Mauricio Macri salió de su infierno astral para ingresar en un oasis. Es la impresión que provoca el contraste entre el vapuleo de la última semana en Buenos Aires y la recepción excepcional que le ofrecen en Madrid. La calidez de esa bienvenida se explica, como es obvio, por otro contraste: para casi todos los españoles Cristina Kirchner es la personificación de los maltratos. Macri proyecta también hacia el campo diplomático el interminable ballottage con su antecesora. Va desde la parsimoniosa serenidad de los discursos hasta la puntualidad del protocolo. Pero esa contradicción no alcanza a explicar el éxito de la visita. Felipe VI y Mariano Rajoy, por distintas razones, aprovechan el relanzamiento del vínculo argentino para relanzarse a sí mismos. La consigna parece ser «cambiemos» también al otro lado del Atlántico.
La convergencia se advirtió ayer en una de las instancias más relevantes de este viaje: el encuentro de Macri con Rajoy. El tema más importante fue la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Para Macri es un objetivo estratégico. Uno de sus desafíos principales es dotar de mayor competitividad la economía. Y aspira a que la integración internacional alivie algunos costos del proceso. España es el socio ideal de esa estrategia. Se trata, acaso, del único país avanzado de Occidente en el que el malestar social no se tradujo en un repliegue proteccionista. Los españoles eligieron al librecambista Rajoy el 26 de junio del año pasado. Tres días antes los británicos habían optado por el Brexit.
Estas dos agendas se cruzaron ayer. Macri explicó a Rajoy lo que significa la apertura comercial para su ecuación económica. Y escuchó las prioridades de su interlocutor: avanzar en una mayor integración europea, tal vez con la adopción de un primer ministro comunitario, y mantener la apertura. Durante la cena de gala que ofreció a Macri, el rey también reivindicó el comercio libre, indicando que no es una posición del gobierno del PP, sino del Estado español. Un mensaje para los izquierdistas de Podemos, que se oponían al tratado entre Estados Unidos y Europa. Donald Trump coincidió con ellos y suspendió las conversaciones. En este nuevo contexto, la negociación entre el Mercosur y la UE se vuelve más significativa. «Después de las elecciones en Francia, que se opone al acuerdo por presión de los agricultores, aceleramos», propuso Rajoy durante la charla.
Macri le contó que, hace tres semanas, insistió ante Michel Temer para que el tratado se defina antes de fin de año. En diciembre Cecilia Malström, la comisaria de Comercio de la UE, estará en Buenos Aires por la cumbre de la OMC. Macri cree que puede arrancar esa conquista de la fragilidad brasileña, que no tiene fin: acaba de renunciar el canciller José Serra, citado en la causa Lava Jato. Macri detalló ante Rajoy: «La aproximación con Europa nos va a obligar a liquidar los problemas que tenemos en el Mercosur». Algunos detalles favorecen. El responsable de las relaciones con el Mercosur en el Parlamento Europeo es Ignacio Salafranca, hasta hace quince días embajador de la UE en Buenos Aires. Ayer Salafranca defendió el acuerdo en el diario ABC. Las transacciones están muy avanzadas. Queda por acordar la rebaja de aranceles del 10% de los productos. La aprobación parlamentaria definitiva sería en 2019.
Rajoy y Macri también concordaron sobre Trump. Ambos creen que la globalización es irreversible. Pero no están dispuestos a enfrentar al presidente de los Estados Unidos para que lo entienda. Coincidirán en otras áreas, como la condena a Nicolás Maduro. Trump recibió hace una semana a la esposa de Leopoldo López, a quien Maduro mantiene en cautiverio. Ayer, en su conversación pública con Mario Vargas Llosa, Macri dialogó con el padre de López, exiliado en Madrid. Rajoy venía prestando su embajada en Caracas para la mediación que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero, a pedido del gobierno de Barack Obama. Tal vez ahora sea menos hospitalario. A propósito: ¿será el empresario Bill Durham el embajador norteamericano en Buenos Aires?
Rajoy no necesitó plantear a Macri las quejas de Telefónica por la nueva regulación de las telecomunicaciones. Anteayer, después de intensísimas reuniones con Mario Quintana y Leandro Cuccioli, la empresa desistió de reclamar ante el Ciadi por lo que consideraba un favoritismo hacia el Grupo Clarín.
Macri quiso corroborar que la calidez que le prodigan es una distinción. Durante la cena en el Palacio Real, comentó a Ana Pastor, la presidenta de los diputados: «Ustedes son de aplaudir mucho, ¿no?». «No -contestó Pastor-, estamos entusiasmados porque tu antecesora fue una pesadilla.» El kirchnerismo está en baja entre los españoles. Ni siquiera la defensa de Milagro Sala, encargada a Podemos, funcionó.
Rajoy tiene motivos antiguos para festejar a Macri, quien como jefe de gobierno porteño organizó su campaña entre los españoles que votan en la Argentina. Ambos mantienen un contacto permanente, sobre todo a través del senador por Valladolid Miguel Ángel Cortés. Pero hay factores menos personales para esa simpatía. Macri es el líder con mayor consenso interno de toda la región. Para sus colegas Temer, Enrique Peña Nieto, Juan Manuel Santos o Maduro, las encuestas son un calvario. Por eso su llegada sirvió para que sus anfitriones cambien de aire. Rajoy pudo, por fin, recibir a un jefe de Estado después de un largo vacío de poder. Además, superada una crisis que lo obligó a mirar sólo hacia Bruselas, ahora puede iniciar una diplomacia iberoamericana. Ejemplo: hace dos semanas se ofreció a Peña Nieto como abogado frente a Trump.
También Felipe VI homenajeó a Macri para autohomenajearse. Después de la tormenta que envió al exilio a su hermana, llevó a prisión a su cuñado y forzó la abdicación de su padre, aprovechó esta visita para recuperar la escena con todas las luces. Eso explica varios récords. Por primera vez un rey recibió a un huésped en el patio de armas del Palacio Real, con el despliegue completo de su guardia, y no en El Pardo. Por primera vez la reina Letizia, que cultiva un look «progre», calzó la gran tiara de Victoria Eugenia. La cena de gala, televisada para todos los españoles, permitió exhibir desde el grandioso Salón del Trono, donde Tiepolo pintó la apoteosis de la monarquía española, hasta la espléndida mesa del comedor, que supera en dimensión a la de Windsor.
Macri se adaptó bien a ese protocolo, que Carlos V tomó de la corte de Borgoña. Aunque el centro de atención fue su esposa. Él lo admitió con esta frase: «Soy el señor que acompaña a Juliana Awada en esta visita de Estado». Fue lo que dijo Kennedy de Jackie, en una ocasión similar: París, mayo del 61.
Esos halagos y satisfacciones, tan esquivos durante su última semana en Buenos Aires, quizás explican la confesión de Macri ante los reyes: «Mi hija Antonia quiere quedarse en El Pardo». Sabrá el doctor Ahumada si no estaba hablando de sí mismo.
No debería sorprender que quien confía en eternizarse a través de un Centro Cultural Kirchner, que contiene una sala Néstor Kirchner, en la que se ofrece una exposición sobre Néstor Kirchner, olvide que el 25 de Mayo los argentinos recuerdan algo más que la asunción de Néstor Kirchner. O que se sirva del marco de una fiesta nacional para pedir el voto para la propia facción. Es lo que le ocurrió ayer a la Presidenta.
Esa clausura endogámica es algo más que egocentrismo. Expresa una estrategia de poder. Cristina Kirchner intenta consolidar una base social propia para seguir interviniendo en el proceso político una vez que haya dejado la Casa Rosada.
Su objetivo principal no es consagrar al sucesor. Es condicionarlo.
Pocas veces la Presidenta innovó tan poco como en su presentación de anoche. Como nunca, se repitió a sí misma. Dijo cómo quiere que sean recordadas las administraciones de ella y de su esposo: reivindicación de los derechos humanos, reestructuración de la deuda, rechazo al ALCA, construcción de escuelas, reparto de libros y computadoras. El molde de ese mensaje es conocido: «Menem lo hizo». Como todo caudillo que debe dejar el poder, no destinó sus palabras a conquistar a alguien, sino a retener a los que tiene.
