El fracaso de CFK

La tesis de Pollicita fue sencilla: el escrito que él había presentado no pretendía que se condene a los imputados. Apenas reclamaba que se los investigue. De lo contrario, nunca se sabrá si las acusaciones de Nisman eran verdaderas o falsas. El planteo estiliza un episodio que relatan muchos magistrados en Comodoro Py: que, al conocer el fallo de Rafecas, Pollicita lo visitó para insultarlo. Al parecer, el juez le había prometido una resolución inversa a la que emitió.

Con su presentación, Pollicita refutó también la solicitada que el «Gobierno de la República Argentina» publicó ayer en la prensa. Esa declaración se agregó al insólito expediente paralelo que la Presidenta inauguró en su página de Facebook.

En un fugaz pasaje de su escrito, Pollicita consignó la explicación central: la complacencia de Rafecas con las autoridades es tan extrema como la severidad de Nisman. Después enumeró las conclusiones a las que el juez llegó sin investigar. Se preguntó cómo logró Rafecas saber que la denuncia de Nisman carecía de pruebas sin realizar las diligencias que se le habían propuesto.

El juez había argüido que no valía la pena examinar un encubrimiento que no había llegado a cometerse, entre otras cosas porque Irán nunca convalidó el Memorándum de Entendimiento. Pollicita responde que el hecho de que un crimen haya fracasado por razones ajenas a la voluntad de quien lo cometió no es un criterio de inocencia. Es decir: que las alertas rojas de Interpol sigan vigentes no permite descartar que Cristina, su canciller y los demás imputados hayan hecho todo lo que estaba a su alcance para exculpar a los acusados. Pollicita sostiene que deben examinarse muchas pruebas antes de negar que se había comenzado a ejecutar un delito que no se consumó.

La comunicación en la cual Ronald Noble, el ex director de Interpol, aseguraba que Timerman aclaró que el Memorándum no significaba la suspensión de las alertas rojas es insuficiente para Pollicita. Rafecas se abrazó a ella para cerrar el caso. El fiscal hace notar que el mensaje de Noble llegó a través del correo electrónico de un acusado, Timerman, y de entrevistas periodísticas. Por lo que ni siquiera está probado que las palabras pertenecen a Noble. Por eso aconseja, como mínimo, tomar declaración testimonial al funcionario.

Pollicita se detiene en la defensa del Gobierno en relación con las alertas de Interpol. Reprocha a Rafecas que haya clausurado el caso basándose en un informe de la Procuración del Tesoro que contiene documentos anteriores a la firma del acuerdo. Después desmiente el principal argumento de Timerman, que Rafecas hizo propio: que sólo el juez Rodolfo Canicoba Corral está en condiciones de pedir el levantamiento de las alertas. Pollicita cita el reglamento de Interpol para demostrar que si esos pedidos de captura se emitieron porque se desconocía el paradero de los acusados, como el Memorándum despejó la incógnita, la cancelación podría ser automática.

Esta acusación de Nisman es la que más complica a Timerman. Si todo era inequívoco, ¿por qué debió aclarar tres veces a Interpol que el Memorándum no implicaba, como sostenía el canciller de Irán Alí Salehi, la suspensión de las alertas? El fiscal solicitó los testimonios de los funcionarios que intervinieron en la negociación (Zuain, Ruiz Cerruti y Abbona).

Pollicita necesitó menos palabras para descartar la joya argumental de Rafecas: el escrito que Nisman había elaborado con una evaluación positiva de la actuación del Gobierno frente Irán. Sostiene que Soledad Castro, la secretaria de la fiscalía del caso AMIA, aclaró que, cuando hizo su denuncia, Nisman ya tenía otra opinión.

Pollicita no se sumó al argumento de algunos penalistas: que el encubrimiento del atentado es también un crimen de lesa humanidad. Si fuera así, según la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rafecas estaría obligado a investigarlo.

