Era una mañana de sol en Resistencia. Ni una nube estropeaba el cielo diáfano el jueves pasado. Sin embargo, un avión de Aerolíneas Argentinas, que debía salir a las 8, comenzó una larga demora por las «condiciones meteorológicas». A las 9, el aeropuerto quedó en condiciones de operar. El avión seguía cerrado a cal y canto. No estaban los pilotos ni las azafatas. En el aeropuerto, el diputado nacional del radicalismo Gustavo Valdés comenzó a tuitear: «¿Dónde está el piloto?» Los pilotos habían recibido órdenes de la compañía de no abandonar el hotel de Resistencia, donde pasaron la noche. Valdés es miembro del Consejo de la Magistratura, por su partido, y había sido convocado a las 17 del día anterior a un plenario extraordinario para ese jueves, a las 12.

Desesperado, Valdés buscó un testigo. Lo encontró en el encargado del bar del aeropuerto, que nunca terminó de entender qué le decía. «Si hoy lo sacan al juez Cabral, usted debe ser testigo de que a mí me retuvieron aquí», le suplicó. ¿Cómo se pudo enterar Aerolíneas Argentinas de que Valdés viajaría en ese vuelo? Los pasajes de Valdés se tramitan a través del Consejo de la Magistratura. El Gobierno tenía toda la información sobre sus traslados.

Luis María Cabral era juez sub-rogante de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que debía divulgar el martes la sentencia sobre la constitucionalidad del tratado con Irán. Cabral fue apartado de esa Cámara el jueves en un trámite exprés por la mayoría simple y kirchnerista del Consejo de la Magistratura.

Cabral y otro juez de esa cámara, Juan Carlos Gemigniani, habían adelantado que ellos consideraban inconstitucional el pacto con los iraníes. El tribunal tiene tres jueces (la tercera es la jueza Ana María Figueroa, presidenta de la sala y cercana al oficialismo), número que convierte a aquellos dos en mayoría.

Un nuevo juez (también salido de la cantera kirchnerista) asumió en la noche del jueves en lugar de Cabral. En la mañana del viernes Cabral tuvo que desalojar su despacho. Sigue siendo juez de un tribunal oral. Final para el trámite de la causa por el tratado con Irán en esa sala de Casación. Se dijo que Cabral había depositado en la caja fuerte del tribunal su voto definitivo sobre la inconstitucionalidad del acuerdo, pero no es así. Cabral entregó un borrador no firmado, sólo inicialado, y condicionado a las modificaciones que pudieran surgir de la redacción definitiva de la resolución de la sala. No tiene valor como voto definitivo.

Cabral fue apartado por siete votos contra cuatro en el Consejo de la Magistratura. Faltaban los dos de procedencia política, que representan a los bloques más importantes de la oposición. Esos representantes son el senador radical Ángel Rozas y el propio Valdés. Rozas estaba en Nueva York, confiado en un acuerdo político con los kirchneristas del Consejo de la Magistratura según el cual no se trataría nada importante antes del 2 de julio. Además, la próxima reunión plenaria ordinaria del Consejo estaba convocada para el 18 de julio.

El acuerdo funcionó hasta que la sala que integraba Cabral anunció que el martes daría a conocer la sentencia sobre los regateos con Irán. Los oficialistas sabían que el fallo declararía la inconstitucionalidad de ese pacto y que sería la segunda declaratoria en el mismo sentido. Antes lo había hecho la Cámara Federal Penal, después de que el juez Rodolfo Canicoba Corral lo declaró -cómo no- constitucional. Hace veinte días, Cristina Kirchner le devolvió el favor y firmó la designación de un hijo de ese juez, Emiliano Canicoba, como juez federal de San Martín.

Con Rozas y Valdés el resultado habría sido igualmente perdidoso para los no oficialistas, pero no es lo mismo siete a seis que siete a cuatro. La representación política tiene, a su vez, más experiencia para interponer obstáculos en los cuerpos colegiados y, en todo caso, para provocar un escándalo. El Gobierno supo aprovechar la ausencia de los dos (la de Valdés fue aviesamente premeditada) para convocar de urgencia a un plenario extraordinario del Consejo de la Magistratura. Según el reglamento del Consejo, esa clase de plenarios deben citarse con 72 horas de anticipación. Este cuestionado plenario fue convocado con apenas 19 horas de antelación. Jugó su juego, al mismo tiempo, la ingenuidad del radical Rozas, que confió en un acuerdo con el cristinismo en el lugar donde se decide la vida política de los jueces.

