El Gobierno, sin apuro en acordar con los holdouts

El Gobierno afirma que no se apurará a negociar con los fondos buitre una vez que, mañana, venza la cláusula RUFO y que la oferta que les hará no diferirá demasiado de la que les hizo a los bonistas que ingresaron en el canje de deuda de 2010.

Así lo expresaron a LA NACION fuentes del Palacio de Hacienda, que indicaron que «el Gobierno tiene la voluntad de negociar, pero los fondos buitre no», pese a que el fondo NML declaró lo contrario. Desde el punto de vista económico, una de las razones que tiene el Gobierno para no acelerar demasiado la negociación, cuando caiga la cláusula que lo obliga a ofrecerles a todos los bonistas las eventuales mejoras que pudiera otorgarles a los buitres, es el temor a que «detrás de los fondos que ganaron el juicio por US$ 1600 millones vengan los llamados me too (con juicio, pero sin sentencia firme) y hasta los bonistas que ingresaron en los canjes», según la fuente de Economía.

Además, afirmaron, «no hay que descartar que algún fondo inversor que entró en los canjes consiga un juez tanto o más agresivo que Thomas Griesa y también nos demande por compensar a los buitres». Fuera del ministerio, una fuente del kirchnerismo admitió que no tiene sentido apurar la negociación porque la situación internacional no ofrece garantías de que la Argentina pueda emitir nueva deuda en los mercados.

Sobre la necesidad de reabrir el canje, en Economía dijeron que «está abierto desde hace dos años». Con estas precauciones, y con la tranquilidad de tener las reservas por encima de los US$ 31.000 millones, el equipo económico no transpirará para sellar el problema del default, que comenzó a fines de 2001.

En este sentido, insisten en que, «por ahora», la oferta que tienen pensado formularles a los holdouts es la misma que les ofrecieron a los bonistas que entraron en la reestructuración de 2010. Admiten que podrían moverse levemente si del otro lado observaran voluntad real de diálogo. Mientras tanto, apuestan a que mejore el contexto internacional y puedan reflotar el fallido canje del Boden 2015 y la emisión del Bonar 2024, de modo de aliviar el principal vencimiento de la deuda del año entrante.

En diálogo con LA NACION, abogados y economistas prevén que la negociación no será ni rápida ni exitosa. Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, dijo que un eventual arreglo le permitiría a la Argentina emitir bonos a una tasa de interés muy baja. «Si la Argentina arregla en enero sus problemas judiciales y si las tasas no aumentan en Estados Unidos, es muy posible que en julio los bonos argentinos a 10 años rindan alrededor de 6%. Ello permitiría que las empresas emitan deuda y acciones a costos mucho más razonables también. En cambio, si no hay arreglo en 2015, es posible que la declaración de desacato comience a tener efectos colaterales sobre el Banco Nación y el Central, que habrían auxiliado a la Argentina a violar una orden judicial al procesar los pagos sobre Nación Fideicomisos», explicó.

Marco Schnabl, socio del estudio Skadden de Nueva York, sostuvo que «después del 1º de enero seguirá todo más o menos como ahora, sólo que la excusa del RUFO desaparecerá y nos daremos cuenta de que sólo era una excusa para no negociar».

Eugenio Bruno, del estudio Garrido, dijo que «sería muy positivo para el país poder resolver la situación de toda la deuda en default con un plan integral, que le permitiría a la Argentina emitir a una tasa de un dígito». Además, afirmó que «es recomendable arreglar con los me too, dado que, de no hacerlo, no se podrá reacceder al mercado de capitales».

Por su parte, el abogado especialista en deuda Lucas Piaggio indicó que «en algún momento de 2015, previsiblemente antes de las elecciones primarias, el Gobierno llegará a un acuerdo con los acreedores porque para favorecer a su candidato va a querer demostrar que le puso fin a este problema». Y pronosticó que los buitres no aceptarían una quita superior al 30%.

Horacio Liendo, del estudio homónimo, dijo que «si bien la cláusula RUFO no regirá más, subsistirá la ley 26.886, continuadora de la ley cerrojo, que impide al Gobierno ofrecer mejores condiciones que las de los canjes anteriores, por lo que ahora no habrá efecto práctico alguno». Sí habrá consecuencias: «Si no hay acuerdo, el país se mantendrá fuera del mercado internacional de capitales en un año con fuertes restricciones cambiarias, vencimientos de la deuda y un déficit fiscal creciente», expresó.

Entre los economistas, Ramiro Castiñeiras, de Econométrica, y Eduardo Levy Yeyati, de Elypsis, indicaron que el Gobierno negociará, pero sin cerrar un acuerdo. «El swap con China le da aire para estirar todo 2015 sin un arreglo», dijo Castiñeiras. Para los buitres, según Levy Yeyati, el incentivo para acordar ahora «dependerá de lo que piensen sobre el próximo gobierno: si piensan que será una continuidad del kirchnerismo, arreglarán ya, si no, esperarán al próximo presidente», que asumirá en un año.

En términos similares, Eduardo Curia expresó que «el Gobierno no está urgido, aunque si lograra un acuerdo, podría emitir deuda a una tasa baja».

Las caras visibles del reclamo «buitre»

 

 

El portfolio manager del fondo Elliot Management, Jay Newman, y el abogado Robert Cohen, de la firma Dechert, que representa a NML Capital, en agosto pasado, al salir de una audiencia en los tribunales de Nueva York con el juez Thomas Griesa y los abogados de la Argentina. En aquel entonces hubo diálogo, pero no acuerdo. A partir de enero las partes podrían volver a estar cara a cara.

Fuente: La Nación, 31/12/14.

.