Habló, como viene haciendo desde que perdió las elecciones, para «nosotros». Es decir, para los consumidores de impuestos, los que no están preocupados por la creación de la riqueza, los que dependen del Estado para seguir viviendo. Desde que se frustró la posibilidad de una nueva reelección, los demás, «ellos», ya no tienen lugar en su planteo.
Envuelta en una oratoria melodramática, volvió a fijar una posición conservadora. Denunció que la opción entre cambio y continuidad es una falacia. Todo aquel que quiere una modificación busca, según ella, una regresión. A 2001, a los 90, a la dictadura. Hay infiernos para todos los gustos.
Es un argumento conocido. El PT, en Brasil, se sirvió de él hasta el hartazgo. Los que proponen cambios pretenden, en realidad, despojar a los ciudadanos de los beneficios recibidos durante una era de bonanza. La Presidenta se limitó a esbozar esa extorsión. Decir que «cambio es el nombre del pasado», invirtiendo la fórmula de Kirchner, hubiera sido demasiado.
El enfoque que Cristina Kirchner volvió a exponer ayer plantea más dificultades a los candidatos del propio grupo que a los rivales. Para ganar las elecciones, el peronismo necesita prometer algunas mutaciones. Reducir la inflación, luchar contra la corrupción, combatir la inseguridad. Cosas por el estilo. Pero esas propuestas suponen una relativa toma de distancia de una gestión que ayer, de nuevo, quedó sacralizada. La Presidenta no puede tolerar esa herejía. Y es lógico: diferenciarse es hacer un ejercicio de la crítica. Y para ella, crítica es complot.
Perjudicado
El principal perjudicado con este enfoque proselitista es Daniel Scioli. Si el universo kirchnerista se repliega sobre los que sueñan con canonizar la experiencia de los últimos años, el gobernador de Buenos Aires corre el riesgo de que sus simpatizantes migren a otro club. Es la apuesta de Florencio Randazzo. Y no debe extrañar: es la apuesta de la Presidenta y su círculo inmediato. Las opciones que ella ha tomado en las últimas semanas corroboran ese sesgo. Los candidatos preferidos de Cristina Kirchner no fueron Daniel Filmus o Diego Bossio. Son Mariano Recalde y Aníbal Fernández. Es natural que sea así. Más que alguien que represente a la sociedad, está buscando alguien que la exprese a ella misma. Esa autorreferencialidad caudillesca se salva con una fórmula infalible: «Mi único heredero es el pueblo». Ayer la Presidenta rozó esa declaración. Muerto Kirchner y retirada ella, el destino de las políticas que hay que defender ya no depende de un líder. «Depende de ustedes». Es lo que sucede con el plan de salvación en ausencia del Mesías.
Scioli registra cada vez más esta dificultad. Y lo tiene malhumorado. La semana que pasó, por primera vez en mucho tiempo, tuvo un arranque de ira. Alguien de su máxima confianza, que solía calmar a Menem en trances similares, lo contuvo. La irritación de Scioli tiene sus motivos. No pudo viajar a Salta ni a Chaco por temor a que en los festejos por el triunfo del PJ lo abuchearan. En el caso de Salta, el que le advirtió el peligro fue el propio Juan Manuel Urtubey: «Mejor no vengas, Daniel. Te pueden hacer cualquier cosa».
Para que el paisaje se vuelva más desolador, llegaron las insinuaciones de Axel Kicillof. El martes de la semana pasada el ministro dialogó durante una hora y media con el empresario Rubén Cherñajovsky. Este gran importador de Tierra del Fuego lo había ido a visitar para exponerle las dificultades del sector por la falta de dólares. Pero, sabiendo que se trata de uno de los mejores amigos de Scioli, Kicillof dedicó casi toda la reunión a enviar un mensaje a La Plata. Fue muy explícito: «Tu amigo cree que yo ignoro los problemas. La inflación, el cepo, los buitres. Pero yo conozco todo. Tenés que explicarle que él necesita aquí, en el ministerio, alguien que entienda. Hay muchas dificultades que hay que conocer. Y tiene que ir de a poco, con gradualismo». Curiosa plasticidad la del ministro de Economía. Unos días antes se había declarado parte de un proyecto colectivo y prometió esperar que le indiquen qué se espera de él más allá de 2015.
Cherñajovsky transmitió el recado de inmediato. Y el miércoles, Scioli contestó: «Kicillof es alguien que por su experiencia puede tener lugar en cualquier gobierno». La respuesta no lo libera del dilema. ¿Cómo desairar al ministro del que depende para llegar hasta las elecciones con la provincia controlada? ¿Cómo atraer el voto independiente hablando de la continuidad de Kicillof?
Cristina Kirchner está a años luz de ese problema. En el último segmento de su discurso de ayer pidió el voto para las políticas de su gobierno. No para los candidatos de su partido. Es el núcleo de su despedida. Y hace juego con su hora inaugural. La de una presidenta que recibió el bastón de mando, primero, de su esposo, y después, de su hija. Como en el nuevo centro cultural, también en su política todo es Kirchner.
El orden del día ya está organizado. Si no aparece alguna resistencia inesperada, hoy el Banco Central aprobará la venta del banco Finansur, de la familia Sánchez Córdova, a Cristóbal López. Así, el empresario kirchnerista se termina de instalar en el negocio financiero. Es una incursión controvertida. Existen innumerables prevenciones de alcance internacional para que quienes administran juegos de azar, como López, no controlen también bancos, por las facilidades que esa superposición ofrece para el lavado de dinero.
Para consumar estas apropiaciones, el oficialismo demuestra una urgencia casi tan llamativa como la que exhibe para colonizar los tribunales y controlar la Corte. Son procesos complementarios. La vertiginosa acumulación patrimonial que se verificó durante los últimos doce años debe contar con seguro de impunidad.
López ingresó a Finansur en 2012, cuando adquirió el 70% de las acciones, a pesar de que una norma del Banco Central, que data de los años 80, prohíbe vender sin autorización más del 20% de una entidad financiera. Además de Jorge Sánchez Córdova y su familia, también se deshicieron de sus acciones Marcelo Figueiras y Jorge Demaría. Figueiras es el dueño de laboratorios Richmond, que, como López, tiene vinculaciones estrechísimas con el kirchnerismo, en especial con Amado Boudou.
Si hoy se aprueba el cambio de dueños, el socio mayoritario de Finansur sería López, a través de Indalo SA. Sánchez Córdova conservaría el 26% de las acciones y es posible que siga administrando el banco; Demaría quedaría con 4%. No habría que descartar que los socios minoritarios cedan el resto de sus tenencias a López.
La aprobación de esta venta estuvo demorada por varias razones. La más importante es que algunos directores del Central se han resistido a entregar un banco a un empresario de casinos. Tienen razón. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda que no se autorice a ejercer la actividad bancaria a quienes administran juegos de azar. Esa advertencia fue más explícita en el caso de la Argentina: el negocio de las apuestas es el primero al que el GAFI pretende excluir, por tratarse de una actividad de riesgo para el blanqueo de activos procedentes del terrorismo, el narcotráfico o la corrupción.
Un hecho providencial despejó esa renuencia a desobedecer el consejo del GAFI. El miércoles de la semana pasada, Axel Kicillof promovió como directores del Central a tres de sus discípulos: Mariano Beltrami, Alejandro Formento y Bárbara Domatto Conti. Así, el ministro logró dominar la mayoría del directorio. Esos tres jóvenes, que todavía no obtuvieron el acuerdo del Senado, estrenarían el cargo entregando el banco a López. Un homenaje ideológico a su gurú: ahora que tiene su propia fuente de crédito, Cristóbal podrá dejar de financiarse con la AFIP, como ha venido haciendo. Con Kicillof el Estado siempre gana.
