría de los contribuyentes.

La otra cuestión que se ha ratificado,  a partir de las denuncias del Vicepresidente de la Nación, es el pésimo concepto que se tiene, desde el poder y desde el llano, acerca de la independencia y la neutralidad de los jueces.

Todos los casos que involucran al Estado o sus funcionarios, son sospechados de ser influidos o controlados por el Ejecutivo, cuando los fallos son a favor. O influidos o controlados por ¨las mafias¨, cuando salen en contra. 

Una situación muy poco favorable para brindarle seguridad jurídica a un inversor importante, o a las empresas obligadas, por  nuestro gobierno, a recurrir a la justicia local, si quieren cobrar los fallos a favor en el CIADI, por ejemplo. Ni que hablar, de jubilados intentando regularizar, la mala liquidación de sus haberes.

Otro aspecto clave que ha quedado al descubierto, es que, en medio de la batalla internacional y local contra el lavado de dinero, y la batería de documentación que cualquiera de nosotros tiene que presentar ante la mínima transacción que supera la ¨normalidad¨, hubo ciudadanos argentinos que levantaron la quiebra de una empresa importante, compraron, transfirieron, etc. ,movieron dinero desde paraísos fiscales y con conocimiento de los bancos, sin explicar el origen de los fondos, ni la composición accionaria de las empresas involucradas. Es más, aún hoy se ignora quiénes son los dueños de la empresa que va a imprimir billetes de curso legal en la Argentina. (Ni que hablar de los injustificados patrimonios y gastos de los funcionarios y sus amigos).

También el caso explicitó, por las denuncias cruzadas que originó, la cantidad de compras y contratos que realizan el Estado Nacional y los estados provinciales, sin que medien licitaciones transparentes y amplias.

Por último, y no por ello menos importante, el Estado argentino no muestra capacidad de poder imprimir los billetes necesarios para el normal desenvolvimiento de su economía.

Esto se debe a dos razones. La primera y central, la inflación. A tasas de inflación superiores al 20% anual, por muchos años, o se eleva la denominación de los billetes, o se requiere emitir cada vez más.

La segunda que, como siempre, el Estado no previno ampliar la capacidad productiva y tecnológica de la Casa de la Moneda, ni tiene los fondos para hacerlo, y se ve obligado a recurrir a empresas de otros estados o a contratar a terceros.

Es el mismo estado que no invierte en ferrocarriles y mata gente, o que despilfarra recursos públicos en carreras de TC y que ahora pretende invertir en exploración y explotación petrolera.

En otras palabras, el mismo Estado que es incapaz de imprimir papelitos de colores, quiere producir combustibles. El mismo Estado que desde hace años tiene una empresa propia para explorar petróleo en el mar argentino, pero que, en lugar de ello, se dedica a importar gas oil, y gas licuado en, otra vez, negocios sin licitación, y con escasa transparencia.

En síntesis, el caso Ciccone no hace más que ratificar la particular relación que tienen o que tienen que tener los empresarios con los funcionarios en la Argentina para hacer negocios. El extraño funcionamiento del Poder Judicial. La turbia situación patrimonial y relación de esos funcionarios, con sus amigos. El tratamiento diferencial y discrecional que reciben algunos contribuyentes y ciudadanos por parte de organismos de control o de recaudación. Y, finalmente, las consecuencias de la alta inflación y la imprevisión e incapacidad inversora de un Estado que se dice «activo» y no «bobo».

Los bobos, al parecer, somos los que lo financian.
Fuente: Perfil, 07/04/12.
Más información: www.szewachnomics.com.ar

 

Argentina: El fracaso del intervencionismo

El fracaso del intervencionismo

Por Jorge Srodek

 

El mercado de la carne, afectado por los controles. Foto: Archivo En los últimos diez años el gobierno nacional no ha sabido, o no ha querido, llevar adelante una política agropecuaria que genere los incentivos necesarios para aprovechar las oportunidades de producción agroalimentaria que el mundo ofrece. El sector agropecuario y de la agroindustria ha retrocedido peligrosamente en materia productiva, a punto tal que están naufragando sin rumbo. Los productores no pueden seguir transitando cosechas en total incertidumbre bajo la constante amenaza de una nueva intervención del Gobierno que, arbitrariamente, destruye la confianza en los mercados.