Una frustración para Cristina

Para la Presidenta, la apelación de Pollicita fue una frustración. Ella había confiado en las gestiones que Julio De Vido y Eduardo «Wado» de Pedro realizaron para que el proceso iniciado por Nisman terminara con el pronunciamiento de Rafecas. Es decir, para que Pollicita no apelara. De Vido prometió buenas noticias por su relación con Ariel Lijo, el hermano de Alfredo Lijo, su gestor en los tribunales federales. De Pedro se ufanó de tener contactos con Canicoba Corral. Hasta ahora no consiguieron el armisticio prometido. Aún cuando se atribuye a Lijo, el juez, la autoría intelectual de la sentencia de Rafecas. Fue lo único. Ni siquiera calmaron a Claudio Bonadio, que ayer seguía adelante con las investigaciones de Hotesur. No está descartado, entonces, que Máximo Kirchner deba visitar los tribunales.

Las relaciones de la Casa Rosada con Rafecas y con Bonadio están entrelazadas. Cuando la UCR quiso iniciar juicio político a Rafecas por las irregularidades que habría cometido en el caso de las «coimas del Senado», el kirchnerismo lo aceptó, con la condición de remover también a Bonadio. El pacto lo rompió Estela de Carlotto, con una gestión ante Cristina Kirchner a favor del juez, que se había convertido en el verdugo de Amado Boudou. Al final, para alivio y mortificación de la Presidenta, se salvaron Rafecas y Bonadio.

La pacificación prometida por De Vido y De Pedro está más lejos tras el despiadado tratamiento que la Presidenta dedicó a Ricardo Lorenzetti. La cabeza del Poder Judicial fue escrachada ante la asamblea legislativa. Lorenzetti no podía defenderse. Nada nuevo. La señora de Kirchner publica solicitadas contra Nisman, que tampoco puede contestar.

Las diferencias conceptuales entre la Presidenta y Lorenzetti no se limitan al desempeño de la Corte en la causa del ataque a la embajada de Israel. Ella publicó ayer que Nisman era un desestabilizador. El mismo Nisman cuyo rostro cierra el video de reivindicación de la Justicia con que Lorenzetti acaba de inaugurar el año en Tribunales. Entre el kirchnerismo y los jueces hay un profundo conflicto de valores. La denuncia de Nisman sigue vigente. Ahora se trata de saber cuál es la Cámara que deberá considerarla. ¿Le dará la razón a Rafecas o a Pollicita? Tal vez haya que mirar el video de Lorenzetti.

La Presidenta está encerrada en este laberinto judicial porque no ha podido dar una explicación convincente a una decisión catastrófica de política exterior: el acuerdo con Irán sobre la AMIA. El 10 de agosto de 2010 Timerman denunció a ese país como Estado terrorista ante Hillary Clinton. El 24 de septiembre siguiente Cristina Kirchner repitió la imputación ante la ONU. El 10 de noviembre, el representante iraní ante ese organismo respondió que su gobierno «se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní tiene vinculación directa ni indirecta con el execrable crimen» de la AMIA. El 21 de enero de 2011 Timerman comenzó a negociar en Aleppo con el canciller Salehi, el jefe de ese embajador. Como señal de confiabilidad a su nuevo amigo, el 17 de febrero rompió relaciones con los Estados Unidos, incautando, con su célebre alicate, material sensible transportado en un avión de la fuerza aérea norteamericana.

Este giro es un misterio. ¿Por qué Timerman creyó que los iraníes admitirían su propia culpabilidad? ¿No había leído la carta del representante de Teherán, que era la voz del canciller con quien, semanas después, negociaría en Aleppo? ¿No se dio cuenta de que la Asamblea iraní jamás aprobaría el Memorándum porque estaba dominada por los enemigos de Mahmoud Ahmadinejad? ¿Le pasó inadvertido que Ahmadinejad utilizaría sus concesiones en una campaña electoral desesperada, que terminó desembocando en la derrota? Entre todas las hipótesis de Pollicita falta una: que Timerman haya encubierto a criminales sin darse cuenta.

Tampoco hay una explicación para el cambio de posición de la Presidenta. ¿Tuvo que ver el impacto emocional de la muerte de Kirchner, que ocurrió el 27 de octubre, es decir, entre la denuncia ante la ONU y la respuesta del representante de Teherán? ¿Influyó Hugo Chávez, cuyo acompañamiento en esos funerales permitió que se ganara el corazón de la viuda? Que las respuestas a estas preguntas inquietantes haya que buscarlas en un expediente judicial es el gran fracaso político con que Cristina Kirchner debe cargar sobre su espalda en el tramo final de su carrera.

Fuente: La Nación, 05/03/15.