No debería sorprender que en el Central sean distraídos con las recomendaciones regulatorias. El encargado de esos detalles es Hugo Carlos Álvarez, a quien Martín Redrado nombró síndico. Álvarez es el contador de Osvaldo Sanfelice, quien fue socio de Cristóbal López en Talares de Posadas, y también su empleado en Álcalis de la Patagonia. Sanfelice es un nudo central en el entramado de negocios de la familia Kirchner. Socio de Máximo en la célebre inmobiliaria de Río Gallegos, fue también director de Hotesur y ocupó durante años una oficina en la petrolera de Cristóbal, Oil M&S. Allí lo había destacado Néstor Kirchner para asegurarse de que López y su mano derecha, Fabián De Souza, no le retacearan información.
Es comprensible que, para el escalafón kirchnerista, quien lleva la contabilidad de un jerarca como Sanfelice merezca la sindicatura del Central. Por si le faltaban antecedentes, Álvarez es socio de Víctor Manzanares, el contador de Néstor y Cristina Kirchner, en cuyo peritaje se basó el juez Norberto Oyarbide para sobreseer al matrimonio del delito de enriquecimiento ilícito. Hay que entender estas designaciones: son una nueva forma de declarar que la pretendida independencia del Central respecto del Poder Ejecutivo -o, en este caso, de la familia de su titular- es una rémora del neoliberalismo.
La demora en la aprobación del cambio de manos de Finansur no se debe sólo a la tímida resistencia de algunos directores. Fue el propio López quien pidió que se pusiera en pausa el trámite cuando su incursión empresarial en los Estados Unidos presentó algunos percances. El rey de las tragamonedas, Federico Achával y Ricardo Benedicto se asociaron en Florida a Dania Entertainment Center (DEC) para administrar la sala de juegos Dania Casino & Jai Alai. Al frente de DEC figuraban Harris Friedman, Louis Birdman, Bart Seidler y Eval Levy, quienes pertenecen a una red de testaferros profesionales investigados por la justicia y el periodismo.
Apenas comenzó a explotar ese casino norteamericano, López debió cerrarlo, acusado de evasión impositiva. Y, al descubrirse la red de testaferros, tuvo que comprar su parte a Friedman y sus amigos y transferirla a otra empresa de juegos de Miami. Si estos avatares hubieran encontrado a López como accionista de un banco, se hubiera configurado un caso de lavado de dinero en los Estados Unidos. Por eso él solicitó al Gobierno que detuviera la asignación de Finansur. Aun así, todavía queda por aclarar la denuncia de los holdouts: ¿a quién pertenece la sociedad Val de Loire, radicada en Delaware, que Achával reconoció como socia del hipódromo de Palermo?
Con la intención de evitar este tipo de preguntas, López rodeó a sus empresas de un anillo defensivo integrado por C5N, Radio 10, Ámbito Financiero y Minuto Uno, entre otros medios. Ahora se prepara para adquirir, a través de la firma Telepiú, la licencia de uno de los canales de Televisión Codificada Aérea que concursa la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).
También en este rubro López compite con prerrogativas inusuales: a instancias de su titular, Martín Sabbatella, pero con la negativa de los directores de la oposición, Marcelo Stubrin y Gerardo Milman, la Afsca asignó a López o a quien le compre esa frecuencia -por si debe deshacerse de ella para adecuarse a la ley de medios- 35 puntos de ventaja en el concurso.
López ha delegado el manejo de sus empresas periodísticas en De Souza, el mismo ejecutivo que administraba Oil M&S, bajo la mirada de «Bochi» Sanfelice. Es habitual que, cuando le plantean dificultades por esa área de negocios, Cristóbal se excuse: «No traigan problemas, porque todo esto se maneja desde Olivos.. Yo sólo atajo penales». El pretexto coincide con un dato: De Souza debe realizar visitas periódicas a la residencia presidencial para rendir cuentas de la marcha de su «monopolio».
Es muy entendible que un equipo político que armó esta arquitectura de negocios esté desvelado por el comportamiento de la Justicia cuando la Presidenta se haya alejado del poder. En los tribunales se realizan gestiones vertiginosas para cerrar expedientes inquietantes. La última demostración la ofreció el juez Luis Rodríguez, quien cerró la investigación de Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini, sospechoso de encubrimiento por haber pedido a Oyarbide que no allanara la financiera Propyme. Ayer en los tribunales federales se informaba que el fiscal Ramiro González era sometido a un durísimo acoso oficial para que no apele esta medida.
La expresión más elocuente de este avance kirchnerista sobre el Poder Judicial es el intento de ocupar la Corte antes de dejar la Casa Rosada. La diputada María del Carmen Bianchi formuló una solicitud insólita: que se pongan en consideración de la Comisión de Juicio Político «los rumores» sobre que el ministro Carlos Fayt no podría ejercer su cargo por razones de salud.
Para perfeccionar el método, Aníbal Fernández exigió ayer que Fayt demuestre su idoneidad hablando con el periodismo a primera hora. Es curioso: mientras proponía esa extravagancia, Fernández reprochó a su colega Sergio Massa no saber nada de leyes. El jefe de Gabinete sigue disimulando que ha cursado la carrera de Derecho. A pesar de que todas las mañanas hace lo que le pidió a Fayt.
Fernández reconoció, además, que el Gobierno pretende agrandar la Corte para negociar con la oposición una nueva integración. Hace 24 días, él mismo había dicho que «prima facie hay que descartar la ampliación» del tribunal. Pero ayer aconsejó que en poco tiempo debe estar compuesto por nueve jueces. Fue una irreverencia: quien decidió que sólo debía tener cinco miembros es Cristina Kirchner. Para ratificar sus condiciones de jurista, Fernández dijo «sentir» cuál debía ser el nuevo formato. Se ve que por la vía de ese sentimiento entró a su «secunda facie».
Hay un rasgo constitutivo del kirchnerismo: su relación con el tiempo. Como toda variante populista, sacraliza el presente e ignora lo que está por venir. La predilección por el consumo en detrimento del ahorro, o el menosprecio por la inversión en favor del gasto, son sólo algunas manifestaciones de esa escala de valores. Hay un campo, sin embargo, en el que esta regla no se verifica: la política judicial. La prevención frente a lo que pueda ocurrir en los tribunales inspira en Cristina Kirchner una inesperada obsesión frente al mañana. Es una inquietud que desborda la función pública y se infiltra en el terreno familiar. Ella teme que Máximo, su hijo, atraviese alguna desagradable peripecia por las investigaciones sobre la desprolija economía familiar. Es imposible entender la conducta del Gobierno si se deja de lado esta preocupación: su hiperactividad institucional es un intento desesperado por modelar el futuro.
En esta batalla por la seguridad jurídica del propio clan, la Presidenta sufrió anteayer una derrota. En cinco líneas, los ministros de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, rechazaron el recurso extraordinario que había planteado el ex juez Juan José Galeano para que no se reabriera una causa en la que había sido sobreseído por el ex juez Gabriel Cavallo. A Galeano se lo había acusado de pagar 400.000 dólares a Carlos Telleldín, para que modifique una declaración sobre el destino de la camioneta que se habría utilizado para la voladura de la AMIA. Galeano será juzgado de nuevo.
Con su pronunciamiento, la Corte tomó posición en un debate con consecuencias inquietantes. Convalidó la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta o írrita. Esa teoría sostiene que los procesos penales que se declararon concluidos pueden reabrirse si se demuestra que el juez no tuvo voluntad o fue impedido de investigar. En el contexto actual, la discusión abre interrogantes muy concretos. Por ejemplo, ¿la señora de Kirchner podría ser enjuiciada de nuevo por enriquecimiento ilícito? Ella, igual que su esposo, fue absuelta por Norberto Oyarbide de ese delito. Ambos habían sido acusados porque, entre 2003 y 2009, multiplicaron su patrimonio en un 572 por ciento. Sin embargo, Oyarbide cerró la causa con extraordinaria rapidez, considerando la opinión del cuerpo contable de la Corte y de un perito ofrecido por los Kirchner: su propio contador.
El juez Julián Ercolini también había sobreseído a los Kirchner por la misma falta. El fiscal, Eduardo Taiano, no apeló el pronunciamiento porque, según trascendió, habrían secuestrado a su hijo para que no lo hiciera. Hay más ejemplos: Claudio Bonadio sobreseyó a los secretarios privados de la Presidenta, que se enriquecieron más de 60 veces en sólo cinco años. Y el fiscal Guillermo Marijuan no pidió que se revise la sentencia.