No sólo han faltado incentivos, sino que intencionalmente se desalentó la producción de ciertos productos. Un ejemplo es la nefasta intervención en el mercado de la carne. Cuatro años de intervención llevaron a una pérdida estimada del 30 por ciento del stock ganadero nacional. Precios máximos, listas de precios y todo tipo de controles derivaron en la pérdida de casi quince mil puestos de trabajo en la industria cárnica. Los precios deprimidos tornaron inviable la actividad y dieron lugar a la liquidación de vientres, la caída de la oferta y la inevitable suba de los precios.

Los argentinos se encuentran en el período de menor consumo de carne per cápita de la historia. Con las exportaciones prácticamente cerradas, Brasil, Uruguay e incluso Paraguay se han quedado con gran parte de nuestros mercados externos.

El trigo, cultivo emblemático si los hay, es otra víctima de las intervenciones. Van seis campañas consecutivas donde el precio del cultivo ha sido manipulado por el Gobierno con el pretexto de mantener el kilo de pan en $ 2,50. Sin embargo, el kilo de pan cuesta no menos de 8 pesos dejando en evidencia que el trigo sólo representa el 13% del valor total. Nadie ha dado una explicación de por qué el trigo argentino vale 50% menos que el trigo uruguayo de casi idéntica calidad. Hay un 23% de diferencia en el precio que se explica por las retenciones, pero queda un 27% del precio en el camino sin justificación alguna.

Alguien debería explicar a dónde va este dinero y por qué el propio Gobierno permite semejante abuso. Los productores aún tienen en su poder trigo y maíz de la última cosecha sin poder vender.

Desde la lechería, pasando por las frutas hasta la yerba mate y prácticamente todas las producciones agropecuarias (regionales), están sometidas a la intervención oficial obteniendo como resultado la caída de la productividad.

La única excepción es la soja (el bendito yuyo). Este es el único cultivo cuyo valor es semejante al del resto del mundo. En este contexto es casi irremediable la «sojización» de nuestra pampa húmeda, ya que el yuyo es el único cultivo que el productor sabe el día que lo siembra, a cuánto y cuándo lo va a poder vender.

Todo en materia de mercados agropecuarios es un embrollo. No hay posibilidad de desarrollar una actividad agropecuaria sustentable si los mercados no funcionan «normalmente», es decir, con previsibilidad y transparencia.

El campo no puede contribuir realmente al crecimiento del país si el productor no logra planificar los gastos de la próxima campaña. Tal vez, si el gobierno nacional dejara de considerar al sector agropecuario como una caja de donde obtener financiamiento y pensara en términos del potencial que el sector tiene, las cosas serían muy distintas.

Reglas claras

Frente a este panorama, el productor agropecuario no encuentra consuelo. Lo cierto es que el problema es de origen político y también lo es su solución, por lo que todo el arco político debe trabajar mancomunadamente para torcer el rumbo que el gobierno nacional ha marcado. Los problemas que han generado las malas políticas del gobierno son de tal complejidad que sería imposible abordarlos en éste artículo.

Los reclamos del sector agropecuario son muchos y han ido variando a medida que el Gobierno profundizaba sus errores, pero uno se ha sostenido en el tiempo y es bandera de todos los productores: el reclamo por reglas claras y mayor previsibilidad.
Fuente: La Nación, 07/04/12.

El dólar en alza

Las actas de la Fed restaurarían la primacía del dólar

Por Nicholas Hastings

 

LONDRES (Dow Jones) — Los alcistas del dólar deberían frotarse las manos con regocijo.

Las actas del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal -que parecieron descartar los comentarios expansionistas del presidente de la Fed, Ben Bernanke- están ayudando a la moneda estadounidense de dos maneras.

Están incrementando los diferenciales de rendimientos a su favor y recortando gran parte del apetito por el riesgo que había golpeado al dólar frente a otras monedas de mayores rendimientos.

Mientras los mercados financieros se reevaluaban tras la publicación de las actas, incluso el yen -que en algún momento fuera un refugio- se vio afectado frente al dólar.

Al menos parte de la escalada inmediata del dólar se produjo por el efecto sorpresa. El presidente de la Fed pasó gran parte de la semana pasada convenciendo a los inversionistas de que a pesar de la fortaleza de la economía estadounidense, la Fed no estaba convencida sobre la recuperación del mercado laboral y seguía alerta para lanzar una relajación cuantitativa adicional cuando se acabaran las últimas dosis este verano.

Los comentarios de Bernanke fueron considerados prueba de la nueva transparencia de la Fed, por cuanto ayudaron a alinear la posición del mercado con la visión del mundo de la Fed.

Luego aparecieron las actas y sugirieron que la Fed en su conjunto tiene una postura mucho más restrictiva y no está considerando una flexibilización adicional, a menos a que se produzca una desaceleración significativa de la economía y que la inflación caiga por debajo del 2%. En febrero, los precios al consumidor subieron un 2,9%.

