El manto de complicidad que ocultó la corrupción Kirchnerista
marzo 21, 2016 · Imprimir este artículo
La red que ocultó la corrupción de los K
Por Eduardo Van der Kooy.
Se desmorona el sistema económico ilegal que armó el kirchnerismo. Esa maniobra fue posible por la cobertura en organismos del Estado. La AFIP de Echegaray jugó un papel clave.
Néstor Kirchner teorizó en vida sobre la importancia de construir un poder económico para no resignar influencia política cuando llega el momento del regreso al llano. Tuvo en la cabeza los recorridos de Felipe Gonzalez y de José María Aznar, antiguos líderes del socialismo y el Partido Popular en España. Cristina Fernández se acostumbró siempre a escuchar y compartir ese razonamiento del ex presidente.
Tal teoría ha comenzado a desmembrarse prematuramente en la práctica. Quizá porque aquella construcción resultó rústica e improvisada. Poseía además una perversa dependencia: era ineludible el manejo de los resortes del Estado. Kirchner habría sentado las bases hasta que murió, con la acumulación incesante de capital. El diseño posterior quedó en las manos solitarias de Cristina. También menos duchas. A 100 días de haber salido del Gobierno, el soporte económico del kirchnerismo ingresó en una crisis severa. Se han agrietado sus dos vigas maestras: la de Cristóbal López, forzado a dividir sus empresas ante apremios de todo tipo, y la de Lázaro Báez, envuelto en un bochorno que regresa como una marea. Mucho más por las revelaciones periodísticas que por la acción de la Justicia.
Kirchner suponía que el control de todo resultaba imprescindible como precondición del éxito. Esa tarea lo encontró en el primer tercio del camino cuando sobrevino el infarto fatal. Cristina se hizo cargo del resto. “Vamos por todo”, alardeó en el 2011 al obtener la reelección con el 54% de los votos.
El escándalo de Lázaro Báez posee ahora múltiples aristas conflictivas. El empresario K fue alejado del círculo de los Kirchner. Cristina lo borró de Hotesur, la sociedad encargada de administrar la cadena de hoteles familiares en El Calafate. Existe allí sospecha por lavado de dinero que investigó al juez Claudio Bonadio, que durmió Daniel Rafecas y que recién llegó al escritorio de Julián Ercolini. Máximo Kirchner también resolvió apartarlo de sus negocios inmobiliarios. Alicia, la gobernadora de Santa Cruz, le declaró la guerra por el abandono de la obra pública en la provincia y el aparente vaciamiento de sus empresas.
Este pleito sucede cuando las imágenes periodísticas de la semana pasada repusieron la existencia de millonarios fondos clandestinos en dólares que nadie sabe todavía dónde fueron a parar. Ni a quiénes pertenecen. En una época en que los dólares eran restringidos en la Argentina. ¿Sólo ganancias del empresario o dinero de la familia de los ex presidentes? Conviene tener presente un número. Entre el 2004 y el 2015 Báez recibió más de $ 20 mil millones para obras en Santa Cruz. Que nunca ejecutó o dejó por la mitad.
Para incubar semejante descontrol e impunidad hizo falta alguna red de protección en el Estado. La hubo. La AFIP de Ricardo Echegaray –ahora titular de la Auditoria General de la Nación– jugó un papel clave. El empresario K, por ejemplo, recurrió a facturas falsas para evadir impuestos. No bien empezó a ser descubierto, el entonces jefe de los recaudadores desactivó la oficina en Bahía Blanca, donde habían surgido las evidencias. Echegaray fue también quien permitió a Cristóbal López acumular en los últimos cuatro años una deuda tributaria de $ 8.000 millones. Con ese monto, que aún está lejos de saldar, expandió su grupo empresario. Contó con una cobertura discrecional de la AFIP bajo la apariencia de la legalidad. Una jueza, María Straccia, presumió insolvencia fraudulenta y ordenó allanar varias empresas de López.
Habría habido en ese derrotero del dinero K otras complicidades. La IGJ (Inspección General de Justicia) que regenteó el dirigente camporista Julián Alvarez, nunca registró las recurrentes operaciones financieras e inmobiliarias de Báez. Tampoco el Banco Central, bajo la tutela de Alejandro Vanoli, reparó en los créditos millonarios y las reestructuraciones de deuda que el Banco Nación concedió al empresario patagónico. La UIF (Unidad de Información Financiera) que dirigió José Sbatella, jamás indagó sobre los giros al exterior que realizaba Báez, al parecer de dinero cuya escala previa era La Rosadita. La cueva financiera en la cual surgieron las imágenes del escándalo.