Cabral había sido designado juez suplente de Casación según la vieja ley; es decir, hasta que se designe a un juez titular. El propio viceministro de Justicia, el camporista Julián Álvarez, reconoció delante de Cabral (éste también es miembro del Consejo en representación de los jueces) que lo protegía ese derecho, pero fue el propio Álvarez quien propuso el nombre de su reemplazante, otro juez suplente. Raro país en el que da lo mismo que el derecho se respete o no. Cristina Kirchner está empujando a la nueva generación de políticos kirchneristas a violar la ley.

Violan no sólo la ley argentina, sino también los preceptos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese tribunal, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina, estipuló que los jueces deben permanecer en sus cargos hasta que hayan terminado las causas que tienen en sus manos. El tratado con Irán no sólo estaba en manos de Cabral, sino que éste ya había anticipado su voto que cuestionaba por inconstitucional la firma de ese acuerdo. Cabral presentará mañana un recurso de amparo, que seguramente deberá resolver en algún momento la Corte Suprema de Justicia, aunque un juez de instancias inferiores podría ordenar su reposición. La sentencia sobre el tratado con Irán debió conocerse el lunes pasado, pero la presidenta de la sala, la jueza filokirchnerista Figueroa, la postergó hasta el martes. Nunca se supo la razón de esa postergación. Ahora se sabe por qué.

Versiones seguras confirmaron que fue Carlos Zannini (flamante candidato a vicepresidente de Daniel Scioli) el que imaginó una ingeniería a dos bandas: la causa judicial por el tratado con Irán fue asfixiada desde el Consejo de la Magistratura y desde la propia Cámara de Casación. Zannini es un viejo artesano en el oficio de desmantelar la Justicia para salvar a los Kirchner. Ya lo hizo en Santa Cruz desde el cargo de presidente de la Corte Suprema de esa provincia.

El tratado con Irán será seguramente revisado por otra sala de Casación. La propia jueza Figueroa promovió siempre que ese expediente volviera a la Sala II, su sala original. Desbaratado el tribunal que la tenía a consideración, es probable que Figueroa se dé ahora el gusto. En la Sala II está volviendo de unas largas vacaciones la jueza Ángela Ledesma, integrante de Justicia Legítima junto con otro juez de esa sala, Alejandro Slokar. El caso del tratado con Irán se resolverá irremediablemente en la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal no podría haber ignorado las sentencias de inconstitucionalidad de dos cámaras, la Federal y la de Casación, según venían las cosas con Cabral como juez. Así lo adelantaron importantes funcionarios de la Corte Suprema. Es posible que en adelante los jueces supremos deban laudar entre dos sentencias distintas. De todos modos, el Gobierno habrá ganado un tiempo invalorable en medio de un año electoral.

A todo esto, los jueces subrogantes que está nombrando el Consejo de la Magistratura cuentan sólo con los votos de la mayoría simple y oficialista, según una reciente ley sancionada -cuándo no- sólo por la mayoría cristinista del Congreso. Los jueces titulares necesitan de los dos tercios de los votos de ese Consejo (nueve), que el oficialismo no tiene. Ya existe una disposición de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la designación de los conjueces de la Corte (que son también suplentes) porque no tuvieron los dos tercios de los votos del Senado. Esa decisión de la Corte no fija jurisprudencia (se trata de otra categoría de jueces), pero el sentido es el mismo. La Corte dijo entonces que los jueces subrogantes debían reunir los mismos requisitos que los jueces titulares, porque cumplen la misma función: ser jueces, aunque algunos sean permanentes y otros, transitorios.

Nada importa. Una camada de jueces con simpatías oficialistas (son tres en total), repartidos en distintas salas, llegó a la Cámara de Casación para cambiar su anterior mayoría. Esa cámara es la última instancia penal antes de la Corte Suprema de Justicia. Muchas causas por delitos penales (por corrupción, sobre todo) morirán en Casación. Nunca llegarán a la Corte Suprema y nadie será condenado.

El avión de Aerolíneas Argentinas del diputado Gustavo Valdés partió de Resistencia después del mediodía del jueves. Valdés es diputado por Corrientes, pero ese jueves decidió tomar el avión más tempranero, que salía de la cercana Resistencia. El vuelo hasta la Capital dura una hora. No bien llegó al aeroparque porteño, Valdés llamó por teléfono a Cabral. Cabral le informó que ya era tarde para todo. «Ya votaron. Ya estoy afuera», lo notificó a quemarropa. Un juez clave había caído por un disparo seguro y certero.