No sorprende que los rendimientos de los títulos del Tesoro de Estados Unidos se dispararan, con un alza de 10 puntos base de la nota a 10 años en un determinado momento, y que el propio dólar subiera de manera generalizada.

Por supuesto, los expansionistas de la Fed, entre ellos Bernanke, aún podrían tener algo más para decir, especialmente si nuevos datos económicos sugieren que la recuperación está comenzando a perder fuerza.

No obstante, por el momento el dólar probablemente encuentre soporte debido a que los diferenciales de rendimientos frente a la mayoría de las otras monedas importantes siguen estando a su favor.

La cuestión es que es posible que las actas también hagan que el dólar luzca más atractivo frente a otras divisas de mayor rendimiento.

Al descartar la posibilidad de una flexibilización cuantitativa, o QE por sus siglas en inglés, las actas del Comité también redujeron el apetito de los inversionistas mundiales por el riesgo.

Esto no solo significa que más inversionistas estadounidenses repatriarán fondos desde el exterior en favor de la seguridad de sus mercados internos, sino que los fondos tenderán a reducir sus exposiciones en activos más riesgosos.

El dólar australiano, por ejemplo, se vio duramente afectado el miércoles cuando el país informó que su déficit comercial se había reducido.

En circunstancias normales, esa noticia podría haber generado una venta ligera en lugar del fuerte revés que enfrentó la moneda, debido a que los inversionistas usaron la noticia como una excusa para reducir el riesgo.

Las operaciones con dólares sobre una base diaria ahora podrían verse aún más influenciadas por los datos económicos, dado el predominio de las expectativas del mercado sobre los rendimientos.

No obstante, es más que probable que la moneda estadounidense seguirá escalando en el más largo plazo ahora que las actas de la Fed sugieren que por el momento no hay muchas probabilidades de una flexibilización cuantitativa adicional.
Fuente: The Wall Street Journal, 04/04/12.

La ruptura de la euro zona no es la solución

La ruptura de la euro zona no es la solución

Por Richard Barley

 

La búsqueda del Santo Grial sigue su curso. Hay cinco candidatos preseleccionados para hacerse con las 250.000 libras del Wolfson Economics Prize, que pide a los economistas que preparen un plan de contingencia para una ruptura de la eurozona. Pero las propuestas no parecen sino confirmar que a la eurozona le interesa lo contrario: una mayor integración política y fiscal.

Algunas de las propuestas contemplan una salida limitada de uno o varios países, como el plan de la inversora privada Catherine Dobbs de redenominar todos los euros existentes en una cesta de dos nuevas divisas para intentar evitar la fuga de capitales. Pero es probable que los mercados financieros se cuestionen instantáneamente la credibilidad de los restantes miembros del bloque, lo que podría llevar a más salidas y desestabilizaría el proceso. Neil Record, de Record Currency Management, argumenta, por el contrario, que la única opción es un plan secreto para el total desmantelamiento de la eurozona, al tiempo que se mantiene un mercado único de la Unión Europea.

Los términos del premio generan una tendencia inherente a argumentar que la ruptura puede ser un proceso manejable que no tiene por qué estar abocado al desastre. Jonathan Tepper, de la firma de análisis Variant Perception, sostiene que la historia contiene ejemplos de rupturas de divisas, como en el imperio austro-húngaro en 1919 o en la antigua Checoslovaquia en 1992-93, que causaron turbulencias macroeconómicas sorprendentemente leves. Pero el euro es una divisa de reserva mundial. Ha generado una profunda integración financiera en un mundo mucho más interconectado que en el pasado.

El mayor problema, en cualquier caso, no es qué hacer con la divisa, sino qué hacer con la deuda que se ha generado. Capital Economics señala que cualquier país que saliera de la divisa buscaría redenominar y suspender pagos de su deuda. La quiebra de Grecia era de hecho manejable, pero se tardó 18 meses en preparar a la opinión pública, un lujo del que no es probable que goce el euro en caso de ruptura. Y los economistas de Nomura señalan que el total de instrumentos denominados en euros y que se rigen por leyes extranjeras, que no podrían redenominarse, podría superar los 30 billones de euros (millones de millones).

Además, hasta los votantes griegos quieren mantener el euro. Los países europeos pequeños corren el riesgo de volverse irrelevantes sin él. Los problemas de la moneda son innegables. Pero intentar arreglarlos parece preferible a arriesgarse al caos en la que es, en conjunto, la segunda mayor economía del mundo.
Fuente: The Wall Street Journal, 04/04/12.