Es comprensible que alguien tan acostumbrado a la clemencia como Cristina Kirchner, ante la primera pregunta incómoda, denuncie la formación de un partido judicial. Ayer, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah confirmaron el procesamiento de los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, acusados de proteger a Lázaro Báez, presunto testaferro de la familia presidencial a quien se investiga por la sospecha de lavado de dinero. Gonella y Orsi pertenecen a Justicia Legítima, la agrupación de miembros del Poder Judicial adictos al Poder Ejecutivo.
El cambio de vida de los funcionarios ha sido tan asombroso que modificó su noción de precios y valores. Sin ir más lejos, la señora de Kirchner se vanaglorió anteayer de que la tarjeta Argenta, con la que su gobierno subsidia el consumo popular, incluya a una de las peleterías más lujosas de Buenos Aires, Charles Calfún, de la que ella misma es desde hace años apreciadísima clienta. Estos desatinos estimulan a quienes pretenden que se revisen las fuentes de tanta prosperidad individual. Pero esa aspiración opaca causas más relevantes: ¿podría revertirse en el futuro la decisión del juez Daniel Rafecas, convalidada por los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, de no investigar la denuncia por encubrimiento de los criminales de la AMIA, que formuló contra Cristina Kirchner el fiscal Alberto Nisman? Es una incógnita prematura. Hay que esperar a que se pronuncie el fiscal de Casación Javier de Luca, a quien llegará la apelación de su colega Germán Moldes. Según Moldes, la Cámara demoró el envío para que el caso le tocara a De Luca, otro militante de Justicia Legítima. Moldes, y tal vez los camaristas, presumen que De Luca es otro Gonella.
La doctrina de la cosa juzgada írrita ha sido muy debatida en los últimos meses. Una de las razones fue la publicación del libro del penalista Federico Morgenstern, Cosa juzgada fraudulenta. Morgenstern defiende la posibilidad de que se vuelva a tratar un expediente cuando se demuestra que fue cerrado al cabo de un «juicio farsesco».
La sanción del nuevo Código de Procedimientos agitó más la discusión. El kirchnerismo logró que se establezca, en el artículo 5, que sólo se puede revisar una sentencia definitiva si es a favor del condenado. Durante el tratamiento parlamentario de la reforma, Juan Martín Mena, entonces subsecretario de Política Criminal y ahora de la ex SIDE, defendió la cláusula porque «es muy peligroso que los procesos terminados puedan reabrirse». En cambio, el camarista de Casación Mariano Borinsky apuntó que la advertencia es redundante, porque el Código actual ya la garantiza. Según Borinsky, el artículo induce a una mala interpretación: que no pueda juzgarse por segunda vez un caso que fue saldado mediante un fraude. El senador Ernesto Sanz y las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso se alinearon con esta posición.
Los juristas cercanos al Gobierno creen que sólo debería aceptarse el criterio de la cosa juzgada fraudulenta en causas de derechos humanos. Morgenstern los objeta recordando que la Corte Interamericana ordenó que se vuelva a investigar el asesinato del policía Jorge Gutiérrez, que perseguía a los delincuentes de la «aduana paralela». El CELS, una organización kirchnerista, abogó por reabrir la causa, basándose, entre otras razones, en un peritaje de Alejandro Rua, entusiasta defensor de funcionarios.
De cinco a nueve
El riesgo que supone la tesis habilitada por la Corte agrega urgencia a la principal gestión que Carlos Zannini lleva a cabo en estos días: la ampliación del número de miembros de la Corte, de cinco a nueve. Aníbal Fernández dijo que no se estaba considerando esa posibilidad. Hizo bien. La divulgación prematura frustraría la iniciativa.
Zannini pretende abrir la discusión después de octubre, cuando se sepa quién será el próximo presidente. Presume que el nuevo mandatario estará interesado en contar con juristas de confianza en el máximo tribunal. Por lo tanto, convalidaría una ley para cambiar la composición. El segundo paso sería pactar la designación de los nuevos magistrados. Zannini calcula que, presionando más a Carlos Fayt, se podrían poner sobre la mesa seis butacas.
El modo de repartirlas es todavía brumoso. El kirchnerismo pretende dos lugares. El peronismo federal, otros dos. Es un actor clave: Zannini negocia que ese bloque habilite los dos tercios necesarios para las designaciones. Cree que una forma de sumarlo es garantizar a Adolfo Rodríguez Saá una sentencia favorable a San Luis en la querella por la coparticipación. Las otras dos posiciones serían ofrecidas a quien gane las elecciones.
El kirchnerismo no consiguió ayer el número para designar a Roberto Carlés en la Corte. Pero tampoco retiró el pliego. Tal vez pretenda relanzarlo en octubre. Carlés sigue siendo promovido como «el juez del Papa». La caracterización se debe a un malentendido. Este abogado se acercó a Jorge Bergoglio de la mano de una amiga común, la fallecida Alicia Oliveira. Francisco vio con buenos ojos a Carlés. Pero todo cambió cuando advirtió que, como buen discípulo de Raúl Zaffaroni, el abogado estaba a favor de la despenalización del aborto. Pícaros, los kirchneristas insisten: «A Carlés lo mandaron desde Roma».
El verdadero candidato de la Casa Rosada para ocupar la Corte es otro: el propio Zannini. Originalidad cero. En Santa Cruz, este cordobés empezó siendo ministro de Kirchner y, en 1999, fue transferido al Superior Tribunal, donde ejerció la presidencia.
El Gobierno espera que la jugada de Zannini, hoy observada como un asalto a la Justicia para garantizar la impunidad de la Presidenta y su familia, sea vista en octubre como un pacto de gobernabilidad con el luminoso líder que emerja de las urnas.
Siempre habrá otro modo de analizar los hechos. Por ejemplo, el 22 de noviembre de 2006, la entonces senadora Cristina Kirchner se quejó de que el Poder Judicial se hubiera administrado siempre «con un toma y daca». Estaba defendiendo en el recinto de la Cámara alta su proyecto de reducción del número de miembros de la Corte, de 9 a 5. Esa noche prometió: «Se cierra un ciclo para este gobierno y para los que vengan, de cómo se deben manejar las instituciones». En esa época todavía no pensaba en el futuro.
La extraordinaria presión que Cristina Kirchner está ejerciendo sobre la Justicia para no despedirse del poder como imputada de encubrir un crimen de lesa humanidad, como el atentado contra la AMIA, ,registró ayer un nuevo fracaso. El fiscal Gerardo Pollicita apeló el fallo por el cual el juez Daniel Rafecas resolvió no investigar la denuncia de Alberto Nisman contra la Presidenta, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés «Cuervo» Larroque y otras figuras del oficialismo.
La tesis de Pollicita fue sencilla: el escrito que él había presentado no pretendía que se condene a los imputados. Apenas reclamaba que se los investigue. De lo contrario, nunca se sabrá si las acusaciones de Nisman eran verdaderas o falsas. El planteo estiliza un episodio que relatan muchos magistrados en Comodoro Py: que, al conocer el fallo de Rafecas, Pollicita lo visitó para insultarlo. Al parecer, el juez le había prometido una resolución inversa a la que emitió.
Con su presentación, Pollicita refutó también la solicitada que el «Gobierno de la República Argentina» publicó ayer en la prensa. Esa declaración se agregó al insólito expediente paralelo que la Presidenta inauguró en su página de Facebook.
En un fugaz pasaje de su escrito, Pollicita consignó la explicación central: la complacencia de Rafecas con las autoridades es tan extrema como la severidad de Nisman. Después enumeró las conclusiones a las que el juez llegó sin investigar. Se preguntó cómo logró Rafecas saber que la denuncia de Nisman carecía de pruebas sin realizar las diligencias que se le habían propuesto.