La Cancillería de Héctor Timerman también habría tenido su lugar en la trama. Al menos, existen dos casos en los cuales la impericia o la intencionalidad diplomática habrían atentado contra las investigaciones judiciales. Una por la compra de un campo en Uruguay que Báez realizó a través de Leonardo Fariña, ahora preso por evadir impuestos. La Justicia uruguaya se quejó siempre por la demora argentina para contestar los exhortos en los cuales se solicitaba información sobre el empresario K. Esos trámites pasaban de ida y vuelta por Relaciones Exteriores. Varias veces estuvieron mal confeccionados. En una ocasión fue remitido a la sede del Mercosur en lugar del Palacio de Justicia de Montevideo. El otro caso tendría vínculo con una cuenta del empresario K en Suiza de US$ 22 millones que fue bloqueada en 2013, cuando aquí se conocieron las sospechas sobre lavado de dinero. También la Justicia helvética rechazó un exhorto y demandó el envió de la constancia del delito precedente –para corroborar el lavado– que nunca le llegó. Esa cuenta habría sido desbloqueada a mediados del 2015. Nadie conoce dónde fueron a parar los fondos.
Sobre Sebastián Casanello, que actúa desde el comienzo en la causa de la ruta del dinero K, también caen las sombras. El juez tomó declaración a todos los imputados por la compra de un campo en Mendoza. Procesó a Leonardo Fariña y a Federico Elaskar por maniobras de lavado de dinero. Pero dictó la falta de mérito a Báez. Curioso. Luego de las imágenes del escándalo resolvió citar para mediados de abril, entre otros, a Martín Báez, el hijo del empresario que supervisó el conteo de millones. Y le prohibió salir del país. Tardó casi 48 horas en disponer lo mismo para Lázaro. Casanello estaría abatido por el baile que le toca. Estaba esperanzado en manipular, como lo hizo hasta ahora, los tiempos de la causa. Se le hará difícil.
Martín está buscando el socorro de Máximo. Pero el hijo de la Presidenta hasta ahora no habría respondido. Allí radica el otro problema serio del kirchnerismo: al desmoronamiento del sistema económico se añadiría una ausencia de conducción política eficaz. La intransigencia y el distanciamiento de Cristina han terminado por aislar a los suyos. El peronismo tradicional está lentamente haciendo rancho aparte. El FpV se fracturó en febrero. Seis legisladores leales a la ex presidenta votaron el miércoles en Diputados a favor del acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri propone con los fondos buitre.
Entre los halcones camporistas quedó incluso un regusto amargo. Todos fueron muy duros contra la iniciativa macrista. Axel Kiccillof, en ese sentido, portó la lanza. Hablaron de capitulación, de entrega de la soberanía y de una mala negociación con los holdouts. Escucharon con enardecimiento contenido una de las mejores piezas de la larga madrugada. Correspondió al jefe del bloque del radicalismo, Mario Negri. El cordobés fue y vino con su oratoria hasta que fulminó al ultrakirchnerismo: “Ustedes hablan a veces como el Che Guevara pero viven como Isidoro Cañones”, ironizó. Los camporistas aguardaban el desquite con el cierre de Máximo. Pero nada ocurrió. A contramano de sus compañeros, el hijo de Cristina hizo críticas al acuerdo pero en un contexto de moderación. Con más soltura de la que era dable esperar.
Aquellos halcones quedaron desconcertados y conjeturaron sobre las razones del tono empleado por Máximo. Algunos macristas adelantaron su interpretación: al joven diputado le tocó exponer cuando ya había recrudecido el escándalo sobre Báez por las imágenes divulgadas. Esos dirigentes, de haber sido otro el sesgo del discurso del hijo de Cristina, estaban dispuestos a enrostrárselas en medio del recinto.
El aparente giro de Máximo pudo responder también a otras razones. Conocía a esa altura que el acuerdo con los fondos buitre sería aprobado en Diputados por una mayoría superior a la calculada. Así fue: 165 votos contra 87. Pudo haber pesado además una cuestión que desvelaría a él mismo y a su madre: el cariz que va tomando en Brasil el caso de corrupción –pago de coimas a través de la petrolera estatal, Petrobras– que conmueve a Dilma Roussef y a Lula.
Ese asunto empieza a salpicar fuera de las fronteras. Aquí sonó varias veces el nombre del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Pero cayó en las últimas horas la primera denuncia concreta. La hizo la legisladora porteña Graciela Ocaña ante el juez Marcelo Martínez en Giorgi. ¿En qué consiste? En un anticipo de fondos que en el 2009 la constructora Odebretch hizo al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, para obras nunca hechas de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El dinero se habría girado a través de una sociedad (Prinbot Corporation) radicada en Uruguay, fundada en el 2007 y dada de baja el año pasado. Jaime la habría utilizado con frecuencia. El presidente de Odebretch está detenido en San Pablo y se le fijó una prisión de 19 años y medio.
La teoría golpista de Dilma y de Lula, acicateada por cierto desborde judicial, no alcanzaría para disimular la dimensión sistémica de los delitos cometidos. Algo parecido le sucede al kirchnerismo con el lavado de dinero y otras yerbas. Ambos casos derrumbarían un mito modelado por el relato de ellos: que la corrupción sería sólo inherente al neoliberalismo. Es, por lo visto, inherente a cualquiera.
Escrito por Gustavo Ibañez Padilla · Archivo bajo Artículos
Etiquetas: CFK, corrupción política, Cristina Kirchner
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