Estados Unidos: Cómo reformar el sistema de calificación crediticia

septiembre 2, 2011 · Imprimir este artículo

¿Cómo se puede reformar el sistema de calificación crediticia de EE.UU.?

Por Francisco Guerrera

 

En un mundo perfecto, Standard & Poor’s no habría rebajado la categoría de Estados Unidos a principios de este mes, atemorizando a los mercados bursátiles de todo el mundo en una semana de negociaciones descontroladas.

Pero en un mundo perfecto, S&P no existiría. Y tampoco existirían sus competidores, como Moody’s Investors Services y Fitch Ratings Ltd. Al menos no con sus funciones actuales como jueces y jurados mundiales de los bonos gubernamentales y corporativos.

La histórica decisión tomada el 5 de agosto por S&P es la culminación de 75 años de errores políticos que terminaron por delegar una función regulatoria clave a tres entidades con fines de lucro.

Por lo tanto, antes de que los políticos y reguladores cedan a actos reflejos –audiencias parlamentarias, amenazas de una mayor supervisión de las calificadoras– debería hacerse una pausa y mirar por el espejo retrovisor.

Los asuntos destacados por la acción de S&P y la nerviosa reacción de los mercados solo puede ser resuelta mediante la eliminación de las agencias calificadoras del corazón del sistema financiero y alentando a los compradores de bonos a asumir mayor responsabilidad a la hora de evaluar el riesgo de sus carteras.

En primer lugar, un poco de historia. A diferencia de la mayoría de los otros mercados, en los de renta fija, inversionistas y empresas han podido subcontratar sus cerebros.

Desde 1936, cuando los reguladores bancarios prohibieron a los prestamistas comprar «títulos valores de inversión especulativa», definidos en «reconocidos manuales de calificación», un puñado de calificadores han disfrutado de un cómodo oligopolio de la «verdad» sobre los bonos.

Su papel central se fortaleció en la arquitectura financiera cuando los reguladores de seguros, organismos de control de pensiones, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) y, al cabo, las autoridades europeas, ordenaron a sus supervisados a depender de las opiniones de las agencias de calificación antes de la compra de bonos.

El resultado, como escribió el año pasado Lawrence J. White, profesor de Economía en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, fue que los grupos financieros «podían satisfacer los requisitos de seguridad de sus reguladores con solo prestar atención a las calificaciones, en lugar de sus propias evaluaciones del riesgo de los bonos».

La razón por la cual este tipo de acuerdo obviamente imperfecto perduró es que beneficia a todas las partes involucradas.

Los compradores de bonos no tienen que hacer otra cosa que leer los informes de las «Tres Grandes» agencias calificadoras. Los reguladores pueden dormir tranquilos mientras sus súbditos acaten la letra de la ley, concretamente las A y las B, los sellos de calidad de «grado de inversión».

Los prestatarios gubernamentales y empresariales pueden contar con la demanda de títulos valores con ciertas calificaciones. Y las agencias calificadoras cosechan ganancias periódicas por ser una pieza indispensable de la máquina financiera.

Esta red de intereses creados se convirtió en el centro de atención luego de los desastrosos errores cometidos por las grandes calificadoras durante la burbuja de la titulización (¿alguien quiere obligaciones negociables garantizadas con un fondo de deuda triple A?) .

La Ley Dodd-Frank aprobada tras la crisis financiera pide eliminar las referencias a las calificaciones crediticias en regulaciones para grupos financieros y reemplazarlas con diferentes formas de medición del nivel de riesgo de los bonos.

En realidad, las firmas de calificación apoyan este enfoque. «No socavaría nuestro negocio», me comentó Paul Taylor, presidente de Fitch. «Si las referencias regulatorias tuvieran que desaparecer para nosotros como sector comercial, todavía habría una fuerte demanda de nuestro producto».

Sin embargo, en un giro surrealista, hay reguladores e instituciones financieras que se oponen al objetivo encomiable y lógico de la ley Dodd-Frank. Argumentan que las alternativas al control absoluto de las tres grandes agencias de calificación (S&P, Moody’s y Fitch) serían demasiado costosas y pondrían a las empresas estadounidenses en desventaja frente a sus rivales extranjeros.

David K. Wilson, examinador jefe de bancos nacionales de la Oficina de Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) dijo en una reciente audiencia legislativa que la Ley Dodd-Frank «va más allá de lo estrictamente necesario».

Wilson señaló que cuando los reguladores consultaron a los grupos financieros, la respuesta general fue que «la creación de una alternativa adecuada a las calificaciones de crédito no sería posible sin la creación de un lastre regulatorio innecesario».

En ese sentido, cualquier cambio incrementaría los costos e impondría un «lastre regulatorio».

La pregunta es si valdría la pena.

Debe haber lugar para una mejora en un sistema que confiere tanto poder en tan pocas manos y que es fácilmente manipulado tanto por los vendedores de bonos, que cabildean para conseguir la mejor calificación posible, y los compradores, quienes salen de compra en busca de los bonos de mayor rendimiento dentro de una misma categoría (la razón principal por la que las obligaciones negociables garantizadas con un fondo de deuda triple A eran tan atractivas).

Puedo ver una manera de mejorar la configuración actual: los reguladores deberían obligar a los bancos y a los fondos certificar que sus carteras de bonos están sanos y salvos, precisamente como lo determina la Ley Sarbanes-Oxley, que requiere que los presidentes ejecutivos y directores financieros certifiquen las cuentas de la empresa.

Bajo este régimen, la amenaza de responsabilidad legal se centraría en lo que piensan los ejecutivos acerca de los riesgos que están tomando.

Los grupos financieros tendrían tres formas de llegar a las certificaciones: a través de las firmas de calificación; reclutando a actores externos; o, como ya lo hacen muchos grandes fondos, llevando a cabo análisis independientes.

Sea cual fuere la elección, tendrían que justificar sus conclusiones ante los reguladores, de la misma manera en que los bancos tienen que presentar a examinadores federales sus carteras de préstamos.

Entidades similares con menos recursos podrían aún usar firmas de calificación crediticia pero no sin primero preguntar sobre su juicio.

Por su parte, los grupos más grandes podrían utilizar mejores formas de medir el riesgo que la mera estimación de si un prestatario va a devolver un préstamo. Los bancos y los inversionistas utilizan habitualmente el análisis de flujo de caja y estimaciones de riesgos de mercado y de liquidez para hacer pruebas internas de resistencia. ¿Por qué no compartirlos con el mercado?

Con los años, las agencias de calificación de crédito pasarían de ser la herramienta de gestión de riesgo a ser una de muchas.

Por supuesto, los costos de conformidad aumentarían, y las empresas estadounidenses tendrían que trabajar más duro que sus competidores en el extranjero. Pero también podrían alegar que cuentan con los balances más seguros.

La carnicería que tuvo lugar en el mercado la semana pasada, al igual que otras debacles periódicas en las últimas ocho décadas, parece ser el precio que hay que pagar.

—Francesco Guerrera es el editor de la sección Money & Investing de The Wall Street Journal.
Fuente: The Wall Street Journal, 29/08/11.

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