El juez había argüido que no valía la pena examinar un encubrimiento que no había llegado a cometerse, entre otras cosas porque Irán nunca convalidó el Memorándum de Entendimiento. Pollicita responde que el hecho de que un crimen haya fracasado por razones ajenas a la voluntad de quien lo cometió no es un criterio de inocencia. Es decir: que las alertas rojas de Interpol sigan vigentes no permite descartar que Cristina, su canciller y los demás imputados hayan hecho todo lo que estaba a su alcance para exculpar a los acusados. Pollicita sostiene que deben examinarse muchas pruebas antes de negar que se había comenzado a ejecutar un delito que no se consumó.
La comunicación en la cual Ronald Noble, el ex director de Interpol, aseguraba que Timerman aclaró que el Memorándum no significaba la suspensión de las alertas rojas es insuficiente para Pollicita. Rafecas se abrazó a ella para cerrar el caso. El fiscal hace notar que el mensaje de Noble llegó a través del correo electrónico de un acusado, Timerman, y de entrevistas periodísticas. Por lo que ni siquiera está probado que las palabras pertenecen a Noble. Por eso aconseja, como mínimo, tomar declaración testimonial al funcionario.
Pollicita se detiene en la defensa del Gobierno en relación con las alertas de Interpol. Reprocha a Rafecas que haya clausurado el caso basándose en un informe de la Procuración del Tesoro que contiene documentos anteriores a la firma del acuerdo. Después desmiente el principal argumento de Timerman, que Rafecas hizo propio: que sólo el juez Rodolfo Canicoba Corral está en condiciones de pedir el levantamiento de las alertas. Pollicita cita el reglamento de Interpol para demostrar que si esos pedidos de captura se emitieron porque se desconocía el paradero de los acusados, como el Memorándum despejó la incógnita, la cancelación podría ser automática.
Esta acusación de Nisman es la que más complica a Timerman. Si todo era inequívoco, ¿por qué debió aclarar tres veces a Interpol que el Memorándum no implicaba, como sostenía el canciller de Irán Alí Salehi, la suspensión de las alertas? El fiscal solicitó los testimonios de los funcionarios que intervinieron en la negociación (Zuain, Ruiz Cerruti y Abbona).
Pollicita necesitó menos palabras para descartar la joya argumental de Rafecas: el escrito que Nisman había elaborado con una evaluación positiva de la actuación del Gobierno frente Irán. Sostiene que Soledad Castro, la secretaria de la fiscalía del caso AMIA, aclaró que, cuando hizo su denuncia, Nisman ya tenía otra opinión.
Pollicita no se sumó al argumento de algunos penalistas: que el encubrimiento del atentado es también un crimen de lesa humanidad. Si fuera así, según la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rafecas estaría obligado a investigarlo.
Una frustración para Cristina
Para la Presidenta, la apelación de Pollicita fue una frustración. Ella había confiado en las gestiones que Julio De Vido y Eduardo «Wado» de Pedro realizaron para que el proceso iniciado por Nisman terminara con el pronunciamiento de Rafecas. Es decir, para que Pollicita no apelara. De Vido prometió buenas noticias por su relación con Ariel Lijo, el hermano de Alfredo Lijo, su gestor en los tribunales federales. De Pedro se ufanó de tener contactos con Canicoba Corral. Hasta ahora no consiguieron el armisticio prometido. Aún cuando se atribuye a Lijo, el juez, la autoría intelectual de la sentencia de Rafecas. Fue lo único. Ni siquiera calmaron a Claudio Bonadio, que ayer seguía adelante con las investigaciones de Hotesur. No está descartado, entonces, que Máximo Kirchner deba visitar los tribunales.
Las relaciones de la Casa Rosada con Rafecas y con Bonadio están entrelazadas. Cuando la UCR quiso iniciar juicio político a Rafecas por las irregularidades que habría cometido en el caso de las «coimas del Senado», el kirchnerismo lo aceptó, con la condición de remover también a Bonadio. El pacto lo rompió Estela de Carlotto, con una gestión ante Cristina Kirchner a favor del juez, que se había convertido en el verdugo de Amado Boudou. Al final, para alivio y mortificación de la Presidenta, se salvaron Rafecas y Bonadio.
La pacificación prometida por De Vido y De Pedro está más lejos tras el despiadado tratamiento que la Presidenta dedicó a Ricardo Lorenzetti. La cabeza del Poder Judicial fue escrachada ante la asamblea legislativa. Lorenzetti no podía defenderse. Nada nuevo. La señora de Kirchner publica solicitadas contra Nisman, que tampoco puede contestar.
Las diferencias conceptuales entre la Presidenta y Lorenzetti no se limitan al desempeño de la Corte en la causa del ataque a la embajada de Israel. Ella publicó ayer que Nisman era un desestabilizador. El mismo Nisman cuyo rostro cierra el video de reivindicación de la Justicia con que Lorenzetti acaba de inaugurar el año en Tribunales. Entre el kirchnerismo y los jueces hay un profundo conflicto de valores. La denuncia de Nisman sigue vigente. Ahora se trata de saber cuál es la Cámara que deberá considerarla. ¿Le dará la razón a Rafecas o a Pollicita? Tal vez haya que mirar el video de Lorenzetti.
La Presidenta está encerrada en este laberinto judicial porque no ha podido dar una explicación convincente a una decisión catastrófica de política exterior: el acuerdo con Irán sobre la AMIA. El 10 de agosto de 2010 Timerman denunció a ese país como Estado terrorista ante Hillary Clinton. El 24 de septiembre siguiente Cristina Kirchner repitió la imputación ante la ONU. El 10 de noviembre, el representante iraní ante ese organismo respondió que su gobierno «se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní tiene vinculación directa ni indirecta con el execrable crimen» de la AMIA. El 21 de enero de 2011 Timerman comenzó a negociar en Aleppo con el canciller Salehi, el jefe de ese embajador. Como señal de confiabilidad a su nuevo amigo, el 17 de febrero rompió relaciones con los Estados Unidos, incautando, con su célebre alicate, material sensible transportado en un avión de la fuerza aérea norteamericana.
Este giro es un misterio. ¿Por qué Timerman creyó que los iraníes admitirían su propia culpabilidad? ¿No había leído la carta del representante de Teherán, que era la voz del canciller con quien, semanas después, negociaría en Aleppo? ¿No se dio cuenta de que la Asamblea iraní jamás aprobaría el Memorándum porque estaba dominada por los enemigos de Mahmoud Ahmadinejad? ¿Le pasó inadvertido que Ahmadinejad utilizaría sus concesiones en una campaña electoral desesperada, que terminó desembocando en la derrota? Entre todas las hipótesis de Pollicita falta una: que Timerman haya encubierto a criminales sin darse cuenta.
Tampoco hay una explicación para el cambio de posición de la Presidenta. ¿Tuvo que ver el impacto emocional de la muerte de Kirchner, que ocurrió el 27 de octubre, es decir, entre la denuncia ante la ONU y la respuesta del representante de Teherán? ¿Influyó Hugo Chávez, cuyo acompañamiento en esos funerales permitió que se ganara el corazón de la viuda? Que las respuestas a estas preguntas inquietantes haya que buscarlas en un expediente judicial es el gran fracaso político con que Cristina Kirchner debe cargar sobre su espalda en el tramo final de su carrera.
Ayer Cristina Kirchner lanzó su gobierno a la carrera electoral. Su discurso ante el Congreso fue el de un líder caudillesco que aspira a emocionar a sus seguidores con la promesa del poder, más allá de cualquier adversidad.
El argumento fue esquemático, como corresponde a una campaña. Recitó un rosario de cifras para demostrar que ha sido fiel a sus tres axiomas principales: que los pobres, por definición, tienen razón respecto de los ricos; que lo estatal, por definición, es mejor que lo privado, y que lo nacional, por definición, supera a lo extranjero. En otras palabras, reclamó la exclusividad del populismo. Para demostrar que esas consignas tendrán éxito recurrió a la profecía.
Dijo que percibe una atmósfera promisoria, como la del Bicentenario. La comparación es razonable. En aquel momento, el kirchnerismo venía de una derrota electoral. Pero hay diferencias importantes. En 2010 la economía se recuperaba de una caída abismal. Y el Tesoro acababa de apropiarse de las AFJP. Ahora la actividad está planchada y las cuentas tienen un déficit de 190.000 millones de pesos. El optimismo de los que miran la economía se debe a que, como tuiteó el corresponsal del Financial Times para refutar a la Presidenta, los mercados festejan que, en poco tiempo, ella se irá.