Argentina: Alquileres, otro proyecto retrógrado

Alquileres, otro proyecto retrógrado

Editorial del diario La Nación.

 

La iniciativa, ideada por los legisladores Osvaldo Ramón López y María Rosa Díaz, del oficialista Frente para la Victoria, desconoce que cada vez que el Estado intervino en el mercado locatario se retrajo la oferta de viviendas en alquiler, aumentando a su vez los precios, y cayó la inversión en el sector de la construcción de inmuebles.

El cuestionable proyecto plantea en sus fundamentos la necesidad de equilibrar «la relación de fuerzas entre propietarios e inquilinos» y sostiene que los inmuebles deben ser considerados «bienes de uso destinados a satisfacer necesidades básicas y derechos fundamentales de las personas» antes que ser «bienes de cambio».

Propicia elevar de dos a tres años el plazo mínimo de los contratos de alquiler; establece límites para las comisiones cobradas por las inmobiliarias que actúan como intermediarias entre el locador y el locatario, que no podrán superar un mes de alquiler y deberán ser abonadas por mitades por ambas partes; establece un curioso mecanismo para establecer el valor máximo del alquiler; prohíbe la realización de contratos en moneda extranjera y propone la creación de tres organismos burocráticos, tales como la Dirección de Viviendas Alquiladas, el Registro Público de Contratos de Alquiler y el Registro Público de Inmuebles de Alquiler, que no harán más que desincentivar la inversión en viviendas destinadas al alquiler.

Respecto de la fijación del precio de un alquiler, el proyecto contempla que éste no pueda ser superior al monto que resulte de dividir por 180 el valor de reposición de la vivienda.

Otro de los aspectos cuestionables de tan retrógrada iniciativa es que no sólo alcanzaría a los contratos que se pacten después de la sanción de la ley, sino también a aquellos contratos anteriores que se encuentren en ejecución al momento de aprobarse la norma.

El intervencionismo en el mercado locatario data de muchos años. Basta recordar que allá por 1945 se sancionaron las primeras leyes de congelamiento de los alquileres y prórroga compulsiva de contratos. Su consecuencia fue una fuerte caída en la construcción de viviendas para alquilar y un crecimiento del déficit habitacional.

En la ciudad de Buenos Aires, alrededor del 40 por ciento de las familias carecen de vivienda propia. La solución a esta situación no puede pasar por forzar a los propietarios a alquilar a pérdida, sino por políticas activas del Estado que se traduzcan en créditos blandos con tasas subsidiadas para la compra de viviendas y por el uso de instrumentos como el leasing inmobiliario.

En la actualidad, el mercado locatario está funcionando ya con muy bajas tasas de rentabilidad para los propietarios, en parte porque la feroz inflación no es fácilmente trasladable a los bolsillos de los inquilinos, y en parte por el fuerte incremento de los impuestos y también de las expensas, por negociaciones salariales con los encargados de edificios en las cuales los propietarios e inquilinos son convidados de piedra.

Si a esta situación se sumara la sanción legislativa de un proyecto disparatado como el que aquí se comenta, podría pronosticarse una crisis en el mercado locatario, que terminaría perjudicando fundamentalmente a quienes se pretende beneficiar.

En materia de intervencionismo y de alquileres, los argentinos todavía tenemos mucho que aprender, dado que parecen no bastarnos nuestros gruesos errores del pasado. Quienes gobiernan quizá deberían mirar lo que está haciendo el gobierno uruguayo de José Mujica, que ha promovido una verdadera política de Estado para incentivar con desgravaciones impositivas la construcción de viviendas para alquiler, un hecho que, como no podía ser de otra manera, ya está atrayendo a no pocos inversores argentinos que desconfían de los constantes y abruptos cambios en las reglas de juego de su propio país.
Fuente: La Nación, 05/04/12.

“La Argentina va por el mal camino”

“La Argentina va por el mal camino”

 

El siguiente es el texto compleo del editorial publicado ayer por el diario español El País, en el que afirma que «Cristina Fernández degrada la economía argentina con sus veladas amenazas de nacionalizaciones».

 

Hay muchas razones para suponer que Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno están intentando esconder el fracaso de su gestión económica detrás de una fachada de nacionalismo.

La economía argentina está al borde del colapso y, en esta hora de frustración, la Presidenta ha optado por escudarse en las viejas consignas patrióticas («roban nuestras materias primas, se llevan nuestras riquezas») que inflaman la retórica política del país desde la aparición del peronismo.