Cristina Kirchner debe demostrar que esa salida no representa un fin de ciclo. La necesidad de ganar las elecciones es más perentoria cuanto mayor es el riesgo judicial. Sólo el poder otorga impunidad, dijo Yabrán.
No debe sorprender, entonces, que ella dedicara el centro del discurso a la Justicia. Sobre todo a la denuncia de Alberto Nisman, punto de partida de una crisis que la tuvo sin oxígeno.
Ante el Congreso desplegó otra vez su teoría sobre el atentado contra la AMIA, e incluyó el de la embajada de Israel. La explicación derivó en severos ataques a la Corte Suprema y al Estado de Israel.
La Presidenta pidió que los carteles que muchos legisladores colocaron para exigir justicia para las víctimas de la mutual judía se orientaran hacia otro sector del recinto. Se refería a Ricardo Lorenzetti, cuyo rostro era enfocado por la TV. El reproche fue por la demora en el juicio por encubrimiento contra Carlos Menem y el juez Juan Galeano, entre otros. Tal vez jugó con fuego. Lorenzetti podría reivindicarse reabriendo el caso en que el juez Gabriel Cavallo absolvió a Galeano por peculado durante el proceso AMIA. En noviembre, la Procuración, a cargo de Alejandra Gils Carbó, enjuiciará de nuevo a Galeano. Si la Corte aceptara, avalaría la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta, que es materia de un libro reciente de los penalistas Morgenstern y Orce. Ese respaldo estimularía otras revisiones. Entre ellas, la del sobreseimiento por enriquecimiento ilícito con que Norberto Oyarbide benefició al matrimonio Kirchner.
El reproche a Israel es más conocido: ¿por qué no se interesa en saber quién voló su embajada en 1992? Es una pregunta capciosa. La Presidenta inscribió ese ataque y el de la AMIA en el contexto de la negociación de Oslo entre Israel y Palestina. Recordó que esas tratativas llevaron a un fanático israelí a asesinar a Yitzhak Rabin. ¿Las dos masacres de Buenos Aires tuvieron la misma inspiración? ¿Habrá que penar a fundamentalistas islámicos? ¿O hubo extremistas israelíes?
Estas incógnitas, que están al filo de la teoría del autoatentado, tan habitual en el discurso antisemita, asomaron detrás del planteo de la Presidenta. Ella las completó con una improcedente indicación al juez Rodolfo Canicoba Corral: que pregunte al ex embajador Yitzhak Avirán por qué declaró, en enero del año pasado, que «la mayoría de los responsables del atentado contra la AMIA ya están en el otro mundo, y eso lo hicimos nosotros». Israel aclaró entonces que Avirán había dicho «una tontería». Pero la señora de Kirchner quiere hacer notar que un diplomático israelí desmiente que los autores de la AMIA sean los iraníes buscados por Interpol.
La Presidenta compartió estas especulaciones, anteayer al mediodía, con Guillermo Karcher, el secretario del papa Francisco, a quien le gustaría recibir este año en el país. No fue casual: en 1992, Karcher fue testigo del estallido de la embajada, porque vivía en la parroquia Mater Admirabilis.
Las cavilaciones de Cristina Kirchner, extrañísimas en quien durante varios años acusó a Irán, son una gran contribución a la seducción que ejerce la acusación de Nisman. Porque el texto que presentó el fiscal muerto debe su fuerza persuasiva no a su calidad jurídica, sino a que llena un vacío historiográfico. Buena parte de la opinión pública creyó en Nisman porque el Gobierno jamás pudo explicar su catastrófico acuerdo con Irán.
Ayer, la Presidenta volvió a demostrar que no puede hacerlo. Así como adujo que no podía acordar con los holdouts por la cláusula RUFO, pero también porque el reclamo es inaceptable, alegó que pactó con Mahmoud Ahmadinejad para sentar a los acusados ante el juez, pero también porque duda de que ellos sean los culpables.
Nisman cubrió la falta de una justificación razonable con una narración verosímil. Aun cuando desde el punto de vista penal sea inconsistente. La señora de Kirchner avanzó ayer sobre otra fragilidad de su denuncia: recordó que, como sostuvo Daniel Rafecas al descartar la investigación, el propio Nisman, para la misma fecha, había redactado y firmado un escrito con argumentos inversos a los de su imputación. En ese texto, dirigido al Poder Ejecutivo para gestionar sanciones contra Irán en el Consejo de Seguridad, elogió la política presidencial frente al atentado. Y admitió que el memorándum con Irán era una pasable alternativa frente a la parálisis del proceso.
Como está muerto, será difícil desentrañar por qué Nisman presentó el escrito acusatorio y guardó el otro en la caja fuerte de la fiscalía. Cristina Kirchner, que nunca se inhibe ante una ventaja, acusó por duplicidad a alguien que ya no puede defenderse. Al ensañarse, debilitó la calidad de su argumento.
Nisman no puede justificarse. Pero la señora de Kirchner esbozó una explicación. Como los atentados de 1992 y 1994, también la acusación del fiscal fue parte de una jugada internacional: en este caso, las negociaciones entre Irán y las potencias occidentales. ¿También la muerte de Nisman se inserta en esta trama? La Presidenta no lo dijo.
Las referencias judiciales de ayer fueron tan relevantes como las omisiones. No habló de un golpe judicial. Y aclaró que el «partido de los jueces» estaba integrado sólo por algunos. Esta moderación confirma que los tribunales de Comodoro Py y la Casa Rosada están embarcados en una negociación. En ella intervienen jueces y fiscales, cuyo interlocutor principal es Aníbal Fernández, coordinado con Carlos Zannini y Wado de Pedro. El desenlace de estas tratativas se verificará en dos procedimientos. ¿Claudio Bonadio citará a Máximo Kirchner en la causa Hotesur? ¿La Cámara Federal rechazará la negativa de Rafecas a investigar a la Presidenta?
Las conversaciones también se explican por el eclipse de Antonio Stiuso y de sus gestores judiciales. En Tribunales miran con detenimiento la formación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia. Ya hay candidatos para comandarla. El más inquieto es Marcelo Saín, quien, respaldado por el CELS, defendió en el Congreso la eliminación del servicio secreto de la Policía Federal. ¿Qué dirá Aníbal Fernández?
Sin un alto el fuego en la Justicia, no hay plan electoral. Y ayer quedó demostrado que la señora de Kirchner apuesta a ganar las elecciones. Su estrategia es dedicarse sólo a quienes esperan salvatajes del Estado. Aquellos que, al revés, creen que sus vidas mejorarían si el Estado los deja de asfixiar, no son parte del programa. Después de presentar una piñata de subsidios, la Presidenta invocó a Perón y anunció que se hará cargo de los ferrocarriles operados por privados.
Como el ascenso de Aníbal Fernández y la incorporación de Wado de Pedro al gabinete, la apuesta ferroviaria fue pensada mirando a la provincia de Buenos Aires. Fortalece a Florencio Randazzo, clave en el trato con intendentes del conurbano, frente a Daniel Scioli, siempre en penitencia.
Sin embargo, la incógnita principal es otra: ¿qué papel jugará Cristina Kirchner? Ella advirtió a sus íntimos que, si no consigue un candidato competitivo, se postulará. ¿Gobernadora bonaerense? ¿Diputada nacional? Ayer, refiriéndose a Gerardo Morales, dijo: «Déjenlo. Yo también querré hablar cuando esté allí». ¿Fue un lapsus o una pista?
El tono proselitista coincidió con el lenguaje. Así como confirmó sus dificultades con el inglés, ella demostró su evolución con el lunfardo. Habló de «mangos» y de que «a las minas nos gustan las pilchas». Y, en un giro comentadísimo, dijo al ministro de Economía: «Axel no te distraigas. Néstor nunca se distraía». Después confesó que Florencia, su hija, le hizo notar esa característica del ex presidente. La observación, trivial, ilumina la peripecia del Gobierno. Si Moyano, los Eskenazi, Báez, Massa, Nisman o Stiuso se convirtieron en problemas, fue porque la Presidenta cayó en demasiadas distracciones.
Al rechazar la denuncia de Alberto Nisman, el juez Daniel Rafecas alejó a Cristina Kirchner de dos hogueras. No sólo negó que la Presidenta haya encubierto el atentado contra la AMIA. De un modo menos directo, y tal vez involuntario, también la desvinculó de la hipótesis según la cual el Gobierno estuvo detrás de la muerte del fiscal. Sencillo: al dictaminar que la denuncia de Nisman era insostenible, refutó uno de los posibles motivos de su deceso. Porque si las imputaciones eran disparatadas, ¿para qué quitarle la vida?
Las razones de Rafecas para prestar esos servicios pueden ser complejas. Es posible que la más determinante haya sido que, para él, el planteo de Nisman tenía severas inconsistencias. Especialistas prestigiosos con los que este juez suele identificarse -Zaffaroni, Maier, Arslanian, Moreno Ocampo- sostuvieron esa tesis. Subrayaron que Interpol desmintió que Héctor Timerman haya pedido alguna vez el levantamiento de las alertas rojas contra los acusados iraníes. Al revés, informó que en varias oportunidades Timerman aclaró que, contra lo que sostenía el régimen de Ahmadinejad, eso no era materia del acuerdo. También advirtieron que el agente Allan Bogado había sido denunciado por la Secretaría de Inteligencia como falso espía. Y, en la línea de lo que afirmó Antonio Stiuso ante Viviana Fein, descartaron que las conversaciones entre D’Elía, Esteche y Khalil involucraran a funcionarios del Gobierno.
Quiere decir que, para Rafecas, las imputaciones de Nisman carecían de valor penal. Apenas tendrían, llegado el caso, algún mérito historiográfico. Es curioso que para sostener ese argumento también él haya plagado su escrito de consideraciones políticas y confesiones personales. En este aspecto, Rafecas imita y supera a Nisman. El juez sostiene, por ejemplo, que la señora de Kirchner no podría ser cómplice de los iraníes porque es «una figura política que a lo largo de veinte años de trayectoria ha sido consecuente en la búsqueda de proveer verdad y justicia». La excusa es casi tan insólita como afirmar que Timerman está libre de culpa por ser judío. Una condición que para el rabino Sergio Bergman, por ejemplo, en vez de impedir, agravaría el comportamiento atribuido al canciller por Nisman.
Si se hicieran pasar esas manifestaciones de obsecuencia por la lupa con que el filólogo Aníbal Fernández analizó la denuncia de Nisman, se podría concluir que también a Rafecas le escribieron el dictamen. Es lo que sugiere la orden de habilitar una feria cuya finalización había ocurrido 26 días atrás. Es decir, cuando el magistrado estaba de vacaciones. Con otra curiosidad: como demostró en esta causa María Servini de Cubría, no es frecuente que se interrumpa la feria para dictar una absolución. Trivialidades. Para Rafecas son trivialidades. Ayer aclaró que trabajó en soledad y sin presiones.
Hay otros rasgos inesperados en el fallo. En una serie de reflexiones encabezadas con la frase «en lo personal?», el juez necesita recordar su lucha contra el antisemitismo, que iguala a la de Nisman. Después aprovecha el expediente para enviar sus condolencias a la familia del colega muerto.
Los esfuerzos que hace allí Rafecas por salvar la imagen de Nisman contribuyen a una confusión. Nisman fue el denunciante, no el fiscal del caso. El encargado de la acusación es Gerardo Pollicita. Es a él a quien el juez debe refutar. En otras palabras: aun cuando su presentación fuera un exabrupto político, no había por qué pedir a Nisman una fundamentación exhaustiva del crimen que estaba describiendo. Tampoco Pollicita la ofreció: apenas pidió que se estudie la acusación a la luz de nuevas pruebas.
Es curioso que, entre los muchos caminos que tenía, Rafecas se haya negado a abrir la investigación. Podría haberse excusado de intervenir en el caso. Tenía un motivo razonable: en 2011, en la Hebraica, afirmó que «Irán financia organizaciones antisemitas» y que «D’Elía no es ajeno». A propósito: ¿no es raro que D’Elía no haya aprovechado este antecedente para recusarlo?
Rafecas también podría haber delegado la pesquisa en el fiscal, como hizo cuando tuvo que juzgar a Amado Boudou en el caso Ciccone. Pero prefirió cortar de cuajo toda sospecha. Ahora corresponde a la Cámara Federal evaluar si esa opción fue la correcta. Si los camaristas no lo hacen, se notará más la brecha que existe en Tribunales. Para ponerlo en términos de Cristina Kirchner: en el golpe judicial comienzan a aparecer «rebeldes» y «leales».
Sin embargo, en un fuero como el federal penal de la Capital, en el que buena parte de las decisiones se explican por factores ajenos a los expedientes, conviene recordar el contexto en el que Rafecas decidió sobre la Presidenta. El dato más obvio es que tuvo que resolver la situación de una imputada que está en condiciones de sacarlo de la Justicia desde el Consejo de la Magistratura. Un detalle que, según él, no lo incomodó. Aun cuando allí esté acusado por cerrar una causa en la que se denunciaban subsidios arbitrarios a productores cinematográficos que beneficiaron a su hermano. Entre otros cargos.
También hay que consignar que Rafecas protagoniza un feroz enfrentamiento con los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, de estrecha relación con Stiuso, el espía en quien abrevaba Nisman. Esa enemistad nació en los albores del kirchnerismo, cuando Rafecas vapuleó a Fernando de la Rúa y, sobre todo, al ex jefe de la Secretaría de Inteligencia (SI) Fernando de Santibañes en el juicio por las coimas del Senado. Esa embestida era avalada por Alberto Fernández, uno de los promotores del ingreso de Rafecas en la Justicia. Richarte y Pirota, que eran colaboradores de Santibañes en la SI, terminaron siendo sus abogados.
Durante el proceso ocurrió un hecho extravagante. En una audiencia con el juez, uno de los senadores acusados le explicó: «Doctor, sobre nosotros se dicen infamias. Igual que sobre usted, que está acusado de cobrar 600.000 dólares por dar prisión domiciliaria a dos narcotraficantes serbios». Cayó el telón.
Un larguísimo pasaje de la absolución a De la Rúa y Santibañes condenó la conducta de Rafecas en aquel procedimiento. A raíz de esas críticas se abrió una causa contra él en el juzgado de Luis Rodríguez. Es el magistrado al que recurrieron Stiuso y Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman, para denunciar amenazas.
Otra consecuencia de aquel caso es que algunos radicales se la tienen jurada a Rafecas. Bastaría que coincidieran con el kirchnerismo en el Consejo para que el juez quede desplazado.
Para cerrar el círculo hay que mencionar que Richarte y Pirota fueron los abogados de Boudou delante de Rafecas. El encono con ellos volvería coherentes dos actuaciones en apariencia contradictorias: la persecución a Boudou y el perdón a la Presidenta.
El entorno de la decisión que favoreció a la Presidenta vuelve a advertir sobre un fenómeno inquietante que se verifica en la Justicia en su relación con la política: la culpabilidad y la inocencia no siempre dependen de las pruebas. La mayoría de las veces son el resultado de una azarosa guerra de facciones. Pero Rafecas dice que ése no es su caso.
El alarmante desasosiego de una sociedad vulnerable.
Por Carlos Pagni.
La mención de Sergio Massa puso al juez Eugenio Zaffaroni al borde de un desequilibrio emocional. «Es un personaje lamentable que se pasa el 24 de marzo en los EE.UU., que va a hablar con el Tea Party, que se va a sacar fotos con el chanta de Giuliani (…) Si el general Perón viviera, lo consideraría un vendepatria.»
Es inusual que un ministro de la Corte polemice con un candidato. La animadversión de Zaffaroni hacia Massa está inspirada en la controversia sobre la reforma del Código Penal . Sin embargo, esa caracterización de Massa es atractiva más allá de su signo de valor y de las fobias que revela. El político que Zaffaroni retrató de esa manera es el más popular del país.