Un buen ejemplo de esta deriva política fue el discurso que ayer [02/04/12] pronunció en Tierra del Fuego, conmemorativo de la guerra de las Malvinas, en el que apeló al diálogo, pero también al sentimentalismo, en el conflicto diplomático con el Reino Unido a cuenta de la guerra de 1982 y la esperanza de acceder al petróleo descubierto en las costas de las islas.

La Argentina corre el riesgo de una ruina a corto plazo. Y la exaltación patriótica es un mal camino. Hoy, los inversores extranjeros en la Argentina operan bajo una amenaza permanente de exacción o nacionalización.

Este es el caso de YPF, el grupo petrolero participado mayoritariamente por Repsol, al que se le están retirando arbitrariamente permisos de explotación en las provincias argentinas y sobre el que pende en los últimos meses un decreto de nacionalización. No hay ninguna razón para nacionalizar YPF. Pero sucede que el Gobierno ha sido incapaz de aplicar una política de moderación del consumo y tampoco ha gestionado bien su producción nacional de productos energéticos.

El resultado es una demanda creciente, una producción cada vez menor y unos precios disparados que pesan sobre los consumidores.

(Cristina) Kirchner y sus ministros han intentado que las compañías extranjeras importen gas y lo vendan en la Argentina con pérdidas. Quienes se han negado serán castigados con la nacionalización.

El gobierno de Buenos Aires está dispuesto a pasar por encima de contratos, concesiones y cualquier idea de seguridad jurídica que pueda atraer en el futuro a la inversión extranjera.

El discurso populista, las amenazas de nacionalización (que, además, deterioran la cotización de YPF) y el recurso constante a la presión sobre los capitales extranjeros son razones suficientes para que la comunidad internacional retire su confianza en la estabilidad regulatoria argentina.

No es propio de un país del G-20 suprimir concesiones de explotación a una empresa extranjera sin ofrecer argumento alguno para ello o amagar con la nacionalización para satisfacer el chovinismo exaltado de los gobernadores de las provincias.

Obama ha anunciado que suspenderá las preferencias comerciales de que gozaba la Argentina; la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, México y otros 10 países han denunciado ante la Organización Mundial de Comercio las políticas proteccionistas de la Argentina.

La señora Kirchner tiene un problema con la economía de su país, con su política energética y con su balanza de pagos. Si quiere solucionarlos con patrioterismo económico, comete un grave error.
Fuente: Madrid: El País, 03/04/12. – Buenos Aires: La Nación, 04/04/12.

¿Será Apple la primera empresa de US$1 billón?

¿Será Apple la primera empresa de US$1 billón?

Por Steven Russolillo

 

El meteórico ascenso de Apple está lejos de finalizar.

 

Gene Munster, analista de Piper Jaffray, proyecta que las acciones de Apple alcanzarán US$1.000 en 2014 y la empresa se convertirá en la primera en tener una capitalización de mercado de US$1 billón (millón de millones). Al margen de la excesiva exuberancia de los inversionistas, «creemos que la verdadera historia es el crecimiento de las ganancias», dice Munster.

Las acciones de Apple superaban los US$630 y establecían un nuevo récord. El título ha subido 56% este año y la empresa tiene un valor de mercado de unos US$587.000 millones, según datos de FactSet.

«Pese a la ley de los grandes números, creemos que la oportunidad en los aparatos móviles (iPhone y iPad) es lo suficientemente grande como para que Apple incremente sus ganancias en más de 20% en los próximos tres años», dice Munster.

Apple ha empezado la semana con buenas noticias. Ayer, Brian White, de Topeka Capital Markets, lanzó su cobertura de la empresa con un precio objetivo de US$1.001. El analista dijo que «no hay fin a la vista» para todo el optimismo que rodea a la compañía.

Munster, sin embargo, menciona lo que podría salir mal.

«El riesgo clave para la historia de Apple es el ritmo de innovación», afirma. «Aunque no hemos visto nada que nos haga creer que la innovación se desacelerará, es la barrera fundamental que existe entre las acciones a US$600 y US$1.000».

Dicho eso, los pros en gran parte superan los contras en esta etapa del juego de Apple, dice.

Y para rematar: «Aunque parece que prácticamente todos los inversionistas (profesionales y particulares) y analistas tienen algo positivo que decir sobre Apple, el múltiplo de las acciones no sugiere que hay una excesiva exuberancia de los inversionistas», sostiene Munster.
Fuente: The Wall Street Journal, 03/04/12.

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