La descripción de Zaffaroni es verdadera. Massa realizó una gira por Nueva York y Washington en la que se entrevistó con los máximos responsables de la diplomacia de ese país hacia América latina. Visitó a un congresista ultraconservador del Partido Republicano. Habló en el Council of the Americas. Expuso ante varios hedge funds y en JP Morgan, la catedral de las finanzas. Y se fotografió con Giuliani, ícono de la «tolerancia cero».
En alguien que, como Massa, vive calibrando su imagen en las encuestas, lo relevante no es lo que hizo, sino el empeño que puso en divulgarlo. Lo más revelador del viaje es el viaje mismo, entendido como acto de campaña.
Es posible que hace apenas un año Massa no hubiera realizado esa visita. Ni hubiera propuesto, como hizo al regresar, una rebaja en el impuesto a las ganancias para empleados y pymes. Pero el cambio no se reduce sólo a Massa. Casi al mismo tiempo que él, Gabriela Michetti, Juan Manuel Urtubey y Margarita Stolbizer, que también están buscando votos, hablaron ante la audiencia de negocios del Council of the Americas. En Buenos Aires, Elisa Carrió, sobreponiéndose a antiguas diferencias morales, insiste en una alianza con la centroderecha de Mauricio Macri. Y el partido de Macri, Pro, se ubicó segundo en las elecciones municipales de Mendoza capital, confirmando una tendencia. Los candidatos de Macri ya habían conseguido ese lugar en ciudades como Córdoba, Rosario, Santa Fe, San Juan y Paraná. Además de haber ganado en Salta. Hay gestos y resultados reveladores de que en la opinión pública se ha abierto un espacio que aconseja a los dirigentes desplazarse hacia la derecha.
La Argentina insinúa hoy un nuevo encanto para las corrientes de inversión. Anteayer, The Economist, que en enero había previsto que el país se hundiría en el abismo venezolano, publicó un artículo sobre Cristina Kirchner y su ajuste con el título «Arrastrándose hacia la normalidad» (Creeping toward normality).
Sería un error, sin embargo, limitar el cambio a la corrección que realiza el Gobierno en su orientación económica -ayer, la Presidenta habló de «marchas y contramarchas»- y no advertir la mutación que se verifica en los pliegues de la sociedad, y que la conducta de los candidatos refleja y, a la vez, acelera. En las franjas más politizadas, es un giro respecto del alineamiento internacional, la relación con el mercado, el rol del Estado y la iniciativa privada. Ese cambio de clima, que los proféticos intelectuales del grupo Carta Abierta denunciaron como una inminente «restauración conservadora», ya parece estar produciéndose en las corrientes de fondo del electorado.
La variación es una respuesta a la crisis económica. Y no siempre tiene una modulación alentadora. En el imaginario de los vecinos de clase media y media baja de los grandes conurbanos, sobre todo en Buenos Aires, el presente comienza a tener rasgos de familia con la tormenta de 2001. Por numerosas razones, es un falso parecido. Pero a los sociólogos les sorprende que para muchos consultados la única diferencia con el trance de hace 13 años sea que «todavía conservamos el trabajo».
Los sondeos de opinión registran un deterioro marcado en la confianza en el Gobierno. La economía que ofrece el kirchnerismo ya no es percibida como una oportunidad, sino como una amenaza. Con un agravante: la Presidenta no ha acompañado el cambio de su política económica con un cambio de discurso. En vez de explicar las, para muchos, inesperadas restricciones, sigue hablando de una ola de bonanza que ya no se percibe.
Ese desfase produce un desasosiego que tiene manifestaciones preocupantes. Para un consultor que acaba de realizar una megaencuesta en La Matanza, «es cada vez más frecuente que la gente atribuya sus problemas a la presencia de extranjeros; si no consigue un turno en el hospital, es porque «está lleno de bolivianos y peruanos»». Con ese sociólogo coincide, sin saberlo, un funcionario porteño: «Nosotros realizamos reuniones con vecinos todo el tiempo y es cada vez más alarmante que problemas como, por ejemplo, la inseguridad dan lugar a expresiones xenófobas».
Violencia difusa
¿Estos sentimientos aberrantes son una novedad? ¿O han estado siempre allí y se manifiestan ante la escasez? Las respuestas son inciertas. Pero las investigaciones detectan un estado de violencia difusa. Los linchamientos de estos días hacen juego con ese registro. Son la derivación aberrante de una sensación de vulnerabilidad que se combina con la sospecha de que las instituciones no ofrecen solución.
La carencia de seguridad domina las encuestas desde hace años. La novedad es que ahora más del 25% de los que expresan esa angustia la asocian con el narco. Para nada fantasioso: de repente, un traficante muere en los bosques de Palermo a manos de un sicario y otro es atrapado en Nordelta por las fuerzas de seguridad de tres países. El narco, a la vez, aparece ligado a la policía.
No es una combinación del todo novedosa. La convicción de que el Estado ya no puede hacer frente al delito ha inspirado en Colombia a los Vigiladores Locales y en México a las Autodefensas. ¿Las pequeñas hordas de vecinos que se enceguecen ante un punga son el rudimento de este tipo de organizaciones? Imposible saberlo. Pero conviene recordar que uno de los rasgos de las convulsiones de Córdoba y Tucumán durante los amotinamientos policiales del último noviembre fue la extraordinaria cantidad de gente que salió a la calle armada.
El cuadro es interpretado como la derivación de un «Estado ausente». No es una lectura satisfactoria. Si hay algo presente en la Argentina es el sector público. Sólo que está donde no se lo necesita. En las transmisiones deportivas o derrochando recursos en empresas mal administradas. Al próximo gobierno le tocará regenerar el mercado y el Estado al mismo tiempo.
Cristina Kirchner suele atribuir esta agenda de problemas a la lucha de ricos contra pobres. Los ricos «toman de la buena». Y «a la guerra de Malvinas fueron mandados los más pobres». Para explicar la barbarie, dijo: «Cuando alguien siente que su vida no vale más de dos pesos para el resto, tampoco le podemos reclamar que la vida de los demás valga para él más de dos pesos». No aclaró si se refería al linchado o a quienes lo linchaban.
El problema es que, al cabo de una década ganada, los pobres tienden a atribuirle a ella la pobreza. El año pasado, el 50% de los beneficiarios bonaerenses de planes sociales votó por Massa. Y el último domingo, en Mendoza, avanzó el Partido Obrero, lo que va resultando familiar.
La Presidenta ignora algunas lecciones elementales de la sociología. Una es que el 78% de los argentinos cree pertenecer a la clase media. Sobre todo en los estratos bajos estructurados, donde todavía se conserva un empleo. La otra es que los conflictos de clase son más severos en los bordes. Los que creen que «nada funciona» porque «los hospitales están llenos de extranjeros» son los que están condenados a la salud pública y viven a una cuadra de la villa de emergencia. Tampoco pueden contratar seguridad privada. Los que piden a Macri que libere los terrenos ocupados de Lugano son vecinos de Lugano. Tal vez la Presidenta ignore que los desamparados de los grandes asentamientos también tienen la maldita pretensión de que su hija no regrese violada a las tres de la mañana. Los muy desubicados son como los que viven en Palermo.
Según todas las encuestas, en esas franjas crece la irritación frente al oficialismo porque se le atribuye, con exageración, gobernar sólo para una clientela subsidiada. Este reproche convive con una novedad que se registra desde que se disparó la inflación: los mismos que sienten que el Estado se ha olvidado de ellos comienzan a tener la peligrosa fantasía de que aparezca «un líder fuerte».
El orden del día ya está organizado. Si no aparece alguna resistencia inesperada, hoy el Banco Central aprobará la venta del banco Finansur, de la familia Sánchez Córdova, a Cristóbal López. Así, el empresario kirchnerista se termina de instalar en el negocio financiero. Es una incursión controvertida. Existen innumerables prevenciones de alcance internacional para que quienes administran juegos de azar, como López, no controlen también bancos, por las facilidades que esa superposición ofrece para el lavado de dinero.
